Salud
En el día mundial de la salud, reinvindicamos unos cuidados dignos

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de los países occidentales consideraron que había llegado la hora de poner en marcha un sistema político y económico en el cual el Estado tuviera un papel más protagonista en la vida de las personas. Impulsados por la necesidad de recuperar los valores sociales tras años de destrucción, o temerosos de ver un levantamiento social fruto de la desigualdad socioeconómica que ya venía provocando el liberalismo económico desde la Crisis de 1929, los Estados se lanzaron a la intervención de la economía y el aumento del gasto público.

Por un lado, junto con la nacionalización de empresas de sectores clave, comenzó el desarrollo de las primeras políticas sociales y sanitarias que cambiarían sustancialmente el bienestar social de la población: sistemas públicos de salud, pensiones, prestaciones por desempleo, servicios sociales, etc. Por otro, bajo los supuestos preceptos del bienestar global y en un contexto de crisis sociopolítica mundial, comenzarían a construirse las primeras grandes organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta última el 7 de abril de 1948. Hoy, 7 de abril de 2020, en honor a ese día de la creación de la OMS, y bajo la peor crisis sanitaria y socioeconómica desde la Segunda Guerra Mundial, se celebra el Día Mundial de la Salud.

La aparición de las instituciones caníbal

Sin embargo, durante esos años, no sólo se crearon organizaciones políticas y sanitarias. Controladas desde entonces —y aún a día de hoy— por los países ricos y colonialistas del siglo XX, se fueron creando poco a poco organizaciones económicas internacionales como el Banco Mundial (1944), el Fondo Monetario Internacional (1945) o el germen de la actual Unión Europea, la CECA (1951).

Durante años, a la par que los países occidentales construían el denominado Estado del Bienestar a través del gasto público, desarrollaban mediante estas organizaciones una nueva maquinaria internacional que les permitiría en el futuro seguir explotando a los países de África, Asia y Latinoamérica. Si bien antes lo hacían mediante la explotación de las colonias, ahora se aferrarían a la economía capitalista y lo harían mediante la obligación de aceptar las políticas económicas del libremercado.

La desigualdad económica de los países de la OCDE disminuyó hasta la década de 1980, cuando, avivada por el neoliberalismo económico, no dejó de aumentar, alcanzando ahora cuotas similares a las de 1920

Con el desarrollo de los dogmas neoliberales abrazados por la derecha de Reagan y Thatcher tras la Crisis de 1973, la implantación de las políticas del Consenso de Washington en 1989 y la creación de entidades internacionales como la Organización Mundial del Comercio en 1995, comenzaba una oscura época socioeconómica, cuyas consecuencias vivimos a flor de piel desde la Crisis de 2008 y la actual crisis sanitaria y socioeconómica.

De la mano de la privatización de sectores clave, la desregularización de mercados y la adoración del beneficio monetario empresarial frente al bienestar social, comenzaba el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Mientras que la desigualdad económica disminuyó en los países de la OCDE de manera continuada desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1980, desde entonces, avivada por el neoliberalismo económico, no ha parado de aumentar, alcanzando actualmente cotas de desigualdad preocupantes, similares a las de 1920.

2020, el año del personal de enfermería

Hace justo un año, antes de conocer la pandemia del Covid19 que estaba por llegar, la OMS declaraba el año 2020 como el Año del Personal de Enfermería y Partería, con el objetivo de destacar la función crucial de las enfermeras y parteras en “la prestación de servicios de salud […] y, en general, a satisfacer las necesidades sanitarias esenciales del día a día”. Hoy, muchas de ellas se encuentran cada día poniendo su vida en riesgo en primera línea de la crisis sanitaria. Pero no sólo atendiendo a los enfermos del virus.

Es necesario hablar también de quienes trabajan limpiando los hospitales o cualquier espacio que requiere de limpieza e higiene, así como cuidando las personas que necesitan cuidados debido a la vulnerabilidad de sus cuerpos, como ocurre con las personas mayores, los hijos e hijas en edad infantil, y las personas con diversidad funcional.

