Racismo
No es un fallo del sistema

En Estados Unidos, como en España, y como en tantos otros países, el racismo y sus consecuencias no son un fallo del sistema.

Carteles del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid contra el racismo institucional
Carteles del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid contra el racismo institucional. Byron Maher

publicado
2019-08-03 06:31

Ava DuVernay es una mujer afroestadounidense directora de cine que en los últimos años se ha vuelto mediática gracias a películas como Selma, el magnífico documental Enmienda XIII, y más recientemente por la miniserie When They See Us (Así nos ven) que se encuentra en la plataforma Netflix.

Esta última serie muestra en pantalla, durante cuatro capítulos, el caso real de cinco jóvenes negros, menores de edad, que fueron acusados falsamente, manipulados, torturados y finalmente condenados por una violación que no cometieron. Más allá de la calidad de la serie, que es alta al igual que el trabajo de los actores, esta serie muestra uno de los tantísimos casos de racismo dentro del sistema policial y judicial en los Estados Unidos que ha permitido encerrar —lo sigue haciendo— a muchas personas negras inocentes de lo que se les acusaba.

Ava DuVernay decía en un programa de la influyente Oprah Winfrey dedicado a los protagonistas reales en los que se basa la serie que este caso no es un fallo del sistema: “Es parte de un sistema que no está roto. Se creó para ser así. Se construyó así. Se creó para oprimir, para controlar, para moldear la cultura de una forma específica para poner a algunos aquí y a otros aquí. Fue con fines políticos y de poder y nos incumbe a nosotros. Vive de nosotros, de nuestros impuestos, nuestros votos, los bienes que compramos que se hacen en las cárceles. Vive de nuestra ignorancia y ya no lo podemos ignorar más”.

En Estados Unidos, como en España, y como en tantos otros países, el racismo y sus consecuencias no son un fallo del sistema.

La muerte de Mame Mbaye en Lavapiés tras haber tenido que correr previamente perseguido por la policía, como tantas veces antes, no es un fallo del sistema. Que durante tu día a día estés corriendo, escondiéndote, con el corazón a mil por hora por el miedo a ser detenido, encerrado en un Centro de Internamiento de Extranjeros y deportado, hace que las condiciones de salud y respuesta del cuerpo no sean las mismas, y más aún si tienes problemas de salud previos, que por otro lado, no son atendidos por un sistema sanitario que continúa poniendo barreras a las poblaciones inmigrantes irregulares, barreras desde lo legal y barreras desde lo psicológico a través del miedo. Las redadas policiales y la persecución a las personas que viven de la manta son legales. Esta muerte no es un fallo del sistema, es una posible consecuencia más.

Un joven negro nacido en España en 1994 fue deportado en el 2016 a Cabo Verde: Wandy nunca había pisado ese país

Un joven negro nacido en España en 1994 en el Hospital Clínico San Carlos, en Madrid, fue deportado en el 2016 a Cabo Verde. Resulta que Wandy, como se llama el chico, nunca había pisado ese país, es más, solo había salido de España en una ocasión para visitar Portugal. Pero resulta también, que Wandy, pese haber nacido en España y llevar toda la vida en este, su país, no tenía la nacionalidad. En España el acceso a la nacionalidad se rige por el ius sanguinis, es decir, que se es español o española por sangre. En España, como en otros países, se puede nacer siendo ilegal, y nacer en condición de apátrida. Que este joven fuera solicitado en la comisaría de Aluche, fuera encerrado y directamente metido en un avión para Cabo Verde es legal. No es un fallo del sistema, es una posible consecuencia más.

El primero de julio de este año Ilyas T. un joven marroquí (de los que denominan MENA), murió en el centro de menores de Tierras de Oria en Almería. Tras la aplicación del protocolo legal de contención “que deja al chico atado de pies y manos sobre su cama, boca abajo, con los brazos y piernas en cruz y con un cinturón abdominal y otro a modo de bandolera” murió asfixiado con una almohada en la boca como muestran los vídeos.

Encontramos otros casos de abusos que han llevado a situaciones extremas con la muerte de estos chicos. En el Centro Asistencial de Melilla en el 2018, dos menores murieron en dos semanas, y a partir de ahí se empezaron a denunciar los casos de abusos en estos centros. Otro caso fue el de un educador del centro que terminó por apuñalar repetidas veces a un joven que finalmente pudo salvar su vida. 

