Violencia machista
Odio, invisibilidad y silencio: qué pasa cuando la víctima de un feminicidio es una trabajadora sexual

El 24 de septiembre, una mujer fue asesinada en Bormujos, Sevilla. Ocurrió en un apartamento turístico donde el asesino había concertado un encuentro sexual. El mismo hombre persiguió luego e hirió a otra mujer. Poco después, la Guardia Civil lo detuvo: había llamado al 112 para confesar el crimen y comunicar dónde se encontraba. Después de eso, algunas noticias en los medios: detalles sobre la forma de la muerte, el instrumento utilizado o alusiones a que la víctima ejercía la prostitución forman parte de este relato. “Si esa víctima hubiese sido dentista o farmacéutica, ¿cómo lo habrían tratado los medios?”, se pregunta Cumbre Sánchez Molina, mediadora de CATS. CATS, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, forma parte de los 23 colectivos que unos días después firmaban un comunicado en el que pedían que se investigase el caso como violencia machista. 

María José Barrera, activista por los derechos de las trabajadoras sexuales y cofundadora del extinto colectivo Prostitutas de Sevilla, lamenta que no es el primero caso ni será el último. El asesinato de una mujer en Brenes en 2025 o el caso del Parque Amate en 2017 son otros casos en su memoria. Entonces, como ahora, “no hubo ni una manifestación, ni una concentración, ni un minuto de silencio, ni su puñetera sombra; nada”.

En la nota de prensa de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras el feminicidio, se informaba el caso se investiga en la plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla. La nota añadía que se había ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre arrestado, al que se investiga por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato. Preguntado por este medio, el TSJA a este medio confirma que la investigación es efectivamente en un juzgado ordinario, y no de violencia machista: “No sé está investigando como violencia de género”. 

Sobre si este hecho tiene consecuencias en su reconocimiento estadístico y en las posibles medidas contempladas para víctimas de violencia de género, El Salto ha preguntado el Ministerio de Igualdad que, al cierre de este texto, no había contestado

Sin embargo, el feminicidio de una trabajadora sexual es una forma extrema de violencia machista y así reconoce la propia estadística oficial: el Ministerio de Igualdad, que desde 2022 contabiliza los feminicidios fuera del ámbito de la pareja o expareja, tiene definido el “feminicidio sexual” como “el asesinato de una mujer por hombres sin relación de pareja ni familiar vinculado a las violencias sexuales incluidas en la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual”. La cayegoría incluye “los feminicidios por agresión sexual, los vinculados a la trata con fines de explotación sexual, prostitución, mutilación genital femenina y los vinculados a matrimonios forzados”, sigue.

El Ministerio de Igualdad incluye los asesinatos de mujeres que ejercen la prostitución en la categoría de “feminicidio sexual”; el portal feminicidio.net es más específico y reconoce el “feminicidio por prostitución”

“Sí, se reconocen, pero no nos tratan igual”, dice Barrera. La activista menciona, por ejemplo, las ayudas a hijos e hijas de trabajadoras sexuales asesinadas. Y es que, aunque se desconocen detalles de la mujer asesinada en Bormujos, sí trascendió que la mujer asesinada en Brenes en 2025 tenía dos hijos. En un caso así, “¿alguien garantiza que estos niños puedan acceder a esa ayuda en igualdad de condiciones que los hijos de las víctimas de violencia de género en pareja o expareja? A mí me duele el alma que no sepamos si los hijos de nuestras compañeras están aquí, si reciben esa atención”, lamenta. Invisibilidad, estigmatización, odio son los factores que menciona Barrera como definitorios de estos asesinatos.

El portal feminicidio.net establece una clasificación de feminicidios más específica que la del ministerio. Ahí, la categoría de “feminicidio por prostitución” queda definida como “el asesinato de una mujer por un hombre en un contexto de prostitución”. “Entra en esta tipología el caso del victimario que asesina a la mujer motivado por la misoginia que despierta en él la condición de prostituta de la víctima. También conlleva la carga de estigmatización social y justificación en la mente del victimario”, explican en su portal.

