Política
Ione Belarra: “Entiendo las líneas rojas que EH Bildu y ERC pusieron en la negociación de la Ley Mordaza”

Ministra en funciones de Derechos Sociales y Agenda 2030, diputada por Madrid y secretaria general de Podemos, Ione Belarra (Iruña, 1987), ha planteado recientemente las propuestas de su partido para reeditar la experiencia de coalición con la que se formó gobierno en 2018. Las cinco medidas son conocidas. Con una de ellas, la repetición de Irene Montero como ministra de Igualdad, la formación morada quiere reivindicar el trabajo de Podemos en estos casi cinco años de Gobierno.

El final del curso pasado dejó una serie de heridas abiertas en el espacio de la izquierda que hoy lidera Yolanda Díaz a través de Sumar, pero antes de llegar a ese punto, Unidas Podemos participó en la conformación del primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia en 1978. El bagaje del Ministerio que dirige Belarra es conocido: desde esa cartera se impulsó el Ingreso Mínimo Vital —aunque la gestión pertenece a Seguridad Social—, la Ley de Vivienda y una serie de permisos para la conciliación. Ministra desde marzo de 2021, hoy en funciones, Belarra repasa en esta entrevista los puntos críticos de la experiencia de cogobierno con el PSOE y las posibilidades para la repetición de una coalición en la XV legislatura, cuya consolidación aun está en el aire.

La resolución aprobada en el Parlamento de Catalunya, que plantea a Sánchez pasos para un referéndum a cambio del voto positivo de Esquerra Republicana de Catalunya y Junts a su investidura, va a ser la clave de las negociaciones. Podemos planteó hace tiempo que el referéndum era la salida política para el conflicto. ¿Se sigue manteniendo en eso o no es el momento?
Nosotras estamos defendiendo lo mismo que hemos defendido siempre, que es garantizar el derecho a decidir, pero creo que es importante ser conscientes de que en esta mesa de negociación están sentadas fuerzas políticas muy diferentes. Es pública y notoria la posición del Partido Socialista. Creo que en este momento uno de los elementos centrales para que esa negociación salga bien, y es mi opinión personal, es que haya un respeto y un reconocimiento a los interlocutores. Creo que esto es algo que parece menor a los ojos de la ciudadanía y al PSOE le ha costado muchísimo en esta legislatura.

El PSOE es un partido que está acostumbrado a gobernar en solitario, a hacer y deshacer a su antojo. Le ha costado mucho reconocer que no tenía mayoría, que no podía pasar el rodillo y no siempre lo ha entendido. Ahora mismo estamos en un debate muy importante en el que el PSOE tiene que reconocer la legitimidad del resto de actores para poner encima de la mesa sus demandas. Estamos ante la reivindicación legítima por parte de todos los actores, especialmente de las fuerzas independentistas, de la que es su hoja de ruta. No se le puede pedir al resto de actores políticos que renuncien a su programa, a sus ideas y a que las traigan a la mesa de negociación. ¿Eso significa que ese va a ser el resultado de la mesa de negociación? Pues probablemente no, pero creo que si empezamos por el paso previo, que es permitir que todo el mundo haga sus propuestas por las vías democráticas, ya estaremos dando un paso adelante que al PSOE en esta legislatura le ha costado mucho.

Desde mi punto de vista, el Ingreso Mínimo Vital tiene un problema de enfoque y eso no se resuelve únicamente subiendo las cuantías

¿Hasta que punto cree que le pueden temblar las piernas al PSOE? El nacionalismo español va a condenar incluso una posible reunión después de que se haya puesto sobre la mesa ya no la amnistía, sino el referéndum. ¿Va a poder aguantar Sánchez esa presión?
Creo que ahora mismo el PSOE tiene que tomar una decisión trascendente para el futuro de nuestro país. Tiene que ver con si se toma en serio la legislatura en curso o si la considera una especie de prórroga en la que, con mantener lo que se ha avanzado en la pasada legislatura, sería suficiente. Yo creo que si el PSOE toma esa segunda vía se va a equivocar. Porque es verdad que las derechas no han pasado ahora, pero creo que, si no nos tomamos en serio esta legislatura, van a acabar pasando. Y no me refiero solo a la cuestión del conflicto entre el Estado y Catalunya, que evidentemente evidencia esa crisis territorial que hay que abordar y que se aborda lógicamente con los partidos independentistas que tienen eso en su agenda. Tiene que ver también con lo que está planteando Podemos. Y es que esta Legislatura, en términos sociales y de avances democráticos, no puede ser una prórroga. Tenemos que tomarnos en serio el que creo que es el segundo mandato de las urnas del 23 de julio, que es que se le ha dado un toque de atención muy importante al bloque progresista.

