Sanidad pública andaluza: de la equidad a la brecha

El Gobierno andaluz anuncia para el próximo año unos “presupuestos expansivos”, con un incremento del gasto en más de un 5% en sanidad. Para los profesionales, se trata de un aumento insuficiente, mientras que las protestas de diferentes sectores de la ciudadanía andaluza denuncian la pérdida de calidad en la atención sanitaria. Años de recortes en el gasto sanitario han hecho mella en la atención a pacientes. Además, los intentos de fusiones hospitalarias en algunas ciudades andaluzas han sido el detonante para que la calle volviera a reivindicar la defensa de la sanidad pública durante estos años, especialmente en Granada.

Hay más motivos del descontento de andaluces y andaluzas para con la sanidad pública. Entre ellos, el aumento de la diferencia entre los recursos sanitarios a los que puede acceder una persona en el medio rural respecto al urbano o del tiempo de espera para recibir atención médica especializada o las listas de espera quirúrgicas... Además, el proyecto de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía se encuentra en estado de tramitación parlamentaria, bajo la óptica de toda la oposición de que no blinda compromisos concretos de financiación mínima.

La Marea Blanca sube en otoño

A pesar del reciente nombramiento como titular de la Consejería de Salud de Marina Álvarez, una reconocida especialista en oncología mamaria, el descontento acerca de la situación de la sanidad pública andaluza sigue en aumento.

El pistoletazo de salida de las últimas movilizaciones lo daba el Campo de Gibraltar los días 6 y 15 de septiembre. Nada más empezar el curso político, más de 30.000 personas —en una comarca periférica de 300.000 habitantes— salían a la calle para exigir una sanidad de la misma calidad que en las capitales. Con reuniones en agosto, entre playa y playa, se fraguaba un movimiento popular que, con escasas estructuras, supera a partidos y sindicatos. “En Algeciras todo nace por un grupo de madres que comienzan con sus problemas a través de un grupo de Facebook y se le va sumando gente”, comenta Lola Núñez, de la nueva plataforma comarcal y activista en Tarifa.

En Algeciras todo nace por un grupo de madres a través de un grupo de Facebook y se le va sumando gente

De ahí que las reivindicaciones comarcales se produzcan para dotar de más recursos sanitarios a la zona. “Necesitamos un hospital de segundo nivel, de especialidades. Ahora tenemos dos mini hospitales comarcales que no cubren las necesidades”, explica Lola Núñez quien, a pesar del éxito de las movilizaciones, es pesimista con respecto a la respuesta institucional: “Nos prometieron que se crearía una comisión de trabajo, pero eso es una estrategia de dilatación”. Dávila lo resume así: “¿Van a poner un materno infantil? ¿Van a poner la hemodinámica? ¿Van a poner una unidad de ictus? ¿Van a poner una unidad del dolor en condiciones? ¿Van a poner oncología en condiciones? No, no lo van a hacer”.

No en vano, el ejemplo del nuevo hospital en La Línea es un resquemor para la confianza de los campogibraltareños hacia la Junta de Andalucía. Tras tres años de obras paralizadas y reanudadas en 2014, en julio de 2016 Susana Díaz visitaba La Línea para anunciar la apertura ese mismo año. Meses antes, en enero, el anterior consejero de Salud, Aquilino Alonso, aseguraba que las obras estaban terminadas. Sin embargo, en mayo de 2017 salían a concurso las obras para la UCI por valor de 72.000 euros. Una noticia que escandalizó a los linenses, temiendo un retraso aún más prolongado. Días después de las protestas de septiembre, la Consejería de Salud abría el nuevo hospital, sin estar aún terminado. Las obras en el interior del complejo continúan, conviviendo con consultas y servicios a medio trasladar.

En Jaén, en lugar de reivindicar la apertura de un nuevo hospital, se intenta evitar el cierre de uno ya existente. El Hospital Doctor Sagaz, popularmente conocido como El Neveral, está sufriendo un paulatino desmantelamiento, según denuncia la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública jiennense. En junio cerraban sus cocinas, bajo el argumento de la Junta de Andalucía de “centralizar la producción de dietas y asegurar el mantenimiento de los empleos”. Sin embargo, plataforma y Ayuntamiento calificaban este hecho de “grave error” y afirmaban que se perderían calidad y puestos de trabajo. Bajo este contexto, e incluso bajo las promesas de un Plan de Mejoras de Infraestructuras del Complejo Hospitalario de Jaén valorado en 1,2 millones de euros, 5.000 jiennenses se manifestaban el 30 de septiembre.

