Extrema derecha
Cuatro meses para evitar que Carlos García Juliá, coautor de la matanza de Atocha, salga de prisión

“Va a poder salir quizás para celebrar el aniversario de la muerte de Franco”, lamenta Cristina Almeida. La exdiputada y abogada, que estaba jubilada, ha vuelto a la profesión a raíz de la llegada a España de Carlos García Juliá, uno de los asesinos de los abogados de Atocha, que se prevé que en noviembre salga en libertad.

Localizado en Brasil, donde huyó con identidad falsa tras haber sido encontrado en Bolivia, donde también fue condenado a seis años de cárcel por tráfico de drogas, García Juliá fue traído a España en febrero de este año. En su haber cuenta 14 años de prisión cumplidos de una condena total de 193 años, de los que la justicia española marca como límite de cumplimiento 30 años. El asesino de los abogados de Atocha se ha encontrado recientemente con una grata sorpresa ya que la Audiencia Provincial de Ciudad Real le ha liquidado más de 3.000 días de cumplimiento aplicando beneficios penitenciarios obtenidos previamente a su fuga.

Hasta la propia Audiencia Provincial de Ciudad Real ha expresado su “perplejidad”  en un auto fechado el 14 de julio sobre su propia decisión y que ha sido hecho público en el día de ayer por El País. “Vaya por delante que este tribunal comprende y comparte la contradicción y perplejidad que causa que un sujeto que se evadió de la justicia española durante un largo periodo de tiempo, condenado a 193 años de prisión, pueda mantener los beneficios penitenciarios obtenidos con anterioridad a su evasión. Pero no es una cuestión de sentimientos, que lógicamente se respetan, sino del principio de legalidad y de aplicación de la norma vigente en su momento”, afirman las magistradas que conforman este tribunal en el escrito, en el que afirman que debe aplicarse el Código Penal de 1973, pese a “la escasa contundencia que [recogía] en cuanto al cumplimiento efectivo de las penas”.

“A este le han traído y de repente le hacen una liquidación de condena”, apunta Cristina Almeida, abogada que lidera la acusación contra los asesinos de Atocha. “En un principio nadie le reconoce nada y de repente le ponen beneficios de redención de penas por trabajo, que antes existían en el Código Penal del 73, y le dan como 3.000 días”. Almeida subraya que está redención de penas por trabajo actualmente está prohibida por la ley. “No se pueden redimir penas por trabajo, primero hasta que la sentencia sea firme, por lo que desde 1977 hasta 1980, que es cuando se hace firme la condena, no puede porque está como preventivo, y desde 1980, por haber tenido un quebrantamiento de condena, tampoco podría”. Sin embargo, todos los recursos presentados hasta la fecha contra esta decisión han sido rechazados. El pasado lunes, 20 de julio, volvieron a presentar un nuevo escrito, del que esperan la resolución de la Audiencia Provincial de Ciudad Real. “El único remedio va a ser tener que ir al Tribunal Constitucional”, lamenta.

García Juliá, que actualmente tiene 70 años, fue una de las tres personas detenidas como autores materiales por el ataque a un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras el 24 de enero de 1977

García Juliá, que actualmente tiene 70 años, fue una de las tres personas detenidas como autores materiales por el ataque a un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras ubicado en el número 55 de la calle Atocha el 24 de enero de 1977, junto a José Fernández Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada. La policía también detuvo a Francisco Albadalejo Corredera —que entonces ocupaba el cargo de secretario provincial del Sindicato Vertical del transporte—como autor intelectual, a Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios —excombatientes de la División Azul— por facilitar las armas con las que se produjeron los asesinatos, y a Gloria Hergueda como cómplice. Todos ellos estaban vinculados a Falange Española de las JONS y, al menos en el caso de García Juliá, también a Fuerza Nueva, según muestra una foto de 1977 de Europa Press en la que aparece como abanderado junto al fundador del partido, Blas Piñar.

En el ataque también habrían participado Carlo Cicuttini, neofascista italiano vinculado a la organización anticomunista Gladio, según publicaba en 1984 el diario italiano Il Menssaggero y confirmó seis años después un informe del Comité Ejecutivo para los Servicios de Información y Seguridad (CESIS) italiano, tal y como publicó ese año El País. La matanza de Atocha se cobró la vida de los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, además del estudiante de derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Otros cuatro abogados —Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz, resultaron gravemente heridos. 

