Tribuna
Hacer valer la propiedad pública

La intervención pública vuelve a estar en la agenda política. Durante los últimos años se ha hecho más habitual la compra pública de acciones, las políticas industriales verdes y la creación de fondos soberanos. Entender las causas de este fenómeno, sus límites y potencialidades es clave para un proyecto ecosocialista.

En Euskal Herria existe una historia pasada y presente de propiedad pública que únicamente responde a los intereses empresariales. El momento actual abre nuevos espacios de lucha para una transición ecosocial liderada por la clase trabajadora. Avanzar en democracia económica y soberanía exige disputar la inversión y propiedad pública desde el conflicto y protagonismo popular.

Democracia económica 

Adrienne Buller y Mathew Lawrence defienden que cualquier programa de izquierdas debe incluir tres elementos: democratizar la producción, desmercantilizar la reproducción de la vida y defender los bienes comunes. Para ello, consideran imprescindible transformar las relaciones de propiedad actuales. 

Investigadoras sobre decrecimiento y transición ecosocial coinciden con esta línea. Julia Steinberger y Cédric Durand defienden que la democracia económica y la planificación democrática son un requisito para garantizar unas condiciones de vida dignas para la clase trabajadora mientras se reduce el consumo de energía y materiales.

Estas consignas y programas deben ponerse en diálogo con el momento político y económico que estamos viviendo. 

Ilias Alami y Adam Dixon explican cómo desde la crisis de 2008 ha aumentado la intervención estatal en la economía. Los estados y gobiernos regionales asumen cada vez más el papel de promotor, supervisor y propietario del capital. La multiplicación de híbridos de estado-capital toma diferentes formas: fondos soberanos, empresas públicas, fondos de pensiones, sociedades públicas de gestión de activos, bancos de desarrollo, políticas industriales o restricciones al comercio.

Sin embargo, esto no supone el avance de la democracia económica. Esta mayor intervención responde a un momento económico marcado por diferentes tendencias globales: crisis ecológica, estancamiento económico, guerra comercial, e impulso de la industria militar. Los gobiernos buscan fortalecer la posición y competitividad de sus empresas privadas en el mercado mundial.

Aunque utilicen la propiedad pública, las herramientas elegidas no aseguran un mayor control democrático. Daniela Gabor describe la fórmula utilizada por los Estados para estimular la inversión privada como reducción de riesgos. Los incentivos, subvenciones o la compra pública de acciones buscan acompañar y orientar el desarrollo del sector privado. Pero las decisiones fundamentales siguen bajo el dominio de los consejos de administración, quienes priorizan la extracción de beneficio y el reparto de dividendos.

Al mismo tiempo, grandes empresas públicas de energía actúan como un actor corporativo más en el mercado global. La propiedad pública también forma parte del capital fósil. Por ejemplo, la empresa pública noruega Equinor pretende aumentar un 40% su extracción de gas y petróleo fuera de Noruega entre 2024 y 2030.

Espacio para la disputa

Esto nos debe prevenir de considerar progresista cualquier tipo de intervención pública. Pero también sería un error hacer una enmienda a la totalidad y rechazar cualquier tipo de apuesta política que opere en ese terreno. 

Que los gobiernos estén actuando de forma tan directa y visible en favor de los intereses empresariales difumina la separación artificial entre economía y política. Repolitiza la economía. Esto abre un espacio de disputa sobre el propósito y control de la inversión y propiedad pública. Abre un momento para exigir que esa intervención pública responda a las demandas de la clase trabajadora a través del conflicto y protagonismo popular. Que sirva para disciplinar al capital privado, y no al contrario.

Fortalecer ese conflicto y protagonismo popular es una tarea en la que pueden coincidir, movimientos sociales, sindicatos, experiencias institucionales y organizaciones de la economía social transformadora. Para aportar en este camino, hacemos un breve repaso del pasado, presente y futuro de la intervención pública en Euskal Herria.

Lo que tenemos

Los gobiernos de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) impulsaron el desarrollo de energías renovables, las telecomunicaciones y la recarga de vehículos eléctricos a través de la propiedad pública. Una vez consolidado el negocio, vendieron su participación a empresas privadas.

En 1989 se creó EHN (Energía Hidroeléctrica de Navarra), con una participación del 38% de la entidad pública SODENA y un 10% de Caja Navarra. Entre su creación y 2004, la compañía desarrolló 80 proyectos en diferentes países. El esfuerzo inversor hizo que Navarra contara ese año con 849 MW eólicos y se situara como referencia europea.