Le tomaba el relevo Granada, veterana en la movilización sanitaria. Quizás por esa razón la punta de lanza era más genérica: la Ley de sostenibilidad del sistema sanitario que se está tramitando en el Parlamento andaluz. Pero los 25.000 granadinos que se movilizaban el 15 de octubre también tenían razones locales para hacerlo. Pese a haber conquistado el decreto que anulaba la fusión hospitalaria, el plazo ha expirado y el proceso aún no ha arrancado, según reclama la asociación Justicia por la Sanidad, encabezada por el célebre Jesús Candel, ‘Spiriman’.

Este primer ciclo de movilizaciones lo cierra, por el momento, Sevilla. El pasado 21 de octubre, su Marea Blanca sacó a la calle a más de 3.000 personas con la reapertura del Hospital Militar como reivindicación estrella. “Desde 1982 no se abre un hospital en Sevilla. 40 años sin hacer nada por la sanidad”, denuncia Juan Mora, quien lleva 40 años trabajando en la sanidad pública. “Han saqueado cinco quirófanos, 26 módulos de consultas, 240 habitaciones, 750 camas y lo han dejado a la deriva y 13 años sin hacer nada”, explica Mora sobre el antiguo hospital castrense.

A mí se me murió una hermana por falta de una ambulancia, cuando en la puerta de urgencias había una

Para la Marea Blanca sevillana, con apoyo de 15 ayuntamientos de la provincia, esta situación de abandono contrasta con el colapso de las urgencias, que “obliga a muchos enfermos a tener que gastarse el dinero en clínicas privadas”, según Mora, para quien “faltan hospitales y profesionales y esto infla a las clínicas privadas. Políticamente, quieren hacer una sanidad semipública”.

La brecha en el medio rural

El hecho de carecer de recursos sanitarios para una atención médica urgente puede suponer un problema añadido para quien la necesita, incluso una cuestión de vida o muerte. El 13 de agosto del año 2010, Juan Antonio Romero fallecía por un infarto. El que fuese alcalde de Badolatosa, parlamentario andaluz y líder jornalero —el Comandante Romero— sufrió dos paros cardíacos: uno de ellos en su localidad, donde el consultorio ya estaba cerrado; el otro, en los 25 kilómetros del trayecto al centro de urgencias de Estepa. 18 de estos kilómetros son por una carretera difícil que se complica aún más durante la campaña de la aceituna en la que se llena de camiones y tractores. Le acompañaba su hija Mari Carmen, que recuerda que este fue un punto de inflexión que llevó a la ciudadanía de los pueblos de la comarca de la Sierra Sur sevillana a organizarse para pedir atención médica las 24 horas del día para los municipios de una comarca de 580 kilómetros cuadrados que acoge a 55.000 habitantes.

Tras siete años de movilizaciones, Mari Carmen Romero es la portavoz de la Plataforma Médico 24 horas de la localidad sevillana de Badolatosa. “No vamos a parar hasta conseguirlo”, afirma. El apoyo a sus demandas se ha convertido en un respaldo casi general entre los habitantes de la comarca, incluso a nivel municipal. Un apoyo que ha ido creciendo mientras las muertes o problemas graves a consecuencia de no recibir atención médica a tiempo también han ido apareciendo a lo largo de estos años.

“Estoy descontento con lo que está ocurriendo con la sanidad publica aquí en la Sierra Sur”, comenta Juan, también residente en Badolatosa. “A mí se me murió una hermana por falta de una ambulancia, cuando resulta que en la misma puerta de urgencias de Jauja había una. Nos dijeron que esa ambulancia no era para llevar enfermos, sino médicos”. Jauja se encuentra a un kilómetro de Badolatosa. Sin embargo, “la única ambulancia de atención a pacientes que se encontraba en la comarca tardó dos horas en llegar. Las primeras urgencias a su hermana se produjeron en el centro de salud de Jauja a las 18h, pero en este centro “no había para realizarle una transfusión de sangre”, así que a las 20h fue trasladada a Osuna, “prácticamente cadáver”. Su hermana falleció de camino a este hospital el 24 de noviembre de 2015. A los dos meses, presentó una queja al Defensor del Pueblo Andaluz.

