Opinión
El derecho a comer sin arruinarse: lo que España debería aprender del alcalde de Nueva York

Los precios de los alimentos se han convertido en una trampa silenciosa para millones de familias trabajadoras. Ya lo decíamos en el artículo “No comerás sano en tu puñetera vida”, entramos en una era de precios altos de los alimentos, ya nadie se cree eso que igual que suben bajarán, el mercado ya lo corregirá. En España, llenar la nevera cuesta hoy un 30 % más que hace apenas tres años. Es más, los alimentos que más han subido de precio son los básicos, un 37% en los últimos cuatro años según los datos del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona.

La inflación alimentaria no solo ha vaciado despensas: ha vaciado también la idea de que comer bien sea un derecho y no un lujo, no tienen nada más que ver que ha pasado con el pescado, cada año consumimos menos,  fresco, congelados o en conserva, aunque gastan más por las subidas de precios. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indican que han bajado a 18,16 kilos por persona al año, un tercio menos que los 27,20 que se llevaban a casa doce años atrás. En Cataluña se señala una disminución del 40 % en los últimos 15 años del consumo de pescado fresco, sin embargo los precios se han disparado y siguen subiendo, justamente entre un 40 y un 50% en la última década.

Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, en el mismísimo centro espiritual del capitalismo, el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha decidido romper con la resignación. Su propuesta, simple y radical, ha desatado el debate: intervenir desde lo público para garantizar el derecho a alimentación, con medidas como crear supermercados públicos gestionados por la ciudad para garantizar alimentos a precios justos en los barrios más golpeados por la carestía. Frente al dogma neoliberal que nos repite que el mercado se autorregula, Mamdani responde con una idea que en España llevamos años reivindicando y que no la izquiera se ha tomado en serio: la alimentación necesita intervención pública.

Tiene gracia que Nueva York haya decidido construir de cero unas infraestructuras públicas, con todo lo que ello conlleva, mientras que aquí, que teníamos una de las redes de mercados municipales más extensas y potentes del mundo, las hayamos privatizado, vendido, expoliado o, en el mejor de los casos, olvidado hasta convertirlas en ruinas.

En Nueva York, el coste de la cesta básica se ha disparado casi un 66 % en la última década. En España, los alimentos básicos —pan, aceite, frutas, verduras— también han marcado récords de subida. Y como siempre, el golpe no lo encajan los ricos, sino las clases populares: quienes dedican una parte mayor de sus ingresos a la comida, quienes no pueden comprar a granel ni llenar congeladores, quienes calculan el precio de cada yogur antes de meterlo al carro.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, en 2023 los hogares gastaron 115.917 millones de euros en comida, un 7,5 % más que el año anterior, a pesar de haber comprado menos cantidad. Nos vemos obligado a comer menos y peor y, aun así, a gastar cada mes más dinero en comida.

España tiene ya más de seis millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria, y un 25 % de la población dedica más de una cuarta parte de su presupuesto a comer

El resultado es un deterioro silencioso de la calidad alimentaria. Las familias recortan en frescos, sustituyen por ultraprocesados más baratos o, directamente, como veos, comen menos. España tiene ya más de seis millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria, y un 25 % de la población dedica más de una cuarta parte de su presupuesto a comer. Lo que antes era un gasto básico se ha convertido en un factor de desigualdad.

La explicación oficial busca siempre algún chivo expiatorio: una guerra (la que sea), la sequía, el precio de la energía, los aranceles de alguien contra alguien, plagas o incendios en algún sitio. Pero cuando se analiza a fondo cualquiera de estas supuestas causas nos damos cuenta de que más que causas son escusas. Un manto mágico para tapar la realidad: el encarecimiento es estructural y es debido a un sistema agroalimentario concentrado, especulativo y dependiente del petróleo. Cuatro grandes cadenas controlan la distribución en España, imponen precios a los productores y marcan los márgenes para el consumidor. Cuando los costes suben, trasladan el golpe a quien compra. Cuando bajan, el ahorro no llega al bolsillo de las familias.

Lo que está pasando con los precios de los alimentos lo dibuja perfectamente el Observatorio de Márgenes Empresariales cuando nos dice que los beneficios empresariales del sector agroalimentario son los que más han crecido desde 2020, con un incremento del 38,1%. Vamos, la especulación corporativa de toda la vida, especulación con un derecho básico y de eso, por desgracia, estamos haciendo un cursillo acelerado en múltiples sectores.

Las rebajas fiscales al IVA de algunos productos fueron un parche que apenas se notó. No se trata de bajar dos puntos porcentuales, sino de reconstruir el sistema alimentario sobre principios de justicia, equidad y soberanía

Más grave que eso, mucho más, es la actitud de los poderes públicos. Ante esta realidad, los gobiernos miran hacia otro lado. Las rebajas fiscales al IVA de algunos productos fueron un parche que apenas se notó. No se trata de bajar dos puntos porcentuales, sino de reconstruir el sistema alimentario sobre principios de justicia, equidad y soberanía.

Lo que España debería copiar de Nueva York es lo que Mamdani propone, algo que aquí suena revolucionario pero es puro sentido común:

1. Supermercados públicos sin ánimo de lucro, gestionados por el ayuntamiento, con precios regulados y sin costes de alquiler ni intermediarios abusivos. En nuestro caso contamos con los mercados municipales, que deben de ser reclamados y remunicipalizados.
2. Compra directa a productores locales , priorizando alimentos frescos y saludables desde las administraciones públicas, escuelas, hospitales, etc..
3. Priorizar la localización de la intervención en barrios populares donde los precios son más altos y la oferta más escasa.

En España podríamos adaptar este modelo fácilmente. Los ayuntamientos y comunidades autónomas tienen capacidad para crear tiendas públicas o cooperativas municipales, abastecidas por productores de proximidad, con contratos estables y precios sociales. Bastaría con voluntad política y una visión de largo plazo.

Además, habría que acompañar esa red con una política salarial y fiscal coherente: subir el salario mínimo al ritmo del coste de la vida, reforzar el ingreso mínimo vital, y regular los márgenes de las grandes distribuidoras. Sin control de beneficios ni protección de rentas, toda política alimentaria será un castillo de arena.

La iniciativa neoyorquina no es un experimento aislado. Es una llamada de atención global. La comida no puede seguir tratándose como una mercancía más, sujeta a las leyes del beneficio y la especulación. Necesitamos políticas públicas que aseguren que alimentarse dignamente es un derecho universal, como la vivienda o la sanidad.

En España, los mercados municipales podrían convivir e integrar  cooperativas de consumo, mercados campesinos y redes agroecológicas. Podrían servir para acercar productos sanos a precios justos, pero también para romper la dependencia de las grandes cadenas y devolver poder a la ciudadanía.

La inflación alimentaria no es una fatalidad: es el resultado de decisiones políticas. Y por eso puede revertirse. Si Nueva York se atreve a cuestionar el dogma del mercado, ¿por qué no Madrid, Barcelona o Sevilla? No se trata de copiar por copiar, sino de entender el mensaje: la comida no es un negocio, es un derecho.