Explotación laboral
El SAT insta a la Junta a que “dé la cara” en el caso de las 300 temporeras marroquíes
El Sindicato Andaluz de Trabajadores está ayudando a las diez trabajadoras que el pasado fin de semana denunciaron la situación laboral que han vivido en Almonte (Huelva) durante la temporada de la fresa.
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El Sindicato Andaluz de Trabajadores sigue esperando que la Junta de Andalucía tome cartas en el asunto en el caso de las casi 400 mujeres marroquíes que el domingo 3 de junio fueron subidas a un autobús para ser enviadas a Marruecos por parte de la empresa Doñana 3000, de Almonte (Huelva).
Óscar Reina, portavoz del SAT ha denunciado el “intento de secuestro” de la citada empresa de las temporeras de la fresa. Reina ha explicado esta mañana en Onda Local de Andalucía, que estas mujeres fueron retenidas en Almonte para enviarlas a su país de origen días antes de su fecha de salida oficial. La intervención del sindicato y la Guardia Civil el domingo impidió que los autobuses iniciaran su marcha.
Desde entonces, salvo las denunciantes, se calcula que más de 300 temporeras marroquíes están “retenidas” en los campos de fresa. Reina ha insistido en que la empresa ha podido cometer un delito de secuestro: “Se coarta su derecho a denunciar unos hechos”, señala. Una situación que el SAT ha denunciado en los juzgados de Huelva.
Según explica Reina, el SAT ha trasladado a diez mujeres “las que han podido denunciar su situación” a un hostal de un pueblo de la provincia de Huelva, donde se encuentran “en buenas condiciones”. Pero, según ha insistido este portavoz del sindicato andaluz, es necesario que la Junta de Andalucía “dé la cara” y aporte soluciones a estas trabajadoras del campo. El SAT ha trasladado la situación al Defensor del Pueblo y al Gobierno andaluz.
El inicio del conflicto
El pasado viernes 1 de junio, una trabajadora de la campaña de la fresa, acudió a un centro de salud como consecuencia de un esguince cervical. Según Reina, la empresa no dio permiso a la trabajadora a ir al médico, aunque finalmente fue acompañada por alguien del sindicato. Una vez en el centro de salud, y tras explicar sus condiciones de trabajo, la mujer accedió a denunciar su situación.Según la denuncia, las trabajadoras reciben 50 euros al comienzo de su estancia en Huelva y no vuelven a percibir ninguna retribución hasta que están de vuelta en su país. Además, “malviven” en módulos prefabricados sin aclimatación y en estado de hacinamiento.
El domingo, cientos de trabajadoras se solidarizaron con la denunciante, a la que se unieron otras nueve mujeres, que también interpusieron denuncias contra la misma empresa. En ese momento, según el SAT, la empresa decidió expulsar a las temporeras en varios autobuses, pese a que la salida prevista oficialmente estaba fijada para hoy, 5 de junio. Según explica La Mar de Onuba, la empresa quiso evitar que las mujeres testificaran ante Inspección de Trabajo. La versión de Doñana 3.000 es que el domingo se hizo el “procedimiento normal” de traslado de las trabajadoras una vez finalizada la temporada.
Ante esa situación, el SAT detuvo los autobuses y prestó ayuda a las denunciantes. “Lo primero que pedimos es que responda la Junta, es un deber de la izquierda responder a la situación humanitaria, pedimos que las proteja mientras se tramite la denuncia. Que se las proteja en buenas condiciones, sin sentir miedo ni coacción ninguna”, ha explicado Reina en los micrófonos de Onda Local.
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