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Sanidad pública
“Una sexta parte de la población madrileña está sin médico”: otra gran marcha para defender la sanidad pública
Carlos Gómez es enfermero en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cadalso de los Vidrios y entró en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) hace 34 años. Desde que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidiera reorganizar las urgencias extrahospitalarias, abriendo 80 centros con el personal de 40 a finales de 2022, se ha convertido en usuario de los servicios de salud mental y está con medicación para dormir. “El 28 de diciembre nos cambiaron forzosamente de destino. Yo estaba en Navas del Rey y ahora me obligan a hacer 34 kilómetros para ir a trabajar. Hago más horas, veo menos a mi familia, nos avisaron con tres días de antelación de nuestra planilla… un caos”.
Gómez añade que los nuevos centros, antiguos Servicios de Atención Rural (SAR) en los pueblos y Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en las ciudades, tienen la plantilla incompleta. “En Navalcarnero pasaron de siete médicos y medio a cinco, y en enfermería de seis a tres”, ejemplifica. Según los datos que recopilan los trabajadores y trabajadoras, agrupados en la Plataforma SAR, solo el 57% de los centros han abierto con la plantilla completa entre diciembre y enero, lo que se traduce en que ciudadanos y ciudadanas que acuden a estos dispositivos, en ocasiones sin médicos, han de desplazarse hasta las urgencias hospitalarias.
Una ola de desplazadas que sacude los pasillos de urgencias de los grandes centros sanitarios. Como ejemplo, esta semana, el Hospital Universitario Fundación Alcorcón vivía el colapso, con “boxes y observación hasta arriba”, 11 camas en pasillos y 26 pacientes en espera de ingreso en planta. “Habitualmente se trataban 300 pacientes al día. Ahora estamos teniendo 400, un 33% más”, explica Ismael Sarrión, enfermero de este centro. Sarrión tiene claro que detrás de esta situación está el hilo conductor que une las salas atestadas de los hospitales con el deterioro de la Atención Primaria y el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias. “Están viniendo pacientes que en otras épocas se veían en Atención Primaria y llegan peor. Cuando una persona está enferma acude a su médico de cabecera, pero con citas que se dan a ocho o diez días, están en casa, no están medicados y cuando acceden a las urgencias sus condiciones son peores”. Por otro lado, en temporada de gripe “acuden pacientes más jóvenes con enfermedades respiratorias que se han complicado. Son ingresados en unidades de hospitalización y hace cinco o seis años no les hubiera tocado”, explica.
“Se han perdido 230 plazas de pediatría en los últimos años y hay un 20% de consultas sin médico porque no hay relevo generacional”
Mar Noguerol, médica de familia y directora del Centro de Salud Cuzco, le pone cifras a esa situación: “Una sexta parte de la población madrileña está sin médico”. O, lo que es lo mismo, un millón de ciudadanas y ciudadanos madrileños no tienen un facultativo de referencia en su centro de salud. “Se han perdido 230 plazas de pediatría en los últimos años y hay un 20% de consultas sin médico porque no hay relevo generacional. Esto es un círculo vicioso de éxodo continuo, acaban los residentes y se van de la Comunidad de Madrid por las condiciones que les ofrecen que tiene que ver con la sobrecarga. A mayor sobrecarga, mayor éxodo; a mayor éxodo, mayor sobrecarga”, describe Noguerol, que, junto al resto de los doctores y doctoras de primaria, lleva ya nueve semanas en una huelga indefinida para desaturar unas agendas que alcanzan los 70 pacientes al día.
Un paro histórico, salpicado por un encierro médico en las dependencias de la Consejería en el punto más alejado de las negociaciones, y teñido por un constante alejamiento entre las propuestas del comité de huelga y los postulados del gobierno de Ayuso, para quien incrementar la financiación de una manera acorde a las exigencias de los profesionales no está entre sus planes.
Sanidad pública
Sanidad Colapso en los hospitales madrileños mientras las urgencias extrahospitalarias siguen sin personal suficiente
“En mi barrio vivimos una situación similar a la de otras zonas. En los tres centros de salud faltan médicos y pediatras. Hay esperas de entre una semana y quince días para conseguir cita. El SUAP de Pavones, como todos los dispositivos urbanos, lo han dejado reducido solo a enfermería, ya no hay médico. Si por la noche o en el fin de semana necesitas un médico tienes que ir al hospital Gregorio Marañón, y esto se está haciendo sentir en los servicios de urgencias, donde tienes que pasar entre ocho o diez horas para que te atiendan”. Mayte Cases, integrante de Moratalaz por lo Público, hace este resumen de la situación de la sanidad que la rodea. Junto con otros 70 colectivos participa en las asambleas preparatorias de la manifestación que se prepara para este domingo 12 de febrero. A las 12 horas cuatro columnas desde Legazpi (sur), Hospital de la Princesa (Este), Plaza España (Oeste) y Nuevos Ministerios (Norte) caminarán para confluir en Cibeles con la intención de superar el desborde que ya ocurriera el pasado 13 de noviembre. Son aún más colectivos, sienten más apoyo, incluso de personalidades públicas, y saben que es ahora o nunca. “Lo que creemos que ha cambiado es la potencia del movimiento ciudadano organizando una respuesta en la calle por la sanidad pública”, relata.
