València
El vecindario de Alfafar exige revocar el contrato adjudicado a una consultora investigada por corrupción

El Ayuntamiento de Alfafar (l'Horta Sud) ha recibido 35,3 millones de euros de los fondos del Gobierno español para revertir los daños causados por la dana. Se trata de una concesión directa sin contraprestación que el Estado concedió a principios de 2025 a los ayuntamientos de los municipios afectados por las inundaciones. En el caso de Alfafar, parte de la ayuda económica recibida, un total de 112.812 euros, ha sido adjudicado a la consultora IDOM Consulting, Engineering, Architectures SAU porque elaboro el plan de reconstrucción local.

La asignación no ha estado exenta de polémica, puesto que la empresa es investigada por la Audiencia Nacional por presuntamente manipular licitaciones públicas durante al menos 10 años. Desde el Comité Local por la Emergencia y la Reconstrucción de Alfafar exigen suspender el contrato, la devolución del dinero público entregado a IDOM y el inicio de un proceso de reconstrucción liderado desde la economía social y solidaria.

Desde el Comité Local por la Emergencia y la Reconstrucción de Alfafar, ponen en entredicho que consultoras como IDOM diseñen una reconstrucción siguiendo criterios de sostenibilidad ambiental

El contrato, adjudicado el 7 de febrero, tiene como objeto la redacción del plan urbanístico de reconstrucción de Alfafar según “criterios de regeneración medioambiental, integración de la población de los diferentes barrios o la creación de refugios climáticos y espacios públicos que mitigan el impacto de las altas temperaturas y las avenidas de agua”, según explicó el gobierno municipal. Desde el Comité Local por la Emergencia y la Reconstrucción de Alfafar, que aglutina al vecindario afectado, asociaciones, empresas locales o pequeños comercios, aprueban todo cambio urbanístico que adapte la ciudad a la emergencia climática, pero ponen en entredicho que consultoras como IDOM diseñen una reconstrucción siguiendo criterios de sostenibilidad ambiental.

“Son empresas que solo buscan el beneficio privado, por lo tanto, es muy difícil que planteen cambios reales para mitigar el cambio climático. Prefieren apostar por el cemento, como estamos viendo en Alfafar, donde la reconstrucción se está basando a construir todo de nuevo”, denuncia Juanmi Fernández, uno de los portavoces del comité del municipio. En la misma línea se expresa Júlia Martí, miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y experta en el estudio de los poderes corporativos y los impactos de las multinacionales: “No es lo mismo que lo haga una gran consultora que una cooperativa de la economía social y solidaria. Las grandes empresas son expertas a elaborar planteamientos urbanísticos al servicio de la generación de beneficio. Pueden cubrir algunos intereses sociales concretos, pero en general responderá a un modelo de ciudad al servicio de los intereses privados”.

Para huir del hormigón, Fernández defiende una mayor participación ciudadana en los procesos de recuperación de las localidades afectadas: “Necesitamos expertos por las tareas más técnicas, pero las líneas de trabajo, el contenido, tiene que estar pensado y consensuado con la ciudadanía, que quiere contribuir al diseño de municipios más seguros y adaptados a los retos climáticos”. Una muestra del interés es la iniciativa participativa que los comités han presentado formalmente a los ayuntamientos este 27 de julio, “con el objetivo de abrir canales efectivos de comunicación y colaboración entre instituciones y ciudadanía”, explican en una nota de prensa. 

Además de la centralidad de la participación ciudadana en el proceso, los Comités Locales ponen énfasis en una reconstrucción dirigida desde la economía social y solidaria, porque entienden que tiene la capacidad para iniciar y llevar a cabo una reparación colectiva, que tenga en cuenta las necesidades del tejido comunitario y promueva iniciativas transformadoras que garanticen una recuperación “justa, sostenible y arraigada en el territorio”. Desde la Red de la Economía Social y Solidaria del País Valenciano (XEAS-PV) recuerdan que las zonas afectadas tardarán a recuperarse, por eso es “esencial fortalecer estas comunidades en todos los aspectos y garantizar una recuperación que responda a las necesidades reales de las personas afectadas”.