El feminicidio de Bormujos es el primero en esta categoría que feminicidio.net contabiliza este año. En su informe de 2025, Feminicidio.net recoge, tras recopilar los femincidios íntimos (los que se producen por la pareja o expareja), “el resto de feminicidios y asesinatos de mujeres registrados entre 2010 y 2025 se distribuye entre el feminicidio infantil, con 73 casos (4,4 % del total), el feminicidio por prostitución, con 49 casos (2,9 %), los feminicidios/asesinatos sin datos suficientes, con 47 casos (2,8 %), los asesinatos de mujeres por violencia comunitaria o económica, 40 casos (2,4 %), los asesinatos vinculados al crimen organizado y/o narcotráfico, 12 casos (0,7 %) y los asesinatos de mujeres por violencia juvenil, 5 casos (0,3 %)”. 

Es decir, los feminicidios por prostitución ocupan el tercer lugar en incidencia, después de los feminicidios íntimos y los de niñas y adolescentes. En el análisis de Feminicidio.net, la “violencia prostitucional”, en sus palabras, “constituye una prueba de la prostitución como sistema de violencia, imposible de legitimar “como un trabajo más” en una sociedad igualitaria”.

María José Barrera, activista: “Hay mucho hijo de puta que se está politizando, cuando un día hablen los verdaderos hijos de puta, ese día posiblemente se nos caiga la cara de vergüenza”

Las fuentes consultadas para este reportaje piden analizar el feminicidio de trabajadoras sexuales más allá de las posturas abolicionistas de la prostitución. “El trabajo sexual puede ser una actividad peligrosa o puede no serlo, depende de las condiciones en las que se ejerza”, mantiene Sánchez. En ese sentido se pronuncia también Irene, portavoz del sindicato OTRAS: “Hay una mujer asesinada y hay un autor, que que es el responsable de asesinar, esto debe investigarse… No se puede aceptar que se transmita que toda la forma de prostitución es una forma de violencia”. Para Estefanía Acién, integrante de Voces por los Derechos, la palabra clave es “estigma”: “Cuando aparece la noticia o la evidencia de que a trabajadora sexual la han asesinado en el ejercicio de su trabajo, hay quien piensa que son riesgos del oficio… Hay una línea roja brutal que separa a las mujeres en buenas y malas”.

“Hay mucho hijo de puta que se está politizando, cuando un día hablen los verdaderos hijos de puta, ese día posiblemente se nos caiga la cara de vergüenza”, dice Barrera.

Violencias machistas contra trabajadoras sexuales

Para saber qué violencias machistas sufren las trabajadoras sexuales y qué barreras se encuentran en el acceso a la justicia, es imprescindible el estudio de CATSLas prostitutas hablan de violencias: una investigación cualitativa-cuantitativa. Cumbre Sánchez destaca algunos de los datos de este trabajo, publicado en 2024.

Según este estudio de CATS, las trabajadoras sexuales entrevistadas para este estudio señalaron como formas de violencia más frecuente por parte de los clientes la retirada del preservativo sin consentimiento (67%), malos tratos verbales (38%), exigir la devolución del dinero después de haber completado el servicio (31%), robos (20%) y agresiones físicas (15%). La violación es la forma menos común de abuso reportada, con un 5%.

Además, dice este informe, un 54% de las trabajadoras sexuales percibe que la mayoría de los clientes se comportan adecuadamente, mientras que el 36% piensa que algunos son abusadores y que otros actúan correctamente. 

Otro dato claro del informe es la alta prevalencia de la violencia que las encuestadas sufren por parte de la Policía: el 60% de las mujeres manifestó haber sufrido violencias policiales. Los principales abusos policiales que se han registrado son redadas en sus lugares de trabajo (26%), malos tratos verbales (11%), multas (8%), detenciones (8%) y la imposición de expedientes de expulsión (6%). Del total de quienes son o han sido víctimas de trata, han sufrido principalmente: redadas (31%), multas (10%) y la imposición de expedientes de expulsión (4%).

