Sanidad pública
La Comunidad de Madrid factura la asistencia en Atención Primaria a algunas personas migrantes

“Parte de asistencia reglamentos comunitarios y convenios bilaterales de la seguridad social”. Con este título, unido a los datos del paciente, la fecha de asistencia y el tipo de consulta, se presentan las facturas que se están emitiendo en los centros de salud de la Comunidad de Madrid desde hace un par de meses a personas migrantes que aún no están dadas de alta en el sistema sanitario. El documento, al que ha tenido acceso El Salto, ha de ser firmado por el doctor o doctora que atienda a la persona y viene sin importe. Este es uno de los enigmas al que se enfrentan los pacientes: no saben cuánto les costará la asistencia ni cómo llegará esa factura.

“El procedimiento acaba de arrancar y aún no sabemos cuánto costará cada atención. El paciente cuando llega al centro de salud va al mostrador, y, si no está dado de alta, le pasan el documento de facturación. Los médicos tenemos que firmarlo y luego lo vuelve a depositar en ventanilla”, explica Sandra —nombre ficticio—, médica de atención primaria del Centro de Salud Vicente Soldevilla en Vallecas, que asegura que ayer por la tarde ya había cuatro facturas en administración.

Fue en Vallecas donde saltaron las alarmas, tras una reunión de la mesa de salud comunitaria de San Diego celebrada en el mes de mayo. Un espacio de encuentro que une a profesionales y a asociaciones vecinales donde se trató el tema, alarmados por la barrera que supone para el acceso a la sanidad universal de algunos colectivos. Esperanza y Pepa— también nombres ficticios—, dos médicas de atención primaria de otros centros de salud de Madrid confirman que es una práctica extendida en toda la comunidad. Esperanza atiende en el Centro de Salud de San Blas de Parla y Pepa en el de Andrés Mellado de Chamberí. Ambas confirman las “presiones” que recibe el personal de administración para llevar a cabo la facturación. Insisten en que esto no es una crítica a otras compañeras y que la responsabilidad está en el tejado del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Este medio ha intentado contactar con la Consejería de Sanidad para recabar su versión, sin éxito.

“Gente con derecho reconocido a la asistencia sanitaria tiene que esperar hasta cinco meses para poder tener una cita y ser dado de alta. Mientras, si acuden al centro de salud, son facturados”

En palabras de Sandra, se está reutilizando un mecanismo de facturación que existía para pasar facturas a las mutuas en accidentes de tráfico o similares. En mayo, se empieza a aplicar a personas sin un alta sanitaria. “Esto coincide con la apertura de las Unidades de Tramitación de Extranjeros (UTE). Antes los trámites para dar las altas se realizaban en los centros de salud pero a partir de noviembre de 2021 se crearon unidades específicas que se han convertido en cuellos de botella. Gente con derecho reconocido a la asistencia sanitaria tiene que esperar hasta cinco meses para poder tener una cita y ser dado de alta. Mientras, si acuden al centro de salud, son facturados”, explica. Y aporta un dato: en la UTE de Vallecas (situada en el Centro de Salud Federica Montseny) a 7 de julio hay 154 días de demora. 

La Comunidad de Madrid expulsa a 27.000 personas del sistema sanitario

Sara Plaza Casares Susana Albarrán Méndez

Exclusión sanitaria

Exclusión sanitaria La Comunidad de Madrid expulsa a 27.000 personas del sistema sanitario

Sara Plaza Casares ,  Susana Albarrán Méndez

Trece entidades se concentran frente al Centro de Salud Paseo Imperial para denunciar esta exclusión y la creación de Unidades de Tramitación para extranjeros que se han erigido como centros de “segregación” y “cuellos de botella” para la tramitación del derecho a la sanidad de estas personas.

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Un contexto de exclusión

Estas prácticas se realizan en un contexto incierto para la sanidad universal, con una legislación estatal que no ha llegado a blindar este derecho, tal y como denuncian colectivos como la plataforma Reder o Yo Sí Sanidad Universal.

En 2012, el gobierno de Mariano Rajoy acabó con la universalidad en la atención sanitaria. El PSOE, desde su llegada al poder, se comprometió a retomarla, pero aún no lo ha hecho al 100%. Lo intentó con el Real Decreto 7/ 2018, pero lo hizo de manera incompleta, tal y como denuncian los colectivos sociales. Esta norma establece que las personas que se encuentran de manera “temporal” en nuestro país necesitan un informe de servicios sociales para recibir atención sanitaria. Algunas comunidades autónomas hicieron una lectura restrictiva y comenzaron a exigir empadronamientos de más de 90 días para recibir asistencia. Esto se traduce en exclusión sanitaria: la plataforma Reder lleva documentados 5.000 casos desde 2018.