¿En qué sentido?
Ahora mismo ya no hay mayoría de izquierdas en el Congreso. Eso, desde mi punto de vista, es un toque de atención muy claro. Y el PSOE tiene que decidir si nos tomamos esta legislatura en serio y entonces abordamos la crisis de la vivienda, la emergencia habitacional, la enorme crisis de la inflación con los altísimos precios de los alimentos, si profundizamos las rebajas del transporte público, si seguimos avanzando en transformaciones feministas y en abordar la emergencia climática... O nos lo tomamos al tran-tran y eso nos lleva a una legislatura, o bien corta o no necesariamente corta, pero en la que seguro que vamos a fracasar como bloque.

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales dice que sólo una cuarta parte de la solicitudes del Ingreso Mínimo Vital han sido concedidas. Las personas perceptoras denuncian desorden y cobros indebidos, el IMV está generando deuda en personas que lo han recibido pero que luego ven rechazada su solicitud. Es una situación que afecta a las personas más vulnerables de la sociedad. El IMV no estaba entre las propuestas enviadas por Podemos recientemente, ¿por qué?
Las cinco propuestas que hemos hecho desde Podemos para la investidura no agotan el programa de Podemos. Son propuestas de puro sentido común progresista más asumibles para el Partido Socialista que otras demandas que están poniendo otros actores encima de la mesa como es la amnistía. Quizá no hemos sido capaces de explicarlo en términos comunicativos, pero la subida del salario mínimo en realidad lleva aparejada otra medida en la que proponemos una subida mayor de las pensiones no contributivas y también del Ingreso Mínimo Vital. En respuesta a la pregunta, desde mi punto de vista, el IMV tiene un problema de enfoque y eso no se resuelve únicamente subiendo las cuantías. Nosotros vamos a plantear en esta legislatura, esperamos que desde el Gobierno, que tengamos un debate sobre el enfoque.

¿Cuál es el problema?
Desde mi punto de vista, el enfoque es equivocado desde el momento en el que toda la carga de responsabilidad recae en la persona, en las personas que, de hecho, son más vulnerables a nivel económico. Toda la justificación de muchísimos requisitos de toda índole recae sobre ellas. Para quienes conocemos cómo es la desigualdad en España, simplemente el tener que recabar todo ese papeleo es una prueba insalvable. Nosotros tenemos una propuesta muy elaborada de renta garantizada, que se basa únicamente en un criterio de ingresos. Lo que vamos a pelear durante esta legislatura es que el único criterio sea de ingresos y que la carga de responsabilidad esté en la administración pública, que es la que se tiene que ocupar de que en España no haya pobreza y no haya desigualdad.

El hecho de que el pleno del Ayuntamiento de Madrid esté haciendo un planteamiento para saltarse la Ley de Vivienda revela que tiene mucho más peso jurídico del que a priori la gente podría pensar

Poco antes de las elecciones se aprobaron los permisos de conciliación. ¿Es posible garantizar que se están utilizando por las personas que tienen derecho a ello?
En el último Consejo de Ministros, antes de estar en funciones, conseguimos meter un gol por la escuadra para aprobar esos permisos que eran muy importantes para las familias españolas. Esos cuatro días en los que si tu hijo o hija se ha puesto mala puedes faltar al trabajo por motivos de fuerza mayor —y es tu derecho como trabajador y trabajadora, no es un favor que te hace el jefe o la jefa—. También la ampliación a cinco días en los casos en los que tu pareja o un familiar tiene una operación quirúrgica y necesita reposo en casa. Con los permisos de ocho semanas, peleamos hasta el final para que fueran remunerados, pero finalmente no lo son. Yo creo que esos permisos son muy importantes, aunque sean limitados, en el sentido de que en España existe un problema de conciliación enorme en el que hay todo un trabajo que hacen las escuelas infantiles y los abuelos y las abuelas, con unos padres y madres que hacen malabares. Creo que no lo agota, pero hemos dado un paso muy importante. 

