Transición
Batallón Vasco Español, Madrid, año 1980

Es difícil encontrar confesiones de los líderes de la extrema derecha. El protocolo habitual es desmarcarse de los hechos, borrar las huellas, confundir los datos. La celebración de los crímenes quedan para las cenas y comidas de cofraternidad entre los militantes ultras, los que pagan, y los “soldados” de lo que consideran una guerra en la que, como buenos mercenarios, cobran recompensa por cada muerto. Las memorias de Stefano Delle Chiaie, enlace entre las operaciones Gladio y Cóndor, apenas aclaran lo que hizo o lo que supo. Fallecido hace un año, Delle Chiaie es la pieza clave en una historia de violencia que se extiende más de una década en España y que viaja a América Latina —Chile, Paraguay— cuando comienzan las investigaciones en Italia y la violencia “negra” se ciñe a la Zona Especial Norte. El excoronel de las SS Otto Skorzeny (1908-1975) simuló estar retirado en España mientras dirigía una red de neonazis que dura hasta hoy. Antonio González Pacheco no concedió entrevistas. Aconsejó encarecidamente a la viuda del mercenario Jean-Pierre Cherid —amenazó sin demasiadas parafernalias— que no acudiera a la prensa. Por los testimonios de sus comilitones sabemos que  ‘Billy el Niño’ es el hombre que estuvo allí, en la guerra sucia, en torno a la matanza de Atocha, en las cloacas. Ha muerto sin hablar. Omertá. 

Encuentros de “familia” en lugares como la pizzería L’Appuntamento. “La cita”, como en una canción de Ornella Vanoni del año 1970, en Marqués de Leganés, una calle a espaldas de la Gran Vía. Las escasas fotos de las reuniones y cenas de lo que se llamó “Internacional Fascista”, en su delegación de Madrid, reflejan un mundo a medio camino entre el hampa y el terrorismo. Provocaciones, tráfico de armas, trabajos sucios para un Estado en el que una serie de figuras destacadas seguirá considerando camaradas a los fascistas hasta, al menos, la madrugada del 23 de febrero de 1981. Trabajos para otros Estados que ven en estos grupos un resorte útil contra la disidencia. Si odia usted a los comunistas y quiere sembrar el terror en su ciudad, quizá pueda contratarles.

De Hendaya a Nebraska 

Unos pocos cientos de metros más allá del L’Appuntamento, en la cafetería Nebraska, punto de encuentro de periodistas de la Cadena Ser, Emilio Hellín Moro deja un comunicado reivindicando el asesinato de Yolanda González. Es el 2 de febrero de 1980. Hellín indica el punto kilométrico de la carretera comarcal de Alcorcón en la que abandonaron el cadáver, tres disparos, dos en la cabeza. Lo hace por orden de David Martínez Loza, quien introduce en la ecuación al Batallón Vasco Español. Esa organización reconoce la muerte y la vincula con el atentado de Ispaster. El 1 de febrero de 1980, ETA emboscó y ametralló dos coches de la Guardia Civil cerca de esa localidad vizcaína. Seis agentes mueren, también dos etarras, en uno de los atentados más sangrientos del año 1980, año en el que la organización del hacha y la serpiente comete 93 asesinatos, la cifra anual más alta de toda su historia.

 “¡Venganza!”, se grita en los cuarteles. La extrema derecha comete también el número más alto de atentados desde los años de la represión Franquista. 27 asesinatos. Fuerza Nueva, los Guerrilleros de Cristo Rey, Falange..., están desatados.

En 1976 ha tenido lugar el primer ajuste de cuentas por el asesinato en 1973 del almirante y presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, organizador y padre espiritual de los servicios secretos españoles. Eduardo Moreno, ‘Pertur’, es secuestrado, torturado y asesinado. Delle Chiaie reconocerá, muchos años después, “estar al tanto” de la operación. El cadáver del etarra perturbador nunca ha aparecido. Dos años después, el ‘flaco’, José Miguel Beñarán ‘Argala’, es asesinado en Francia mediante la colocación de una trampa-bomba en su coche. 

