Síndrome de alienación parental (SAP)
La fiscal se sitúa de parte de la Diputación de Bizkaia, acusada de prevaricación por aplicar el SAP en el caso de Irune Costumero

“Ministerio Fiscal, le ruego que se limite a preguntar”, le amonestó la jueza a la fiscal en la primera sesión celebrada ayer del caso por el que se juzga a la Diputación de Bizkaia por prevaricación, maltrato y delitos de lesiones psíquicas hacia Irune Costumero y su hija, debido al arrancamiento de la menor, cuando esta tenía 5 años, ordenado por la Diputación el 4 de agosto de 2017. La institución argumentó que la madre provocó en la niña el Síndrome de Alienación Parental (SAP, en sus siglas), un síndrome inexistente y que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no ampara, pero que Gobierno vasco recoge en su protocolo Balora, que implementó en 2011 para regular el trabajo de los servicios sociales de base (ayuntamientos) y de los territoriales (diputaciones), y que continúa sin modificar. 

Al abrirse la sesión, el abogado de Irune Costumero pidió la recusación de la sala por haber tomado parte en dos autos previos. La jueza dejó en manos de la fiscalía tomar la decisión. Si ella consideraba, como la defensa, que la sala podía vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, la sala se disolvería. Le otorgó diez minutos para deliberar y el público se marchó al pasillo durante su reflexión. En el corrillo que se formó en el exterior, las periodistas no entendieron el movimiento del letrado, hasta que la sesión se reanudó y la fiscal, que rechazó la recusación, mostró a lo largo de la sesión subjetividad para con la Diputación, a pesar de que su cargo le implica actuar como acusación pública, no como defensa privada.

“Me arrebataron cuatro años a mi hija por un síndrome que no existe”, expuso Irune Costumero en su interrogatorio

“Su hija, su hija, su hija”

Cuando la fiscal interrogó a Irune Costumero —que no es acusada—, su última pregunta fue:  “¿Cuál fue el resultado del último auto [en el que se modificaron judicialmente las condiciones de la custodia en enero de 2021 y permitieron por primera vez en cuatro años la pernocta de madre e hija]?”. Costumero respondió: “Lo sabe perfectamente: custodia exclusiva para el padre y fines de semana alternos y vacaciones. Me han dado un regalo de Navidad que ha llegado tarde, después de cuatro años. No sé si es madre…”. 

“Lamento muchísimo por lo que está pasando su hija, su hija, su hija. El padre y usted”, respondió airada la fiscal, repitiendo tres veces “su hija”, cada vez con más énfasis que la anterior. Sobre un auto emitido por el juzgado nº5 de Barakaldo, la jueza volvió a recriminar a la fiscal: “Esta pregunta no es pertinente”. 

La acusación particular pide cinco años y seis meses de prisión para los cuatro acusados por los delitos de prevaricación, maltrato y delitos de lesiones psíquicas hacia Irune Costumero y su hija

La estrategia de la defensa

La defensa y la fiscalía le reprocharon a la madre, como quien reprocha a una mujer violada haber llevado minifalda, que hasta 2019 no denunció a la Diputación. “Yo hice todo lo que me pidieron, asistí a todos los cursos, a todas las terapias, lo firmé todo”, expresó. “Quería recuperar a mi hija”. Cuando perdió la esperanza con el sistema, demandó a la institución pública. 

Mientras que la estrategia del ministerio público fue comprometer las habilidades maternales de Irune Costumero y calificar de “muy grave” la situación en la que se encontraba la niña antes del arrancamiento, la abogada de la defensa se afanó en andamiar un escenario proclive para sus cuatro clientes ante una sentencia condenatoria: ¿los acusados firmaron la orden de la Diputación Foral [para el arrancamiento]?, les preguntó. ¿Por qué la firmaron y qué responsabilidades tenían realmente? ¿Firmaron por firmar? Los cuatro acusados argumentaron que, o bien firmaron por firmar —alguien tenía que hacerlo—, o bien que firmaron porque estaban sustituyendo las vacaciones de un compañero —era 4 de agosto de 2017— o incluso que “se firman 80.000 órdenes al año en la Diputación”, esgrimió Sergio Murillo, y esa orden era una de ellas. 

