Fondos buitre
Sobre buitres que comen rosas o de cómo invertir (en) los servicios sociales y ponerlos patas arriba

Que la pobreza y la exclusión social de algunas personas pueda ser una oportunidad de negocio para otras, no es noticia. Al menos no es algo que vaya a sorprendernos y dejarnos con la boca abierta, bloqueadas por la incredulidad y con el corazón hecho añicos. No, y menos a estas alturas —¡y harturas!— de la película. Pero tenemos que reconocer que sigue doliendo. Y duele con cada situación terriblemente lucrativa que encontramos o que nos salta a la cara. Como esta que hoy compartimos, para que el dolor siga nutriendo la rabia y ésta a la acción.

Comencemos presentando a uno de los protagonistas de la historieta. Grupo 5, empresa de creación y gestión profesional de proyectos, programas, centros y servicios sociales, sociosanitarios y educativos. Con una experiencia de 30 años de trabajo en el Estado español, cuenta con proyectos en siete comunidades autónomas y —desde 2013— en Chile. Esta entidad, centrada sobre todo en emergencias sociales, exclusión social, mayores en dependencia y salud mental, fue adquirida en 2017 por otra de nuestras protas: Corpfin, un fondo de inversión de capital de riesgo, o, en el lenguaje de las personas de a pie, un “fondo buitre” (¡que los buitres nos perdonen esta comparación!). Pero, ¿qué es exáctamente esto…? Un fondo buitre es una sociedad constituida que busca comprar empresas con deudas o con un capital muy devaluado, con la intención de adquirirlas al menor precio posible y, tras una serie de estrategias financieras, venderlas a un precio mayor, o continuar extrayendo beneficio mediante otra serie de actividades. En el caso de Corpfin encontramos que tiene a su disposición empresas de servicio como restaurantes, hoteles o gimnasios, o empresas del primer sector dedicadas a la producción de energía. Pues bien, en 2017 Grupo 5 fue adquirida por nuestra otra protagonista Corpfin.

La intención principal de sociedades como Corpfin es sacar la mayor rentabilidad posible a sus operaciones, por lo que en el transcurso de las mismas tratan de abaratar los costes todo lo posible y más allá de lo deseable para quienes sufren el austericidio. Esto, como es de prever, tiene consecuencias negativas para las trabajadoras y trabajadores de las empresas compradas, al ver empeoradas sus condiciones laborales y los medios de los que disponen para hacer su trabajo, entre otras cosas, como ya han explicado anteriormente otras compañeras desde los servicios sociosanitarios de la Asociación Madrileña de Salud Mental (AMSM), desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en lo referido a la vivienda o, ampliando el foco a los diversos contextos atacados por esta versión corporativa de ave rapaz con corbata, desde la Plataforma Contra los Fondos Buitres.

En el caso de Grupo 5 la situación nos parece, igualmente, indignante. Lo es porque esta empresa trabaja con —o junto a— personas cuyos derechos ya se han visto vulnerados por diferentes situaciones durante sus vidas, y los recursos que han sido creados para revertir o mejorar la situación —léase los servicios sociales— son expoliados por corporaciones con poco interés en lo que podríamos llamar —a grandes rasgos y sin entrar en matizaciones que llevarían siglos— justicia social. Para más inri, a menudo los diferentes programas y proyectos que desarrollan estas empresas de lo socieducativo son dotados de una financiación pública —es decir, pagados por todas nosotras—, una financiación que, obviamente, no llega como debería llegar a las supuestas personas destinatarias y que acaba en los bolsillos —físicos y virtuales— de unas pocas personas que disponen de recursos para dar y tomar. Pero toman, toman, toman... y nunca dan.

Y es que estas formas de hacer ponen, como diría nuestro querido Galeano, el mundo “patas arriba”. Cuando las corporaciones lucrativas invierten en los servicios sociales, educativos, sanitarios, de vivienda, etc, lo invierten todo. Ponen a las personas vulnerables, es decir, a quien no tiene suficiente, a generar demasiado —¡a su costa!— y se olvidan de su bienestar como fin último, porque ahora el bienestar que importa es el de los inversores (¡el cliente siempre tiene la razón!). Las trabajadoras y trabajadores se convierten en máquinas de producir informes y facturas, a la vez que estiran los presupuestos para cubrir todas las necesidades posibles. Si se quejan, a la calle. Podrán perderse trabajadoras/es, pero no inversores.

Bueno, tomemos aire. Ya tenemos buitres (¡pobres animaletes!) e inversores que al invertir capital invierten también las finalidades de los servicios sociales y los voltean dejándolos “patas arriba”. Bien. Entonces, si nos fijamos, casi hemos completado el título que encabeza este texto. Solo nos faltan las rosas. Aquí llegan… Resulta que, entre los recursos que se gestionan con financiación del Ayuntamiento de Madrid se encuentra el Centro Abierto para personas sin hogar La Rosa, situado en el distrito Casa de Campo/ Moncloa. Una de nosotras tuvo acceso a dicho espacio para realizar una actividad de ocio junto a las personas que hacen uso del recurso y no pudimos más que sorprendernos con las precarísimas condiciones de las que disponen. En contraposición fue esperanzador sentir la implicación, afecto y compromiso que las trabajadoras y trabajadores practicaban, habiendo incluso creado una plataforma para la resistencia, denuncia y transformación llamada La Rosa en Lucha. Mediante este blog visibilizan todas las situaciones de abuso y dejadez que se sufre por la mala gestión del centro que, sí, ¡sorpresa!, corresponde a Grupo 5 —y antes a Asispa— y, por tanto, a Corpfin…, con las responsabilidades atribuibles a las administraciones públicas correspondientes.

