Universidad
La Universidad, entre titulitis y destitularización: relato sobre el esperpento burocrático

0. Prolegómenos del disparate

Como afirma el colectivo Indocentia, la implantación de la Universidad neoliberal está suponiendo dramáticas consecuencias para la práctica de la docencia y la investigación. En los últimos años, la lógica evaluadora de la audit culture consiguió seducir a sectores importantes del profesorado y contribuyó a la producción de un nuevo tipo de subjetividad investigadora excelente, que trabaja constantemente para la acumulación de méritos en su “ridiculum vitae” desde una perspectiva individualista y desvinculada de cualquier tipo de compromiso social, preocupada únicamente por aumentar su posición en los ranking bibliométricos que cada vez más universidades van realizando.

Indocentia también cuestiona la credibilidad de las críticas a la burocracia y a la endogamia manifiestas en el discurso hegemónico, argumentando que la Universidad neoliberal, lejos de querer derribar la “torre de marfil” y dar lugar a procesos más inclusivos, más bien re-configura las prácticas burocráticas anteriores y las pone al servicio de las actuales relaciones de poder. Por tanto, no es verdad que se esté abriendo “a la sociedad”, salvo que entendamos a esta última como sinónimo de “empresa”. Para darse cuenta de ello, es suficiente con dirigir la mirada a las condiciones de creciente precariedad experimentadas por quienes estudian, trabajan y viven a diario en la institución.

Las citadas reflexiones aportan muchas claves para contextualizar mi vicisitud, que por muy kafkiana y esperpéntica que parezca, supera la mera dimensión anecdótica y contribuye a evidenciar problemáticas de carácter general. Como añadido -al centrarse en cuestiones relativas al reconocimiento y la homologación de títulos académicos- ilustra una situación de hostigamiento burocrático a la que algunas/os nos enfrentamos, y que nada tiene que ver con los tratos de favor y las condiciones de inaceptable privilegio disfrutadas por pocos personajes poderosos y bien ilustradas por el caso de Cristina Cifuentes-.

Comencemos:

1. Acto primero: por los caminos ingenuos de la meritocracia

Me matriculé en el Doctorado en Antropología Social de la Universidad de Granada a finales de 2008, ganando una beca predoctoral (FPU) gracias a la cual pude impartir clases de la misma asignatura al alumnado de grado y licenciatura entre 2011 y 2012. En 2014 defendí la tesis y conseguí el título de Doctor. Después de doctorarme, obtuve sin problema alguno la acreditación por parte de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) que me habilitaba para participar en concursos de profesorado “ayudante doctor”. Durante los dos años posteriores participé en todo tipo de convocatorias de personal investigador o docente, en universidades españolas y extranjeras, a la vez que estuve “sobreviviendo” de manera precaria y sin dejar, por supuesto, de acumular méritos académicos para el CV. Finalmente, en febrero de 2016 gané un concurso de profesorado “sustituto interino” en el mismo departamento en que me había doctorado (Antropología Social), calificándome el primero.

La alegría con la que recibí la noticia se desdibujó rápidamente de mi cara cuando, en el momento de firmar el contrato, fui invitado a volver a mi casa por la funcionaria que me atendió, con la argumentación de que no tenía los títulos en regla. En efecto, a pesar de poseer tres títulos académicos superiores al de licenciado (Máster, DEA y Doctor Internacional), todos obtenidos en la Universidad de Granada y dos de ellos en el mismo Departamento de Antropología Social, no tenía homologado mi título de licenciatura italiano en Ciencias Políticas, concedido por la Universidad de Bolonia en 2006 -sí, la prestigiosa Bolonia, la del tan aclamado Plan-. Tampoco valía mi acreditación como profesor ayudante doctor, una figura contractual jerárquicamente superior a la de sustituto interino.

Esa misma tarde, se hizo pública en la web de la Universidad de Granada mi expulsión del concurso por parte de la Rectora -con apabullante rapidez, he de decir-. El asombro fue grande, dado que mis títulos habían sido entregados junto a la solicitud inicial y, por tanto, ya habían pasado el filtro de la Comisión Evaluadora sin que esta aportara objeción alguna. Es más: había participado en convocatorias anteriores de plazas con el mismo perfil, en la misma institución, y tampoco había sido expulsado de ninguna de ellas. Fui a pedir explicaciones a diferentes cargos directivos de la universidad, siendo la tónica general respuestas como “las leyes hay que respetarlas” o “si la Rectora te ha expulsado, por algo será”.

