Violencia machista
La violencia machista impacta en el PIB: cuánto cuesta y por qué hay que calcular ese importe

¿Cuál es el coste que se deriva de la asistencia jurídica que reciben las mujeres que han sufrido violencia de género en pareja? ¿Y el de los efectivos policiales? ¿Cuántos ceros tiene el número que cifra el valor del personal sanitario y las ambulancias, de los medicamentos y las sesiones terapéuticas para las mujeres que han pasado por una violación? ¿Cuánto deja de ingresar una mujer que tiene que estar de baja por una situación derivada del maltrato de un agresor? ¿Cuánto cuestan la bajas que se producen por el deterioro de su salud física y mental? ¿Cuál es el coste unitario de un feminicidio íntimo o sexual?

Estas son algunas de las muchísimas preguntas que se hace el estudio Impacto de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España: una valoración de sus costes en 2022 y que deja varios datos para titular: el coste de estos dos tipos de violencia machista fue de 4.933 millones de euros en 2022, la cifra supone un 0,37% del PIB y tocamos a 104 euros per cápita... unos números que se refieren solo a los costes tangibles, aquellos que se pueden medir de manera directa y que pueden ser cuantificados porque tienen un valor de mercado. Para hacer esta operación se ha utilizado una metodología de precisión que permite conocer con un gran nivel de detalle los costes directos e indirectos.

Mujeres migrantes y violencias machistas: denunciar con el temor a ser deportadas

Sara Plaza Casares

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Violencia machista

25N Mujeres migrantes y violencias machistas: denunciar con el temor a ser deportadas

Sara Plaza Casares

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La ley de extranjería supone un bloqueo para su acceso a la protección como víctimas de violencias machistas y la nueva directiva que se prepara en Europa no mejora la situación.

El estudio cuantifica también los costes intangibles en una horquilla de entre 5.141 millones y 8.038 millones de euros, algo que se ha hecho con dos metodologías alternativas para determinar tanto el valor del dolor y sufrimiento como el valor de las pérdidas de vida prematuras a causa de ambas formas de violencia contra la mujer. Además, hace una estimación de la pérdida macroeconómica, un total de 6.578 millones que son los que suma la pérdida de la producción asociada —3.465 millones de euros— y las pérdida inducida —3.113 millones de euros—.

Pero, ¿para qué sirven estos cálculos? 

Una tendencia internacional 

Analizar el problema de la violencia contras las mujeres desde el ángulo de los costes que implica es un tipo de aproximación cada vez más extendida a nivel internacional. Aunque los primeros estudios se hicieron hace veinte años —en 2004, en Australia e Inglaterra—, es en la última década cuando han proliferado, tal y como explican a El Salto las coautoras del estudio, Elena Mañas Alcón y María Teresa Gayo, profesoras de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares.

En el caso de la Unión Europea, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) ha realizado estimaciones sobre los costes de la violencia de género y de la violencia ejercida por la pareja para el conjunto de la UE y para cada uno de los países miembro. El más reciente es del año 2019 y se basa en la extrapolación de la estimación realizada para Reino Unido en ese mismo año, ponderándolos en función de criterios poblacionales. Las pérdidas provocadas por la violencia de género en el conjunto de la Unión Europea según esta estimación —mucho menos precisa que la del estudio— es 366.000 millones de euros, correspondiendo un 79% de las mismas a la violencia perpetrada contra las mujeres, mientras que las pérdidas de la violencia ejercida por la pareja ascienden a 175.000 millones de euros, y un 87% proviene de la que se ejerce sobre las mujeres. 

