Portugal
El movimiento por la vivienda mantiene su pulso en Portugal

En Portugal el movimiento por la vivienda, si bien se ha visto obligado a levantar las acampadas tanto en Lisboa, la capital, como en Oporto —el último desmantelamiento por parte de la policía se llevó a cabo el pasado 25 de octubre en ambas ciudades y de manera simultánea—, sigue manteniendo el pulso político al gobierno conservador de Luís Montenegro. El movimiento, que continúa con su agenda y su programa político, no cede ni tiene previsto hacerlo. En estos momentos se está intentando coordinar con los diferentes sindicatos una huelga general y continúan llevando a cabo asambleas diarias para decidir los próximos pasos. En las últimas semanas, las acampadas se instalaron en la plaza del Rossio en Lisboa y en la plaza de Dom João I de Oporto. En esta última ciudad, la juventud estuvo acampada desde el 10 de octubre y hasta el 15, fecha del primer desalojo; y desde el 17 hasta el 25, cuando se produjo el desalojo final.

La juventud en Oporto empezó a acampar el 10 de octubre, parcialmente inspirada por el caso Maricarmen, pero con una agenda propia. En las últimas semanas, concretamente a finales de septiembre, la Asamblea de la República, el gobierno portugués, consiguió sacar adelante una nueva ley de arrendamientos que facilita los desahucios de aquellas personas que viven en alquiler y amplía la protección a los caseros, grandes tenedores y fondos de inversión; en detrimento de los derechos de las personas inquilinas. Los contratos bajan de tres años a uno, se aumentan las mensualidades de la fianza —que puede ser ilimitada— y se permiten algunas modificaciones respecto a las rentas antiguas, entre otras disposiciones. El texto fue aprobado y ahora está en fase de debate en las comisiones.

Los movimientos exigen medidas inmediatas para frenar la crisis de la vivienda

La aprobación de esta nueva normativa, que aún no se ha puesto en marcha, ligado al alto coste de la vivienda en las ciudades portuguesas —en un país, según Reuters, donde hay 250.000 viviendas vacías y unas 14.000 personas sin hogar— fue la punta de lanza para que la juventud, pero también gente de otras generaciones se empezase a organizar para protestar. “Tanto en Oporto como en Lisboa tenemos las mismas exigencias, porque estamos interconectados: revertir la ley del alquiler, el fin de los desahucios y de las demoliciones de viviendas de personas sin alternativa habitacional, el freno a la compra de vivienda por parte de fondos inmobiliarios, el aumento de la vivienda pública, trabajar en la iniciativa pública de recuperación de inmuebles vacíos para fines habitacionales y, por último, la aplicación de topes de alquiler verdaderamente aceptables”, explica desde Lisboa para El Salto una de las portavoces de la Acampada de Lisboa pela Habitação, Adriana Lima.

Adriana Lima: “Estamos extremadamente sensibilizados con lo que ha ocurrido en España”

Inspirados en el movimiento que sacudió España hace unos meses y que tuvo en el epicentro el desahucio y el posterior fallecimiento de Maricarmen, así como la acampada en Sol, desde los movimientos por la vivienda portugueses se está trabajando con los sindicatos para ir hacia una huelga general. “Estamos extremadamente sensibilizados con lo que ha ocurrido en España. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que, al leer la noticia de que Maricarmen había fallecido, sentimos un dolor en el pecho, porque tuvimos la sensación de que no había tenido paz al final de su vida; y eso es triste. Por desgracia hay muchas personas como ella, no solo en España, sino también aquí en Portugal. Esa es una realidad para mucha gente, y también para los jóvenes, para todos. Por eso soñamos con hacer una huelga ibérica. Sería maravilloso que España y Portugal se unieran en una huelga para luchar por nuestros derechos”, dice entusiasta la portavoz.

Violencia policial

Además de las acampadas en las dos ciudades principales del país, lo que ha trascendido del país vecino es la violencia con la que fueron desalojadas el pasado domingo 25 de octubre. “Hubo, durante la madrugada, una operación conjunta coordinada. Desalojaron las dos acampadas [la de Lisboa y la de Oporto] con extrema violencia. En Lisboa, la policía incluso usó a los perros y se persiguió a los manifestantes por las calles de la ciudad. Resulta distópico”. Quien habla es Sonia Quinche, responsable de prensa de la acampada de Oporto. Las intervenciones concluyeron con 37 personas con heridas leves y 7 con heridas graves en Oporto, además de más de 20 personas trasladadas al hospital en Lisboa. Cerca de 40 personas fueron detenidas en las dos ciudades.

Los movimientos llevan desde entonces denunciando el carácter desproporcionado e inconstitucional de las actuaciones policiales. Para justificar las acciones de las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo portugués se escuda en un decreto-ley de 1974 (anterior a la Constitución) que establece que las manifestaciones pueden darse entre las ocho de la mañana y las doce y media de la noche; pero los movimientos insisten en que “la perturbación pacífica del orden público está amparada por la Constitución y que ninguna norma de rango inferior puede contradecir las garantías constitucionales”, se puede leer en su último comunicado.

A pesar de que el gobierno desoye sus reivindicaciones, no está en la agenda del movimiento dejar de protestar

El 26 de octubre, tras los desalojos del 25, el Observatório dos Direitos Humanos (ODH) publicó un comunicado en el que se condenaba la actuación policial y la tildaba de “anticonstitucional”. “La Constitución portuguesa consagra el derecho a la manifestación, donde la perturbación del orden es algo normal”, dice Quinche, a quien le molesta que el debate por una vivienda digna se haya transformado en un debate sobre el derecho a la manifestación. “Aunque también es verdad que hay mucha gente que se ha unido a la causa precisamente por esto y en defensa de la democracia”, reconoce. La joven destaca el carácter pacifista de ambas acampadas, que, si bien trabajan de manera coordinada, son autónomas y constituyen “movimientos orgánicos independientes”. “Somos el único país donde no ha habido disturbios y aun así hemos recibido palos”, se queja.

A pesar de la violencia policial, Quinche, de origen canario pero instalada en Oporto, asegura que “la gente quiere volver a acampar”, pero explica que además de desalojarlos, la policía ha requisado material y tiendas de campaña. “Nos asustan también las declaraciones del primer ministro, en las que asegura que él no ve desproporcionalidad en la acción de la policía”, aseguran desde la acampada. Quinche tiene la sensación, como el resto de sus compañeros y compañeras, de que “hay una desconexión entre entre la gobernanza y el pueblo. Montenegro, en una de sus declaraciones, dijo que estábamos copiando ‘una moda de España’ y pidió que no ‘introdujéramos estos problemas’, que no estaban para nada respaldados por la sociedad portuguesa”. A medida que han ido pasando los días se ha demostrado lo contrario.

“El grueso de los promotores de las acampadas es gente joven, de 18 a 21 años, pero con cada agresión hemos conseguido que cada vez sea más la gente que se une. Finalmente se ha dado cuenta [Montenegro] de que sí existe una crisis [de la vivienda] pero ha dicho que se trata de algo estructural y que no es culpa suya”, explica Quinche.

A pesar de que el gobierno desoye sus reivindicaciones, no está en la agenda del movimiento dejar de protestar. “Creo que nunca debemos tener miedo de luchar por el pueblo; lo que debemos temer es vivir una vida sin dignidad”, reivindica Adriana Lima desde Lisboa. Sonia Quinche también lo tiene claro: “No pararemos hasta que se sienten a escucharnos. No nos vamos a desmovilizar”, concluye.