Opinión
Por la vivienda, por la educación y por los servicios públicos: huelga general

La indignación, la consternación y desgraciadamente el duelo han sacudido nuestras conciencias a lo largo de estas poco más de dos semanas, desde que el desahucio de Maricarmen puso nombre y rostro al drama de la vivienda. Pero el cariño y la solidaridad de una mayoría social que demanda soluciones nos ha brindado también un momento de esperanza.

Por ello, desde Ustea nos sumamos a la huelga general del 11N por la vivienda. Los motivos para una huelga son transversales y nos implican a todos los sectores: los problemas del profesorado no son ajenos a la crisis de la vivienda. Año tras año, miles de docentes se ven obligados a desplazarse para cubrir sustituciones o vacantes. Una situación que empeora a medida que los recortes de unidades públicas obligan, especialmente al personal interino, a aceptar destinos cada vez más lejos de casa.

La movilización social ha logrado colocar la crisis de la vivienda en el centro del discurso público y esa misma determinación es la que debe guiar a las organizaciones y colectivos en defensa de la escuela pública.

En muchos municipios y zonas tensionadas, los precios del alquiler devoran una parte desproporcionada de nuestros sueldos. En Educación, en Sanidad y en la Administración, el alto coste de la vivienda no solo devora buena parte de nuestros sueldos sino que en casos extremos obligan a renunciar al puesto de trabajo o a rechazar una plaza o una promoción interna por no poder asumir los costes de la vivienda. 

La experiencia reciente demuestra que las victorias sindicales no se cambian solo desde las mesas de negociación. La movilización social ha logrado colocar la crisis de la vivienda en el centro del discurso público y esa misma determinación es la que debe guiar a las organizaciones y colectivos en defensa de la escuela pública. Ante problemas estructurales que se dilatan en mesas de negociación, la huelga y la movilización se consolidan como el instrumento más potente para conquistar mejoras reales.

Es por ello que desde Ustea llamamos al resto de organizaciones sindicales del ámbito de la educación, a todo el profesorado, a las familias, al alumnado y al conjunto de la comunidad educativa para conformar este 11 de noviembre un gran bloque verde en defensa de la escuela pública. Gobierne quien gobierne en San Telmo o en La Moncloa, los servicios públicos se defienden.

Hay motivos para un gran bloque verde: la escuela pública, en juego

Las razones para una huelga educativa vienen gestándose desde hace tiempo. Las elevadas ratios en las aulas, el abuso y la precariedad que viene arrastrando el profesorado interino, el déficit persistente de medios y recursos para la atención a la diversidad, la parsimonia en la adaptación de los centros a temperaturas extremas (pese a la Ley de Bioclimatización andaluza aprobada hace más de un lustro) y la asfixiante sobrecarga burocrática son solo algunas pinceladas sobre un panorama desgastante que sufren diariamente familias y docentes. 

Esta dinámica repercute de manera directa en las condiciones laborales de las plantillas docentes, que acumulan una pérdida de poder adquisitivo estimada entre el 21,9% al 24% desde el año 2010. Dignificar la profesión docente requiere actualizar las retribuciones conforme al incremento del coste de la vida vinculando los sueldos públicos al IPC, una compensación de la pérdida acumulada y un incremento asimismo de los complementos salariales por destino en zonas tensionadas (cruciales en un momento como este de crisis habitacional).

Urge asimismo reducir la carga lectiva para un seguimiento individualizado, revisar el complemento de tutoría y mejorar las condiciones de trabajo del personal interino en aspectos clave como más opciones para la conciliación en la petición de destinos (zonificación) y la garantía de su estabilidad laboral vía planes excepcionales de refuerzo y aumento de las plantillas docentes.

Las organizaciones sindicales y la comunidad educativa tenemos por delante el reto de levantar un escudo en defensa de la escuela pública

Tras una larga negociación con el Ministerio, numerosas reformas educativas quedan actualmente en el aire. Así sucede con la negociación de la bajada de ratio, en la cual estaba participando Ustea a través de los STEs, con la del modelo de oposiciones o la regulación de la FP a distancia. Asimismo, el problema de la estabilización del profesorado interino queda en el aire: desde Ustea exigimos al gobierno central un Modelo de Acceso Diferenciado para garantizar un acceso justo y la estabilización del personal interino hasta el acceso definitivo como funcionario/a de carrera 

A todo ello se suma la necesidad de abordar con sensibilidad el envejecimiento de los claustros. Quince años después de los recortes de los años de la crisis financiera global, ya somos la mitad de la plantilla docente quienes nos vemos abocados a la jubilación con 67 años. Desde Ustea y los STEs reclamamos la recuperación de la jubilación voluntaria a los 60 porque los retos educativos del futuro requieren de equipos docentes jóvenes de los que las bolsas de trabajo y las universidades están repletos. Y porque a largo plazo, el sistema es insostenible si no ofrecemos una dignificación de las condiciones laborales que haga de la docencia una profesión atractiva.

Por ello, para cuidar a nuestros docentes más veteranos, desde Ustea reclamamos a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía un plan de estabilización que garantice las vacantes al personal interino mayor de 55 años, aumentar los días de libre disposición, reducciones horarias adicionales para el profesorado mayor de 60 y reducciones de jornada voluntarias para el personal con menos de cinco años para la edad de jubilación ordinaria.

La inclusión educativa no puede quedar supeditada a recursos temporales e insuficientes que dependen de fondos europeos. En el contexto socioeconómico andaluz, donde las desigualdades crecen y nuestro alumnado corre el riesgo de quedarse atrás, urge garantizar un aumento de las plantillas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación y PTIS con plazas estables en cada centro, así como poner un tope a las ratios por especialista. De igual modo, la Formación Profesional requiere una oferta pública amplia, recursos adecuados y una implantación de la modalidad dual que no sobrecargue a las plantillas ni genere desigualdades territoriales.

Las organizaciones sindicales y la comunidad educativa tenemos por delante el reto de levantar un escudo en defensa de la escuela pública: de la atención a la diversidad, de las condiciones de sus profesionales y de sus valores democráticos, coeducativos y multiculturales. Por eso, el 11 de noviembre llamamos a la comunidad educativa a la huelga general y a la movilización y recordamos que, en Andalucía como en el conjunto del Estado, la escuela pública está en juego.