Que a Ilyas T. le sometieran a tal protocolo con esos niveles de violencia es una política del centro legalizada. La violencia normalizada en estos espacios contra menores de edad inmigrantes se debe al ejercicio de opacidad por parte de las instituciones. Tal es el caso de violencia que quien fuera presidente de Melilla, Juan José Imbroda, exigió públicamente que no se le diera ni mantas ni comida a los menores extranjeros no acompañados que vivían en la calle. La muerte de estos jóvenes no son un fallo del sistema, sino una posible consecuencia más.

El 29 de diciembre de 2017 encontraron ahorcado en el Cie de Archidona a un chico de 34 años argelino. Un Cie establecido en la antigua cárcel de Archidona que pese a no estar habilitado para ello contaba con decenas de inmigrantes internados. Previo al suicidio fueron muchas las denuncias por la falta de comida, de ropa, asistencia psicológica e incluso para poder hablar con sus familiares. Entre el 2014 y el 2017 hubo 7 intentos de suicidio en el CIE de Aluche, sumado a al menos 15 huelgas de hambre según un informe de SOS Racismo. Las condiciones de precariedad en las instalaciones, los servicios, el trato y la comida están amparadas por la legalidad de la existencia de este tipo de centros que vienen a ser cárceles donde se encierra a la gente por el delito de no tener papeles. Esas condiciones que implican tal violencia que empuja a las personas a hacer huelgas de hambre e incluso a intentar suicidarse, no son un fallo del sistema, sino una posible consecuencia más.1

Idrissa Diallo murió en el CIE de Barcelona el 6 de enero de 2012. Tras quejarse repetidas veces de dolores, problemas respiratorios y no ser atendida a tiempo murió. Caso similar al de Samba Martine en el CIE de Aluche en Madrid que murió el 19 de diciembre de 2011 tras haber asistido un total de 10 ocasiones a los servicios sanitarios sin que le acompañara un asistente de traducción (igual que con Diallo) y sin haber sido diagnosticada. Como recuerda el Defensor del Pueblo “cuando el Estado priva de libertad a una persona, adquiere respecto de ella una posición de garante, que le obliga a velar por sus derechos fundamentales y muy especialmente por su vida y salud". Este desamparo sanitario, de nuevo, se produce bajo un marco legal que regula los Cíes y que no es rectificado por las administraciones. Los Cies existen por decisión política y son legales, y existe una negativa constante de intervenir en ellos, lo que supone que este tipo de hechos no sean un fallo del sistema, sino una posible consecuencia más.

El 6 de febrero de 2014 quince personas que intentaban cruzar a nado la frontera en Ceuta murieron ahogadas tras el bloqueo a base de disparos con escopetas de bolas por parte de la Guardia Civil española. Este caso, cuyo juicio se ha reabierto tras ser desestimado previamente, está amparado bajo el modelo legal de securitización de fronteras. Estas 15 muertes, se suman a los miles de muertes que tienen lugar cada año de personas intentando cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa ya que no existe la alternativa de una entrada segura. Frontex es legal, la militarización del mar es legal, que los gobiernos en Italia y España impidan salir a navegar a los barcos de las organizaciones que se encargan de rescatar a estas personas en el mar es legal, cuando podríamos pensar que lo ilegal es dejarles morir. Estas muertes en espacios de frontera no son un fallo del sistema, sino una posible consecuencia más.

El pasado mes de junio, una mujer de Honduras que reside en España de forma irregular decidió ir a denunciar que había sufrido el maltrato verbal y físico de un hombre por su condición de mujer e inmigrante infringiéndole gritos, golpes e incluso el intento de apuñalamiento. En la comisaría, al ver que la chica no tenía documentación, la Policía solicitó la presencia de agentes de extranjería que procedieron a elaborar un expediente para su deportación. Todo este procedimiento es legal, sigue los reglamentos de la Policía que puede proceder con una orden de expulsión aun cuando se encuentran con una mujer víctima de violencia machista. Así, el miedo a denunciar, el miedo a ser deportada tiene en estos casos unas consecuencias aún más severas que implican el silencio, y, por lo tanto, seguir sometidas a la violencia de los hombres. Esta desprotección con la que viven las mujeres inmigrantes y que lleva a que no denuncien, y con ello a poner su vida en peligro, no es un fallo del sistema, sino una posible consecuencia más.