Madrid es una de las comunidades que más barreras ha puesto a la atención sanitaria universal. En diciembre de 2021 colectivos sociales documentaron hasta 27.000 expulsiones del sistema sanitario

Entre las autonomías, Madrid es una de las comunidades que más barreras ha puesto a la atención sanitaria universal, según denuncian estos colectivos. En diciembre de 2021 una plataforma de trece organizaciones, encabezada por Yo Sí Sanidad Universal, denunciaba que habían documentado hasta 27.000 expulsiones del sistema sanitario en esta comunidad.

En marzo de 2022, siete sociedades científicas, tres de ellas madrileñas, alertaban de la situación de migrantes en situación irregular y solicitantes de protección internacional sin asistencia sanitaria. Hablaban de casos de personas portadoras de VIH, hepatitis virales, tuberculosis, infecciones de transmisión sexual (ITS), y otras enfermedades infecto-transmisibles sin tratar. “Las barreras de acceso al diagnóstico y al tratamiento profiláctico (la PrEP) o terapéutico (los antirretrovirales) impiden la consecución de unos objetivos clínicos, epidemiológicos, de economía de la salud y de salud pública que redundarán en beneficio no sólo de la persona atendida sino de toda la sociedad", reiteraban.

El nuevo anteproyecto de ley sanitaria mejora la universalidad pero no da el paso definitivo

Sara Plaza Casares

Sanidad pública

Sanidad Universal El nuevo anteproyecto de ley sanitaria mejora la universalidad pero no da el paso definitivo

Sara Plaza Casares

Buenas noticias para los colectivos en lucha contra la exclusión sanitaria, aunque señalan que el contenido, que acaba de aprobar el Consejo Ministerial, aún se puede mejorar.

Sanidad Universal Exclusión sanitaria: el nuevo anteproyecto de ley “que no soluciona nada”

El Consejo de Ministras aprobaba el pasado 14 de junio un anteproyecto de ley que tiene que atravesar aún el trámite parlamentario. En él hay depositadas muchas esperanzas. Las entidades presionan para que signifique la vuelta a la atención universal, independientemente del origen o del tiempo de estancia en el país de la persona, como ya sucedía antes de 2012. 

“Es muy importante que este anteproyecto blinde la universalidad y no permita que desde una comunidad con una tendencia a la exclusión sanitaria se puedan acoger a ese marco para establecer barreras. Nos encontramos con comunidades en las que la exclusión es algo residual y luego está Madrid donde día a día vemos casos”, explica Silvia.

Embarazadas, bebés o enfermos de gravedad

Detrás de esta situación, un sinfín de casuísticas. Esperanza incide en la situación de bebés, que pasan sus primeros meses de vida sin estar dados de alta y sin derecho a vacunas. “En la práctica se les factura y luego, cuando puedan ser dados de alta, se les podría reembolsar pero la burocracia no es tan sencilla”, se queja.

VIH en 2021: descenso en las pruebas diagnósticas y migrantes sin tratamiento

Sara Plaza Casares

Sida

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Sara Plaza Casares

La pandemia del covid-19 ha supuesto un retroceso en la lucha contra el VIH a escala internacional. En España durante 2020 el número de casos diagnosticados decreció un 41%. Y en Madrid, el gobierno de Ayuso está suspendiendo el tratamiento a inmigrantes en situación irregular.

Opinión La desmemoria de los lazos rojos

Pepa habla de mujeres embarazadas, que tienen cita en las UTE para ser dadas de alta cuando ya han parido. Cuando ya, asegura, de poco vale de cara al embarazo. “He atendido a mujeres embarazadas que no tenían ninguna de las revisiones hechas”, destaca.

Silvia asegura que los casos de embarazadas son frecuentes. Y recuerda otro caso propuesto para facturación de alta gravedad: un menor extranjero ex tutelado, que acababa de abandonar el centro de menores, y había dado positivo a un test de exposición a tuberculosis. “No firmé la factura pero no le podía derivar a infecciosa para que se estudiase si tenía la tuberculosis activa o solo una exposición”, recrea.

Y es que, ante esta situación, las estrategias de resistencia desplegadas por algunas facultativas pasan por expresar un “no conforme” en el parte de asistencia. “Como no hemos recibido órdenes por escrito de cómo realizar estos trámites, algunas nos estamos negando a firmar esas hojas”, explica. 

“Estamos ante un repliegue del estado del bienestar y del sistema sanitario en el que se hace aceptable que personas se enfrenten a enfermar sin sanidad. Y esto se puede hacer extensible al conjunto de la población”

Y, antes de terminar, Silvia quiere destacar que lo que hoy afecta a un determinado colectivo, en un futuro, puede afectar al resto. “Estamos ante un repliegue del estado de bienestar y del sistema sanitario en el que se hace aceptable que personas se enfrenten a enfermar sin sanidad. Y esto se puede hacer extensible al conjunto de la población, solo con que te quedes en paro o te caduque el padrón”, avisa para quien esto es un problema que nos concierne a todas.