Migración
Tras años de lucha, colectivos migrantes continúan resistiendo por unas homologaciones justas

Cuando Lucía decidió migrar desde Uruguay a España en el 2019 no esperaba que después de seis años seguiría sin poder ejercer su profesión. Tomó la decisión confiando que podría continuar sus estudios y retomar su carrera como psicóloga. Pero al llegar descubrió que no sería tan sencillo: tras desplazarse hasta la subdelegación del Ministerio de Educación para iniciar el proceso, le dijeron que la homologación sería imposible y que la mejor alternativa era convalidar y volver a estudiar la carrera.

Para Lucía esa no era una opción. Necesitaba un contrato laboral indefinido para solicitar el permiso de residencia de su marido, quien, a diferencia de ella, no tenía nacionalidad española. Después de varios meses trabajando como autónoma, finalmente consiguió un empleo en el sector de la hostelería, donde continúa hasta hoy. 

Historias como la de Lucía no son excepciones. En España, una de cada dos personas extranjeras tiene un empleo por debajo de su nivel de cualificación, según una investigación de El País y Lighthouse Reports. Desde hace años, colectivos de profesionales extranjeros denuncian que los trámites de homologación son, para muchas, la primera traba que impide acceder a un empleo acorde a su nivel de cualificación. El proceso, marcado por la falta de transparencia y retrasos sistemáticos, es para estas personas mucho más que un trámite fallido: supone dejar en pausa, de forma indefinida, sus proyectos vitales y migratorios. 

En los últimos años, decenas de colectivos se han organizado para investigar irregularidades, señalar inconsistencias en los criterios de evaluación y llevar propuestas concretas a las instituciones responsables. Desde manifestaciones hasta mesas de diálogo y grupos de apoyo, cientos de personas se han unido para luchar por unas homologaciones más justas y hacer el proceso más llevadero para quienes lo transitan. “Hemos logrado muchas cosas que la gente ve como pequeñas, pero no saben el esfuerzo tan grande que hay detrás”, asegura Luisa Guedez, odontóloga venezolana y representante del colectivo Asodonves. 

En junio de 2025, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) anunció que por primera vez desde 2014 lograron resolver más solicitudes de homologación y equivalencia que las que recibieron, y explicó la estrategia del Ministerio para agilizar el trámite y mejorar la transparencia. A pesar de las reformas legislativas y las nuevas medidas, en noviembre de 2025 un informe del Tribunal de Cuentas todavía encontraba deficiencias estructurales y operativas en el procedimiento. 

El organismo reconoce un cambio positivo en cuanto al número de resoluciones, pero señala que los recursos humanos y tecnológicos son todavía insuficientes, los plazos de resolución siguen superando el máximo legal, y todavía no existen manuales integrales que guíen el procedimiento, generando riesgos de discrecionalidad. Además, indican que más de 80.000 expedientes siguen atascados. 

Organización migrante frente a un sistema opaco

En 2020, un grupo de odontólogos venezolanos se percató de que había inconsistencias en las resoluciones de homologación de sus compañeras, y decidieron que era momento de sentarse a hablar con el Ministerio de Educación. Llegaron a la mesa de diálogo con un análisis de las resoluciones, tratando de obtener explicaciones sobre los criterios de evaluación. Desde el Ministerio, les redirigieron a ANECA como la entidad responsable de llevar a cabo las evaluaciones. 

Al principio, obtener cambios no fue sencillo. “Comenzamos a movernos en redes sociales, a denunciar en los medios de comunicación, y ellos dijeron: bueno, esta gente se está movilizando; vamos a prestarles un poco de atención”, recuerda Luisa. Su experiencia no era aislada: otros colectivos migrantes también trabajaban para documentar irregularidades y exigir transparencia.