2. Acto segundo: “Perded toda esperanza quienes entráis"

Ante lo que me parecía una injusticia, interpuse a los pocos días un contencioso administrativo en los juzgados. A finales de diciembre (11 meses después) llegó el fallo de la jueza, que admitía parcialmente mi instancia: según argumentaba, el texto de la convocatoria establecía que no es la Rectora, sino la Comisión de Evaluación de cada plaza quien tiene la facultad de averiguar si los candidatos/as cumplen o no los requisitos y, eventualmente, excluirlos. Como consecuencia, la resolución fue declarada nula de pleno derecho y se instó a la Comisión a que se reuniera de nuevo, con el objetivo de manifestar si, ante las circunstancias observadas por la Rectora, se reiteraba en considerarme el candidato más adecuado u optaba por mi expulsión.

De nuevo, me reanimé… y de nuevo, la alegría que se había dibujado en mi cara volvió a desdibujarse conforme pasaban los días, las semanas, los meses… puesto que la Universidad no parecía muy interesada en ejecutar la sentencia. En octubre de 2017 (10 meses después), esa administración tan preocupada por el respeto a la legalidad aún no había movido un dedo para que se ejecutara un fallo judicial que, evidentemente, no debía de haberle gustado mucho. Fue entonces cuando me convencí de que, si quería ver respetados mis derechos, no me quedaría otra opción que acudir de nuevo ante los juzgados y solicitar la ejecución -forzosa, si fuera necesario- de la sentencia. Y así hice. Y es solo a raíz de esa actuación que la Comisión Evaluadora fue finalmente convocada, acordando por mayoría (cuatro votos a favor, dos en contra y una abstención), en su reunión del 4 de diciembre… mi exclusión definitiva del concurso.

Pues bien, yendo más allá de los tecnicismos legales, lo que me interesa es ir al meollo político del asunto: ¿qué es lo que manifiesta esta decisión? Lo que se está afirmando, en sustancia, es que el candidato no está suficientemente cualificado para dar clases en el Departamento de Antropología Social porque, a pesar de ya haberlas impartido en ese mismo departamento como becario -esto es: gratis- y a pesar de haber obtenido tres títulos académicos españoles -¡dos de ellos en Antropología Social!- superiores al de licenciatura, no tiene su título italiano de licenciado homologado. Título que sí había sido suficiente para que fuera admitido a los estudios de doctorado en ese mismo departamento.

¿Tiene esto algún tipo de sensatez? Cabe añadir que, según he podido averiguar en la web de la Universidad de Granada, se sigue expulsando a candidatos/as de plazas de sustituto interino a posteriori, mediante resoluciones de la Rectora que, como hemos visto, no es el órgano competente. Razón por la cual estoy en proceso de contactar con los candidatos/as excluidos/as, para ver si conseguimos animar alguna lucha colectiva.

Entiendo que la administración universitaria debe sentirse en una posición muy inatacable, probablemente suponiendo que no todas las personas afectadas por estos esperpentos sean tan cansinos como quien escribe y que, sobre todo, no todo el mundo pueda o quiera permitirse un recorrido legal que es largo, caro y desgastante desde el punto de vista psicológico. Y siendo muy consciente de las dificultades que existen a la hora de emprender procesos de lucha colectiva que, como se sabe, distraen bastante de esa prioridad que tenemos los/as investigadores/as neoliberalizados/as: fagocitar méritos para el curriculum.

Lo que es peor: las universidades poseen una autonomía relativamente amplia a la hora de fijar ciertos requisitos en materia de acceso a concursos laborales -¡esa flexibilidad tan celebrada pero siempre usada a la baja!-. Por ejemplo, si la Universidad de Granada quisiera, podría perfectamente determinar que cualquier título superior obtenido por una Universidad española, automáticamente elimine la exigencia de homologar los títulos inferiores -a mi modo de ver, esto debería aplicarse a títulos obtenidos tanto dentro como fuera de la Unión Europea-. O, cuando menos, podría redactar convocatorias menos oscuras que las actuales, llenas de requisitos y cláusulas muy confusas, cuya interpretación contradictoria no deja de producir discriminaciones que, la mayoría de las veces -vistos los mecanismos perversos de la administración y las dificultades arriba mencionadas-, no son ni siquiera visibilizadas y menos aún tienen posibilidades de ser contrarrestadas eficazmente.

