Análisis
Ecos de un ‘sobreturismo’ anunciado

En septiembre de 2025, Pedro Sánchez anunció el Dora III, un plan de inversión en aeropuertos de casi 13.000 millones de euros entre 2027 y 2031. Esta inversión, la mayor de las últimas décadas, se planteó como respuesta a la creciente demanda de pasajeros, previstos en 1.690 millones en cinco años, y contiene una promesa ambiciosa: impulsar el crecimiento, el empleo y los beneficios comerciales. 

Mientras que su aprobación por el Consejo de Ministros aún está pendiente para septiembre, el Gobierno dotará a numerosas regiones de la inversión necesaria para, entre otros objetivos, expandir sus principales aeropuertos. Sorprendentemente, entre estos se incluyen Barcelona-El Prat, Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Bilbao y las Islas Canarias, entre otros. 

Y digo “sorprendentemente” porque muchas de estas ciudades han sido testigos de protestas contra la masificación turística en los últimos años. Una mayor presión sobre los servicios, recursos y espacios públicos, pérdida de identidad de los barrios, y un deterioro de la calidad de vida en las zonas más saturadas son algunas de las principales reivindicaciones de los vecinos. 

El acceso a la vivienda, sin embargo, continúa siendo el problema central. Ciudades de la Costa del Sol, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga han sido las últimas en salir a las calles reivindicando el derecho a una vivienda. Desde 2022, el valor tasado por metro cuadrado de la vivienda libre en Málaga ha aumentado un 50%, mientras que Baleares, Madrid, Cantabria o la Comunidad Valenciana experimentaron más de un 40% de incremento. En el medio y largo plazo, este aumento del precio de la vivienda se trasladará a los inquilinos, dada la relación directa entre el precio del alquiler y el valor de una propiedad. Cabe mencionar que la financiarización de la vivienda y el coste de capital, además de medidas estatales o regionales sobre el precio del alquiler pueden distorsionar de esta relación, y hacerla más compleja y volátil en el corto plazo. 

Existe una disonancia entre una narrativa política y económica que defiende el valor de una creciente demanda de pasajeros en su capacidad de impulsar crecimiento y empleo, y una agravación de la crisis de vivienda y la saturación turística

En cualquier caso, ante este aumento del precio de la vivienda y los riesgos asociados a la pérdida de condiciones durante mudanzas o cambios de contrato, o comprar una propiedad queda fuera del alcance de muchos. Estos impactos para los inquilinos son además más pronunciados para aquellos hogares con menor poder adquisitivo. Por otro lado, los propietarios, se benefician, lo que da lugar a una transferencia de riqueza que favorece una mayor desigualdad.

En el último análisis realizado por la New Economics Foundation (NEF), mostramos que, en apenas cinco años, el crecimiento del tráfico aéreo podría elevar el coste medio anual de alquiler por hogar en España en más de 200 euros en términos generales. 

Existe una disonancia entre una narrativa política y económica que defiende el valor de una creciente demanda de pasajeros en su capacidad de impulsar crecimiento y empleo, y una agravación de la crisis de vivienda y la saturación turística. ¿Qué significa tener crecimiento económico cuando este no responde realmente a las necesidades actuales de la población? ¿Es el empleo creado suficiente? Las respuestas a estas preguntas pueden sorprendernos.

Estudios académicos han demostrado que la productividad económica en otros sectores se puede ver perjudicada por los precios distorsionados de la vivienda

En primer lugar, los trabajadores de hostelería han sufrido caídas en salarios reales, mientras los beneficios se acumulan en grandes empresas hoteleras. En España, el sector de la hostelería es responsable del 10% de todas las horas trabajadas. Sin embargo, su contribución al Valor Añadido Bruto (VAB, el principal componente del PIB) solo llega a un 5%. Esta disparidad entre la magnitud del sector y su VAB refleja la baja productividad del sector. Es decir, el sector contribuye, en valor económico, la mitad de lo que correspondería por las horas empleadas. En términos reales, los salarios en este sector han visto un descenso de un 1% entre 2008 y 2024. Así queda preguntarnos, ¿es la apuesta por la creación de empleo en un sector de bajo nivel productivo y de condiciones salariales desfavorables e inestables parte de una estrategia sostenible? 

En segundo lugar, estudios académicos han demostrado que la productividad económica en otros sectores se puede ver perjudicada por los precios distorsionados de la vivienda. Esto fomenta un desvío de flujos de capital y empleo hacia sectores de baja productividad y de extracción. Nuestro análisis señala que, ante el incremento en el sector de turismo aéreo previsto hasta 2031, la inversión empresarial total en España se reduciría en casi 1.000 millones de euros. 

Una estrategia industrial basada en el turismo aéreo desvía capital de sectores con mayor capacidad productiva y genera una acumulación de la inversión en sectores inmobiliarios y de servicios turísticos

En definitiva, una estrategia industrial basada en el turismo aéreo desvía capital de sectores con mayor capacidad productiva y genera una acumulación de la inversión en sectores inmobiliarios y de servicios turísticos. Si hacemos balance, las implicaciones de un aumento desenfrenado del turismo aéreo, con impactos considerables tanto en los precios del alquiler, y de la vivienda, como en la capacidad productiva desafían los discursos ortodoxos sobre crecimiento económico. Los planes de inversión actuales prometen desarrollo, pero se arriesgan a generar una ruptura irreparable del tejido social y productivo de nuestro país. 

Lo más preocupantes es que estas consideraciones están completamente ausentes en la toma de decisiones. Por ejemplo, el estudio de impacto de la expansión de Barcelona-El Prat afirma que los ingresos del turismo local constituirían la mayor parte de los impactos económicos (en torno al 30-40% de los beneficios) dado un incremento de capacidad de 60 a 70 millones de pasajeros. Sin embargo, el estudio omite cualquier mención de la transferencia de riqueza y bienestar como resultado de un aumento del turismo, especialmente a través del impacto en precios de la vivienda y el alquiler. Mientras, los residentes de Barcelona continúan manifestándose contra la masificación turística, la gentrificación de sus barrios, alquileres y viviendas inasequibles.

Cabría esperar que, si se continúa con esta estrategia económica dependiente de una creciente demanda turística y expansión de infraestructura, también se asuma la responsabilidad de examinar y valorar su impacto en nuestros barrios, en la calidad de vida y en nuestros recursos. De otra manera, este es un enfoque político y económico negligente e irresponsable.

El turismo es importante para España. Es un creador de empleo, sustenta individuos y comercios, y en muchos casos, genera crecimiento económico. Pero esta es sólo parte de la historia. El cortoplacismo, la concentración geográfica y de riqueza en propietarios y grandes empresas quiebran esta certeza que tanto ha sido vendida en el discurso político. Igualmente importante es que este modelo nos sitúa en una trayectoria de emisiones desmedidas e impactos climáticos de la que ya somos testigos. ¿No tendríamos que priorizar una estrategia económica que aumente el bienestar y una mayor cohesión social, que distribuya recursos y garantice seguridad económica para todos? Se necesita un plan de prosperidad que ofrezca oportunidades y desarrollo a nivel local, regional y nacional, que sea honesto y ofrezca respuestas a los problemas diarios de la población y que, en definitiva, preserve la esencia e identidad de lo que nos representa.