Tanto desde los Comités Locales como XEAS destacan también el planteamiento de la deconstrucción. “Se tiene que hacer frente a la emergencia climática y se ha hecho patente que el modelo que tenemos ya no funciona para prevenir y mitigar las catástrofes climáticas”, subraya Fernández, quienes a la vez reivindica que las grandes empresas y multinacionales que contribuyen al cambio climático tendrían que aportar dinero a la reconstrucción. “Exigimos que un 2% de sus ingresos vayan destinados a la redacción de los planes de recuperación diseñados con participación ciudadana y con visión de país”, remacha.

Consultoras en la reconstrucción

IDOM, fundada en 1957 por el ingeniero barcelonés Rafael Escolá, vinculado a la organización ultracatòlica Opus Dei, es una de las 22 consultoras que fueron sancionadas en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El motivo: “Haber falseado acuerdos o prácticas para repartirse el mercado de servicios de consultoría en licitaciones principalmente públicas en gran parte del territorio nacional”, según informó la CNMC en una nota de prensa, donde subrayaba que se trataba de un modus operandi para beneficiarse de contratos públicos. En concreto, IDOM ha sido sancionada con una multa de 640.000 euros, cuantía que solo superan la consultora Deloitte, con 3.990.000 euros de multa; y Price Water House Coopers, sancionada con 670.000 euros.

Tal como publicó El Salto, algunos de los contratos objetivo de la investigación contra IDOM han sido adjudicados por la Autoridad Portuaria de Bilbao. Según esta investigación y la resolución de la CNMC, desde que Jon Anasagasti, exconsultor y exgerente de proyectos de IDOM, pasó a formar parte de la Autoridad Portuaria de Bilbao como jefe de desarrollo comercial e intermodalidad, el ente público pagó 86.140 euros a la consultora en nueve contratos menores adjudicados a dedo: tres en 2018, cinco en 2019 y uno en 2020. La CNMC sostiene que Anasagasti podría haber manipulado contratos públicos cuando estaba a sueldo de la consultora.

IDOM interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y, en la actualidad, todavía no se ha dictado sentencia. Fuentes del departamento de prensa de la CNMC han expresado a la Directa que, en la mayoría de ocasiones, la Audiencia Nacional acepta la suspensión del pago de la multa, pero como medida cautelar el importe queda bloqueado en forma de aval bancario. “De esta forma se garantiza que si finalmente los tribunales confirman la sanción, el Estado puede cobrar las multas”, aclaran.

La empresa también esta siendo investigada por presuntas irregularidades en la elaboración del proyecto de construcción de una nueva ciudad en México, por el cual se le adjudicaron 90 millones de pesos mexicanos. “Fue un proyecto completamente fallido. Planteaba una nueva ciudad en terrenos comunales y sin tener en cuenta las necesidades y condicionantes sociales del territorio. Es un antecedente que prueba que IDOM trabaja al servicio de intereses privados”, sostiene la experta de la ODG.

Otra de las empresas investigadas por la Audiencia Nacional y la CNMC que también se ha beneficiado de la catástrofe de la dana es Price Water House Coopers (PwC), a quien el gobierno de Carlos Mazón ha adjudicado 2,1 millones de euros para elaborar el Plan de Recuperación Económica y Social del País Valenciano en un plazo de 10 meses. Se trata de una de las cuatro consultoras que históricamente han diseñado las reformas estructurales en el Estado español. Son las llamadas Big Four: las consultoras PwC, KPMG, Deloitte y Ernst & Young. Este tipo de sociedades asesoran empresas de la Ibex-35 o mercantiles que optan a paquetes de ayudas económicas de la administración, los contratos de asesoramiento de los cuales han sido adjudicados a las mismas consultoras. En este sentido, Martí considera que “se está diseñando un modelo de recuperación a medida de las empresas a expensas de un gasto de dinero público que, en muchos casos, se ha demostrado que está por encima de los precios de mercado”.