Represión
Vecinos de las Cuevas de San Miguel en Granada denuncian al concejal de Urbanismo y al jefe de Policía Local

Desde primera hora del jueves 26 de enero de este año, los habitantes de las cuevas de la ladera de San Miguel Alto en Granada se encontraron rodeados por un dispositivo policial formado por medio centenar de agentes de la Policía Nacional y Policía Local que les impedía salir o entrar de sus domicilios, retención domiciliaria que se mantuvo durante cinco horas. Según Juan, portavoz de la Asociación de Vecinos de las Cuevas del Sacromonte, la operación estaba dirigida por personal técnico del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, técnicos que conocían personalmente de la Junta Municipal de Distrito del Albaicín. A estos les acompañaban operarios de la empresa Inagra que ejecuta la concesión municipal del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Urbanos de la ciudad.

Según el vecino, los operarios cortaron el  suministro de agua de algunas casas, “a un vecino le entraron en el patio de su cueva y le talaron toda la arboleda y vegetación, y se llevaron su bicicleta y la de su hija. Los agentes pronunciaron insultos y vejaciones a algunas vecinas bastante serios, se llevaron distintos enseres domésticos y a una vecina de 73 años le destrozaron el cuarto de baño al saltar una verja y andar por encima de su techo”. Ana, vecina del Cerro de San Miguel denuncia que se llevaron un bidón que abastecía de agua a su familia,“un bidón que legalicé ante un juez por un périto judicial, ya que previniendo este tipo de actuaciones lo quiero tener todo en regla”, depósito de agua que ha reclamado le sea devuelto y según la vecina no ha sido encontrado en el depósito de objetos decomisados ni en el vertedero. 

La denuncia de la Asociación de Vecinos de las Cuevas del Sacromonte, interpuesta ante el Juzgado de Guardia de Granada esta semana, acusa por estos hechos al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, al Jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno, y a otros responsables de Urbanismo y del cuerpo policial de delitos de allanamiento de morada, daños y detención ilegal “todo ello sin orden judicial y atentando contra los derechos constitucionales a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad de movimiento de las personas residentes en las diferentes viviendas de la zona”, según figura en la denuncia a la que ha tenido acceso este medio y que incluye el testimonio de ocho residentes afectados. 

La cometa de San Miguel, pendiente de un hilo

Jaime Cinca

Derecho a la vivienda

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El director de cine documental Óscar Berdullas realiza una exhaustiva investigación sobre la propiedad de las cuevas del Albaycín y el urbanismo “errático” de Granada.

Fuentes del Ayuntamiento de Granada consultadas por El Salto Andalucía, afirman que la actuación de la Policía Local y la Nacional estaban motivadas por denuncias realizadas a través de la Junta Municipal de Distrito, y que las fuerzas de seguridad procedieron a identificar a las personas de las cuevas, entre las que, según el Ayuntamiento, figuraba una persona en busca y captura por violación. El consistorio explica que los operarios de Inagra procedieron a despejar y limpiar la ladera del monte, un espacio con máximo riesgo de incendio, que estaba ocupada con sofás, basura y otros enseres y que “Inagra los retiró como hace en el resto de la ciudad” en una operación que califica de “impecable”. La Policía Local no ha querido hacer declaraciones sobre la denuncia al ser consultada por este medio. 

Las cuevas de San Miguel, pendientes de un nuevo Plan Especial de Ordenación

Juan, vecino afectado por el despliegue policial, vive desde hace casi 15 años en San Miguel Alto, según él “mucho tiempo de alquiler, con mi contrato de arrendamiento al día, hasta que mi mujer y yo nos compramos una cueva, una vivienda de las muchas que hay en esta ladera”. Juan puede mostrar su título de propiedad, recibos de IBI e impuestos como cualquier otro ciudadano de Granada, “disponemos de suministros de agua y luz, saneamientos, etc, pero nos vemos sometido a una presión institucional desde hace muchos años, llevamos acosados los casi quince años que llevamos viviendo aquí”, cuenta haber padecido situaciones similares de retención domiciliaria a lo largo de los años y que lo peor es “la criminalización a la que somos sometidos todos cuando nos llaman okupas”. 

El vecino nos cuenta que esta operación no es algo aislado y que las sufren periódicamente, “antes del verano hubo una similar”. En esta ocasión cuenta que se enteraron por prensa que “el despliegue estaba motivado por búsqueda de estupefacientes, narcotráfico y delincuencia, personas fugadas de la justicia”, pero que a ellos no les dieron ningún motivo para que permanecieran en sus casas ni les mostraron ningún tipo de orden o permiso judicial que justificara “destrozar una propiedad acotada con una valla y una puerta para entrar”. 

"El problema con las cuevas de San Miguel viene de lejos, son unos terrenos sobre los que se ha especulado mucho, que se han vendido y revendido varias veces, y donde se ha engañado a los moradores”, Juan, vecino.

Para Juan se trata de un asunto que viene de lejos, “son unos terrenos sobre los que se ha especulado mucho, que se han vendido y revendido varias veces y donde se ha engañado a los moradores”, y que el problema principal viene de que el Ayuntamiento no quiere reconocer que “estas cuevas son viviendas donde habita gente desde hace muchos años, personas con títulos de propiedad a las que, si quieren echar tendrán que recurrir a un juez para que dictamine si esas personas tienen derecho a seguir viviendo aquí o no, pero no pueden continuar entrando en propiedad privada sin ningún tipo de orden judicial”.

El Ayuntamiento resultó adjudicatario en 1986 del lote de terrenos donde se encuentra la mayoría de las cuevas en una subasta pública anunciada por su entonces propietario, el Patronato Benéfico de Santa Adela, que a su vez lo había recibido en 1955 de la Dirección General de Beneficencia. Sin embargo hay contratos regulares de compraventa que señalan que algunas de las cuevas pertenecen a las personas que las habitan, de las cuales algunas fueron registradas en propiedad de forma oficial y otras no. Actualmente, la mayoría del cerro está calificado por el Plan General de Ordenación Urbana como Suelo No Urbanizable y ahora mismo se está readaptando su uso en un Plan Especial.

Los vecinos explican que en el catastro, a la hora de pagar el recibo de la contribución, las referencias gráficas que corresponden a los contratos de compraventa de las 187 cuevas de la ladera no están debidamente referenciadas. Temen “que el nuevo plan de ordenación urbana sólo tenga en cuenta esa información deficiente” señala Juan.  

La Asociación de Vecinos de las Cuevas del Sacromonte afirma en una nota de prensa que los habitantes de San Miguel no amenazan la seguridad del barrio sino los proyectos de especulación urbanística y denuncia “el enésimo plan del Ayuntamiento para el barrio histórico de cuevas de San Miguel Alto que no cuenta con sus vecinas ni con las cuevas y prevé la destrucción de las cuevas y la expulsión de sus habitantes, mas de 50 familias, sin ofrecer ninguna alternativa habitacional”.