Madrid es la comunidad que menos invierte en sanidad con 1.446,13 euros por habitante, pese a ser la comunidad con mayor PIB, lejos de los 2.133,13 euros de Asturias o de los 2.130 euros de Euskadi
Madrid, a la cola de mucho
Y es que tras casi 30 años de gobierno del Partido Popular las cifras de la sanidad madrileña no son muy esperanzadoras. De un lado, Madrid es la Comunidad que menos invierte en sanidad per cápita. Según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que analiza los presupuestos sanitarios para 2023, Madrid es colista con 1.446,13 euros por habitante, pese a ser la comunidad con mayor PIB, lejos de los 2.133,13 euros de Asturias o de los 2.130 euros de Euskadi.
Del otro, continúa siendo la Comunidad que menos dinero destina a Atención Primaria. Así, en los presupuestos para 2023, prorrogados ante la ausencia de acuerdo político, esta región continúa destinando un 10,7% del total del gasto sanitario a este nivel asistencial, lejos de La Rioja, que destina un 18,33% o Cantabria, con un 17,94%, y lejos también de la media estatal que es de un 15%. Y a años luz de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que aconseja destinar un 25% a este nivel asistencial.
Miedo a un cambio de modelo
“Este domingo iré a la manifestación. Para mí hay motivos no solo como trabajador sino también como usuario”, expresa Carlos Gómez, mientras deja en el aire un temor compartido por las personas consultadas para este reportaje: “Detrás de todo esto puede haber un cambio de sistema”. Ya hay muchos rumores de privatización de servicios en Atención Primaria, añade. Y es que, según un estudio de Audita Sanidad realizado con datos de 2018, casi un 50% del gasto total sanitario va a manos privadas. Los colectivos temen que la tendencia privatizadora llegue a los centros de salud y a los dispositivos de urgencias extrahospitalarias.
“La sociedad madrileña debe de darse cuenta de cuál es la situación hacia la que vamos”, asegura Ismael Sarrión, quien ha sido testigo de cómo, año tras año, el número de profesionales mengua en Atención Primaria a favor de colapsar los hospitales “de una manera orquestada desde la Consejería hacia la privatización de una sanidad que ahora mismo es pública”.
“En Valencia han cerrado un acuerdo para que los profesionales que ocupen las plazas de difícil cobertura pasen a ganar 10.000 euros más. Aquí no quieren ni hablar de un plan de choque para frenar la fuga médica”
Mar Noguerol destaca una falta de interés por la situación de la Atención Primaria por la administración de Ayuso, aún encadenando nueve semanas de huelga indefinida. “Esto tiene que ver con una falta de inversión, y un ninguneo”, subraya. Esta médica observa que en comunidades como Andalucía, Aragón, Catalunya o País Valencià se desatascan los conflictos que también se han vivido con la voluntad de la administración. Mientras, el Consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, asegura que desde el equipo de gobierno han lanzado propuestas para acabar con el paro. Propuestas que, valora Noguerol, no son suficientes por no abordan con contundencia el aspecto económico. “No han ofrecido mejoras económicas. Por ejemplo en Valencia han cerrado un acuerdo para que los profesionales que ocupen las plazas de difícil cobertura pasen a ganar 10.000 euros más y así se incentivan. Aquí no quieren ni hablar de un plan de choque para frenar la fuga médica”, advierte.
Mientras, la ciudadanía es consciente de lo que está ocurriendo y las vecinas convocantes de la manifestación esperan desbordar todas las previsiones. “Hay más colectivos que en la anterior, se han unido barrios nuevos, pueblos nuevos y organizaciones en defensa de otros servicios y prestaciones, como COESPE en defensa de las pensiones”, relata Mayte Cases. Mientras atiende a El Salto se prepara para acudir a la que posiblemente sea la última asamblea para preparar la protesta, el pasado 8 de febrero.
“Somos plenamente conscientes de la necesidad de mantener la tensión y la lucha en defensa de la sanidad pública y estamos decididas a continuar, no es fácil que nos bajen la moral”
“Somos plenamente conscientes de la necesidad de mantener la tensión y la lucha en defensa de la sanidad pública y estamos decididas a continuar, no es fácil que nos bajen la moral”, avisa, mientras otras luchas no dejan de unirse a esta marcha formando bloques unitarios, las redes se llenan de carteles azules y el gobierno de Ayuso convoca al comité de huelga de Atención Primaria para un encuentro el lunes. Esperan que la resaca de la protesta haga llegar a un buen puerto la situación. Porque “con nuestra salud no se juega”, tal y como reza el lema de la protesta. Y esperan demostrarlo en la calle.