Anclado el escenario de la no responsabilidad individual en un proceso que aseguran colectivo, la abogada de la defensa insistió en que sus clientes no prevaricaron, sino que se ciñeron a ejecutar el programa Balora implementado por el Gobierno vasco y que recoge el Síndrome de Alienación Parental en uno de sus ítems para situar al menor en situación de desprotección, por el que se insta a la intervención. El Gobierno vasco no está imputado.

Tras dos casos de malos tratos archivados por falta de pruebas, se impuso la custodia compartida pero la niña rehusó ir con el padre; el padre denunció a la madre, a quien la Diputación le arrancó a la hija y le otorgó la guarda y estancia al progenitor

La psicóloga que no aplica el SAP no fue consultada

Solo tres testigos de la sesión de ayer eran testimonios que no eran de parte: una psicóloga clínica del Servicio Vasco de Salud y dos técnicos de Educación de Barakaldo. Izaskun Etxebarria explicó que trató a la niña entre 2016 y 2019. La pediatra le derivó el caso al “observar un cambio en el comportamiento de la niña, cuando esta tenía cuatro años”. La psicóloga estableció “como hipótesis de diagnóstico un trastorno de adaptación con predominio de otras emociones, basado en nuestro sistema de valoración y el CIE-10, aprobado por la Organización Mundial de la Salud”. Dicho organismo no reconoce el SAP. 

La sanitaria sostuvo que, “ante una separación de gran conflicto, la niña se siente tironeada por ambas partes, lo cual es normal, y por pura supervivencia busca una solución y es lo que vemos en sus expresiones, verbalizaciones y dibujos de amatxu es buena y aita malo”. Definió esta situación como de riesgo para la menor, ya que supone una regresión en su desarrollo, que es el que iba a tratar. 

A continuación, su relato aportó un detalle significativo, al descalificar indirectamente a Bizgarri, a la Diputación y a los Servicios Sociales de Barakaldo: antes del arrancamiento, los servicios sociales de base del Ayuntamiento no se pusieron en contacto con ella, tampoco el Servicio de Infancia de la Diputación, con quien se reunió en noviembre de 2017, tres meses después del arrancamiento.

La defensa y la fiscal le reprocharon también a la madre el absentismo escolar de su hija cuando esta cursaba educación infantil, una etapa no obligatoria, por lo que no hay absentismo. Los Servicios Sociales de base requirieron un informe sobre absentismo a los dos técnicos de Educación del municipio, que indicaron que las faltas de la niña en enero de 2016 fueron del 26%. La madre había explicado previamente que la niña tuvo varios episodios de cistitis, coincidiendo con la etapa de pérdida de control de esfínteres que había referido también en el punto de encuentro.

La psicóloga clínica del Servicio Vasco de Salud descalificó indirectamente a Bizgarri, a la Diputación y a los Servicios Sociales de Barakaldo: antes del arracamiento no se pusieron en contacto con ella, que era quien trataba a la niña sin hacer concesiones al SAP

Qué es Bizgarri

Ayer también declaró una técnico de Bizgarri, una de las responsables de la redacción de dos informes de esta asociación que tiene la licitación pública del programa especializado de intervención familiar con casos de desprotección infantil y se ocupó de la gestión de la tutela de la hija de Irune Costumero. 

La orden foral de arrancamiento la firmaron funcionarios de Diputación, pero quién redactó el informe que derivó en esa decisión fue la asociación Bizgarri. Una asociación que compite en los concursos de licitaciones públicas para gestionar los puntos de encuentro de Bizkaia en separaciones conflictivas o casos de violencia machista. 

Según el contrato administrativo especial que consta en el área de contrataciones de la Diputación, con fecha de 2010 —no hay posteriores en el portal—, que otorgó la licitación a Bizgarri el presupuesto hasta 2012 era de 2,18 millones de euros. Por prestación de servicio en intervención familiar con casos de desprotección infantil, Bizgarri recibe 4.600 euros sin IVA al mes, 605 euros mensuales por intervención familiar y 58 por cada sesión de terapia. 

Una terapeuta de Bizgarri empezó a tratar a la menor, en paralelo a la psicóloga de la sanidad pública, hasta que en 2019 esta profesional consideró que la niña tenía más apego con la terapeuta de Bizgarri.