3. Acto tercero: entrando en la barrena burocrática

A este cuento le falta un último eslabón. Podría justamente objetarse: ¿por qué no homologué mi título de licenciatura? Aquello me habría permitido puentear todo tipo de problema. En realidad, no es que no haya querido: es que tampoco me han dejado hacer eso. En febrero de 2008 (recién llegado desde Italia) solicité dicha homologación ante el Ministerio de Educación y en septiembre de 2009 me fue notificado el informe favorable, condicionado al cumplimiento de unos requisitos formativos extra (superar un examen o asistir a un curso de Hacienda Pública) en el plazo de cuatro años.

He de confesar algo: por muy neoliberalizado que esté, sigo siendo humano. Cometí un error. Durante el año y medio que había transcurrido entre mi solicitud de homologación inicial y su resolución, fui admitido a los estudios de doctorado sin ningún problema. Pensé entonces que realmente no necesitaría la homologación del título. Compañeros del medio académico me tranquilizaron en ese sentido, afirmando que una vez fuera Doctor por una universidad española ya no sería necesaria la homologación de un título inferior.

Mientras tanto, gané la beca predoctoral, empecé a dar clases como becario, entré en el torbellino meritocrático… y la cosa se me fue. Solamente en julio de 2015 decidí cerrar ese capítulo y volví a solicitar la homologación, pero en enero de 2016 me fue notificada su denegación. La razón: la nueva normativa reguladora de la materia, el RD 967/2014, prohíbe retroactivamente la admisión de aquellas solicitudes que hayan sido ya objeto de un expediente. Es decir: si te equivocas una vez, ya no te vamos a conceder ninguna otra oportunidad. Cero patatero. Búsquese usted la vida. Ni tramitando una nueva instancia y pagando otra vez las tasas de homologación se permite la re-apertura del expediente. Ese refrán tan neoliberal, “el cliente siempre tiene la razón”, no vale siempre ni para todos los clientes.

Para agotar todas las vías posibles, en ese mismo año intenté incluso otra opción: la “Solicitud de reconocimiento de títulos obtenidos en la Unión Europea para el ejercicio de las profesiones reguladas por la directiva 2005/36/CE”, una vía preferencial reservada a los ciudadanos comunitarios, pero dicho reconocimiento me fue denegado porque se aplica solo a aquellas trayectorias profesionales que se hayan desarrollado íntegramente en otro país comunitario y no a los recorridos “mixtos” como el mío.

Es decir, si hubiera cursado Licenciatura, Máster, Doctorado y dado clases en Italia, entonces podría haber solicitado el reconocimiento, pero al haber desarrollado un tercio de mi recorrido profesional en Italia y los restantes dos tercios en la universidad española, paradójicamente me encontraba en una situación peor. A estas alturas, la única opción que me quedaba era solicitar la “convalidación parcial de estudios realizados en el extranjero”, esto es… volver a la Universidad como estudiante. Cosa que, ya resignado, a principios de 2017 estuve dispuesto a hacer, presentando mi solicitud de admisión ante la Facultad de Ciencias Políticas y de la Administración.

En abril recibí una carta informándome de que se habían validado solo 114 créditos de los 240 que componen un grado académico. Los planes de estudio habían cambiado tanto, en los últimos diez años, que de mi licenciatura obtenida en 2006 en Italia se reconocía ahora solo la mitad de los créditos cursados. Como consecuencia, debería haberme matriculado de nuevo en la Universidad de Granada, cursando los 126 créditos que me faltaban y realizando el correspondiente trabajo de fin de grado. Traducido en tiempo: 2 años dejando al lado las demás cosas y volviendo a ser, de profesor en ciernes, alumno de Universidad -por segunda vez-.

Todo esto a mis 39 años. Cosa que incluso habría llevado a cabo, de no ser que -¡sorpresa!- el concurso n. 49 en el que participé lo gané, y actualmente me encuentro en Portugal disfrutando de una beca posdoctoral de investigación, la cual me da muchas alegrías pero me impide atender los estudios en Granada.

Por cierto: ¡en Portugal no me plantearon ningún tipo de problema! Pude obtener el reconocimiento de mi título de Doctor en dos días, pagando tasas considerablemente más bajas, y sobre todo no se exigió la homologación de los títulos inferiores. El problema es que, en un futuro más o menos lejano, tengo pensado volver a la Universidad española, a la que dediqué diez años de mi vida. A estas alturas, no sé cómo voy a poder hacerlo.

