Ocho activistas a juicio por el boicot al sionista Matisyahu en el Rototom de 2015

Este lunes 14 de enero, las declaraciones de las ocho activistas que promovieron la defensa de los derechos humanos en Palestina, en el marco del festival Rototom en 2015, han concluido con la acogida de las encausadas a su derecho a no declarar. Hoy estaban citadas en la Ciudad de Justicia de València con motivo de una querella que las acusa de incitación al odio y coacciones, y por la cual podrían enfrentarse a cuatro años de prisión. El Comité Legal contra el Antisemitismo y la Discriminación es quien se persona como querellante, y se trata de una asociación presidida por el letrado Abel Isaac de Bedoya Piquer, quien, como ya publicó en 2017 el diario Directa, destaca por su trabajo militante en defensa de la comunidad judía y el sionismo.

La acusación se basa en una campaña por redes sociales, que se llevó a cabo en el contexto del festival Rototom Sunplash que se celebra en Benicàssim (Castelló), mediante la cual se pretendía expresar el rechazo a la actuación del cantante estadounidense prosionista Matisyahu, por el apoyo que ha manifestado a los crímenes de guerra perpetrados por el ejército de Israel y su negación de la existencia del pueblo palestino. Las protestas iban en la dirección de "pedir coherencia al festival, que en principio es un festival de la paz y que defiende los derechos humanos, para que no asistiera un cantante sionista", declaraba Irene, una de las encausadas, en un vídeo publicado hace unos días en el periódico Levante-Emv.

Por ahora, el procedimiento judicial se encuentra en fase de instrucción y, antes que las encausadas, ya declararon, tanto quien en el momento de los hechos era director del Rototom, como el mánager de Matisyahu. Desde la defensa afirman, en declaraciones a El Salto, que la querella que plantea la acusación forma parte de una estrategia de instrumentalización de la justicia para silenciar las críticas "pacíficas" y "totalmente comprensibles en una democracia" hacia la política de apartheid del Estado de Israel. "La acusación está interpretando el delito de odio de una manera exageradamente amplia para que cualquier crítica sea considerada como un delito, y lo está haciendo de manera intencionada", explica Andreu Moreno, del despacho de abogados BrotSanBert y miembro del equipo jurídico que lleva la defensa legal de las personas encausadas.

De momento, el apoyo que están recibiendo las activistas va en aumento. La campaña Defensem els Drets Humans, que promueve la absolución de las personas encausadas, ya cuenta con más de 2.000 adhesiones de personas, más de 300 apoyos de organizaciones 1como la Embajada de Palestina en España—, y más de un centenar de grupos musicales. La afluencia de unas 200 personas al acto por la libertad de expresión y contra la criminalización de la solidaridad con Palestina, que organizó la plataforma el pasado sábado 12 de enero, fue una muestra más de este apoyo.

La red Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) del País Valencià es una de las organizaciones que impulsó esta campaña para pedirle al Rototom que no contratara a Matisyahu y cancelara su actuación. En un primer momento, el festival cedió a las demandas de los colectivos propalestinos y le pidió al cantante que "se pronunciara claramente contra la guerra y sobre el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado", según publicaban los periódicos de entonces. Ante la negación del artista, el Rototom decidió cancelar su concierto; pero cuatro días más tarde rectificó su decisión, dadas las presiones —que también puso en relieve la prensa— de entidades como la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), que acusaban al festival de antisemitismo.

Según publicaba Vicent Almela en el artículo de la Directa, los grupos de presión prosionistas destinan millones de dólares a campañas para desprestigiar a los activistas propalestinos, relacionando sus acciones con inclinaciones antisemitas, y el movimiento BDS les supone su principal amenaza, al menos en Reino Unido.

Aun así, el BDS es una red contra el apartheid israelí que también continúa sumando apoyos, como por ejemplo el del Ayuntamiento de València, el pasado mes de mayo. El Consistorio aprobó la moción presentada por València en Común, para adherirse a la campaña Espacios Libres de Apartheid Israelí (ELAI) promovida por el BDS-País Valencià. El diario Jornada explicó en su día que, a pesar de las presiones que recibieron por parte de una entidad que señalaba las acciones del BDS como !antisemitas e incluso incitadoras al odio y a la discriminación contra ciudadanos judíos e israelíes", se acabó aprobando la moción.

La realidad palestina

El apartheid israelí tiene su origen en 1917, a partir de la Declaración de Balfour, mediante la cual los gobiernos británico e irlandés manifestaron formalmente su apoyo al establecimiento de un "hogar nacional" para el pueblo judío, en la región de Palestina. Aunque desde entonces el pueblo palestino empezó a sufrir la continua violación de los Derechos Humanos, fue en 1948 cuando se ejecutó la partición de la región, que implicó la denominada Nakba [término árabe (النكبة, an-Nakba) que significa "catástrofe" o "desastre"], que supuso el éxodo masivo del pueblo palestino.

Sin embargo, este no se quedó como un hecho aislado: desde ese momento, más de cinco millones de personas han tenido que abandonar forzosamente tierras palestinas, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA), lo que posiciona a los palestinos como el grupo de población que más tiempo lleva sufriendo la condición de refugiados y como la población refugiada más grande del mundo. Aun así, hay que tener en cuenta que estos datos no contemplan el exilio poblacional anterior al 1948.

Pero el éxodo masivo es solo una consecuencia de todas las otras vulneraciones de los Derechos Humanos que han sufrido y sufren los palestinos, frente la actitud pasiva de los estados occidentales. Durante todos estos años, el asesinato de millones de personas, la destrucción de escuelas y hospitales, la continua presencia del ejército israelí en la calle, la persecución de activistas propalestinos y el establecimiento de un sistema de control basado en checkpoints son algunas de las arbitrariedades llevadas a cabo por parte de los sucesivos gobiernos israelíes contra la población palestina.

Solo en este último año (2018), las Naciones Unidas establecen un total de 298 personas palestinas asesinadas por las fuerzas israelíes, en concreto, en los territorios de Cisjordania, Jerusalén este y la Franja de Gaza, y el número de menores muertos asciende a 57 en los territorios ocupados. A estas cifras, publicadas y traducidas al castellano por la web Palestinalibre.org y sacadas de la Palestine: 2018 in Review , se le suman algunas más, como la destrucción de 459 viviendas y estructuras palestinas en Cisjordania y Jerusalén oriental, los 472 palestinos desplazados por la destrucción o confiscación de su hogar por parte de Israel, incluidas 216 criaturas, o los 265 ataques violentos llevados a cabo por colonos judíos contra palestinos en Cisjordania y Jerusalén este. Esta última cifra implica, según lo registrado por la ONU, un aumento del 69% del número de ataques violentos contra el pueblo palestino en comparación con los datos de 2017.