Sus trabajadoras y trabajadores nos cuentan que, a pesar de pasar la gestión del recurso por manos de un fondo buitre en estos momentos, a lo largo de toda su trayectoria las condiciones han sido precarias, tanto para ellas como para las personas usuarias del recurso. Por eso el blog de denuncia lleva activo desde enero de 2017. Esta iniciativa surgió del caldo de cultivo de enfado y frustración que se fue cocinando por parte de las trabajadoras y trabajadores al no aplicarse el Convenio Colectivo de Intervención y Acción Social a sus puestos de empleo, teniendo, por lo tanto, unas condiciones laborales peores de las que debieran corresponderse. Además, estas condiciones, pudiendo ser estables si se municipalizase el servicio, dependen de la empresa que en cada momento gane el concurso para llevar la gestión del centro, empresas u organizaciones sin ánimo de lucro —por llamarlas de algún modo— que en muchas ocasiones solo se preocupan por el margen de beneficio del proyecto.

Otra de las malas prácticas que se denuncia por parte de las personas que trabajan en el centro es la contratación de personal bajo la figura de auxiliar de servicios sociales para así ahorrarse el coste de pagar a una persona con una categoría profesional de titulación superior, siendo los conocimientos y competencias correspondientes a estas titulaciones las que se requieren en el trabajo diario del centro. Pero lo que más nos sorprende de todo esto es que La Rosa en Lucha no es solo un espacio de denuncia de estos abusos laborales, sino que también lo es de las condiciones del centro. Las trabajadoras y trabajadores llevan los valores del compromiso social hasta el último término, jugándose su comodidad e incluso sus puestos de trabajo por defender un mejor trato para las personas que hacen uso del centro. Entre las quejas que tienen se encuentran que el servicio no dispone de camas y que en su lugar se encuentran butacas o camillas de plástico rígido, que durante la campaña de frío se aumentan las plazas añadiendo colchonetas en espacios destinados a otros usos, que se añaden plazas extra solo en invierno, como si esas personas no tuviesen la misma necesidad durante todo el año —mientras no se mueran de frío ya está el trabajo hecho—, la inexistencia de accesos habilitados para personas con movilidad reducida o de un protocolo de actuación ante las situaciones de violencia de género que a menudo se dan entre las personas usuarias.

Denuncian además que la forma en la que está organizada la atención a las personas sin hogar no es efectiva y que a menudo contribuye a perpetuar los problemas de las mismas, pues es asistencialista y no promueve a la mejora de la agencia personal y el empoderamiento. En su lugar proponen otro modelo que ya funciona con éxito en otros países y que además resulta más económico que el modelo imperante actualmente en España. Se trata del modelo Housing First, cuyo principio central es que la vivienda es un derecho fundamental y no un premio que las personas deben ganarse si cumplen unos objetivos educativos. A partir de ese reconocimiento y del respeto mutuo es desde donde se puede trabajar en una relación educativa de igual a igual y donde el proceso tiene mayor probabilidad de éxito.

Nos hemos sentado a escribir estos párrafos con dos motivaciones bastante claras. La primera de ellas es la de sumarnos a las llamadas de atención sobre el hecho de que la rentabilización de la pobreza haya dado un paso más allá y muchas de nosotras ni nos hayamos enterado. Un paso más mediante el cual ya no ‘solamente’ hay empresas privadas gestionando los servicios públicos —en este caso, la red municipal de atención a personas sin hogar—, sino que ahora estos servicios han caído en manos —y en bolsillos— de organizaciones dedicadas exclusivamente a la especulación financiera. Se cierra el círculo, un círculo doloroso que desde aquí animamos a romper.

Y a esa ruptura están contribuyendo las compañeras de La Rosa en Lucha. Y ellas son el otro motivo por el que nos hemos sentado a escribir. Porque son un ejemplo de reivindicación colectiva desde los espacios laborales, donde han conseguido jugar con las tensiones internas y externas para luchar por sus derechos como trabajadoras y por los de las personas para las que trabajan —no los inversores de Corpfin, sino aquellas que acuden al Centro Abierto La Rosa—. Su lucha ya es un éxito en sí misma, sobre todo en estos tiempos del “sálvese quien pueda”. Pero, además, nos entusiasma poder felicitarles por haber conseguido, mediante movilizaciones y huelgas laborales, que el Ayuntamiento de Madrid cumpliera su compromiso y comenzase por fin las necesarias obras de construcción en el Centro La Rosa, en el que, entre otras cosas, habrá camas y no camillas o butacas. Mientras tanto, las trabajadoras se han mudado al centro de acogida municipal para personas sin hogar Campaña de frio, en Pinar de San José, al cual no es sencillo llegar sin tener que pagar billete de autobús y, por otra parte, no está acondicionado para soportar las temperaturas veraniegas, con lo que ello implica para trabajadoras y personas que usan el recurso. Además, desde La Rosa en Lucha han conseguido abrir un proceso judicial contra Asispa debido la deuda económica que tienen aun con la plantilla, entre otras cuestiones. Por tanto, desde aquí os animamos a seguir el trabajo de estas compañeras de lucha y aprender de sus luchas.