Desahucios
“No son muertes, son asesinatos”: las otras Maricármenes que se llevó por delante el negocio inmobiliario

“No son muertes, son asesinatos”. No queda claro cuándo se escuchó este cántico por primera vez, pero es seguro que no fue frente al Congreso este 7 de octubre, después de que se conociera que Maricarmen, la mujer de 87 años que había resistido cuatro intentos de desahucio, había fallecido. No hay datos de cuántas personas han muerto después de sufrir un desahucio, aunque sí hay registro de decenas de casos más o menos mediáticos de personas que se quitaron la vida antes, después o durante la visita de la comisión judicial. 

El movimiento de vivienda no ha dudado en calificarlos como “asesinatos”. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) los llama “suicidios inducidos”. Este colectivo andaluz esbozaba ante un doble suicidio en 2021 un reparto de culpas que podría aplicarse casi en su totalidad a la muerte de Maricarmen: “Entre todos (legisladores, jueces, altos poderes políticos y de la administración pública, grandes financieras y demás tenedores y especuladores de viviendas, policías, medios de comunicación, cerrajeros y el silencio de la mayoría) la mataron y ella sola se murió”. 

En contraste con aquellas dos muertes de 2021, el clamor por el fallecimiento de Maricarmen ha llegado a las principales cabeceras de todo el planeta. Pero no es el primer caso, ni será el último de una muerte provocada por la especulación inmobiliaria.

Una de las primeras veces que sonó el lema de “No son muertes, son asesinatos” fue después del suicidio de Amaia Egaña, una vecina de Barakaldo, que se suicidó el 9 de noviembre de 2012. Amaia se precipitó por la ventana de su hogar cuando la comisión judicial iba a desahuciarla. El escándalo llegó a los grandes medios de comunicación e impulsó al movimiento de la vivienda, liderado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), al centro de la agenda política. Poco después, el Gobierno del PP anunció una moratoria de los desahucios a hogares vulnerables.

En 2016, la PAH hizo pública una serie de cartas de personas que decidieron quitarse la vida antes de perder su casa. Entre ellas, el caso de Luisa (nombre ficticio), una arquitecta de Badajoz que tuvo que afrontar la muerte de su marido por leucemia y una hipoteca impagable. Dejó una carta, 1.800 euros para sus dos hijos, de siete y 12 años, y se ahorcó en la cocina. “No puedo más. Sabéis que he hecho todo lo que he podido. Pero este mundo se me ha hecho muy extraño. Llevo un año en el infierno, con un nudo en la garganta que me recuerda cada día mi fracaso”, escribió antes de morir. Desde la PAH establecían entonces un nexo directo entre la especulación inmobiliaria y los suicidios: “Es imposible negar la relación entre las consecuencias del capitalismo y la inmolación personal”. 

Tal como insiste la PAH, el Sindicato de Inquilinas y las asambleas de vivienda, los suicidios son solo la “punta del iceberg” de todo el sufrimiento causado en los hogares más vulnerables por la especulación inmobiliaria. Los casos de muertes vinculados a la pobreza energética son otra muestra del mismo problema: entre las decenas de casos documentados, el más famoso es el de Rosa Pitarch, una mujer de 81 años que falleció en noviembre de 2016 en Reus (Tarragona) en un incendio provocado por la vela: Gas Natural Fenosa le había cortado la luz dos meses antes por no poder pagar la factura. Según el estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales, la pobreza energética en España causa 7.000 muertes prematuras al año por incendios y enfermedades respiratorias, circulatorias y problemas de salud mental —ansiedad y depresión—, entre otras. La falta de techo es otra de las causas de muerte vinculada a la vivienda: cada seis días muere una persona sin hogar en España.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, hablaba un día después de la muerte de Maricarmen de la “lista infinita de muertes evitables” provocadas por el “rentismo”, de las “miles  de personas cuyos nombres jamás reconoceremos y sus caras nunca saldrán en las cámaras”. Estas son algunas de ellas.