En 2003, un oficial de marina retirado explicó en El Mundo detalles del caso Argala. “Tres marinos, un militar del Ejército del Aire, un paisano, un oficial de la Guardia Civil y dos caquis (del Ejército de Tierra). Esa era la estructura fundamental del grupo. Recuerdo que, de los tres marinos, uno era del SECED, otro en el Servicio de Inteligencia Naval y el último en el Alto Estado Mayor”. Los militares consideran “braseros” a los mercenarios. Los encargados de hacer tareas secundarias, al menos en ese caso. Los militares quieren ser quienes prendan la mecha que hace volar a Argala.

Organiza el atentado Juan Manuel Rivera Urruti, alias Pedro ‘el Marino’, alias ‘Pedro Martínez’, alias ‘Rivera’, capitán de navío de la armada y personaje clave de la inteligencia dentro del Servicio Central de Documentación (SECED). Se le atribuye, él lo negó, la puesta en marcha de la Guerra Sucia en su primera etapa. 

“Nunca debieron cambiar el nombre. Batallón Vasco Español era un nombre con carácter [...]. Pero Grupos Antiterrroristas de Liberación, los GAL, es un nombre estúpido”, le explicaba en los 80 el terrorista Jean-Pierre Cherid a su mujer, según aparece en el libro que ella publicó

Las siglas son casi juegos o bromas macabras. Se usan a conveniencia ─Antiterrorismo ETA (ATE), Delta Sur, Acción Nacional Española─. Pero las de Batallón Vasco Español (BVE) se consolidan. Son las que más le gustan a Jean-Pierre Cherid, el mercenario más célebre de la guerra sucia. Muchos años después, su expareja, Teresa Rilo, en un libro importante escrito mano a mano con la periodista Ana María Pascual —Cherid. Un sicario en las cloacas del Estado—, evoca las palabras del mercenario. El Cherid de los últimos años es un hombre enfadado. Antes, bajo el mando de Antonio González Pacheco, le explica a su mujer, todo era mucho más sencillo pero la política lo está complicando todo. “Para empezar, nunca debieron cambiar el nombre. Batallón Vasco Español era un nombre con carácter, que hablaba por sí mismo. Pero Grupos Antiterrroristas de Liberación, los GAL, es un nombre estúpido. ¿Y todos esos jefecillos que salen de debajo de las piedras? Capullos inútiles. Todos quieren ponerse medallas y ganar dinero”, lamenta Cherid. 

Algo está cambiando en la guerra sucia. En 1982, dos años después de la muerte de Yolanda González, se ordena la disolución del Batallón Vasco Español. Se encadenan dos hechos. En noviembre de 1980, atentan en un bar en Hendaya (Francia). Matan a dos personas y hieren a otras diez. La policía francesa, que detiene a los mercenarios en suelo español, reclama su extradición. Los miembros del BVE declaran a la Guardia Civil que trabajan para Antonio González Pacheco. El comisario Manuel Ballesteros ordena que bajo ningún concepto sean entregados a la policía francesa. Los asesinos del bar Hendayais son libres un día después del atentado. Pero el escándalo diplomático es mayúsculo. El BVE comienza a ser un estorbo. En junio de 1981 se anuncia que González Pacheco es separado de la lucha antiterrorista.

Otro gallo empieza a despuntar en el mismo corral. Camisa blanca y pasador alto. Una mirada copiada de Charles Bronson, el protagonista de Yo soy la justicia. Fama de ligón y conocimiento de la noche bilbaína. José Amedo Fouce, fumador de Winston, el mercenario-policía que dará el relevo a Cherid al frente del grupo de soldados de la guerra sucia. “Ha explotado. Jean-Pierre ha explotado en mil pedazos”, escucha Teresa Rilo el 19 de marzo de 1984. Una etapa se cierra. La responsabilidad del Franquismo en la guerra sucia contra ETA pasa a a ser la responsabilidad del Estado democrático. Ta-ta-ta.

Madrid, año 80

Ignacio Abad Valavázquez, coautor del asesinato de Yolanda González, nunca había oído hablar del Batallón Vasco Español hasta después del 1 de febrero. Abad pregunta quién es esa organización que ha reivindicado una acción en la que no estaba metida.

Emilio Hellín Moro, el ingeniero e informático declarado culpable de la muerte de Yolanda González, no es de fiar. La frialdad que se le achaca a Hellín contrasta con la presumible debilidad de su acompañante, Ignacio Abad, durante el asesinato de la joven estudiante vasca aquella noche del 1 de febrero de 1980. Abad era maleable, según las declaraciones de la época. 

