Familiares de las víctimas de las residencias denuncian ante un experto de la ONU lo sucedido en estos centros

Familiares de fallecidos durante la pandemia sin recibir asistencia sanitaria presentan al experto de la ONU Zvezdan Pirtošek denuncias relacionadas tanto con la gestión pasada de los centros de mayores como con las condiciones actuales del sector.
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Una silla de ruedas y una flor durante una concentración de familiares de víctimas ante el Tribunal Supremo. David F. Sabadell

Han pasado ya seis años desde que 7.921 personas mayores fallecieron en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid sin recibir asistencia sanitaria. Por el momento, los familiares que han denunciado sus casos ante los juzgados no han obtenido sentencias favorables, pero no cesan en su empeño de que se haga justicia. Y para ello, siguen elevando la causa, en esta ocasión hasta un experto de Naciones Unidas, que ha acudido a España para escuchar sus historias. Es así como el pasado martes, representantes de la Plataforma Unión Ciudadana por la Mejora en las Residencias (UCMR) y familiares de víctimas mantuvieron un encuentro con Zvezdan Pirtošek, neurólogo y Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas mayores de edad.

En el encuentro el experto de Naciones Unidas ha escuchado casos como el del padre de Mercedes Huertas, quien falleció en la residencia Adolfo Suárez, 100% pública, el 6 de abril del 2020. “Teníamos poca información y la poca que nos llegaba era pues cuando conseguíamos que nos cogieran el teléfono en la residencia. Un 22 de marzo mi padre cae con fiebre, nos lo notifican y nos dicen que le van a poner un tratamiento con paracetamol y antibióticos, hasta que el día 4 hacen una videollamada y nos comunican que está tranquilo, que está bien”, explica. “A mi padre le hacen el test de covid el día 2 de abril y al mismo tiempo le ponen paliativos, y el día 6 fallece”, relata Huertas, quien asegura que su padre fue víctima de los protocolos instaurados por la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, que condicionaba la derivación de personas mayores a hospitales en función de sus circunstancias físicas y cognitivas.

Familiares Residencias ONU
Familiares de víctimas de residencias con el experto de la ONU Zvezdan Pirtošek, en el centro..

“Llevamos seis años y medio intentando que se haga justicia pero la judicatura no mueve ficha”, se queja Huertas, quien ha impuesto dos querellas por lo sucedido, archivadas en primera instancia y que ahora se encuentran en la casilla del Tribunal Constitucional, donde llegaron mediante recursos de amparo. Como Huertas, y tras una primera tanda de denuncias que se fueron estrellando con el archivo en los juzgados, el 10 de octubre de 2024 familiares de más de un centenar de residentes de 72 geriátricos hicieron pública una nueva querella contra la Comunidad de Madrid por la gestión de la pandemia dentro de las residencias. Pedían que se investigara a altos cargos de Ayuso por un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias. Por el momento, no se ha conseguido ninguna sentencia favorable.

En este contexto, asegura Huertas, han trasladado al experto de la ONU el sufrimiento de familiares de víctimas de las residencias llevan acumulando, “porque creemos que alguien debe de tomar asunto en algo tan grave como es la mayor gestión homicida de la democracia”. “Esta persona se ha comprometido a que va a recabar toda nuestra información, todos los documentos que le queramos enviar los va a recoger”, añade.

Se espera que para finales de 2027 este experto emita un informe al respecto de lo que sucedió y lo que sigue sucediendo dentro de las residencias, donde personas mayores, como Marcelo Marko, siguen denunciando precariedad dentro de estos centros. Este residente pasó un casi un mes en huelga de hambre denunciando la escasez y el estado de la comida que sirven en la residencia de mayores de Colmenar Viejo, caso que llamó especialmente la atención al experto, aseguran los familiares.

Así, y según explican los familiares asistentes a la reunión, los testimonios aportados en el encuentro demuestran que “persisten problemas graves relacionados con la falta de calidad asistencial y situaciones de maltrato derivadas de la escasez de personal”. Todo ello vinculado con “la precariedad laboral que afrontan las plantillas, destacando que los bajos salarios y la sobrecarga de trabajo dificultan el desempeño digno de la labor de cuidados”.

Una manifestación para este fin de semana

Mientras, diversos colectivos confluyen este sábado 21 de noviembre en una manifestación unitaria bajo el lema “La vida por encima de sus beneficios. Juntas lo paramos todo en todas partes”. Según informan desde Marea de Residencias, la manifestación comenzará a las 12:00 horas en la Plaza de Cibeles de Madrid y recorrerá el centro de la capital hasta culminar en la Puerta del Sol.

En esta ocasión, y bajo el paraguas de la confluencia de otras luchas como la defensa de la sanidad o la educación, las demandas de Marea de Residencias serán protagonistas, tales como la petición de memoria, justicia y reparación para las 7.291 víctimas con "la agrupación de las denuncias abiertas en una macrocausa para evitar la impunidad y garantizar la reparación moral de las familias y de la sociedad“ o una nueva Ley de Residencias que actúe como ”un marco normativo de ámbito estatal que blinde los derechos fundamentales de las personas residentes sea cual sea su lugar de residencia“, así como la instauración de residencias 100% públicas y de gestión directa “ante el deterioro asistencial derivado de la mercantilización de los cuidados, reivindicamos el fin del modelo de colaboración público-privada”.

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