Hasta 2019, en España no existía ningún estudio de estas características, con excepción de alguna estimación de ámbito económico. En en ese año cuando se presenta el primer estudio de impacto económico de la violencia de género, con datos de 2016. Sin embargo, el estudio se centra en la violencia de género en pareja, y no recoge la violencia sexual, por lo que el nuevo estudio, un encargo de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, puede considerarse pionero. Por un lado, porque recoger el trabajo de unos años en los que se ha hecho un gran esfuerzo por ampliar la mirada y las mediciones más allá de la violencia que se limita al ámbito de la pareja y, por otro, porque afinar los métodos de medición, haciendo entre otras cosas un  gran esfuerzo por medir los costes intangibles mediante un método que estima el coste del sufrimiento y el dolor de las víctimas.

“Este estudio sirve para comprender el impacto de la violencia contra las mujeres de manera amplia y para entender los mecanismos a través de los cuales la violencia se traduce en la vida cotidiana de las mujeres, que no se reduce solo a la esfera privada”, dice María Teresa Gayo.  

Un estudio minucioso

Para apreciar el nivel de detalle del estudio sirve un vistazo al los costes tangibles de las violencia de género en pareja, que abarca a su vez varios tipos de violencia —física, sexual, emocional, de control y económica—, como recoge la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 (la violencia sexual contra las mujeres perpetrada por agresores distintos de la pareja o expareja se ha estimado aparte).

Los costes tangibles de la violencia de género en pareja se estiman en función de cuatro áreas: legal, sanitaria, laboral y otros. En el apartado legal, que supone un 53,2%, el coste es de 733 millones: eso es lo que suman los costes de la asistencia jurídica, servicios policiales y servicios penitenciarios. El coste sanitario supone un 29,7%, con 409 millones que cuantifican el impacto de procesos asistenciales, gastos farmacéuticos o servicios sociales. En el ámbito laboral o productivos supone un 11,4% y 156 millones de euros, unas cifras que han medido el impacto de la inactividad y el paro, la dificultad de acceso a formación, penalizaciones salariales o las bajas laborales, entre otros conceptos. Bajo el epígrafe “otros”, el 5,7 restante, se contabilizan 78,41 millones gastados en alojamiento o actividades de prevención del tercer sector.

El estudio desglosa los agentes que soportan el coste, lo que permite apreciar cómo el impacto no recae solo en el sector público, que soporta la mayoría, sino que también repercute en las víctimas, sus empleadores, familiares y tercer sector

Otro aspecto interesante es que el estudio desglosa los agentes que soportan el coste. Esto permite apreciar cómo el impacto no recae solo en el sector público, que soporta la mayoría del peso con un 90,8% sino también sobre las víctimas (5,3%), empleadores (2,9%), familiares y allegados (0,9%) y tercer sector (0,2%).  

“Lo que este estudio pone de relieve que es que la violencia contra las mujeres nos toca a todos, nos está tocando al bienestar y el bolsillo, y a veces eso es lo que nos hace ver las cosas; creo que los empleadores se pueden sentir vinculados al problema si son consciente de que puede traducirse en pérdidas de oportunidad, y también es una manera de decir que la prevención merece la pena”, valora Mañas. En el mismo sentido se pronuncia su compañera: “Estas cifras muestran que el problema trasciende el ámbito íntimo, que los impactos son múltiples y se producen no solo sobre las mujeres”.

Costes intangibles e impacto macro

El estudio hace también otra estimación microeconómica: los costes no tangibles. Se trata, dicen las investigadoras, de estimar cuánto mide el dolor y el sufrimiento —una novedad con respecto al estudio anterior— y también de poner precio al coste de los feminicidios íntimos (asesinatos de mujeres en el ámbito de la pareja y expareja en los términos recogidos en la Ley Integral de Violencia de Género de 2004) y sexuales (asesinato de una mujer por hombres sin relación de pareja ni familiar vinculado a las violencias sexuales tal y como las clasifica la Ley de Libertad Sexual de 2023).