Durante el proceso, él mismo reconoció que la influencia de Hellín le había llevado a denunciar que habían sido otros, un militante de Fuerza Nueva y un policía llamado Antonio, quienes cometieron el asesinato. De entre todas las versiones de los hechos esa es la más rocambolesca. Hellín y Abad trasladaron a Yolanda González hasta el punto kilométrico convenido, a las afueras de Getafe. Un Renault 5 naranja habría llegado hasta allí. Sus ocupantes, “Antonio”, un policía que nunca fue identificado, y “el chino”, un militante talaverano de Fuerza Nueva. Hellín y Abad nunca dispararon el gatillo. Según una versión que no se sostuvo durante el juicio.

La familia, los militantes del PST, abogan por asegurar las condenas de los cinco implicados. Al fin y al cabo, Hellín es un mentiroso, roza la psicopatía, comenta uno de los abogados.

Abad volvió al carril. Lo defendió un abogado de la causa fascista que intentó demostrar que cuando disparó, Yolanda González no vivía. Hellín siguió acumulando versiones, demostrando su capacidad de improvisación y cierto olfato político. Defiende que la información de que Yolanda González era “enlace de ETA” le llegó por un miembro de la Brigada Especial Operativa, en la que prestó servicios especiales el inspector González Pacheco. Las amenazas de Hellín a Fuerza Nueva, otro de sus hilos argumentales, no impidieron que, cuando huyó, el partido le facilitara las cosas en el Paraguay de Alfredo Stroessner. Las mentiras no le sirvieron de mucho, pero tampoco le perjudicaron excesivamente. 

El hecho es que sus acusaciones, que apuntaban a varios frentes, se perdieron como un dibujo en la arena de la playa. 40 años después, es casi imposible que alguien identifique los trazos que dejó. Están contaminados por el testimonio de un mentiroso patológico. Selladas por la suma de secreto y tiempo, seguramente para siempre.

Carlos Fonseca: “Es complicado, por no decir imposible, que se aclaren todos los elementos del asesinato de Yolanda”

Ter García Pablo Elorduy

2

Transición

Carlos Fonseca: “Es complicado, por no decir imposible, que se aclaren todos los elementos del asesinato de Yolanda”

Ter García ,  Pablo Elorduy

2

La sombra de la actuación de los jueces y de la implicación de cuerpos de seguridad del Estado en el asesinato de Yolanda González ha permanecido a lo largo de 40 años. El escritor y periodista Carlos Fonseca relata las zonas de luz y se sombra de un crimen que marcó la Transición.

El Batallón Vasco Español solo reivindicará una acción más en Madrid. Tras el asesinato de una militante estudiantil tiene lugar el de un sindicalista y líder vecinal. Es el asesinato, tras la manifestación del Primero de Mayo, del militante vecinal Arturo Pajuelo, de 33 años, y el apuñalamiento de dos compañeros que salvan la vida de milagro. Como en el caso de Yolanda González, el Batallón Vasco Español se atribuye el asesinato con una llamada telefónica, en esta ocasión al periódico vasco Egin. Los médicos del Hospital 12 de octubre dejan claro que el atentado contra Pajuelo no se trata de una puñalada trapera: “Los agresores eran profesionales. Atacaron por delante, a los pulmones y al hígado con una bayoneta. Los que atacaron por detrás lo hicieron a los riñones. Nunca habíamos visto algo igual”. La izquierda ve la responsabilidad de Fuerza Nueva y pide su ilegalización. El presunto asesino de Pajuelo, Daniel Fernández de Landa Roca, ligado a Falange española, huyó. Hasta hoy.

Fuerza Nueva, a la que pertenecían cinco de los seis culpables del asesinato de Yolanda González, tenía antecedentes de sobra como para haber dirigido la operación en solitario. Era, por aquel entonces, la única organización ultra con representación parlamentaria

De nuevo, las dos organizaciones quedaban señaladas por hechos que tenían lugar en un plazo corto, de apenas cuatro meses. Fuerza Nueva, a la que pertenecían cinco de los seis culpables de los distintos delitos cometidos en el asesinato de Yolanda González, tenía antecedentes de sobra como para haber dirigido la operación en solitario. Sin embargo, un asesinato a sangre fría como el de Yolanda González no encajaba en su repertorio criminal, violento y áspero pero, hasta entonces, también tumultuario y poco sutil. Fuerza Nueva era, por aquel entonces, la única organización ultra con representación parlamentaria. si bien sus prestaciones electorales eran bajas en comparación con la de Alianza Popular, la formación más votada dentro de la clase política que no renunció abierta o tácitamente a seguir defendiendo el franquismo. 