Una de las principales carencias es la falta de tiempo: “Hemos de atender a los pacientes en cinco minutos”

La demora en la atención no solo se produce en la primaria, como ilustra Pepe, vecino de Juan: “Y espérate, que si te cuento lo que me pasó en Sevilla es gracioso. Resulta que estoy yendo a neurocirugía. Me hicieron una resonancia en diciembre de 2014 y todavía no he recogido los resultados porque no me llaman para que me vea el médico”. Juan también lleva acudiendo a la unidad del dolor del Hospital de la Merced de Osuna desde 1997, una unidad que, desde siempre, ha estado “regular” de equipamiento. “Al principio nos veían en la sala de juntas que tienen los anestesistas y teníamos que pasar por medio del quirófano. En 2005 pusieron una sala. Con una simple llamada tenías la cita cogida, te veían a la semana o a los diez días como mucho. Muchos días he ido por la mañana y me ha visto sin tener cita”, afirma. Tras los recortes, el tiempo para conseguir cita ha aumentado de forma considerable: “Tenía cita el 2 de junio de este año. Como estaba en la cama y no podía moverme, llamé para anularla y que me dieran otra, para el 20 de octubre”. Eso, tras conseguir con movilizaciones que reabriese la unidad del dolor —cerrada desde octubre de 2015— y que, siete meses de movilizaciones y 3.000 firmas de pacientes después, volviera a reabrirse. Mientras, eran derivados a Sevilla, pero “estaban tardando entre año y año y medio para dar la cita”.

Este verano ha sido especialmente movido. Mari Carmen Romero recuerda que a los encierros en los ayuntamientos —“entrábamos a las 15h y nos íbamos a las 8h”— y a las recogidas de firmas, se han sumado concentraciones en hospitales. El 21 de septiembre, el Hospital de la Merced de Osuna era escenario de una de ellas y congregaba a 200 personas en sus puertas. Cuatro de ellas, encabezadas por el alcalde de La Roda de Andalucía, Fidel Romero, acompañado también por la propia Mari Carmen Romero, se encerraron en el ala de traumatología del hospital, clausurada durante el verano. Se fueron tras pedir una reunión con la consejera de Salud, que aún no tiene fecha. Antes de irse, al llevar la petición al registro, la encargada les dijo que por los recortes no podía hacerles la fotocopia del documento, relatan.

El apoyo ciudadano hacia la Plataforma Médico 24 horas y sus reclamaciones por una sanidad pública de calidad puede considerarse general en pueblos como Casariche, Aguadulce, Herrera, Marinaleda, Badolatosa o La Roda de Andalucía. Además de contar con el apoyo de sus alcaldes, lo tienen de la Marea Blanca, algunos sindicatos y hasta del anterior Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.

Tras años de recortes

La Junta de Andalucía destaca que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contará en el año 2018 con el presupuesto más alto de su historia: 9.013 millones de euros, un 5,4% más que este año. Fue el anuncio al Parlamento de Andalucía de la consejera de Salud, Marina Álvarez, en la comisión del pasado 19 de octubre. En la misma comisión anunciaba, “con un coste superior a los dos millones de euros en este último trimestre”, el aumento de la plantilla sanitaria en unos 300 profesionales. Para el año próximo, el SAS “sacará una nueva Oferta de Empleo Público ordinaria con unas 2.500 plazas, cumpliendo así con el compromiso adquirido de convocarlas bienalmente”.

Desde el SAS señalan que “Andalucía es la comunidad autónoma con mayor volumen de empleo sanitario, con alrededor de 95.600 trabajadores”. También afirman que su plantilla “ha crecido un 3,02% desde 2012”, a pesar de las trabas impuestas por el Gobierno de España y de “una aplicación injusta del sistema de financiación autonómico, que han impedido crear nuevas plazas de personal interino vacante y normalizar al personal eventual”.

