Personas refugiadas
El duro invierno de las personas solicitantes de asilo

I. Espera e incertidumbre

Es martes por la mañana y hace frío.  Grupos de personas se van alejando de la comisaría a la sombra del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Han acudido una noche más a pedir la cita que les permita solicitar asilo. Por la expresión que llevan puede intuirse si se van con las manos vacías. Y a esa hora, las 10 de la mañana, es el caso de muchos. Llevan sillas plegables y mantas, los pies mojados y ojeras.“No entiendo nada, he ido a preguntarles que a qué hora hay que venir para pedir turno, que si vengo a la noche, me dicen que a la noche no, que a quienes se queden a dormir les van a tomar los datos y entonces ya no podrán pedir cita”, cuenta desconcertado un hombre armenio, instalado en Madrid desde hace años. Quiere pedir cita para su sobrino pero no sabe cómo hacerlo ni a quién preguntar. “Me dicen que no puedo quedarme a dormir pero que solo darán 80 números”, interpela a la gente que pasa, esperando una respuesta razonable, pero nadie sabe qué decirle.

“A los que han entrado antes que yo les han dado turno para octubre de 2019. Y de pronto han saltado más de un año. Hasta diciembre de 2020”

Una pareja de jóvenes venezolanos se aleja de la comisaría. Han estado ahí desde las tres de la tarde del lunes. Ella lleva una carpeta de plástico con el ansiado comprobante de cita. Pero no parece aliviada. “Diciembre de 2020”, sentencia el documento: “La verdad no lo comprendo, he entrado la número 11, a los dos que han entrado antes que yo les han dado turno  para octubre de 2019. Y de pronto han saltado más de un año. No me han explicado por qué”.Su compañero calla, agotado. Están viviendo en la casa de la hermana de él. Describen la situación como muy tensa. “Estamos ahí a cambio de que yo le cuide a su hija, ella no va a ayudarnos así sin más, no nos va a alojar dos años. He intentado buscar trabajo ilegal, por Facebook y otras redes, pero la única oferta que me ha llegado es la de un hombre que me ofrecía 200 euros por tener sexo. Yo por ahí no paso”, dice firme.

No quieren dar el nombre ni fotografiarse, ni tan siquiera de espaldas. “Mira en qué situación estamos. Me voy a quedar dos años irregular, no quiero problemas”. Quien sí se presta a posar es un hombre venezolano, está moderadamente alegre, por ahora. Ha transitado el camino inverso que la chica. Después de estar toda la noche a la intemperie se había quedado sin número. Eran muchos. En los últimos días la gente se ha quedado ahí, pasando noche tras día esperando una oportunidad. No parece una imagen que la policía quiera que se repita.“Cuando se han acabado los números nos han dicho que ya estaba, que nos fuéramos. La situación se ha puesto amenazante, así que muchas personas se han ido. Algunos nos hemos quedado, no estábamos agrupando para ver qué hacer, y otro policía nos ha dicho que nos podían multar porque más de 20 personas no se pueden poner en la vía pública sin pedir permiso”, cuenta. Al final, para su sorpresa, un policía ha vuelto y les ha hecho pasar. Les han tomado los datos, y les han dado citas para el 2020, aunque no tiene ningún papel para mostrarlo.“No, ningún papel, ningún resguardo, nada de nada”, comentan dos mujeres colombianas. La mayor lleva un taburete en la mano, se queja de que le duele todo el cuerpo. “Nos dicen que si nos piden los papeles, van a ver que estamos ya en el sistema así que no pueden deportarnos”, cuenta sin mucho convencimiento. De momento no saben qué hacer, con sus dos años de espera, y ningún papel que de fe de la cita. Un hombre colombiano escucha la conversación y que somos periodistas. Quiere hablarnos, dice que su hijo ha grabado el momento en el que se les daban las citas verbales. Se trata de un adolescente que contesta que sí, pero al que han obligado a borrarlo todo.