“Hay muchos colectivos, porque hay demasiados matices. Cada profesión tiene sus luchas”, explica Gabriela Frias Goytia, del Movimiento de Psicólogas y Psicólogos Migrantes. Gabriela se unió al colectivo poco después de las manifestaciones interprofesionales del 2021. “En ese momento la gente ya se estaba auto-organizando y había mesas de trabajo con diferentes colectivos de enfermería, ingeniería, medicina. Al ver que no se resolvía el problema se planteó manifestarse frente al Ministerio”. 

Fue entonces que ella entró en contacto con el movimiento y, en 2023, decidió crear el Centro de Estudios sobre Migración, Discriminación y Racismo Institucional (Cemdri) junto a su compañero José María Casas. “Era necesario hacer la denuncia en cifras, porque el ministerio nunca da cifras de cuántos expedientes no ha resuelto y teníamos que contrastar lo que estaba pasando”, dice Frias, quien considera que para la carrera de psicología la problemática aún no se ha solucionado.

La falta de información, la ausencia de criterios claros y manuales que guíen el procedimiento, y la falta de estadísticas son algunas de las cuestiones que apunta el último informe del Tribunal de Cuentas. Todas estas son reivindicaciones que estos colectivos llevan años reclamando. Desde Homologación Justa Ya! incluso han impulsado varias Proposiciones No de Ley enfocadas en la transparencia hacia la persona homologante. 

Ante las trabas administrativas y la falta de información, las redes que crean las propias personas migrantes son esenciales

“Empezamos a hablar con diferentes partidos políticos, comisiones del Ministerio de Universidades, tanto en el Senado como en pleno y tratar de que esto se metiera dentro de la agenda política”, dice Cynthia Vargas, portavoz del movimiento. Ante la falta de información accesible, son estos colectivos los que funcionan como un espacio de consulta para las personas homologantes: “Nuestro papel es ser transparentes, brindarles la información que ellos buscan, ser ese aliado que te puede explicar qué es lo que significa cada uno de los estados por los que pasa tu expediente, qué es ANECA, qué son medidas de carácter general, todo esto”, explica Vargas. 

Acompañarse para no abandonar: una lucha colectiva por la dignidad

Stephania estudió odontología en Colombia, su país natal, pero su objetivo siempre fue regresar a España, donde había estudiado la ESO y el Bachillerato. Sabía que tendría que homologar, pero al graduarse se enfrentó con un proceso que desconocía y avanzó sola sin recibir noticias durante años. Después de cinco años recibió su resolución: como muchos odontólogos debía presentar dos asignaturas para validar su formación y se vio obligada a preparar unos exámenes sin conocer siquiera el contenido que se evaluaría.

Prepararse para esas evaluaciones no era sencillo, pero Stephania encontró apoyo en un grupo de Whatsapp, y fue ahí donde halló las ganas para seguir. Después de dos intentos fallidos, logró aprobar el examen este año. Los esfuerzos del gremio para mejorar las condiciones y los suyos propios para prepararse por fin dieron resultados. “Este examen también ha sido un triunfo para todo el gremio que se ha asociado”, afirma Stephania. 

La lucha de colectivos de homologantes ha demostrado que la organización puede generar cambios: ante las trabas administrativas y la falta de información, las redes que crean las propias personas migrantes son esenciales. Estos espacios son también una fuente de apoyo a lo largo de un proceso que trastoca la vida de quienes lo transitan. “El impacto físico y mental te destruye. Pierdes parte de tu identidad; te disminuyen porque no te reconocen como profesional”, dice Luisa Guedez.

Con más de 80.000 expedientes atascados, recuerdan que detrás de cada uno de ellos hay una persona que ve cómo sus proyectos vitales se ponen en pausa. Su lucha es también una lucha por la dignidad y el reconocimiento. . “Aquí lo que estamos cambiando es la manera de vernos. Se trata de demostrarles que somos capaces. A pesar de todo, seguiremos defendiendo que nos reconozcan como profesionales y que nuestra formación está a la par de la que imparten las instituciones españolas”, concluye Luisa.