Y, aunque pueda llamar la atención, se trata de una metodología asentada y con precedentes en muchos otros estudios donde se atribuye un valor monetario al dolor ocasionado por las lesiones físicas y sexuales que sufren las víctimas de violencia de género en pareja (en este caso, física y sexual) y violencia sexual fuera de la pareja. Además, se estima la pérdida de productividad o ingresos como consecuencia de las muertes prematuras, un eje que también se aplica teniendo en cuenta el número de suicidios de agresores. La estimación agregada para ambos tipos de violencia es de una horquilla entre 5.141 millones y 8.038 millones.

Las investigadoras creen que, de ampliarse el ámbito del estudio, habría que valorar una medición del acoso sexual y del acoso reiterado

El estudio ofrece un tercer dato, este macroeconómico, que es otra de las mejoras con respecto al estudio de 2019 y que cifra en 6.578 millones. Mañas explica cómo este dato pone de manifiesto el efecto multiplicador de la violencia, ya que se produce un bucle o efecto de segunda ronda por el cual la menor capacidad de gasto que se produce como consecuencia de una situación de violencia de género o sexual. “Los hogares a los que pertenecen estas mujeres tendrán menos capacidad de gastar, pero además si esos hogares gastan menos eso tiene un impacto en esos sectores que habrán vendido menos y verán reducida su demanda y sus ventas, por lo que necesitarán producir menos”, resume Mañas. “Se trata de una especie de efecto dominó que acaba generando un impacto mucho mayor que ese impacto inicial, se produce un impacto amplificado”.

Una estimación conservadora

Tanto Elena Mañas como María Teresa Gayo subrayan que su estimación, aunque minuciosa, tiene un claro sesgo a la baja. En primer lugar, porque se centra en dos tipos específicos de violencia contra las mujeres: la que se produce en el ámbito de la pareja y expareja (incluía la violencia sexual en ese ámbito) y la violencia sexual. Sin embargo, el Convenio de Estambul, tratado de referencia en Europa en violencias machistas, recoge varios tipos más. Las investigadoras creen que, de ampliarse el ámbito del estudio, habría que valorar una medición del acoso sexual y del acoso reiterado, ya que la Macroencuesta facilita esos dos módulos.

Las autoras insisten en la utilidad de este tipo de estudios: “Hay que dar este paso porque cuando algo no se mide se acaba asumiendo que su valor es cero”

En segundo lugar, porque algunas de las estimaciones toman como base la violencia denunciada, que estadísticamente es una minoría: la violencia en el ámbito de la pareja se denuncia en un  21% de los casos y la violencia sexual tan solo se denuncia en un 8% de los casos.

Pese a las limitaciones, las autoras insisten en la utilidad de este tipo de estudios. “Seguramente nos estemos dejando mucho, pero hay que dar este paso porque cuando algo no se mide, se acaba asumiendo que su valor es cero”, defiende Mañas. “Si persiste la violencia y persisten en sus costes, estamos fracasando como sociedad, este tipo de estudios nos invitan a pensar qué tipo de sociedad queremos”, añade Gayo.

No caben los negacionismos

Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, subraya la precisión del estudio y advierte: “Cada impacto se traduce en reembolsos y, de no invertir el dinero que se invierte, el coste sería un superior”.

Además, la delegada subraya que el coste de la prevención, que es minoritario, está más que justificado a la luz de estas cifras. “Conocer estos costes ayuda a comprender mejor la magnitud de estas violencias en términos económicos para las mujeres víctimas, para sus familiares y personas allegadas, para el sector público, para las organizaciones en sociedad y para la economía en general”, añade, algo fundamental para saber orientar la políticas públicas.

Carmen Martínez, delegada contra la Violencia de Género: “El elevado precio que la sociedad debe pagar pone de manifiesto que no caben los negacionismos”

Además, “el elevado precio que la sociedad debe pagar por la existencia de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres tienen que conocerse y pone de manifiesto que no caben los negacionismos”, valora.

La violencia contra las mujeres tiene un impacto directo en la economía. Se trata de recursos que, de no existir esta violencia, podrían destinarse a otros fines, dice Martínez.