Isabel Pereda, de la Red Solidaria de Acogida, les preguntaba, “¿cómo que no os han dado ningún papel? Aquí todo se basa en los papeles

En ese momento aparece Isabel Pereda, una exmisionera perteneciente a la Red de Acogida Solidaria que está ahí para hacer una visita al CIE. Escucha el incidente de las personas que se han ido sin ningún certificado. “No puede ser, ¿cómo que no os han dado ningún papel? Aquí todo se basa en los papeles, tenéis que tener un papel para que quede constancia de todo”, protesta. La mujer colombiana se anima. “Es de la ONG”, dice. Le da igual qué ONG, es la única esperanza que tiene ahora. Se va juntando más gente e Isabel anima a todos a volver a reclamar un resguardo.Unas treinta personas que ya estaban en retirada, con una cita lejana e incierta, siguen a la mujer hacia la comisaria. Pasan los controles sin problema, cruzan el patio hacia el edificio. En la puerta, un policía ve venir al grupo con sorpresa. “Venimos a hablar con el comisario para que le den a esta gente el resguardo de la cita”, expone Isabel. El policía intenta brevemente justificar la lógica del procedimiento, pero en seguida cambia de estrategia.

“¿Y usted quién es?”, le dice a la determinada Isabel el agente. “Soy colaboradora de una red de acogida” contesta tras unos segundos. Las 30 personas están expectantes. “Todos no pueden entrar”, dice el agente. Tras un tira y afloja en el que el policía alega que empatiza con lo que les pasa, pero que como mucho puede dejar pasar a dos personas, Isabel y el hombre colombiano cuyo hijo adolescente grabó el vídeo, entran. Los demás se van a esperar (otra vez) bajo una carpa.

II. Refugio

En Entrevías, en la Parroquia San Carlos Borromeo, hay algo más de 20 personas instaladas, muchas de ellas niñas. Han dispuesto los bancos como separadores, creando espacios diferenciados donde se apilan las maletas y mochilas alrededor de las camas. Un niño pequeño, vestido con un jersey rojo, corretea de un lado para el otro. Viene con su familia de Georgia. Sus hermanos, un chico de 16 y una chica de 18 contestan en inglés algunas preguntas. Llevan en la parroquia cuatro días.  “Tuvimos que dejar el país por mi madre. Nuestro padre quería matarla. No veíamos otra salida”, cuentan. La madre les mira hablar, atenta. La noche que iban a pedir la cita, allá en Aluche, un policía pasó a pedir el número de pasaportes de las personas que estaban esperando. Quien no mostrara su documentación no podría optar a un turno. En ese momento solo estaban los hijos mayores. El resultado fue que solo la mitad de la familia tiene cita. Y pronto, a finales de noviembre. Cuando descubren que las citas ya las están dando para 2020 abandonan la serenidad por un momento.  “¿Y no podremos hacer la tramitación de todos nosotros con nuestras dos citas?”, preguntan.

Planean pasar la noche del martes haciendo cola para pedir los turnos de su madre y hermano junto a otras personas que están en la Iglesia y que aún no consiguieron la cita. Con ellos irá un hombre colombiano, que también se encuentra en la parroquia. Él también tiene pareja e hijos. Hay un equipo de televisión grabando a su mujer, y a él no es la primera vez que periodistas le entrevistan. Pero lejos de abrumarse, le parece positivo: “gracias a que hemos salido en los medios al menos se ha presionado. Ayer estuvimos en una acción en la oficina de inmigración y admitieron alojar a quienes ya tienen la cita". Así, algunas familias ya están ubicadas en el Hotel Welcome. Él espera poder conseguir los turnos para la familia esa misma noche, tras hacer varios intentos sin suerte. De esos de los que se vuelve con las manos vacías y los niños enfermos de frío. “Uno no viene aquí con 38 años porque quiera, una viene aquí por dar una posibilidad a sus hijos”, señala.