Si hablamos de la importancia de la salud, de su conservación y de lo que es relevante para ella, debemos hablar de todas las actividades que están directamente dedicadas al sostenimiento de la vida

Si hablamos de la importancia de la salud, de su conservación y de lo que es relevante para ella, debemos hablar de todas las actividades que están directamente dedicadas al sostenimiento de la vida. Actividades que, debido a un contexto de economía capitalista y distribución no libre de los cuidados, han estado invisibilizadas, despreciadas y adjudicadas sin opción durante siglos a las mujeres. En este punto, como diría Yayo Herrero, es donde debemos hablar de ecología y feminismo, de ecofeminismo.

Ese desmantelamiento del Estado del Bienestar se ha materializado, entre otros aspectos y en relación a la salud y los cuidados, en la privatización del sector de los servicios sociales y sanitarios. Durante las últimas décadas, las políticas sociales públicas de nuestro país, cuya aplicación y función debería estar encaminada a garantizar el acceso universal e igualitario de los derechos sociales básicos de salud, educación, vivienda, servicios sociales y protección económica (rentas mínimas o de desempleo y pensiones), a la par de promover la redistribución y la participación política de la ciudadanía, han estado caracterizadas por los recortes en los presupuestos destinados a las mismas y a su consecuente y paulatina privatización.

Fondos buitre y autoorganización del sector

Como consecuencia, durante los últimos años, en la Comunidad de Madrid hemos sido testigos de la adquisición por parte de “fondos buitre” de las entidades en las cuales se había externalizado la gestión de servicios sociales, como ha ocurrido con Grupo 5 y Corpinf. En la misma línea de este neoliberalismo depredador, la gestión de centros de día y residencias públicas de mayores han comenzado a ser adjudicadas a grandes multinacionales y empresas del sector financiero mediante concursos y contratos públicos que priorizan el bajo coste del servicio a la calidad del mismo. Como consecuencia, la precarización del empleo y sus condiciones en el sector de los cuidados está alcanzando cotas alarmantes.

Esto, que afecta de lleno a las mujeres, no sólo se está dando el sector de los servicios sociales como decíamos anteriormente, sino también en el de la limpieza y la higiene, fundamental en cuanto a los temas de salud. Como protesta ante esta situación de precariedad y abandono surgió la Asociación de las Kellys, una asociación a nivel estatal de camareras de piso que reivindican los derechos laborales y de trato digno que les han sido arrebatados en su profesión, a la par que visibilizan la situación de miles de mujeres.

Con la actividad económica paralizada y su despido de la economía sumergida, las empleadas del hogar se ven ante el abismo, sin disponer ingresos ni pruebas que demuestren el trabajo que llevan años realizando

Pero esta precarización fruto de la actuación de las grandes empresas es sólo una parte de la injusta situación y trato indigno que recibe una buena parte de las trabajadoras de nuestro país. Uno de los colectivos más explotados por las lógicas individualistas que priman el beneficio propio sobre la dignidad de los seres humanos es el de las cuidadoras del hogar, mujeres sin contrato, sin derechos sociales y laborales básicos, para cuidar durante jornadas interminables, cuando no están internadas, de personas mayores o con diversidad funcional.

Muchas de estas mujeres son migrantes que, obligadas a abandonar su hogar debido al empobrecimiento creado por el neo-imperialismo de los países ricos, deben cargar también con la lucha de las personas racializadas. De hecho, es este colectivo el primero que ha comenzado a sufrir las consecuencias socioeconómicas más duras de la crisis sanitaria del covid19: con la actividad económica paralizada y su despido de la economía sumergida, se ven ante el abismo sin disponer de ingresos ni forma de demostrar el trabajo que llevan años o incluso décadas realizando.

