Opinión
Todos los fuegos: por una política ecosocialista del territorio

Los incendios destruyen cientos de miles de hectáreas en lo que ya es un récord histórico. Han costado cuatro muertes si contamos solo las directamente relacionadas con la extinción, de bomberos forestales y voluntarios, y el desalojo de miles de personas que huyen de viviendas y aldeas arrasadas. Titulares que se repiten cada año y sin solución, ya que los cambios que se tienen que implementar para afrontar las consecuencias de la crisis ecosocial, y en concreto de los incendios, no generan nada en términos de reproducción del capital sino que implica confrontar su modelo a partir de una ordenación y uso del territorio organizado democráticamente por quienes lo habitan.

Estamos viendo cómo los incendios en Galiza llevan quemada en dos meses más superficie que en los dos años anteriores. Como León y Castilla arden por los cuatro costados, incluido el incendio más grande desde que se tienen registros, mientras el operativo se precariza y se debilita cada vez más porque los dirigentes de la comunidad lo consideran un despilfarro, como reconoció Quiñones (consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León).

No son casos aislados; los usos del territorio en el Estado español son muestra de una división internacional del trabajo de la que el abandono rural es consecuencia.

Hemos visto recientemente también las imágenes del incendio en Tarifa, mientras la Junta de Andalucía apuesta todo por convertir esta comunidad en un parque de atracciones para el turismo, al mismo tiempo que los espacios naturales se destruyen hectárea a hectárea. Otro tanto en País Valencià, Extremadura, Asturies, Madrid. Como vemos no se trata de casos aislados; la ordenación de los usos del territorio que se dan en todo el Estado español constituye una de las principales muestras del resultado de una división internacional del trabajo en la que el abandono rural es una de sus principales consecuencias lógicas.

Vecinos y trabajadores forestales deben conquistar un servicio público

La lista de medidas es larga y la hemos escuchado miles de veces, pero nunca llega a cumplirse. No basta con interpelar a los gobiernos, pues o bien su agenda se basa en intereses totalmente contrarios o bien sabemos que son impotentes para hacer lo que tienen que hacer. Una de las cuestiones más evidentes es la situación de bomberos forestales, un sector marcado por la subcontratación y cada vez mayor precarización de los servicios de extinción.

En Castilla y León, más de 31 empresas privadas se reparten el pastel de la gestión forestal en una factura de 19.000 euros por hectárea, según calcula el Gobierno.

El caso de Castilla y León es claro, una de las regiones con mayor superficie forestal de Europa donde más de 31 empresas privadas se reparten los contratos de prevención y extinción de incendios. Se trata de la única forma de respuesta de las instituciones neoliberales. Así, el gasto que se incrementa en los servicios de extinción solo alimenta la cuenta de resultados de las empresas, 19.000€ por hectárea según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Frente a este modelo que se demuestra ineficaz, es necesario un servicio público de bomberos y trabajadores forestales en el que participen vecinos y vecinas de las zonas rurales para desarrollar una gestión bajo el interés popular. Esta transformación depende de armar una alianza entre vecinos y trabajadores forestales capaz de imponer este modelo. 

Además del cambio en el cuidado de los montes, debe cambiar el modelo de ordenación y usos del suelo. Es vital descartar los modelos de monocultivo intensivos, tanto forestal como agroindustrial, y desarrollar modelos mixtos y usos multifuncionales del paisaje que refuerzan la resistencia al fuego. Esto implica necesariamente, bajo un régimen capitalista, tratar la propiedad de los terrenos forestales y de monte.

En el Estado español existe el triple de montes privados que públicos y una gestión forestal adecuada (pastoreo extensivo, quemas prescritas) no sería rentable bajo el enfoque estrictamente económico.

En el caso del Estado español hablamos del tripe de montes bajo control privado frente a los públicos (con el asterisco de los montes comunitarios gallegos, más cercanos a lo público en su manejo aunque legalmente sean privados) y una gestión forestal adecuada haría completamente insostenibles a los primeros bajo los criterios de rentabilidad económico privada. El manejo de los montes debería basarse en el propio desarrollo natural, como el pastoreo extensivo o un recurso tradicional como quemas prescritas (fuegos controlados) realizadas por trabajadores forestales y organizadas junto a vecinas conocedoras del territorio.

Quienes sufren los incendios deben organizarse por un cambio de modelo

La crisis climática pone sobre la mesa la incapacidad del capital de responder a las necesidades sociales ya que solo funciona alrededor de la reproducción del capital, es decir, del interés privado que organiza el mercado. Esta brecha cada vez mayor entre las necesidades sociales y los beneficios del capital nos ofrece una oportunidad para extender una forma de entender, organizar y vivir la vida de manera completamente opuesta a la impuesta por el mercado.

Debemos ser capaces de convencer a quienes sufren hoy los incendios, los y las mismas protagonistas de quienes han de desarrollar la fuerza necesaria para la solución.

No basta con dejar el debate en estas líneas; debemos ser capaces de convencer a quienes sufren hoy los incendios, los y las mismas protagonistas de quienes han de desarrollar la fuerza necesaria para la solución. Por poner un ejemplo concreto, en 2021 se elaboró un estudio en el que se abordaba la cuestión forestal y se planteaba una generación de 70.000 puestos de trabajo dedicados a mantenimiento, prevención y reforestación del territorio.

Ese estudio, firmado por entidades y sindicatos diversos, tuvo acogida, pero años después, la precarización del trabajo rural, la reducción de medios y nuestra propia dificultad para que lo hagan propio las comunidades de trabajadores y vecinos lo acaban encerrando en un cajón a pesar del aumento paulatino de los presupuestos públicos. Sin embargo, este trabajo nos demuestra que es posible hacer llegar esta propuesta que genera empleo y reduce el riesgo de incendios ahí donde es mayor el impacto de la precarización y degradación de las condiciones de vida en el mundo rural. Esto reforzaría el poder estructural de la clase trabajadora, la única capaz de llevar adelante la necesaria transformación ecosocial que nosotras y el planeta necesitamos.

Y es que si bien solo podemos hacer que reconocer el trabajo de las trabajadoras y voluntarios, la situación nos obliga a ir más allá: cuando decimos que la solución es poder popular, hablamos de fortalecer redes comunitarias, dotar al territorio rural de herramientas y capacidad de autoorganizarse y generar una red sindical sólida capaz de garantizar trabajo digno que permita afrontar los desafíos del medio. Las soluciones reales solo irán de la mano de la construcción de poder popular: solidaridad comunitaria y poder obrero para imponer a las instituciones las medidas de control, prevención y extinción que necesita el territorio.

Comunidad, trabajo digno y reorganización del territorio y del trabajo son los ejes para plantear una sociedad que se adapte al impacto de la crisis con planificación ecosocialista.

Porque esto es solo el aperitivo de lo que nos trae la catástrofe climática: vendrán fenómenos meteorológicos aún más extremos, incendios cada vez más explosivos, temperaturas descontroladas. El capital que ha provocado el caos ecológico no será la solución. Comunidad, trabajo digno y reorganización del territorio y del trabajo son los ejes para plantear una sociedad que se adapte al impacto de la crisis con planificación ecosocialista.