Refugiados
Solicitantes de asilo denuncian su situación de abandono institucional

La mañana del 3 de julio había más gente de lo habitual frente al registro auxiliar del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, sito en la calle José Abascal. No era una concentración pero había pancartas en las que se leían lemas a favor de los derechos de las personas refugiadas. “¡Puentes sí, muros no!”, o “¡No a la Europa de la Fortaleza!”, se coreaba. A un lado de la entrada, una cola de personas solicitantes de asilo aguardaba su turno para entrar en las oficinas. Cada una de ellas portaba un requerimiento en el que daba constancia de la situación de calle y vulnerabilidad en la que la mayoría se encontraba, derivada de la inacción de la administración.

Acompañaban a las personas solicitantes de asilo numerosas organizaciones. La Red Solidaria de Acogida, la Coordinadora de Barrios, la Parroquia San Carlos Borromeo, Valiente Bangla, Red Interlavapies, SERCADE y Territorio Doméstico eran las entidades convocantes. Entre cámaras, micrófonos y grabadoras, refugiados, miembros de los colectivos organizadores, y otras personas afines mostraban carteles, coreaban consignas o contestaban a los numerosos medios presentes.

Francisco es una de las personas que acudieron por su cuenta. Para este voluntario de Cáritas es una cuestión “de justicia” que se apoye a las personas refugiadas “igual que en su momento tuvieron que ayudar a nuestros abuelos y tatarabuelos”. Después de todo, argumentaba “es gente que ha tenido que dejarlo todo en su país por la guerra o la violencia” y que, cuando por fin llega, se topa con “trámites farragosos”. “No les cierran del todo la puerta pero se la entreabren muy poquito”, ilustraba

“El sistema de acogida del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social es absolutamente insuficiente para todas las personas que están a la espera”, denunciaba Carmen, de Karibu. “Legalmente tienen derecho a que se les de una solución habitacional y la práctica es que los servicios sociales no dan abasto”. La activista recuerda cómo integrantes de la propia plantilla de Samur Social se han movilizado para denunciar esta situación: “Muchas de estas personas duermen en la calle, en parroquias... Las organizaciones civiles se están haciendo cargo de una tarea que compete a la administración”.

Patricia “Patuca” Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios condensaba brevemente el estado de la cuestión: “Hemos venido aquí para que se proporcione acogida urgente a las personas solicitantes de protección internacional que están en situación de calle.  Precisamente por eso: porque están en situación de calle. Es decir, no se está dando acogida a las personas en situación de grave vulnerabilidad y tampoco vemos que haya una voluntad política de revertir la situación”, denunciaba. Para Fernández, esta se trata de una “fragante vulneración de los derechos humanos”, agravada por la nula disposición de las administraciones al diálogo.  “Hemos invitado, a quienes quisieran, a presentar un requerimiento ante el Ministerio, en tanto responsable de esta situación, pues es quien tiene competencia”, concluía la abogada.

Patuca: “No se está dando acogida a las personas en situación de grave vulnerabilidad y tampoco vemos que haya una voluntad política de revertir la situación

De lo que implica este desamparo institucional daban cuenta Mohamed y Abdu. Ubicados al final de la cola, en un grupo de jóvenes subsaharianos, ambos afirmaron haber acudido con SERCADE. “Llevo un año en España y desde hace tres meses duermo en la calle. Aquí no me dan plaza para dormir ni para comer bien. Estoy muy cansado”, relataba el primero, proveniente de Burkina Fasso. “Espero que algo positivo suceda hoy”, apuntillaba Abdu, de Sierra Leona antes de poner en relieve su propio desánimo y el de sus compañeros. Abdu intentaba llegar a Inglaterra, un destino más accesible para alguien que como él domina el inglés, pero sus planes fueron desbancados por el Reglamento de Dublín, el acuerdo de la Unión Europea que obliga a los Estados a hacerse cargo de las personas que entran a Europa por su frontera. Fue detenido en su camino hacia el norte y devuelto a España. Al menos ya tiene la cita que le permitiría integrarse en el sistema de protección. Pero eso no es una gran garantía.

Frente al edificio del Ministerio Hanan, de la Red Solidaria de Acogida, intentaba poner un poco de orden entre los periodistas. Mientras, Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo, negociaba para que se pudiesen escanear los documentos en el registro, como es práctica habitual. Sin embargo, los funcionarios estaban pidiendo copias, forzando a fotocopiar todos los documentos, requisito que alargó el proceso.