Javier, L'Hospitalet de Llobregat, 30 de septiembre de 2026

Tenía una orden de desalojo de su zapatería para el 5 de octubre por impago del alquiler. Junto a una nota de suicidio, fue encontrado su cuerpo sin vida. En la carta explicaba que había decidido suicidarse porque iba a ser desahuciado y no tenía capacidad de paralizar el proceso.

Olga Matute, L'Hospitalet de Llobregat, 7 de septiembre de 2026

Tenía 54 años, dos hijas y llevaba años en situación vulnerable después de perder el trabajo. Sus problemas comenzaron en 2010, cuando se divorció y su exmarido se negó a pagar la pensión de sus hijas. Su piso pasó a manos de Promontoria, una filial del fondo buitre Cerberus, que se negó a negociar un alquiler asequible. Cinco meses después del desahucio, Olga se suicidó. Esta vecina de Hospitalet se ha convertido en la cara visible y símbolo, junto a Maricarmen, de las recientes movilizaciones en Catalunya.

Montse, Villalba, 10 de diciembre de 2025

Esta vecina de Collado Villalba, de 63 años de edad, se encontraba en situación de calle desde el 30 de septiembre de 2025, fecha en la que el Ayuntamiento de este municipio ejecutó un desalojo, sin orden judicial, del bloque de la calle Trinidad, 19.

Albert B., Torremolinos, 23 de octubre de 2025

Un hombre de 83 años en Torremolinos se quitó la vida de un disparo en la cabeza en el momento en que la comitiva judicial acudió a desalojarlo por una deuda de 2.685 euros. En la mayoría de los medios, la noticia se publicó en la sección de “Sucesos”.

Alicia vivía sola en un piso alquilado en Chamberí. Se lanzó por la ventana desde un quinto piso. Llevaba cuatro meses sin poder pagar un alquiler de 500 euros. Debía 2.000 euros

Sant Andreu, Barcelona, 1 de julio de 2024

Dos hermanas, de 54 y 64 años, se suicidaron en la madrugada del 1 de julio, unas pocas horas antes de que se ejecutara el desalojo judicial previsto para esa mañana. A las 11h, las dos mujeres debían abandonar su hogar por no poder pagar el alquiler. A las 4:30h se tiraron por el patio interior del edificio. Fue en el barrio de Sant Andreu, en Barcelona, en la calle Navas de Tolosa, por una deuda de cerca de 9.000 euros. A pesar de que no podían pagar el alquiler desde marzo de 2021, no había ningún informe de vulnerabilidad vinculado con el caso. Sus nombres no han trascendido

Vigo, 2 de mayo de 2024

“Esperen un momento, que voy a subir a hacer unas cosas”, dijo un hombre de 43 años en Vigo a la comisión judicial que quería desahuciarle. Regresó a su vivienda, en un cuarto piso, y se tiró por la ventana. Las heridas lo dejaron al borde de la muerte. Sobrevivió.

Patxi, Móstoles, 16 de abril de 2024

Tenía 58 años y había sido desahuciado nueve meses atrás junto a otras 18 familias del edificio donde residía, el bloque Dignidad. Junto con otras familias acamparon en el parque Cuartel Huertas, enfrente del Ayuntamiento de Móstoles. Pese a su delicado estado de salud y la ausencia de alternativa habitacional, no fue considerado vulnerable por la justicia, una decisión que Stop Desahucios Móstoles consideró “incomprensible”. En el parque su estado de salud empeoró y falleció sin recibir ningún tipo de ayuda institucional.

Álex, Sabadell, 22 de marzo de 2024

Un hombre de 70 años se suicidó en un parque de Sabadell, donde vivía después de haber perdido su casa. Se le conocía en el barrio como “el manitas” porque había hecho apaños en viviendas de toda la zona. Sin poder trabajar por problemas de salud, comenzó a priorizar el pago de la vivienda al resto de gastos del hogar, pero al final tampoco pudo pagar el alquiler. En el momento de suicidarse, debía 3.334 euros.

