Represión
Activistas valencianos por el derecho a la vivienda enfrentan penas de cárcel y miles de euros en sanciones

Activistas por el derecho a la vivienda de Ciutat Vella, casco histórico de València, que han participado en los procesos de lucha vecinal en contra de la turistificación y la especulación inmobiliaria de Caixers, un centro social ocupado, así como en el proyecto de vivienda conocido como La Peseta, denuncian estar siendo hostigados por una campaña represiva.

En el caso de los activistas de Caixers, aunque el proyecto comenzó en 2019, fue a partir de marzo de 2024 cuando se intensificaron las sanciones, acumulándose más de 12.000 euros en una primera fase de intentos de desahucio, en la actualidad el monto de las sanciones supera los 30.000 euros.

Cargas y tres detenidas en València al intentar parar un desalojo sin orden judicial

Tomás Muñoz

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Empleados de la empresa “Fuera Okupas” se han presentado junto a la policía para tratar de intimidar y desalojar a los habitantes del número 4 de la calle Doctor Peset.

Las multas se basan principalmente en la aplicación de la Ley Mordaza, en concreto los artículos 36.4 (obstrucción a la autoridad) y 36.6 (desobediencia), según denuncian los activistas: “Muchas de estas sanciones han sido aplicadas arbitrariamente, incluso en situaciones donde no hubo resistencia y el desahucio se ejecutó sin oposición alguna”, lamentan. Además, en el intento de desalojo del proyecto de vivienda La Peseta, tres activistas fueron detenidas, y actualmente enfrentan una petición fiscal de más de 15 meses de prisión para cada una.

Una campaña para visibilizar la represión y promover la solidaridad

Los diferentes colectivos que participan en Caixer y la Peseta han lazado una campaña antirrepresiva, en la cual se han desarrollado múltiples actividades de formación, de visibilización de la crisis habitacional y apoyo al movimiento por la vivienda. Entre ellas, destacan un festival de cine contra la represión, encuentros con colectivos de otras partes del Estado y eventos solidarios para recaudar fondos que permitan afrontar los costes judiciales y administrativos derivados de la represión.

Este viernes 9 de mayo, coincidiendo con el desalojo del último piso del edificio de Caixers, se ha convocado una manifestación antirrepresiva en la Plaza del Mercado Central, así como jornadas de resistencia durante todo el fin de semana en el Centro Social Okupado CSN, del barrio del Carmen.

Caixers: una historia de resistencia urbana en el corazón de Valencia

A escasos metros de la Lonja y el Mercado Central, epicentro del turismo masivo en Valencia, se encuentra el edificio de la calle Caixers nº 2, en el distrito de Ciutat Vella. Allí comenzó en 2019 uno de los procesos de resistencia más prolongados contra la especulación urbanística, que aún continúa, con un nuevo intento de desahucio previsto para el próximo 9 de mayo.

El inmueble, que pertenecía a una familia, fue vendido a un fondo buitre, Good Capital Investment. A partir de entonces, según denuncian los activistas, la propiedad desplegó una estrategia de acoso inmobiliario, con el objetivo de vaciar el edificio para transformarlo en apartamentos turísticos o de lujo. Las tácticas incluyeron amenazas por carta, y un intento de desalojo bajo el pretexto de una rehabilitación no autorizada, debido a los valores patrimoniales del edificio.

Dos inquilinas resistieron el hostigamiento del fondo buitre: Teresa, una mujer mayor que falleció durante el proceso de resistencia y Paloma, que vivía con su hijo de 14 años y finalmente logró un alquiler social

De las ocho viviendas del edificio, seis fueron liberadas mediante su ocupación. Sin embargo, dos familias resistieron, apoyadas por colectivos como Entre Barris y Veïnat en Perill d'Extinció, redes vecinales que luchan contra la expulsión del vecindario, la turistificación y la especulación urbanística. Una de estas vecinas fue Teresa, una mujer mayor, que falleció durante el proceso y que trabajó como portera del edificio por el que tenía un contrato de renta antigua. La otra, Paloma, vivía con su hijo de 14 años y finalmente logró un alquiler social.

En 2020, la estrategia de resistencia continuó, las ocho viviendas fueron liberadas mediante su ocupación por un grupo de jóvenes que se unieron al proyecto político. El bajo del edificio se convirtió en el BSO Ca La Caixeta, un centro social autogestionado y anarquista, donde se realizan actividades culturales y sociales, además de ser un espacio de encuentro para la organización del tejido comunitario del barrio.

Cada vivienda ocupada implicó un proceso judicial independiente, lo que ha llevado a diez desalojos hasta la fecha. En todos ellos, se llevaron a cabo acciones de resistencia pacífica, performances y movilizaciones con gran respaldo vecinal

Cada vivienda ocupada implicó un proceso judicial independiente, lo que ha llevado a diez desalojos hasta la fecha. En todos ellos, se llevaron a cabo acciones de resistencia pacífica, performances y movilizaciones con gran respaldo vecinal. El primer intento oficial de desahucio ocurrió el 5 de septiembre de 2022, en la que ya hubo violencia policial. En la primavera de 2024 se retomaron los desalojos, aumentando el nivel de violencia policíal, mientras que los activistas comenzaron a usar métodos mas sofisticados de resistencia pacífica.

Las primeras sanciones llegaron el 14 de mayo de 2024, seguidas por más episodios represivos: el 3 de septiembre, una madre con un menor fue desalojada en una intervención en la que la policía acudió de madrugada, sin posibilidad de resistencia; el 16 de enero y el 3 de febrero de 2025, se produjeron más desalojos, esta vez con la intervención de bomberos y en las que se impidió el acceso de la abogada defensora a las inmediaciones de donde se estaba produciendo la intervención policial.

La Peseta: un proyecto de vivienda, liberado de la especulación en 2024

Otro proyecto de vivienda liberado en Ciutat Vella es «La Peseta», donde también residen familias y jóvenes que luchan contra la turistificación del barrio. En septiembre de 2024, el fondo buitre Reiman Inversiones compró el edificio para hacer apartamentos turísticos.

El 15 de enero de 2025, los activistas denuncian que la propiedad se presentó con una empresa local de desocupaciones para simular que se había producido una ocupación del inmueble en ese mismo momento con el fin de provocar una intervención policial por un supuesto delito flagrante. Con esta treta intentaron que se realizara un desalojo sin orden judicial.

Además de la presunta práctica ilegal que usó la empresa de desocupaciones «Fuera Okupas», los activistas denuncian que también intimidaron a los vecinos y trajeron a trabajadores con radiales y material para intentar abrir la puerta. Según relatan los activistas, la policía no impidió su actuación y, en determinados momentos, incluso les permitió actuar ante la creciente presencia vecinal que exigía la paralización del desalojo. La respuesta del barrio fue rápida y se logró paralizar el desalojo, pero la policía cargó contra los manifestantes, dejando un saldo de más de diez heridos y tres personas detenidas arbitrariamente. Actualmente se enfrentan a un cargo de resistencia a la autoridad y la fiscalía pide para cada una de ellas 15 meses de prisión.

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Centros sociales

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Esta semana, el vecindario de la calle Caixers respira un poco más tranquilo. En pleno centro de la ciudad de València, Ca La Caixeta se llenaba de vítores después de que la lucha vecinal tuviese como resultado la paralización de su desahucio.