Temporeros
El Ayuntamiento de Moguer desmantela 14 chabolas en un asentamiento de personas migrantes

Adama se pregunta dónde se supone que van a vivir si les quitan sus chabolas, no les alquilan viviendas ni les ofrecen alojamiento donde trabajan

A la devastación causada por los continuos incendios, se une el desmantelamiento de estas infraviviendas provocando el hacinamiento en unos asentamientos insalubres con falta de los servicios más básicos como agua, energía eléctrica y recogida de basura. La prohibición de reconstruir las chabolas, incluso de repararlas, sin una alternativa habitacional, hace aún más penosa la vida en estos lugares. “Solo queremos que nos dejen en paz, que no vengan”, explica Adama Bagayogo, un temporero que vive en el asentamiento de Las Madres, desde 2013, donde asegura haber visto demoliciones desde su llegada a este lugar. Adama se pregunta dónde se supone que van a vivir si les quitan sus chabolas, si no les alquilan viviendas por ser extranjero, hombre y negro. Tampoco los jefes de las fincas donde trabajan les ofrecen alojamientos. “Nos cierran todas las puertas”, añade Bagayogo.

Hace apenas un mes, la mediación de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y la denuncia ante la Guardia Civil de varias organizaciones, impidieron los derribos de 20 chabolas, sin alternativa habitacional, en un asentamiento de Lepe donde viven unas 50 personas. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor concentración de chabolismo. Solo en la provincia de Huelva existen unos 30 asentamientos repartidos en los municipios de Lepe, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera y Moguer, donde habitan unas 3000 personas, cifra que aumenta en la época alta de la recogida de los frutos rojos.   

Ausencia de alojamientos

Según las organizaciones empresariales del sector, la campaña agrícola de la provincia de Huelva absorbe, en total, más de cien mil puestos de trabajo. Los alojamientos ubicados en las fincas acogen una buena parte de las personas que trabajan directamente en el campo. Pero la ausencia de alojamientos suficientes es una realidad reconocida por todas las administraciones, como también lo es la ausencia de propuestas reales.

Por ello, el pasado mes de julio, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Moguer y Lepe firmaron un Protocolo General de Actuación para impulsar la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras. Este protocolo, que tiene una vigencia de dos años a partir de la firma, tiene como objetivo la integración residencial y sociolaboral y la eliminación de los asentamientos en estos municipios. En este protocolo se reconoce las condiciones de insalubridad y la ausencia de servicios públicos básicos en estos asentamientos, tal como denunció en sus conclusiones el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, en su visita a Huelva el 7 de febrero de 2020.

La Agenda 2030, suscrita por España en 2015, contiene varios objetivos que hacen referencia a la necesidad de reducir las situaciones de pobreza y precariedad y la necesidad de buscar soluciones. Para ello, este acuerdo se centra en la búsqueda de alternativa habitacional como la construcción de albergues u otras soluciones residenciales.

Este convenio, suscrito por las tres administraciones, se une a otras medidas de atención a las personas migrantes en Andalucía con 20 millones de presupuesto para el período 2019-2022. Los otros dos municipios, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, tienen la posibilidad de unirse al acuerdo cuando presenten sus respectivos proyectos técnicos de albergue u otra alternativa habitacional. Por otra parte, el ayuntamiento de Lepe está llevando a cabo la rehabilitación y finalización de obras del albergue municipal, inacabado desde 2011, con una capacidad para 150 usuarios y con una inversión de la Junta de Andalucía de 300.000 euros.    

Sin embargo, la realidad es que, hasta la fecha, no existe ninguna alternativa habitacional real para las personas migrantes en los municipios donde se encuentran los asentamientos. En este sentido, para la parlamentaria de Adelante Andalucía, Maribel Mora, resulta contradictorio la existencia de un protocolo para la búsqueda de soluciones habitacionales y las acciones de derribo sin alternativa: “Da la impresión de que ese protocolo firmado entre la Administración central, autonómica y local tiene como único objetivo tranquilizar a la sociedad civil”. Mora añade: “Realmente no se está haciendo nada por unas personas que viven en condiciones infrahumanas y que, sin embargo, están aportando con su trabajo una buena parte de la riqueza de esa provincia”. Para terminar, explicando que, quizás, haya llegado el momento de plantear acciones legales por la falta de respeto y el incumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hacia estas personas.

La fuerza de las organizaciones y asociaciones constituyen un pilar fundamental para hacer que los ayuntamientos cumplan con su responsabilidad

La presencia de la sociedad civil está dando visibilidad a unas acciones de las administraciones públicas que no respetan los derechos humanos más básicos de las personas trabajadoras migrantes, como explica Dolores Pérez, portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón. Esta asociación denunció al Ayuntamiento de Lucena del Puerto por un derribo de chabolas en su término municipal hace dos años. En estos momentos la denuncia se encuentra en la Audiencia Provincial a la espera de una sentencia. “Estas acciones no pueden quedar impunes”, añade Pérez.

Por otra parte, los ayuntamientos de las zonas freseras se niegan a empadronar a las personas migrantes en sus chabolas, impidiendo, con ello, comenzar el proceso para formalizar su regularización. “Incluso se niegan a registrar las solicitudes como hemos constatado por multitud de testimonios de trabajadoras y trabajadores de los asentamientos”, asegura Pérez. En este sentido, las organizaciones sociales han tomado cartas en el asunto. El pasado mes de mayo, unas doce asociaciones y organizaciones políticas se personaron en la puerta de los ayuntamientos de Lucena del Puerto y Moguer para acompañar a 12 personas migrantes a registrar sus solicitudes de empadronamiento.

Para Milagros Villamarín, representante de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), una de las organizaciones presentes en aquel momento, la fuerza de las organizaciones y asociaciones constituyen un pilar fundamental para hacer que los ayuntamientos cumplan con su responsabilidad respecto al derecho que asiste a cualquier persona para su regularización administrativa.