Por cada prestación de servicio de intervención familiar con casos de desprotección infantil, Bizgarri recibe 4.600 euros sin IVA al mes de la Diputación de Bizkaia

El relato de la trabajadora social

Entre los relatos de los cuatro acusados, destacó el de la trabajadora social Maika Urutxurtu, quien aseguró que “volvería a hacer lo que se hizo, la niña tuvo una oportunidad de conocer a su padre y de que las cosas estén mejor en el colegio y en su entorno”. Aseguró que no se llevó a la niña a la fuerza y que se despidió de ella con un beso. 

No obstante, por si la explicación almibarada no era del todo creíble, su abogada trató de sembrar dudas en su ronda de preguntas sobre la grabación del arrancamiento, tratando de desacreditar la prueba y sugiriendo que está manipulada. 

Contexto

Costumero denunció a su exmarido por maltrato antes de separase. La fiscalía pedía dos años de cárcel, pero el caso quedó sobreseído por falta de pruebas.  Ya separados y con custodia compartida forzosa, hasta en tres ocasiones a instancias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), los juzgados abrieron una causa por posible maltrato del padre hacia la hija. También fue archivado por falta de pruebas. Cuando la fiscal insistió en el archivo de las causas, la madre le recordó: “Que se hayan sobreseído no implica que no lo hayamos vivido”.

La niña se negó a ver a su padre en los puntos de encuentro entre 2015 y 2016, donde vomitaba, se meaba y se cagaba encima. La madre no dejó de llevarla y trabajadoras sociales le reprendieron: debía conseguir que la niña se portara bien. Fue entonces cuando el padre denunció a su exmujer por desobediencia y la maquinaria de los Servicios Sociales de Barakaldo se pusieron en marcha en 2016. Un auto firme de la Audiencia de Bizkaia señaló en 2018 que no hubo desobediencia por parte de Irune Costumero, y cuestionó que el interés superior de la menor implicase obligarle a estar con su padre si ella no lo deseaba. Pero ya era tarde, la maquinaria burocrática había arrancado a la niña de su madre, asumido la tutela y otorgado la guarda y custodia exclusiva al padre. “Me arrebataron cuatro años a mi hija por un síndrome que no existe”, expuso en su interrogatorio.

La defensa trató de andamiar un escenario en el que, ante una sentencia condenatoria, no quede clara de quién es la responsabilidad de firmar la orden foral de arrancamiento de la menor

A Irune Costumero nuestro país le debe reparación por no reconocer su lucha protegiendo a su hija frente a la violencia machista. Urge que nuestra justicia deje de aplicar el falso SAP o derivados, como la relatora de la ONU o el Comité CEDAW nos recuerdan.

Irune, no estás sola

— Irene Montero (@IreneMontero) June 7, 2021

Juicio histórico

La sesión del juicio continuará hoy y mañana. Se trata de un juicio histórico en el País Vasco, para el cual se habilitó la sala grande, destinada normalmente a homicidios y asesinatos, ante la avalancha de acreditaciones por parte de medios de comunicación. Al público que no estaba acreditado no se le dejó entrar en el juzgado aduciendo medidas sanitarias. Se quedaron fuera feministas, pero también asesores de la Diputación.

Es la primera vez que en el País Vasco se juzga a una institución pública por prevaricación al aplicar el SAP, contradiciendo criterios jurídicos y arrojándose la potestad de asumir la tutela de una menor. Por ello el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le impuso a la Diputación de Bizkaia una fianza de 600.000 euros a depositar en 24 horas y abrió instrucción para investigar un posible caso de prevaricación y malos tratos hacia Irene Costumero y su hija. La acusación particular solicita cinco años y seis meses de prisión y 15 años de inhabilitación especial para cargo público a los cuatro acusados.

El Partido Nacionalista Vasco gobierna en coalición con el PSE tanto el Gobierno vasco como la Diputación Foral de Bizkaia. Sigue sin modificar el protocolo Balora. La ONU pidió explicaciones a España por el arrancamiento de la hija de Irene Costumero. La ministra de Igualdad, Irene Montero, mostró ayer su solidaridad con la madre y urgió a la Justicia a dejar de aplicar el SAP, tal y como insta la Ley de Infancia recién aprobada.

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