Son muchas las mujeres inmigrantes que, debido a su estatus de desprotección social, edulcorado en un problema económico, pierden la custodia de sus hijos que pasan a manos de los servicios sociales. Mujeres inmigrantes, algunas dedicadas a cuidar a los hijos de otras mujeres blancas, pero que no tienen el derecho de poder hacer lo mismo con los propios.

En el 2001 Omosefe Ijesurobo, una mujer nigeriana en condición de ilegal en España y con un hijo de un año fue detenida y deportada al cabo de los días separándose así de su hijo. El padre, también nigeriano, seguía en España, pero no le dejaron la custodia de su hijo quien pasó a servicios sociales y a ser puesto en adopción. Once años después el tribunal de Estrasburgo solicito la rectificación al estado español. Como este caso, han tenido lugar, y siguen teniendo, numerosas ocasiones en las que niños y niñas son separados de sus familias debido al estatus legal de esta. En nuestros espacios de frontera ocurre lo mismo que ocurre en Estados Unidos, como el caso de Oumo, una mujer costamarfileña, que tras venir en patera fue separada de su hijo durante seis meses. El control de los cuerpos de las mujeres inmigrantes, de su natalidad, y de la custodia de los hijos puede llevar a este tipo de situaciones que no son un fallo del sistema, sino una posible consecuencia más.

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La filtración de un vídeo de las cámaras de seguridad del intercambiador de Avenida de América en Madrid muestra una práctica que SOS Racismo denuncia como frecuente: los malos tratos de vigilantes a migrantes y el riesgo que estos corren en espacios públicos.


Que una persona negra vaya por la calle, salga de una estación de metro, esté en una estación de autobuses, o, en definitiva, esté transitando por el espacio público y le pare la Policía para solicitarle la documentación no es algo que sorprenda, menos si haces parte de este colectivo poblacional. Que el porcentaje de estas identificaciones sea porcentualmente mucho más amplio que si es una persona blanca está basado en la reglamentación policial establecida a partir de prejuicios racistas, que en última instancia es legal.

Que por ser racializado te paren mucho más a menudo, seas considerado previamente como un sujeto peligroso, y en cierto orden de ideas extranjero, no solo es una realidad cotidiana, sino que la propia institución de la Policía se pone a la defensiva cuando es señalada, y reclama sus protocolos de actuación como rigurosos, acordes a la ley, y por último, necesarios para el bienestar de la sociedad. Es decir, que por seguridad de todos es mejor controlar más a determinadas poblaciones en función del color de la piel. Esta persecución que lleva a estrés, desarraigo, problemas de identidad, e incluso asumir violencia física y verbal por parte de las autoridades, no es un fallo del sistema, sino una posible consecuencia más.

Los niños retenidos en la frontera de EE UU, los que han muerto bajo custodia centros de inmigrantes, los hombres y mujeres negras muertos a manos de la Policía... todo ello, se enmarca bajo reglamentaciones que legitiman estas acciones

Todo esto, como los niños que están retenidos en centros alejados de sus padres y madres en la frontera de Estados Unidos con México; los niños que han muerto bajo custodia en los centros de inmigrantes hacinados, como vienen reflejando videos e imágenes en los últimos meses; los hombres y mujeres negras muertos a manos de la policía; los niños palestinos encarcelados y torturados por el estado de Israel; las poblaciones mapuches perseguidas y desplazadas por el estado argentino; los niños nativos muertos de hambre y falta de agua en la guajira colombiana; la trata de mujeres inmigrantes dentro de Europa articulada a partir de la ley de extranjería. Todo ello, se enmarca bajo reglamentaciones que legitiman estas acciones, que entre la amplia variedad de posibles consecuencias estas están dentro de los límites de lo real, de lo posible, y en definitiva, de lo asumible.

Así, vemos, como señalaba Ava DuVernay, que no estamos hablando de errores sino de las consecuencias posibles de los márgenes del racismo institucionalizado. El racismo que da forma a nuestras sociedades, y que bebe de todo un proceso histórico de 500 años en el que ha ido creando, modificando y reestructurando todo tipo de tecnologías de dominación y sometimiento es, en definitiva, una ideología formulada en políticas, normativas y protocolos que tienen costos tan variados que van desde la ofensa y discriminaciones sutiles hasta las formas de violencias más manifiesta que implican la muerte. Muertes, que son asesinatos legales. Hablamos de una violencia ejercida desde el estado que no es simplemente legal, sino que es legitimada por las sociedades que aceptan su proporcionalidad y llegan a justificarla.

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