“Las instituciones no están diseñadas para proteger los derechos de las trabajadoras sexuales y, de hecho, la mayoría de las veces pueden exponerlas a aún más problemas”, valora la mnediadora de CATS Cumbre Sánchez

Sánchez ahonda en algunos datos de este estudio: de las 318 personas entrevistadas, el 94% eran mujeres migrantes y, de ellas la mitad estaba en situación administrativa irregular. “¿Qué posibilidades tiene una persona que está en situación administrativa irregular de acudir a las instituciones, de denunciar en caso de ser víctima de un delito, por ejemplo, con el miedo que hay de la detención, de la expulsión y a los abusos policiales?”, se pregunta Sánchez. Este dato, unido al de las diferentes formas de violencia y hostigamiento que ellas perciben por parte denla Policía, hace que denunciar sea una vía muy difícil de plantear. “Las instituciones no están diseñadas para proteger los derechos de las trabajadoras sexuales y, de hecho, la mayoría de las veces pueden exponerlas a aún más problemas”, valora Sánchez.

La mediadora de CATsSpide colaboración de las instituciones para que se identifiquen los asesinatos de trabajadores sexuales, se conozcan sus circunstancias y se analice si existen patrones específicos de violencia y de desprotección. Pero, sigue lo que se encuentra las trabajadoras sexuales por parte de las instituciones no es apoyo: “Cuando las instituciones no elaboran políticas públicas contando con trabajadoras sexuales y su opinión están invisibilizando y contribuyendo a crear ese estigma”, dice.

“Tenemos que preguntarnos por qué durante tanto tiempo la violencia contra las mujeres se ha aplicado principalmente en el ámbito de la pareja dejando atrás y en un segundo plano eh otro tipo de relaciones de poder y otras formas de violencia machista”.

Buenas y malas mujeres

Estefanía Acién es profesora de Antropología Social en la Universidad de Almería e integrante de Voces por los Derechos, un colectivo formado por académicas y colectivos que trabajan por los derechos de las trabajadoras sexuales. Y lamenta que, cuando una trabajadora sexual es asesinada, no exista ninguna reacción. “Cuando esto ocurre, no hay una respuesta del feminismo, ni hay una respuesta institucional de ningún tipo”. “No hay nadie que diga nada salvo los medios de comunicación, que lo circunscriben a la sección de sucesos, en un tono amarillista que no termina de trasladar la gravedad estructural de lo que pasa”, dice.

Lo que pasa, argumenta, es estructural. Está basado en un sistema de creencias que se asienta sobre lo que llama el “estigma” que pesa sobre la prostitución y las mujeres que la ejercen. Al hacerlo, dice estas mujeres utilizan su sexualidad de manera autónoma y con fines no reproductivos y cruzan una línea: “Es la línea que te advierte de que si haces determinadas cosas, mereces que te pasen otras”. “Si tú tienes en cuenta eso, no sorprende en absoluto tanto el tratamiento a en prensa ni que nadie se eche las manos a la cabeza o a nadie se le ocurra organizar un minuto de silencio reivindicar mayor seguridad para para estas mujeres”, lamenta.

Acién es crítica con cómo las corrientes abolicionistas del feminismo “instrumentalizan” estos casos para pedir que se acabe con la prostitución con el argumento de que, si se acaba la prostitución, se acaba la violencia. Lo ha hecho, en esta ocasión CC OO de Sevilla que, en un comunicado, pedía “medidas para erradicar la proliferación de establecimientos en los municipios de la provincia que se lucran de la explotación del cuerpo de las mujeres”.