¿Por dónde pueden venir los inconvenientes?
Al no ser remunerado, el Estado no juega ningún rol en el permiso de las ocho semanas y en ese sentido es difícil hacer seguimiento de cómo se están desplegando los permisos, porque es una relación prácticamente individual entre el trabajador y la trabajadora y la empresa. Pero, nos hemos puesto en contacto con los sindicatos porque, efectivamente, la acción sindical va a ser muy importante para apoyar a las personas trabajadoras para que se respeten sus derechos y que puedan disfrutar de los permisos. Acompañar esa labor sindical va a ser muy importante. Ya estamos en ello y y sabemos que hay mucha gente que lo está solicitando, que en muchos casos se está concediendo sin mayor problema. En otros casos, sin embargo, están poniendo como siempre trabas burocráticas y vamos a estar ahí acompañando para resolverlos. Esto en el reglamento de la ley tiene que acabar de pulirse y para eso ese trabajo sindical va a ser muy importante.

Y un poco antes vino la Ley de Vivienda. Se siguen produciendo desahucios, hay además un cambio de tendencia en los gobiernos de las comunidades autónomas que desinfla la aplicación. ¿Sigue viendo esa ley como un hito?
Sin duda. Yo creo que ahora mismo el hecho de que el pleno del Ayuntamiento de Madrid esté haciendo un planteamiento para saltarse la ley revela que tiene mucho más peso jurídico del que a priori la gente podría pensar. Todo el debate de la ley se ha concentrado en la regulación de precios del alquiler, que es una medida de choque para atajar el problema de los altísimos precios, pero la ley tiene otras medidas muy importantes como la protección frente a los desahucios: ahora los juzgados tienen que solicitar sí o sí un informe a los servicios sociales de manera obligatoria. Todos sabemos que las leyes no solucionan problemas de hoy para mañana, pero la ley cambia el enfoque y, de repente y con sus limitaciones, el Estado, por primera vez, se ocupa de garantizar el derecho a la vivienda. Se le encomienda esa tarea y a mí eso me parece un paso fundamental. 

Precisamente, esta pelea jurídica que se va a establecer con el Ayuntamiento de Madrid, si realmente llevan adelante este intento de incumplimiento de la ley, gira en torno a una de las medidas más importantes de la ley, que es la reserva del 30% para vivienda protegida: que toda la nueva vivienda, sea pública o sea privada, debe tener una reserva al 30% de vivienda protegida, y que el 15%, o sea la mitad, tiene que ser para alquiler social. Esa es una medida que, a medio plazo, sí se cumple a rajatabla la ley —y nosotras vamos a estar muy vigilantes para que la ley se cumpla— realmente revierte cómo es el sistema de vivienda en España, porque hace que un porcentaje muchísimo mayor tenga que ser de alquiler asequible. Creo que el Partido Popular ha visto con muchísima claridad que esa es una medida clave y por eso la quieren tumbar lo más pronto posible.

¿Qué limitaciones reconoce?
Me preocupa que las comunidades gobernadas ahora por el Partido Popular no vayan a cumplir con la declaración de zonas de mercado tensionado, aunque cumplan los requisitos, porque la mayoría cumplen los requisitos. Pero creo que desde el Gobierno, como ya hemos propuesto desde Podemos, se puede imponer una congelación de los precios del alquiler durante toda la legislatura, justificándolo de una manera clara con la crisis de la inflación. Eso puede revertir de una manera estatal más fácilmente que la otra pelea sobre la vivienda protegida y el alquiler a precios asequibles, que va a ser, desde mi punto de vista, el corazón de la batalla y es el corazón de la ley.