Claudia es de El Salvador, llegó a España hace cuatro meses con sus hijos de ocho y cuatro años. Lleva 17 días en la Parroquia de Entrevías.  “Estuve alquilando una habitación, pero llegó el momento en el que ya no pude pagar más y me quedé en la calle con mis dos hijos”. contaba. Vino con poca información sobre los procesos: “No pensé mucho, lo prioritario era salir de allí”, al llegar a España no sabía a qué puertas golpear. Fue a comisaría para tramitar su petición de asilo. Y mientras, se buscó la vida sola. Pero al quedarse en la calle, tras preguntar en la Cruz Roja, Cear, el Samur Social, se dio cuenta de que no había alternativas. Finalmente apareció en San Carlos Borromeo una noche, a las once, “allí nos acogieron y nos explicaron”.

“Nos hacen pensar que no tenemos derechos, pero sí los tenemos. Queremos que las personas encargadas de velar por nuestros derechos tomen conciencia, con el fin de facilitar el camino a quienes vengan después

Agradecida con la gente de la San Carlos Borromeo, Claudia achaca la lentitud de su proceso al trato distante dispensado por las instituciones, lo que le dificultó —según explicaba a El Salto esta mañana— entender los trámites y agilizar su situación. “Solo pedimos una oportunidad para sacar a nuestros hijos adelante”, recordaba. “Nos hacen pensar que no tenemos derechos, pero sí los tenemos. Queremos que las personas encargadas de velar por nuestros derechos tomen conciencia, con el fin de facilitar el camino a quienes vengan en la misma situación”, apuntaba.

Yassin también ha pasado por San Carlos Borromeo, también después de llamar a todas las puertas. Es otro “dublinado”: el destino de este joven tunecino no era España sino Suecia. Pero al llegar a Suecia, España le reclamó y fue deportado. Le metieron en un avión de vuelta, pero nadie le esperaba en el aeropuerto donde tuvo que acabar durmiendo varias noches. No entiende para qué lo devolvieron si luego no se iban a ocupar de él. “España trata muy mal a los refugiados”, valoraba mientras esperaba su turno, no podía evitar comparar con Suecia, donde enseguida contó con un espacio propio y asesoramiento.“Aquí al gobierno no le importa donde duermas, ni si comes”. Para Yassin, el único motivo por el que España recupera a estos refugiados, es para evitar el pago de una tasa a Europa por no hacerse cargo de ellos. Ya ha salido de San Carlos Borromeo, ahora se aloja provisoriamente en el Hostal Welcome donde solo puede pernoctar. “Espero que puedan leer nuestros informes, aquello por lo que hemos pasado”, afirmaba respecto al requerimiento que estaba por presentar.

Son 40 las personas que han pasado por San Carlos Borromeo en los últimos días, 17 de ellas niñas y niños. Ahora quedan 30, casi la mitad menores. “La realidad es que tenemos muchas familias, ya no puede caber nadie más”, denunciaba Yousra, que participa del grupo de acompañamiento que funciona en torno a la Parroquia. Según relataba esta activista, actualmente, las personas que acogen provienen de El Salvador —como Claudia—, Venezuela, Colombia, Siria, Palestina o Líbano. “No tienen una fecha de salida, todo se alarga cada vez más, los procesos se alargan, las citas se alargan. Incluso a las personas que han podido acudir a la oficina de asilo, les dan un tiempo de espera indefinido, todas son familias con niños menores de edad”.

A Yousra le frustra la ausencia de iniciativa de las administraciones para combatir la carencia de plazas y la normalización de que sea la sociedad civil la que asuma la acogida que corresponde a la administración y a las organizaciones financiadas públicamente para este fin. “Con esta acción queremos hacer presión y que quede constancia de que toda esta gente está en la calle: Queremos que administraciones e instituciones reaccionen de manera urgente”, insistía.

“Hoy han venido aquí solicitantes de asilo, o gente que ya incluso lo tiene concedido, y aún así están en la calle”, exponía Hanan. “Familias que tienen ya su tarjeta roja, personas que están bajo el paraguas de protección internacional pero que no están teniendo acceso al programa de acogida”. Un sistema saturado, que cuenta solo con 8500 plazas en todo el Estado, y para el que ya hay 4000 personas en espera.  “Imagínate: Hay gente que ha llegado con todos los ahorros que tenían, se han quedado sin un duro. Les han derivado al Samur social que son las emergencias del Ayuntamiento, y ahí les mandan a la calle porque no tienen dónde acogerles”, describía. Y porque “todas las administraciones tienen su parte de responsabilidad”, los requerimientos han sido presentados también en Ayuntamiento y Comunidad, según afirmó la activista.