Sin embargo, a finales de 2004 el Gobierno de Navarra decidió vender su participación pública. Así, la energética privada Acciona se hizo con el 100% de EHN y se acabó la propiedad pública.

Algo similar ocurrió en la CAV. En 1996 se creó Eólicas de Euskadi, con un 50% del Ente Vasco de la Energía (EVE) y otro 50% de Iberdrola. La empresa puso en marcha el primer proyecto en el 2000, y luego otros dos sumaron 170 MW eólicos. En 2007, el EVE vendió todas sus acciones, e Iberdrola se hizo con el 100% de la propiedad.

La historia se repite en el sector de las telecomunicaciones. En 1995 se creó Euskaltel, con una propiedad del 40% en manos del Gobierno Vasco y del 60% en manos de las tres cajas de ahorros. Bajo esta estructura, se desarrolló la infraestructura para los servicios de televisión internet y telefonía. En 2012, el Gobierno Vasco se desprendió de una parte de sus acciones en una operación que dejó el 48% de la telefónica en manos de fondos de inversión. La privatización se consolidó en 2021, con la compra del 100% de la compañía por MásMovil a través de una OPA.

Un tercer ejemplo lo encontramos en la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. En 2010 se creó la sociedad Ibil, formada al 50% por el EVE y Repsol. Desde entonces, la empresa se convirtió en líder en el desarrollo y operación de puntos de recarga. Hasta 2023 tuvo un funcionamiento deficitario debido a lo embrionario del sector, pero a partir de ese año la facturación se duplicó. En 2024, vendieron los 5.000 puntos de recarga de Ibil a una filial propiedad exclusiva de Repsol.

Estos tres casos muestran una utilización de la propiedad pública que únicamente acompaña el interés privado. En vez de aprovecharla para aumentar la democracia económica en la transición ecosocial, se usa para incubar nuevos sectores y privatizarlos cuando empiezan a dar beneficios.

Durante 2025, el Gobierno Vasco ha aprobado varias medidas que refuerzan esta tendencia. Aumentó el límite de incremento de endeudamiento hasta los 1.000 M€. Creó la Alianza Vasca Financiera con capital público y de nueve entidades financieras (el llamado fondo soberano vasco). Aprobó el Plan de Industria Euskadi 2030 y el programa de inversiones Euskadi Eraldatuz. Y destinó 663 M€ y 500 M€ a los fondos de capital público Finkatuz e Indartuz en los presupuestos de 2026.

Estas inversiones se orientan a la compra pública de acciones y ayudas directas para financiar la transformación tecnológica, energética e industrial de las empresas. Utilizando la retórica de la reindustrialización, la transición energética y la competitividad, el Gobierno Vasco amplía sus apoyos directos a grandes empresas privadas. En ningún caso existe ninguna condicionalidad laboral, así que las empresas son libres para aplicar despidos o precarizar el empleo. Además, nada impide que esas inversiones se destinen al impulso de la industria militar, como en el 6% de participación pública en ITP Aero a través de Finkatuz.

En Navarra, el borrador de la Ley Foral de Industria tiene un carácter claramente empresarial. En el proceso legislativo se rechazaron la mayoría de enmiendas del sindicato LAB, que exigían una planificación de las transformaciones y la titularidad pública de los proyectos industriales. En el ámbito energético, la creación de ATENA (Agencia de Transición Energética de Navarra) abre la puerta a consolidar una verdadera empresa energética pública. Sin embargo, los presupuestos de 2026 únicamente le destinan 400.000€, lo cual limita su capacidad de desarrollar un volumen significativo de proyectos renovables de propiedad pública y pública-comunitaria.

Lo que podríamos tener

La disputa sobre el control de la propiedad pública traza un puente entre el momento actual y los horizontes de transformación a los que aspiramos. Evita saltos de fé y dibuja una línea de puntos que empieza en nuestro contexto actual. Permite exigir una propiedad pública que sirva para disciplinar al capital privado.

Kai Heron, Keir Milburn y Bertie Russell defienden la construcción de alianzas de propiedad público-comunitaria como herramienta de transición ecosocialista. Consideran esa apuesta adecuada para responder estratégicamente a la coyuntura actual. En vez de reducir los riesgos a la inversión privada, exigen que la inversión y propiedad pública se utilice para crear instituciones populares con capacidad de cubrir las necesidades sociales. Afirman que el protagonismo popular es clave para asegurar un control democrático del excedente y alejar las presiones competitivas que asedian a cualquier cooperativa.