García Juliá fue llevado a cumplir prisión provisional a la cárcel de Ciudad Real. “Se intentó escapar con otro asesino de extrema derecha”, recuerda Almeida. “Para ello, redujeron a cinco funcionarios, los metieron en una celda, los encerraron ahí, y se fueron a buscar al director de la cárcel, al que le exigieron la pistola con la que poder escaparse”. La abogada narra cómo, cuando el director de la cárcel les dijo que el arma la tenía en su casa, los dos presos se lo llevaron para allá y le secuestraron junto a su mujer y sus cuatro hijos. Finalmente, tras negociaciones con la Policía y Guardia Civil, que les habían prometido un Simca lleno de combustible con el que escapar, fueron detenidos. “Les condenaron por un delito de quebrantamiento de condena, por un delito de detención ilegal y por un delito de atentado a agente de la autoridad con lesiones, porque a uno de ellos le lesionan leve”, detalla Almeida.

“Le abrieron la puerta de la cárcel y, claro, no volvió en su vida”, señala Almeida sobre la fuga de Lerdo de Tejada, otro de los asesinos de Atocha

Mientras, la causa por la matanza de Atocha seguía su curso. El juez encargado de la instrucción en un primer momento fue Rafael Gómez Chaparro, que llegó a la entonces recién creada Audiencia Nacional después de haber sido magistrado titular en el Tribunal de Orden Público franquista y que otorgó un extraño permiso carcelario a Fernando Lerdo de Tejada, en abril de 1979, para pasar la Semana Santa con su familia. “Le abrieron la puerta de la cárcel y, claro, no volvió en su vida”, señala Almeida, que afirma que Lerdo de Tejada era hijo de la secretaria de Blas Piñar. “No ha sido juzgado nunca y ya no se le puede juzgar porque para él sí ha prescrito el delito”, continúa. Otro de los acusados, Simón Ramón Fernández, también se libró de la cárcel, pero porque falleció. 

El juicio, celebrado en febrero de 1980, tuvo como algunos de sus testimonios estelares el de Blas Piñar, fundador de Fuerza Nueva, partido en el que militaban los asesinos de Yolanda González, muerta en esas mismas fechas, o Mariano Sánchez-Covisa, de Guerrilleros de Cristo. A los pocos días se conoció la sentencia. Finalmente, la Audiencia Nacional condenó a solo cuatro de ellos en una sentencia dictada el 4 de marzo de 1980 y en la que consideraba que Albadalejo, Fernández Cerrá, García Juliá y Jiménez Caravaca formaban un “grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España”. Fernández Cerrá y García Juliá fueron condenados a 193 años cada uno, y Albadajelo a 73. Leocadio Jiménez Caravaca cumplió cuatro años y dos meses por suministro de armas y Herguedas fue condenada a un año de cárcel como cómplice. 

“Con estos antecedentes, García Juliá sigue cumpliendo y le llevan a la cárcel de Zamora, pero correspondiéndole el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid. Y ahí es donde debe estar el lío”

“Con estos antecedentes, García Juliá sigue cumpliendo y le llevan a la cárcel de Zamora, pero correspondiéndole el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid. Y ahí es donde debe estar el lío”, continúa Almeida recordando el intento de fuga de la cárcel de Ciudad Real, con secuestro incluido.  En Navidad de 1984, el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, José Donato, otorgó a García Juliá y a Fernández Cerrá un permiso para salir de prisión por las fiestas, según publicaba entonces El País.

La Audiencia Nacional reaccionó rápido y les detuvo y devolvió a sus celdas. El mismo juez, que es un apasionado del violonchelo que hoy tiene 91 años, según el retrato hecho de él por la Cope el año pasado, había permitido salidas por vacaciones de otros presos de la extrema derecha que cumplían condena en Zamora, como Juan José Bosch Tapies —condenado a 13 años por el atentado en la revista El Papus también en 1977—, Miguel Cebrián Carbonell —tres años de cárcel por atacar a personas en El Retiro— o Antonio Salmerón —condenado a 11 años por atacar y desarmar en 1984 a una patrulla de la Policía Nacional junto a Ricardo Sáenz de Ynestrillas. También fue el juez que dictó el permiso que en 1987 permitió a Emilio Hellín Moro, asesino de Yolanda González, huir del país estableciéndose en Paraguay, donde fue encontrado dos años después por la investigación del periodista de Interviú José Luis Morales.