Sin embargo, el Sindicato de Enfermería (Satse), denuncia que entre 2009 y 2015 se ha reducido la plantilla de este colectivo en Andalucía en más de 5.000 profesionales. Francisco Baez, secretario de Acción Sindical de Satse en Andalucía, denuncia que “todo ese trabajo ha recaído en las personas que han quedado”. Recuerda que hay que tener en cuenta que la sanidad pública andaluza partía ya de una situación “muy mala” y que si “a nivel asistencial y de cuidados era una sanidad muy buena”, lo era “a costa de los trabajadores”.

En cuanto a los aumentos de plantilla anunciados, Baez los define como “refuerzos en atención primaria y hospitalizada”, a los que califica de “claramente insuficientes”. Las 200 enfermeras sumadas implican que “en algunos lugares se verá una enfermera más, en otros no”. En cuanto a las 300 para atención especializada, el representante del Satse afirma que, para el conjunto de Andalucía, “eso no equivale a nada”.

Como “ridícula” califica la cifra de aumento de plantilla el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Carrasco: “En Atención Primaria trabajan actualmente casi 7.000 médicos de familia y más de 800 pediatras. Por tanto, los 105 nuevos contratos anunciados no suponen ni un 2% de incremento y los ocho pediatras suponen el 1%”. El aspecto cualitativo también es criticado desde el SMA: “Los médicos veníamos contando con buenas herramientas hasta la llegada de la crisis económica. A partir de ahí, los presupuestos dedicados a sanidad descendieron bruscamente y no ha existido renovación de material. Actualmente, una gran parte de la dotación material está obsoleta; se compran fungibles baratos y de peor calidad”. Con todas estas carencias, el presidente del SMA considera que la más importante es la falta de tiempo para el facultativo: “Los médicos de familia han de atender a sus pacientes en unos cinco minutos”.

“El médico del SAS siempre ha sido un profesional comprometido, entusiasta y en torno al cual se han conseguido altas cotas de calidad asistencial. Sin embargo, la situación actual es bien distinta, actualmente la mayor parte de nuestro colectivo está desanimado, quemado y sin ilusión. Hemos perdido mas de un 35% de poder adquisitivo en los últimos años y muchos derechos laborales que estaban consolidados”. Ante la acumulación de pérdidas de derechos laborales, desde el SMA plantean que los retos más acuciantes son la recuperación de salarios en torno a un 7% y la mitad de la paga extra que se suprimió en 2011, además de la recuperación del complemento en caso de incapacidad temporal, el aumento de la retribución por hora de guardia y la eliminación de las discriminaciones retributivas entre los distintos colectivos médicos.

Ante la propuesta del SAS de incentivos por el aumento de horas entre el personal de cirugía para reducir las listas de espera quirúrgicas, que Carrasco califica como “política de parches”, propone un “plan integral de atención sanitaria para la comunidad andaluza que permita paliar la pésima situación de la sanidad de forma permanente y no con planes coyunturales” y le resulta curioso que “el SAS haga un comunicado de prensa en el que afirma que las listas de espera están en una situación inmejorable y días después anuncie un plan para reducirlas”.

La situación laboral de las enfermeras, más allá del aspecto salarial, se ve afectada por la situación de falta de personal: ocho de cada diez tienen síntomas de estrés laboral, según un estudio realizado por el propio Satse. Dentro de las causas de este estrés, Francisco Baez sitúa las quejas de pacientes por las largas esperas en las urgencias: “Les llega una gran parte de las quejas por su labor asistencial, que no depende de ellas. La enfermera no es la responsable, no es quien gestiona, no coordina los servicios de salud, y lo que intenta es que el paciente sea tratado con la mayor premura y con el máximo control y calidad para su salud”.

Por su parte, el presidente del SMA estima que, aparte de las reivindicaciones puntuales, hay otras más de fondo, relacionadas con la recuperación de la carrera médica y de una “verdadera negociación”, la despolitización de la sanidad y la “participación real del facultativo de base en la gestión y toma de decisiones”. Desde el Satse realizan una reivindicación similar: “No puede ser que el 90% de los cargos de los centros directivos o intermedios de los centros sanitarios sean médicos”. Por ello, abogan por que “haya una mayor representación del colectivo de enfermeras en los órganos de toma decisiones”. Mientras, la futura nueva Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía establece que estos puestos intermedios dentro de las Unidades de Gestión Clínica “serán seleccionados por el sistema de libre designación mediante convocatoria pública”, una regulación que no satisface totalmente las reivindicaciones profesionales en cuanto a la gestión hospitalaria.