Al irse las familias que tenían ya la cita, han entrado familias nuevas. Una de ellas viene del Salvador y tiene ocho miembros. Vieron en la televisión durante el fin de semana que en la San Carlos Borromeo estaban alojando a gente y allí se dirigieron. Vienen de El Salvador, donde el padre trabajaba como conductor en una empresa de abogados, “te ven con coches buenos y se hacen otra idea de tu situación económica. Las bandas empezaron a extorsionarme, a pedirme dinero, cuando ya no podía darles más empezaron a amenazarme con mis hijos”. Los hijos son dos, de 10 y 1 año. Están jugando en la cama con sus primos. Parecen contentos, aliviados, sonríen. Como si finalmente hubiesen llegado a algún puerto.“Lo peor era cuando los niños te preguntaban, “¿vamos a dormir en la calle?”, recuerda con angustia la abuela de los pequeños. Alojó a toda la familia durante más de un año, después de que la situación se volviera cada vez más peligrosa y tuvieran que dejar la ciudad donde vivían. Cuando los extorsionadores les ubicaron de nuevo decidieron partir.

“Lo peor era cuando los niños te preguntaban si vamos a dormir en la calle”, recuerda con angustia la abuela de dos pequeños de 1 y 10 años

Aterrizaron sin conocer a nadie en el país, habían tomado una casa antes de volar, por internet, donde les cobraron 665 euros por semana. Al darse cuenta de que les estafaban intentaron encontrar dónde quedarse. Cuentan que no han dejado un minuto de tocar puertas. No había forma. “Fuimos a servicios sociales y nos dijeron que si lo intentábamos por ahí, nos separarían de los niños”, dice alarmada Ana María. También probaron en Caritas, donde en un principio les dieron esperanzas, pero al final tampoco tenían sitio.

“Nosotros ya tenemos la cita pedida, vamos a ver si nos pueden ir alojando, aunque sea por partes, hasta que por fin podamos estar juntos,” cuenta el padre. “Estamos aquí porque no tenemos otra opción", apunta. Para volar a Madrid tuvieron que malvender todas sus cosas, incluida al casa de la abuela. “En realidad” dice ella,“lo más importante que se ha quedado ahí es mi hijo varón. Yo todavía no puede estar tranquila”, confiesa. 

III. Políticas de contención de frontera

El lunes 19 de abril, sindicatos del SAMUR Social difundieron un comunicado en el que visibilizaban su malestar y sufrimiento por las circunstancias en las que trabajan. La familia de El Salvador, fue una de las que acudieron a la sede central ,“fuimos a oficinas y claramente nos dijeron que estaban saturados, que no podían ingresar a una persona más”. El desalojo de la sede fue el último capítulo de un hilo argumental insostenible. En el texto denunciaban que “el SAMUR Social se ha convertido en un servicio encargado no de proteger, sino de dar las peores noticias posibles a personas que están en la peor situación posible”.“Esta situación esta dañando mucho al equipo. No hay día que a alguien no se le salten las lágrimas o que directamente no venga a trabajar debido al estrés al que estamos sometidas; es muy frustrante”, cuenta una de las trabajadoras de este servicio”. “Los recursos nos los inventamos, buscamos dónde no hay... por eso acabamos hasta permitiendo que las familias durmieran amontonadas en el suelo y en mesas de nuestra central para que no terminaran en la calle”, explica.

Ante todo el dolor y malestar acumulado, cuenta que sacar el comunicado les ha ayudado a unirse, “aunque de momento no vemos reacción de la administración al respecto. De hecho en tres días hemos pasado de recibir indicaciones de nuestros mandos tipo “hay que echar a todo el mundo y ya no se atiende a más familias” —el viernes— a “el Samur Social no deja a familias en calle así que atended a todas” —el lunes— hasta "ya no se atienden más así que ni toméis sus nombres —el martes mismo—” narra.