Solo uno de los condenados en el caso de la estudiante vasca, el guardia civil retirado David Martínez Loza, pertenecía a la plana mayor del partido, era su jefe de seguridad. Años más tarde, Blas Piñar recordaría como un subalterno a David Martínez Loza. No “su mano derecha”, como mucho “su dedo meñique”, diría Piñar. El resto eran, aparentemente, militantes de base en la agrupación de Arganzuela. “Drugos” en la jerga lisérgica de La Naranja Mecánica. La película de Stanley Kubrick fue estrenada en Madrid en 1975. Aquellos jóvenes fascistas se aplicaban como servicios de seguridad en los mítines de los jefes, alguna pelea de bar, quemar kioscos, buscar broncas. Pero en los casos de González y Pajuelo se aprecia la mano fría de profesionales de la violencia. 

50 kilos de goma 2, dos granadas de mano, detonadores, scanner VHF y un receptor de las emisoras policiales y de la Guardia Civil. Pistolas y un subfusil. El arsenal recopilado por la policía en el sótano de la calle Libertad, 22, en el coche de Hellín y en su academia de la calle San Roque, no se corresponde con el de un profesor que se vinculó oficialmente a la extrema derecha solo un año antes del asesinato de Yolanda González. Tampoco con el de un simple militante de la brigada de la porra. 

En junio de 2020, el periodista de El Confidencial Julio Martín Alarcón publicó una pieza con recuerdos de una conversación con el líder ultra en la que Piñar defendía que desde su organización no se dio la orden del asesinato de Yolanda González. Lo más interesante de la conversación con ese periodista es que Piñar identificó a Hellín como un infiltrado. No se especifica si infiltrado de un cuerpo policial —Juan José Hellín, el hermano de Emilio que estuvo presente en la reunión previa al asesinato de Yolanda González, era guardia civil—, de los servicios secretos o del ejército. Piñar explicó que Emilio Hellín “guardaba una cantidad enorme de armamento y explosivos que procedían de fuentes oficiales, concretamente, en algunos casos, del propio ejército”. El líder ultra justificó que a Yolanda González se le asesinó por ser “una confidente de ETA”, y que así se lo había dicho el juez que, como principal argumento dijo que “llevaba el escudo separatista vasco”.

Entre los condenados había un policía. Juan Carlos Rodas vigiló, con los otros dos “drugos” de Fuerza Nueva, el piso de la calle Tembleque donde secuestraron a Yolanda González. Rodas confesó y su testimonio fue clave para resolver todo lo que se pudo resolver del caso. Oficialmente es el único nexo de las fuerzas de seguridad con el asesinato.

El contexto político

El 23 de febrero de 1981, el diputado del PCE Simón Sánchez Montero tenía previsto realizar una pregunta oral en el Congreso de los Diputados. Sánchez Montero, que pasó 14 años en las cárceles franquistas, que conoció las torturas de sus servicios de información, la violencia del comisario Conesa, el mentor de González Pacheco, iba a preguntar el día del golpe de Estado por las circunstancias de la primera fuga del asesino de Yolanda González. Era la tercera pregunta del Partido Comunista de España por el caso. La segunda, en marzo de 1980, fue esta: “De acuerdo con las informaciones de las que dispone el Gobierno, ¿ha pertenecido o pertenece Emilio Hellín Moro a algún servicio de información o de seguridad dependiente del Estado?”. 

A través del diputado Juan Barranco, el PSOE llevó a cabo otra ronda de preguntas sobre los asesinatos. “¿Cómo obtuvieron [los asesinos] las armas y los aparatos electrónicos que obraban en su poder y que no son de acceso normal en el mercado?”. “¿Qué información posee el Gobierno sobre el denominado “Batallón Vasco Español?”. Las actas de la comisión en la que el ministro Antonio Ibáñez Freire y su sucesor en Interior, Juan José Rosón, contestaron a las preguntas no se encuentran en el archivo digital del Congreso.