Esas herramientas públicas y público-comunitarias que resuelven necesidades sociales no son algo abstracto y lejano. Son algo tangible y realizable, en lo que se pueden concentrar fuerzas organizativas.  Repasamos qué forma podrían tomar en diferentes sectores.

El sector de los cuidados remunerados es un ejemplo claro. Únicamente el 9% de las residencias de personas mayores de la CAV son públicas, y menos de un tercio de las plazas se encuentran en residencias públicas de Navarra. Esto supone un elevado coste para quienes requieren cuidados y una precarización de las trabajadoras de un sector, mayoritariamente feminizado y racializado.

Además, las proyecciones demográficas indican un aumento del 28-33% de la población mayor de 65 años durante la próxima década. La apuesta del movimiento feminista de Euskal Herria por avanzar hacia un sistema público-comunitario de cuidados marca un camino claro de organización y conflicto.

En el sector de la vivienda, encontramos victorias estratégicas en Alemania y Catalunya. Desde 2018 varias organizaciones de inquilinos de Berlín impulsan la campaña “Expropiar Deutsche Wohnen & Co.”. En 2021 se realizó un referéndum en la ciudad, y el 59% votó a favor de expropiar y socializar las grandes empresas de vivienda que suben los precios del alquiler.

Esto abre la puerta a un segundo referéndum en 2026 o 2027, con el que se podrían llegar a transferir más de 250.000 pisos a un modelo de propiedad y gobernanza democrático. En Catalunya, el Sindicat de Llogateres ha conseguido a través de la huelga de alquileres que 1.700 pisos de la Fundación La Caixa pasen a ser públicos y protegidos. También está explorando la vía de cooperativizar de pisos en lucha para evitar desahucios.

En el sector de la energía, la propiedad pública juega un papel clave para asegurar una transición energética democrática, justa y rápida. También para fortalecer los proyectos energéticos locales y comunitarios. En un estudio que se publicará en los próximos meses estimamos la inversión asociada a la transición energética en Euskal Herria. Partiendo de una reducción muy significativa del consumo energético, la nueva instalación de renovables requeriría del orden de 15.000 M€. Si dos tercios de estos proyectos se desarrollan bajo modelos de propiedad pública y pública-comunitaria, el volumen de inversión se sitúa en los 400 M€ anuales hasta 2050.

Por tener una referencia de la escala: el ayuntamiento de Hernani ha firmado un convenio de colaboración con la comunidad energética Enherkom que incluye la concesión de 13 superficies públicas durante 25 años y la aportación económica anual de 3 M€ hasta 2049. Escalar ese tipo de iniciativas y multiplicar su capacidad de inversión es urgente y estratégico.

En el sector alimentario, los supermercados públicos aparecen como vía para controlar el incremento de precios de los alimentos y fortalecer una producción local y agroecológica. En 2007 el gobierno de Bolivia creó una empresa pública que actualmente cuenta con 100 supermercados en todo el país.

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, propone crear supermercados públicos gestionados por el ayuntamiento, con precios regulados y compra directa a productores locales. La propiedad público-comunitaria puede multiplicar y fortalecer los proyectos de alimentación agroecológica de Euskal Herria, como los de Biziola (Lazkao), Landare (Iruña), Elikagunea (Azpeitia) y Labore (Oiartzun) entre otros.

En el sector industrial, las luchas por la reconversión ecológica de fábricas sitúan la propiedad pública en el centro de la disputa. Después de tres años de conflicto y movilización en la fábrica de GKN en Florencia, se logró la aprobación de una ley regional para crear un consorcio industrial que combina propiedad pública y gestión cooperativa.

Durante el cierre de Mecaner, el Gobierno Vasco respondió que solo apoyarían técnica o económicamente el plan de transición ecosocial si aparecía un inversor privado que lidere el proyecto. Tras el cierre, se exigió la compra pública para asegurar un proyecto industrial que recuperara el empleo destruído por Stellantis. No hubo respuesta.

Cuidados, vivienda, energía, alimentación e industria. Necesidades sociales y espacios para la disputa. Un proyecto ecosocialista en el que pueden coincidir ayuntamientos, sindicatos, movimientos sociales y cooperativas. Ámbitos en los que hacer avanzar la democracia económica desde el conflicto y el protagonismo popular. Apuestas estratégicas y tangibles desde la coyuntura actual. Luchas para disputar el actual modelo de intervención pública. En definitiva, tareas organizativas para hacer valer la propiedad pública.