Tauromaquia
El turbio asunto de los toros en Cáceres

El 17 de Marzo de 2016, el pleno municipal del Ayuntamiento de Cáceres aprueba, con los votos de PSOE, Cs y Cacerestú (la marca local de Podemos), una moción de esta última fuerza política que contiene, entre otras medidas, “la eliminación de cualquier tipo de aporte económico y/o subvención a la contratación y promoción de espectáculos taurinos, ya sea mediante asignaciones directas, contrataciones, servicios municipales, promoción y adquisición de entradas o palcos para dichos espectáculos”. Ese acuerdo plenario va a suponer el inicio de un culebrón político y judicial que tiene los festejos taurinos como trasfondo pero que en este momento lo supera ampliamente, entrando de lleno en el terreno de la ejemplaridad y transparencia en la gestión de lo público.

El equipo de gobierno del PP, a pesar de recurrir dicho acuerdo judicialmente, dada su condición de minoría necesitada de aprobar el presupuesto con el acuerdo de otros grupos municipales, se ha visto obligado a no consignar partida alguna para los festejos taurinos de la ciudad en 2017 y 2018. La licitación pública de este concurso para explotar la plaza de toros, que sale en febrero de 2018 sin “dopaje financiero” como era habitual el resto de los ejercicios, queda desierto. Nadie apuesta por gestionar los toros sin subvención, ni siquiera la empresa Mar de Toros, que había gestionado los festejos y el coso cacereño en anteriores anualidades.

Nadie apuesta por gestionar los toros sin subvención, ni siquiera la empresa Mar de Toros, que había gestionado los festejos y el coso cacereño en anteriores anualidades

Sin embargo, dos meses después de la declaración del concurso desierto, se realiza una petición para realizar un festejo taurino en la Plaza de Toros. La empresa solicitante tiene el mismo administrador (único) que la anterior empresa gestora de la plaza de toros cacereña (Mar De Toros) pero un nombre diferente, Socar de Toros. Llama la atención que se constituyera en marzo de 2018, tras declararse el concurso desierto.

La petición coincide en el tiempo con la suscripción de un convenio entre el ayuntamiento y Liberbank para el patrocinio de las ferias locales. De hecho se tratan en la misma junta de gobierno. En cuanto al convenio, llaman la atención algunas cláusulas. En primer lugar que exista una cláusula de confidencialidad, algo inaudito en un acuerdo de una administración pública. En segundo lugar, el añadido final del convenio o anexo que se suma en algún momento de la tramitación. El patrocinio publicitario del banco a las festividades locales, por importe de 25.000 euros, tendría como destinatario no las fiestas en general, como se deducía del texto inicial del convenio, sino un festejo taurino y solo un destinatario elegido, la empresa peticionaria del festejo en ese mismo mes, Socar de Toros SL.

¿Casualidades? Al menos a los concejales de Cacerestú, Consolación López e Ildefonso Calvo, no les pareció, y decidieron presentar una denuncia en Fiscalía. Entre otros asuntos, pedían que se investigara esta coincidencia por si hubiera un concurso de voluntades entre la empresa y el ayuntamiento, utilizando la vía del convenio bancario como un medio y de paso obviando la normativa en materia de contratación pública y subvenciones.

El asunto despierta, asimismo, dudas legales en la Intervención municipal, que mediante un informe pone reparos a que no se le solicite informe previo y que no exista registro contable en el ayuntamiento del ingreso y que el método de pago elegido al adjudicatario es una “subvención encubierta”. En este caso, como señalan los expertos consultados por El Salto Extremadura, “esta subvención, atendiendo a la ley de subvenciones y a la propia ordenanza local, debería ser de libre concurrencia y no nominativa o a dedo, que en cuyo caso debería estar previsto en el presupuesto”. Y como se ha dicho, el presupuesto del Ayuntamiento no lo preveía.

La complicidad del Presidente de la Junta que, según declaraciones de la alcaldesa no desmentidas, también ayudó a que se celebraran corridas de toros en Cáceres

Para los concejales de la formación morada “el ayuntamiento, en su empeño de hacer un festejo taurino en Cáceres, se ha saltado todos las normas administrativas e incluso las advertencias de funcionarios”. Y la complicidad del Presidente de la Junta que, según declaraciones de la alcaldesa no desmentidas, también ayudó a que se celebraran corridas de toros en Cáceres.

La denuncia en Fiscalía se presenta en julio poniendo en conocimiento estos hechos y solicitando la apertura de una investigación. En septiembre se dicta archivo porque no ve el ministerio público suficientes indicios penales, aunque apunta que pueden existir irregularidades administrativas que deben demandarse en la jurisdicción contencioso- administrativa. Los expertos consultados por El Salto Extremadura nos señalan que no todas las vulneraciones de las normas administrativas tienen consecuencias penales. “Si no se demuestra claramente la voluntad grosera y consciente de alterar el procedimiento administrativo para ocasionar un resultado injusto, no hay delito de prevaricación administrativa aunque se dicte una resolución ilegal o irregular”, agregan.

Pero el asunto, lejos de apaciguarse con el archivo de la Fiscalía, parece seguir trayendo cola. En este último mes del año 2018 el ayuntamiento ha devuelto los 25.000 euros del convenio con Liberbank atendiendo a “informes técnicos”. Poco más han dejado entrever las declaraciones del Concejal de Festejos del ayuntamiento cacereño, Pedro Muriel, que cuando se conoció inicialmente el asunto presumía de la legalidad de la actuación. Para los concejales denunciantes este hecho confirma su denuncia aunque no lo confiesen. “Nos dan la razón en diferido, muy típico del PP”, bromean. “Si les hubiesen pagado, saben que probablemente podía complicarse el asunto en lo penal o en lo administrativo y prefieren dar marcha atrás, sin reconocer su error”, matizan.

Los grupos políticos de la oposición, muy críticos con el proceder del equipo de gobierno, quieren pedir toda la documentación porque creen que el ayuntamiento no ha dicho toda la verdad. Y no saben si la empresa cobrará de otro modo, saltándose los principios de transparencia, libre concurrencia y publicidad. El asunto, a pesar de los intentos del gobierno por aparentar normalidad, sigue con muchas incertidumbres y seguirá dando que hablar.