Melanie, 15 de mayo de 2023

El 15 de mayo de 2023, se repetía una historia similar. Melanie se quitaba la vida antes de ser desahuciada en Barcelona. Se había quedado sin trabajo y desde hacía unos meses ya no podía pagar el alquiler y cuando los funcionarios de la comisión judicial acudieron a su vivienda para echarla se encontraron su cuerpo sin vida. Al igual que en el caso de las dos hermanas de Sant Andreu, Servicios Sociales desconocía su caso.

Fuerteventura, 18 de junio de 2021

El viernes 18 de junio, un hombre de 48 años se ahorcó de la baranda del sótano del edificio donde residía, un día después de ser desahuciado de su casa, situada en la calle Virgen de la Peña de Puerto del Rosario. De origen moldavo, llevaba años en España y tenía regularizada su situación administrativa. Vivía de alquiler y llevaba meses sin pagar la renta, por lo que el propietario había presentado una demanda de desahucio. No ha trascendido su nombre. 

Segundo Fuentes, Sants, Barcelona, 14 de junio de 2021

Segundo Fuentes, de 58 años, nació en Ecuador y llevaba dos décadas en España. Cuando la comitiva judicial llamó a su puerta para ejecutar el desahucio, pidió “un momento” antes de abrir y se lanzó por el patio de luces. Llevaba tres años en el paro. Servicios Sociales estaba al tanto de su caso y de su imposibilidad de pagar el alquiler y la falta de una vivienda alternativa donde vivir. Desde el Ayuntamiento de Barcelona acusaron al juez de hacer "una lectura restrictiva de la moratoria de los desahucios”. El juez adujo que no existían indicadores de riesgo.

Alicia del Moral, Chamberí, Madrid, 27 de noviembre de 2018

Con 65 años, Alicia vivía sola en un piso alquilado en Chamberí. Se lanzó por la ventana desde un quinto piso cuando la comisión judicial —dos policías municipales, dos funcionarios del juzgado, un cerrajero y dos representantes de Apartamentos Galileo— acudió a desalojarla. Llevaba cuatro meses sin poder pagar un alquiler de 500 euros. Debía 2.000 euros.

Jordi Rodríguez, Cornellà de Llobregat, 14 de junio de 2018

Tenía 45 años, era electricista y estaba en la lista de espera para acceder a una vivienda social. Saltó por la ventana en el momento en que una comitiva judicial y los mossos d’Esquadra acudían a ejecutar su desahucio. El piso pertenecía al fondo buitre Blackstone. Se arrojó de un décimo piso cuando los agentes judiciales llamaban a la puerta.

Gustavo Arguellas, Granada, 25 de julio de 2016

Tenía 37 años, era albañil en paro, tenía dos hijos, de 11 y tres años, y era integrante de Stop Desahucios de Granada. La falta de recursos tras cuatro años de desempleo hizo imposible el pago de la hipoteca al Banco Mare Nostrum. Debía 120.000 euros. Se quitó la vida el 25 de julio.

Alicante, 13 de febrero de 2013

Camionero en paro de 55 años, tenía una deuda de 24.000 euros por impago del alquiler. Se suicidó antes de ser desahuciado de la vivienda en la que vivía hacía cinco años. La comisión judicial se encontró al hombre muerto en una de las habitaciones. El nombre no ha trascendido.

José Miguel Domingo, barrio de la Chana, Granada, 25 de octubre de 2012

Este hombre de 53 años fue hallado muerto en el patio interior de su domicilio el mismo día en el que se iba a ejecutar su desahucio. José Miguel Domingo regentaba una papelería y vendía prensa. Se ahorcó antes de perder su casa por una hipoteca que se había vuelto impagable.