¿Cuál fue el peso de los lobbies en la elaboración de la norma?
Creo que la Ley de Vivienda es el mejor ejemplo, sin ninguna duda, de la importancia que ha tenido la mayoría plurinacional y progresista —no democrática, progresista— en la pasada legislatura, porque ahí el trabajo que desde Podemos hicimos de la mano de ERC y Euskal Herria Bildu fue determinante para que el PSOE tuviera que aceptar cosas que nunca hubiera aceptado. La vivienda ha sido el gran negocio español. Es el derecho fundamental más desregulado, o regulado a favor del mercado en España. Es el mercado más especulativo. Nunca ha habido, o ha habido muy poca, intervención pública sobre la vivienda. Hay muy poca vivienda protegida comparando con otros países europeos, no hay ningún control sobre los precios. Y efectivamente, además, al frente de una de las principales patronales inmobiliarias había un ex del PSOE como Joan Clos. Eso ha sido determinante. Lo hemos visto todo el tiempo. Ha sido precisamente ese trabajo conjunto de la mayoría plurinacional y progresista lo que hace que hoy tengamos Ley de Vivienda en España, que, insisto, nunca se podría haber aprobado con la mayoría que tenemos en este momento.

Voy a seguir trabajando para que sea de sentido común que no podemos tener una política migratoria que no respeta los derechos humanos y que se produzcan masacres como la que vimos en Melilla

Para los movimientos sociales de vivienda, la ley se ha quedado a medias. ¿Desde Podemos se considera que faltó más presión de la calle para haber llegado más lejos?
No. Lo mejor que tenemos en este país es la gente que se organiza en movimientos sociales, en organizaciones. Nunca haré ningún discurso que la responsabilice de no haber hecho lo suficiente. Como yo veo el tablero: por primera vez ha habido una fuerza política que, estando dentro del Gobierno del Estado, ha tenido claro qué intereses representaba y que ha explicado a la ciudadanía por qué había cosas que no se podían hacer y le ha pedido ayuda. Yo le pedí ayuda al movimiento de la vivienda en un momento dado, cuando vi que la ley no salía. Creo que eso es un cambio total, porque, hasta ese momento, nuestro espacio político no tenía experiencias exitosas de gobierno con el PSOE. Siempre que una fuerza transformadora de izquierdas había entrado en un gobierno con el PSOE se había triturado a esa fuerza política, y se había hecho lo que se ha venido en llamar “el abrazo del oso”. Humildemente, pienso que la gente ha visto que nosotros hemos dado la pelea y que, de hecho, dar la pelea en el caso de la ministra de Igualdad y el mío ha supuesto un coste en términos de ataques mediáticos. Yo siempre he visto la alianza con los movimientos sociales como una de nuestras principales fortalezas. Siempre se puede mejorar, pero lo hemos tratado de cuidar al máximo. Y yo creo que el trabajo que han hecho los sindicatos de inquilinas, por ejemplo, uno, arrancando una nueva forma de sindicalismo en España —que eso ya me parece un paso impresionante—, y dos, trabajando en medidas que están finalmente incluidas en la ley, aunque no sean tan ambiciosas como a ellos les habría gustado, me parecen un caso de éxito, de influencia desde los movimientos sociales, teniendo en cuenta que te organizas frente a unas estructuras económicas enormemente poderosas. Yo creo que esa alianza de la mayoría plurinacional y la alianza con los movimientos sociales es lo que nos da fuerza. Y, en el caso del feminismo, revela hasta qué punto, cuando hay presión desde fuera, cuando la calle se moviliza, cuando el movimiento feminista está fuerte, cuando además hay alguien en lo institucional que quiere dar la pelea, los cambios son impresionantes.

¿Tenían razón ERC y EH Bildu cuando decidieron parar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se estaba planteando?
Creo que sí. Creo que sí, porque había un compromiso muy firme de las fuerzas políticas que estaban en la oposición para decir que la Ley Mordaza se tenía que derogar íntegramente. Creo que todas las fuerzas políticas que son legítimamente elegidas en las urnas tienen derecho a establecer líneas rojas. Y yo entiendo que ahí las hubiera. Para mí, por ejemplo, las balas de goma, que suponen un daño enorme para las personas, es un elemento central que está bien que, en una negociación, una fuerza parlamentaria que no tiene responsabilidades de gobierno la plantee.