Aquellas preguntas sin respuestas hoy son apenas ecos de un periodo en el que la violencia política había alcanzado su cénit. El 24 de enero de 1977, la matanza de cinco personas en el despacho laboralista del número 55 de la calle Atocha, había sacado a la calle a medio millón de personas. La izquierda política y social discutía si la política de reconciliación democrática era asumible en el contexto de ultraviolencia impuesto por la extrema-derecha y de impunidad garantizada por policía y jurídica. 

Cuatro meses para evitar que Carlos García Juliá, coautor de la matanza de Atocha, salga de prisión

Ter García

9

Extrema derecha

Cuatro meses para evitar que Carlos García Juliá, coautor de la matanza de Atocha, salga de prisión

Ter García

9

Carlos García Juliá, uno de los asesinos de los abogados de Atocha en 1977, fue extraditado a España desde Brasil en febrero con 10 años y medio de condena pendiente de cumplir, podría salir de prisión en la víspera del aniversario de la muerte de Franco por beneficios penitenciarios a pesar de que ha estado huido de la justicia desde 1994.

Francisco Gor, que a la sazón era periodista de tribunales y que, con el tiempo, destacaría como editorialista en El País, estaba trabajando en la preparación del juicio del caso Atocha cuando trascendió el asesinato de la joven estudiante vasca. Gor trata de contextualizar: “En el 80, a la vez que algunos grupos del régimen más o menos amparados por elementos de la policía asesinan, ETA asesina a mansalva”. La tensión funciona en dos direcciones, considera Gor. La situación no es nada fácil para las fuerzas democráticas, incluso para el PCE, porque por una parte hay elementos del régimen que anidan en la Policía y el Ejército, todavía franquista, porque no ha habido reforma alguna, y por otra ETA está atacando a la democracia española”. 

Para el historiador Pablo Alcántara, los hechos revelan que los relatos hegemónicos que venden la idea de una Transición pacífica, en la que la violencia política es monopolizada por ETA, van en contra de los datos y los hechos. La “extrema derecha, junto con el apoyo de policías, siguió actuando con total impunidad, pegando palizas, amedrentando a militantes de izquierdas e incluso asesinado a algunos de ellos”. Alcántara cree erróneo hablar de infiltración de derechistas en cuerpos policiales y señala que más bien se trata de una “total connivencia”.

La investigadora Sophie Baby considera que, salvo en País Vasco, donde se focalizará la Guerra Sucia, la violencia que acabó en las calles de Madrid con la vida de Arturo Pajuelo, de Yolanda González, de Vicente Cuervo, de Jorge Caballero, de Juan Carlos García en 1980 es un tétrico canto del cisne. Un intento de impulsar una acción fuerte en el 80 aprovechando la crisis global que fracasará y dará paso a una nueva fase, el 23 de febrero de 1981. Los esfuerzos de la cloaca del Estado se centrarán en la “Zona Especial Norte”, según el plan definido en 1983 en la Dirección de la Seguridad del Estado.

La autora de El mito de la transición pacífica: Violencia y política en España (1975-1982), Sophie Baby, considera que hay un déficit que solo en los últimos años se está cubriendo, a la hora de conocer los vínculos entre las redes fascistas internacionales, los distintos Estados anticomunistas y sus cuerpos policiales. El trabajo de autores como Mariano Sánchez Soler o los recientes estudios de Eduardo González Calleja, además de un libro importante para conocer el terrorismo de Estado como es Amedo: el Estado contra ETA, de Melchor Miralles y Ricardo Arqués, ha puesto varios escalones para conocer ese triángulo de intereses. 

Baby ve claro que hay una influencia “teórica y práctica” entre las redes de extrema derecha, “lo que hace falta conocer con precisión son las conexiones prácticas, la ayuda en términos de materiales, de armas, de transporte, de organización de los atentados”. Las memorias de los dirigentes de esas redes no han aportado más que confusión y brumas a una historia que, 40 años después, no ha tenido su punto final.

Policías siniestros sin punto final

Pablo Elorduy Ter García

5

Policía

Policías siniestros sin punto final

Pablo Elorduy ,  Ter García

5

Viaje al origen de las llamadas cloacas del Estado, una mafia organizada en paralelo y desde dentro de la policía. De los torturadores de la Brigada Político Social y la guerra sucia contra el terrorismo al espionaje, los informes inventados y la intoxicación mediática.