4. Conclusión: ¿anomalía o resultante?

Espacio Europeo de Educación Superior lo llaman. Pero un título no homologado obtenido en otro país comunitario es causa de expulsión de un concurso de plazas regido por requisitos insensatamente estrictos establecidos por la Universidad, y por otra parte, el Estado no permite que dichos requisitos puedan ser cumplidos, gracias a una ley muy restrictiva en virtud de su retroactiva prohibitividad.

Ahora bien, volvamos a las reflexiones iniciales. Retornemos al colectivo Indocentia, que en su deconstrucción de la retórica neoliberal, observa: “No deja de sorprender que las medidas nunca hayan pretendido otorgar seguridad a las posiciones más precarias para evitar su dependencia de los poderes locales y de toda una lógica relacional insoportable (redes clientelares que no solo perviven, sino que se han acomodado perfectamente a las nuevas exigencias productivistas y ‘meritocráticas’)”. Esto lo he experimentado en mi piel: hacer tanto ruido puede ser considerado por algunos “poco prudente” o incluso “ofensivo” y “arrogante”… y desde la lógica individualista imperante, “hacerse enemigos” en los departamentos sin duda podría no ser una estrategia muy inteligente. Pero, por otra parte, actitudes aquiescentes no hacen sino reforzar las lógicas vertebradoras de este modelo de universidad, de las que son un producto.

Naturalmente, la pesadilla burocrática aquí narrada puede ser leída como un caso extremo, una “distorsión” exagerada a corregir, dentro de un conjunto por otra parte “sano”, eficaz y efectivo. Pero ¿de verdad se trata solo de eso? Dejadme ser malpensado: me temo que no… igual las vicisitudes aquí discutidas no son ni tan insensatas ni tan esperpénticas. Igual son el reflejo de algo más profundo. En ese sentido, me adscribo a la noción de “burocracia de los de abajo”, utilizada por Débora Ávila Cantos y Sergio García García, quienes resaltan la centralidad de las prácticas burocráticas en tanto que dispositivo para la administración diferencial de derechos en el contexto del gobierno neoliberal de lo social.

No las considero, por tanto, una patología que desvirtúa el correcto funcionamiento de mecanismos institucionales por lo demás inclusivos, sino un dispositivo que se articula y (re)produce mutuamente y junto a ellos, dando lugar a efectos estratégicos de conjunto y resultando en procesos de inclusión y exclusión diferencial4. Dicho aún con otras palabras: lo que no puede decir expresamente la ley con su retórica pretendidamente universalista, lo hace la burocracia -generalmente sin decirlo, pero a veces incluso diciéndolo-.

Por supuesto, agradezco a todas las personas que, dentro y fuera del Departamento, me han apoyado y dicho palabras de aliento: pero tampoco puedo obviar la amargura por las muchas actitudes a lo Poncio Pilato que me ha tocado presenciar. El caso es que el juego sale barato porque, como hemos visto, cada actor implicado puede adoptar o secundar decisiones excluyentes y posteriormente lavarse las manos, responsabilizando a otra persona/institución/ley de las “anomalías” y “malfuncionamientos” detectados. Y es justo gracias a esta lógica que el dispositivo, en su conjunto, resulta coherente y efectivo.

Para concluir, con la expresión “Entre titulitis y destitularización” me refiero a lo siguiente: por un lado, no hacen más que exigirte títulos, certificados, acreditaciones… la acumulación de méritos por parte del “self-made wo/man” académico/a no ha de tener límites. Pero por el otro, los méritos nunca son suficientes y los títulos nunca son bastantes, o no son lo suficientemente “compatibles”, “adecuados” u “homologados”. Y la otra cara de la (supuesta) excelencia académica -horizonte por definición inalcanzable- se llama frustración, agotamiento y mucho conformismo. Pero ante los atropellos, se hace necesario romper con la lógica clientelista. Callarse y “portarse bien”, esperando que algún día esa auto-contención sea tenida en cuenta por los cargos superiores, podrá ser una válvula de escape para resolver situaciones individuales, pero nunca constituirá una solución viable en términos sistémicos.

Bienvenidos a la Universidad del futuro... donde la “burocracia” cede el paso a la “excelencia” y la “internacionalización” rebosa.