En 1994, García Juliá pidió permiso para ir a Paraguay, país en el que le habían ofrecido un contrato de trabajo, y se lo conceden a condición de que una vez al mes se presente en la Embajada española en Paraguay

En 1991, habiendo cumplido 14 años de prisión —contando con los tres años en prisión provisional cumplidos antes del juicio—, el juez Donato le da la libertad condicional a García Juliá. En 1994, García Juliá pidió permiso para ir a Paraguay, país en el que le habían ofrecido un contrato de trabajo, y se lo conceden a condición de que una vez al mes se presente en la Embajada española en Asunción. Por ese entonces, Paraguay era aún refugio para varias personas que habían huído de la justicia española y que estaban vinculadas con la extrema derecha y, en particular, con Fuerza Nueva, lideradas por Juan León Cordón, enviado a este país por Blas Piñar en 1983 para construir una sucursal paraguaya del partido ya desaparecido en España, a pesar de que en 1989 un golpe de Estado había acabado con la dictadura de Alfredo Stroessner, que tenía el odio al comunismo como sus estandartes. Para cuando llegó García Juliá habían pasado cinco años desde que Emilio Hellín había sido extraditado a España después de haber pasado en Paraguay tres años en los que habría tenido estrechas relaciones con altos cargos del régimen stronista. Por este país también habría pasado Lerdo de Tejada, huido años antes. “Me dijeron que estuvo por aquí. Pero no le vi”, afirmó a El País Juan León Cordón sobre Lerdo de Tejada. 

“Era un sitio a donde se iban todas estas personas que pertenecían a tramas de extrema derecha, nazis y tal, como Hellín, que tenía contactos con la Brigada Político Social; me imagino que se iban allí por algo, porque estaban muy protegidos y, además, se les hacía encargos, aunque esto son suposiciones”, señala, por su parte, José María Mohedano, abogado en la causa por la Matanza de Atocha y también letrado del Partido Socialista de los Trabajadores en el caso del asesinato de Yolanda González. “Paraguay era un punto de refugio”, subraya.

El auto en el que se concedió a García Juliá el permiso para abandonar el país fue recurrido por el fiscal poco después, y la orden fue revocada. “Él, que sabe que se ha revocado el permiso porque lo había recurrido ante la Audiencia Nacional, cuando tiene que volverse a España, en vez de hacerlo se va a Bolivia, se escapa e incumple las obligaciones de la libertad condicional”, continúa Almeida.

Hasta el momento no se sabe qué empresa o persona en Paraguay ofreció a García Juliá el contrato de trabajo por el que pidió el permiso para abandonar el país. “Yo no sé dónde estuvo trabajando en Paraguay, ni por qué motivo le dan el permiso para irse y con qué contrato de trabajo, pero lo tienen que tener en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid”, explica la abogada, que añade que han pedido acceso al expediente penitenciario de García Juliá para conocer estos datos y se lo han negado. Desde El Salto nos hemos puesto en contacto con la oficina de prensa de la Audiencia Provincial de Valladolid para preguntarle sobre este expediente penitenciario, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta. El abogado de García Juliá, Ignacio Menéndez González-Palenzuela, hasta el momento tampoco ha respondido a nuestras llamadas.

Nada más se supo de García Juliá hasta que en mayo de 1996 fue detenido en Bolivia, donde fue condenado a seis años de cárcel por tráfico de drogas. “Como España había mandado una orden de búsqueda y captura, notifican que está en Bolivia y se inicia el proceso de extradición; de momento no lo pueden entregar porque está cumpliendo su condena allí y cuando pasa un tiempo y lo van a entregar a España, le dan un permiso en Bolivia y huye otra vez, y España se queda con la extradición pero sin el preso”, explica Almeida. 

De Bolivia, García Juliá huye a Brasil con una identidad falsa de nacionalidad venezolana y otro nombre. Allí vivió, trabajando entre otras cosas como conductor de Uber, hasta que en diciembre de 2018 fue detenido por la Policía Federal brasileña en Sao Paulo y en febrero de 2020 fue extraditado a España e ingresado en la cárcel de Soto del Real, contabilizando la Audiencia Nacional 3.855 días de pena por cumplir, más de 10 años y medio.

“Todo esto es una pelea terrible —lamenta Almeida—, cuando le trajeron a la Audiencia Nacional estaba todo más o menos bien hecho, y cuando ya estábamos confinados, tirando por abajo, lo mandan a Ciudad Real y ya nos empezamos a enterar de todo esto”. A pesar de que en la orden de búsqueda y captura abierta tras 1994 por la Audiencia Nacional para que cumpliera los más de diez años y medio de cárcel que le quedaban por cumplir, en mayo de este año la Audiencia Provincial de Ciudad Real —al ser en la cárcel de Ciudad Real donde cumple condena a raíz del secuestro e intento de fuga de 1979— fijó su salida de la cárcel en el próximo 19 de noviembre, una decisión que Fiscalía inicialmente afirmó que no iba a recurrir y que a principios de julio anunció que revisará. Desde entonces, los abogados de las víctimas de Atocha, con Cristina Almeida a la cabeza, luchan para que retrasar la libertad de García Juliá.