Sevilla
La Fiscalía pide cárcel para el estudiante reducido por la policía en Sevilla durante la acampada propalestina

La imagen corrió como la pólvora en la noche del 9 al 10 de julio del pasado año 2024, por lo insólito: un grupo de antidisturbios entraba en una sala de la Universidad de Sevilla y por la violencia: los agentes desalojaron de forma forzosa a decenas de estudiantes que se encontraban encerrados en unos de los despachos como parte de la protesta contra el genocidio en Gaza durante la acampada propalestina del estudiantado de la institución académica. Una acción que tuvo como resultado tres personas heridas y más de cuarenta identificaciones.

Al estudiante se le acusa de atentado y lesiones leves. “Me pilló de sorpresa, hice una declaración el año pasado como investigado, no como imputado, y creíamos que el caso se iba a archivar”, explica a El Salto

En las imágenes se puede ver como un estudiante es reducido en el suelo por un agente que se encuentra encima de él; posteriormente, el joven es arrastrado por el agente mientras levanta un brazo en el que se ve sangre. D.E., el estudiante que protagonizó la escena, además de las consecuencias directas de aquel día: heridas y una noche entera en el hospital, se enfrenta ahora a una repercusión inesperada: la Fiscalía pide para él dos años de cárcel y al pago de 1.538,45 euros como indemnización a un agente de la policía. Al estudiante se le acusa de atentado y lesiones leves. “Me pilló de sorpresa, hice una declaración el año pasado como investigado, no como imputado, y creíamos que el caso se iba a archivar”, explica a El Salto. En mayo recibió una carta en la que la fiscalía exponía que el caso iba hacia delante.

Otros estudiantes juzgados

D.E. se encuentra a la espera de la celebración del juicio, que como mínimo se realizará en 2026. “Intento no pensar en ello porque aún queda tiempo”, explica, pero este estudiante cree que se trata de “una punta de lanza contra los derechos políticos y contra cualquiera que se organice” e insiste en que “otros compañeros se enfrentan a casos similares; ha habido muchos casos represivos de la acampada”. El joven activista señala la responsabilidad de la institución de enseñanza: “La Universidad de Sevilla es cómplice directo de todo esto; el rector pidió a los antidisturbios que entraran al edificio”. Desde diversos colectivos, como la Coordinadora Juvenil Socialista, denuncian “represión” por parte de la Universidad y por parte de “la justicia burguesa”.  Desde el Sindicato de Estudiantes también insisten en que “el aparato policial y la judicatura franquista pretenden asestar un duro golpe a la juventud organizada y encerrarnos en el miedo”.

El pasado mayo, otros dos estudiantes prestaron declaración en Sevilla acusados de delito de daños a un cajero de la entidad bancaria BBVA en el marco de la acampada propalestina. “Vinieron a mi pueblo, a mi casa, siete policías encapuchados y me detuvieron”, explicaba a El Salto Carlos Ochoa, uno de los estudiantes encausados. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunciaron estos procesos judiciales exponiendo que “la criminalización de quienes se movilizan contra esta barbarie no es sólo un intento de silenciar voces disidentes, sino también un mensaje de intimidación dirigido al conjunto de la juventud comprometida con los derechos humanos”. Desde el comienzo del genocidio en Gaza en 2023, cientos de personas han sido detenidas o identificadas en actos de protesta dentro del Estado español.