Estefanía Acién es crítica con cómo las corrientes abolicionistas del feminismo “instrumentalizan” estos casos para pedir que se acabe con la prostitución con el argumento de que, si se acaba la prostitución, se acaba la violencia

Para Acién y las demás entrevistadas para este reportaje, esta petición ahonda en la vulnerabilidad de las mujeres que ejercen la prostición. Diferentes académicas y organizaciones llevan años denunciando como las medidas que dicen estar encaminadas a acabar con la prostitución acaban conenando a las trabajadoras sexuale a una clandestinidad que aumenta los riesgos a los que se exponen.

Acién pide poner el foco en otro sitio. En primer lugar, en que el caso se investigue de forma diligente y con perspectiva de género. En segundo lugar, en las muchísimas barreras que encuentran las mujeres que ejercen la prostitución para dneuncias las violencias mahcistas que sufren. Esta académica pone un ejemplo: “He trabajado con mujeres que me han pedido ir a comisaría para denunciar que algún cliente que había quitado el preservativo en medio del servicio, lo cual está tipificado como violencia de género, o cuando un cliente le había pegado, o amenazado… Pues bien, en la comisaría, jamás se planteó ningún policía que eso encajara dentro de del tipo penal de de la violencia de género. Nunca”. 

Lo que mata es el machismo, no el trabajo sexual

Irene, portavoz del sindicato OTRAS y trabajadora sexual, es contundente: “La violencia hacia las trabajadoras sexuales es consecuencia del machismo, no del propio trabajo”. De este modo, las violencias hacia las trabajadoras sexuales no son una una cuestión natural del trabajo sexual, sino del entorno que rodea el trabajo sexual: inseguridad, dificultad para denunciar las violencias o multas forman parte de este contexto.

A esa vulnerabilidad contribuye otro factor que Irene denomina “putofobia”. “Existe un odio hacia nosotras”. En las agresiones sexuales, explica, el agresor siente que tiene el derecho a imponer ciertas prácticas sexuales o ignorar límites porque somos trabajadoras sexuales. “Cuando hablamos de crímenes de odio machistas estamos señalando esa dimensión de desprecio y de deshumanización”. Ese odio ha sido marca en el asesinato de Bormujos, en el que todo apunta además a que el asesinato fue premeditado y “tenía que ver con el odio, con el repudio de las trabajadoras sexuales”.

“Existe una construcción social de que las putas somos menos respetables, menos creíbles y que nuestros cuerpos están más disponibles”, dice Irene, de OTRAS.

“Las violencias machistas van a mucho más allá ya de las violencias dentro de la pareja y las trabajadoras sexuales las sufrimos violencia tanto por ser mujeres, como formas de  violencia específicas por dedicarnos al al trabajo sexual. Existe esa construcción social de que las putas somos menos respetables, menos creíbles y que nuestros cuerpos están más disponibles”, dice Irene.

“Los asesinatos y crímenes machistas hacia trabajadores sexuales no son un caso aislado y además son casos en los que aparece la putofobia, odio, desprecio, discriminación… hacia las mujeres que ejercemos el trabajo sexual”. “Nos parece muy importante como organización que defendemos los derechos de los trabajadores sexuales denunciar estas violencias de las que somos víctimas”. También es importante, dice Irene, transmitir a las trabajadoras sexuales que existen formas de organización de autodefensa.

El comunicado de las 23 organizaciones tras el asesinato de Bormujos insiste también en ese aspecto: “Frente a las violencias, las trabajadoras sexuales llevamos años desarrollando nuestras propias formas de cuidarnos y protegernos. Apostamos por la autodefensa, la prevención y la reducción de daños. Sin embargo, estas respuestas apenas cuentan con apoyo institucional. Una y otra vez, las políticas contra las violencias vuelven al mismo punto: que abandonemos el trabajo sexual. Pero dejar de trabajar no puede ser la única respuesta que recibamos. La responsabilidad termina recayendo sobre nosotras y no sobre quienes nos agreden. Nos negamos a aceptar esa lógica”.