Ante el fracaso de las administraciones para garantizar los derechos fundamentales a la gente las organizaciones sociales se mueven. “Es que lo ponen ustedes dificilísimo, les están gastando la salud a la gente ahí en la puerta”, abroncaba Isabel Pereda al policía con el que conversaron una vez dentro de la comisaría. “Le dije que esto es una locura, una vergüenza, me he puesto un poco en plan tercera edad. Y nada, el agente se ha quedado tan fresco”. La antigua misionera cuenta por teléfono que la reunión sirvió para poco. “Entramos y nos dijeron que ese es el procedimiento, que no iba a pasar nada. Que si les paraba la policía en la base de datos iba a ver que estaban en trámite”, comenta. “Pero ¿y la escolarización de los hijos?, ¿el acceso a los centros de salud? ¿cómo van a hacer sin ningún certificado?”, se pregunta la activista. Finalmente ante la imposibilidad de una solución el grupo empezó a organizar para recurrir en común al Defensor del Pueblo. 

“Antes cuando tenías la cita te entrevistabas con la Unidad de Trabajo Social y te derivaban, y eso ya no está ocurriendo”

Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios constata que no está teniendo problema para que las personas solicitantes de asilo puedan acceder al sistema de acogida cuando las personas manifiestan verbalmente su fecha de cita. El problema vendría de que todo lo que tiene que ver con la cita, la entrevista, la entrega de documentos lo maneja el Ministerio de Interior, sin embargo lo relativo al sistema de acogida, es competencia del Ministerio de Trabajo. “Lo lógico es que el Ministerio de Trabajo tenga sus propios trabajadores sociales que faciliten el acceso al sistema de acogida, que era lo que venía ocurriendo a través de la Unidad de Trabajo Social que estaba en la oficina de asilo. Cuando tenías la cita te entrevistabas con el equipo y te derivaba, y eso ya no está ocurriendo”, puntualiza.

“Si te tengo que contar cómo han cambiado los procedimientos en los últimos dos años me pego un tiro”, ironiza la abogada. Lo grave es que ahora ni siquiera están pudiendo acceder a las citas. “Las dificultades están viniendo por dos partes, una porque solo 80 personas pueden acceder a esa cita, con el maltrato que esto supone y luego porque hay personas con cita que ni llegan a la administración ni llegan a nosotros”.

Para Fernández no se trata ni de un problema de escasez de plazas ni mucho menos de un colapso. “El sistema de asilo tiene a día de hoy 800 camas libres. Lo que está pasando es una forma de desincentivar que la gente pida asilo. Es una política de contención de fronteras”, denuncia. En definitiva, sentencia la activista, “el estado Español está maltratando a los solicitantes de asilo”.

Hay una preocupación creciente por toda la gente que se escapa por las costuras del sistema y que no está llegando a nosotros

Que desde la oficina de Asilo y Refugio se haya empezado a admitir, el tener cita, como condición para acceder al sistema de acogida, debería facilitar el desbloqueo de esta situación. Lo que temen las personas que integran las redes de acogida y solidaridad es que, de este avance, solo se beneficien quienes llegan a solicitarles ayuda.

“Para que este cambio sea sistémico hay que establecer una agencia de migración que se encargue de esto de manera global, de forma que no tengamos dos ministerios que se vayan tirando la pelota uno a otro. Que no se despida y que se restituya a las personas interinas de ambos ministerios que estaban dedicadas a estas medidas, y que se haga una mejor gestión de los fondos FAMI”, explica Fernández. Los Fondos de Asilo Migración e Integración, son recursos que tiene concedidos España para el periodo entre 2014 y 2020. En agosto de este año, solo se había gastado un 30% de ellos. Entonces, señala la abogada, “no se trata de un problema de dinero, porque el dinero está, es un problema de cómo se gasta. Hay una preocupación creciente por toda la gente que se escapa por las costuras del sistema y que no está llegando a nosotros”.

A las 18.50h de la tarde del martes 20 Isabel Perneda manda un mensaje. Dice, “ya hay gente en la fila del CIE... ya van cerca del número 30 y queda toda la noche por delante”, con dos iconos intenta transmitir la preocupación y el desconcierto, ante una situación que se repite noche tras noche. Los mensajes se van sucediendo con sus fotos de personas pasando las horas en el frío de la cola. En una de ellas, un grupo de solicitantes de asilo hace una cueva con varios paraguas para guarecerse de la lluvia. Un precario refugio en medio de la incertidumbre.