La crisis socioeconómica surgida a raíz de la crisis sanitaria del Covid19, cuya necesaria paralización de la actividad económica ha provocado el cese de ingresos de miles de familias, ha puesto de relieve la necesidad de estos servicios sociales abandonados por la Administración, entre otros muchos aspectos. Ha destacado la vital importancia que tienen los servicios sociales y sociosanitarios en nuestra sociedad de hoy en día, caracterizada entre otros aspectos por la precariedad laboral y el envejecimiento de la población.

De la noche a la mañana, resalta lo esencial que son para el sostenimiento básico de la vida las tareas de cuidado de personas mayores, la realización de recados a personas en situación de riesgo y, obviamente, el apoyo con alimentos y productos de primera necesidad en aquellos casos de carencia de recursos económicos. Y, sin embargo, debido a ese proceso de neoliberalización económica, cuando más se necesitaban no podían ser ofrecidos por las instituciones públicas que claman actuar por el bien de la ciudadanía.

Aunque comenzaron como una actividad de refuerzo, los grupos autogestionados de apoyo vecinal están siendo utilizados por las administraciones públicas como un instrumento para tapar las carencias que sus propias políticas económicas y sociales han creado

En cambio, están siendo pequeños pero numerosos grupos autogestionados de apoyo y cuidado vecinal, creados mediante la libre organización espontánea, los que están articulando la prestación de servicios públicos esenciales para el bienestar social. Se ha llegado a tal punto de desmantelamiento de lo público y ausencia de fortalecimiento del mismo durante las últimas décadas que, en el caso de Madrid, hasta el propio ayuntamiento alude a la “buena vecindad” y ha comenzado a derivar sistemáticamente determinados servicios sociales a estos grupos vecinales de personas voluntarias. Aunque comenzaron como una actividad de refuerzo, están siendo utilizados por las administraciones públicas como un instrumento para tapar las carencias que sus propias políticas económicas y sociales han creado.

Por todos estos factores, es ahora más que nunca cuando necesitamos una ecología feminista y un feminismo ecológico. Una nueva forma de comprender nuestras relaciones sociales y económicas como inmersas en una sociedad que debe cuidar de ella misma y la naturaleza que hace posible su vida, impulsando los valores sociales y comunitarios que se han ido perdiendo desde el auge del neoliberalismo. Todo ello a la par que se busca la visibilización de las diversas situaciones que viven lan mujeres, para cambiar las lógicas que la han consignado al trabajo precario e indigno sin libertad de decisión, al mismo tiempo que se construye una sociedad que reconoce que las tareas del cuidado son un bien que nos pertenece a todos por igual.

A3calles, una cooperativa de cuidados en Vallecas

Frente a la precariedad, un grupo de mujeres migrantes y precarias, dedicada al sector de los cuidados, decidió organizarse y montar una cooperativa de consumo dedicada a los cuidados. Hartas de su fragilidad a la hora de enfrentar situaciones de desempleo, crearon una forma jurídica que incluye tanto a las trabajadoras como a las personas que reciben los cuidados. “La idea de fondo es sentarse a definir los cuidados que queremos las trabajadoras del hogar y las personas cuidadas”, comentan desde la cooperativa.

Sus señas de identidad son la gestión cooperativa, la territorialidad y la corresponsabilidad. La cuestión de la cercanía es un elemento fundamental, de ahí el nombre. “Se mejoran tiempos, se reduce el impacto ambiental, da más confianza por ser del barrio, y si la persona a la que cuidamos necesita algo con urgencia, podemos atenderla más rápidamente”, cuenta Lira Emma Rodríguez Castrillón, una de las fundadoras.

Reivindican el derecho al cuidado, a ser cuidadas y a cuidar. Según Rodríguez Castrillón, el cuidado no es sólo un derecho de quien pueda pagarlo, sino una necesidad y un derecho básico. Ahora tienen 12 personas socias consumidoras, todas ellas mayores de 75 años.

Uno de los grandes retos a los que se enfrentan es ser competitivas en el mercado, puesto que al estar inscritas en el régimen general y no en el especial, pagan un 35% de impuestos. Y es que la dignidad laboral se paga.