Reforma de la Ley Mordaza: game over

Diego Sanz Paratcha

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Ley de Seguridad Ciudadana

Ley de Seguridad Ciudadana Reforma de la Ley Mordaza: game over

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La negativa del PSOE a reformar los artículos que han supuesto un tercio de las sanciones de la ley mordaza o a prohibir las devoluciones en caliente termina con el recorrido del proyecto en esta legislatura.

Desobediencia civil contra la Ley Mordaza: justa, legítima y necesaria

El momento más trágico de toda la legislatura es la masacre de la valla de Melilla. ¿Ha sido para usted el momento más difícil?
Sí. Efectivamente. Una de las cosas más difíciles de asumir desde este puesto de responsabilidad es que todavía estamos muy lejos de que haya un sentido común antirracista en España, muy lejos. Me preocupa enormemente. Voy a seguir trabajando para que lo haya y para que sea de sentido común que no podemos tener una política migratoria que no respeta los derechos humanos y que se produzcan masacres como la que vimos en Melilla. Pero estamos lejos de ahí. Creo que como país seguimos teniendo una profunda raíz racista que hace que estas cosas no importen como importan otras, y eso es doloroso.

¿En algún momento pensó en dejarlo?
Muchas veces pensamos en dejarlo. Pero sabemos que nunca desde la izquierda transformadora se había conseguido tanto. Humildemente, nos hemos podido equivocar, pero creo que nadie puede decir que no lo hemos intentado hasta el final.

Hemos sabido que hubo una reunión del resto del espacio de coalición en la que se decidió el veto a Irene. En ese momento no lo supimos, pero después sí

En el momento de la invasión rusa de Ucrania usted hizo unas declaraciones por las que, hasta donde sabemos, el PSOE pidió su cabeza. ¿Es entonces cuando comienza el peor periodo de desconfianza con el resto del Gobierno?
Yo diría que el momento en el que se desata la invasión rusa sobre Ucrania ha sido el momento en el que más cerca hemos estado de toda la legislatura de que se rompiera el Gobierno de coalición. No específicamente por la posición de Podemos, tengo que decir. Pero sí que creo que ahí hubo una crisis profunda, una diferencia muy sustancial con el PSOE que hizo que la coalición se tambaleara realmente. Viéndolo con perspectiva, yo creo que ha sido muy importante que nos mantuviéramos firmes en ese momento, responder ante esa mayoría social, que yo creo que existe, que es pacifista, que no está de acuerdo con el aumento enorme de inversión militar que está haciendo el PSOE. Creo que somos la única fuerza política en un Gobierno que lo ha hecho en toda Europa. En algunos momentos plantarse y decir “yo no estoy de acuerdo con esto” es importante. En este momento, la correlación de fuerzas no me permite cambiarlo, pero que no cuenten con mi silencio.

¿Cree que ese ir en contra de lo que se llama la “razón de Estado”, ir a contracorriente del sentido común dentro de la UE, ha sido determinante en que Podemos haya quedado disminuido en el reparto político?
Puede ser que se haya usado como excusa, pero yo creo que esa no es la razón fundamental por la cual se ha intentado silenciar, minimizar, a Podemos. La razón por la que se ha intentado arrinconar a nuestra fuerza política tiene mucho más que ver con nuestra voluntad de poder, con nuestra forma de hacer, que quizás se evidencia mucho con la crisis de la guerra. Es una forma de estar en el Gobierno con el PSOE que no se pliega, que no se amolda, que sigue reivindicando que incluso dentro del Gobierno se debe reconocer que somos fuerzas políticas distintas, que defendemos intereses diferentes y programas distintos. La dificultad central del PSOE es que no reconoce la legitimidad de otras fuerzas políticas para ser distintas a ellos. Creo que a lo que aspiraba el PSOE con la entrada de Podemos en el Gobierno era a que no dijéramos nuestra opinión, a ponérnoslo muy difícil para que no cambiaran muchas cosas y finalmente el resultado de la legislatura fuera algo así como: “Veis, más de lo que hacemos nosotros no se puede hacer; lo que pasa es que no entendéis cómo funcionan los ministerios, no entendéis cómo funciona el Gobierno”. Ese era el objetivo del Partido Socialista, que la gente pensara “para esto, mejor votar al PSOE”. 

Antes de las elecciones de julio, ¿en qué momento se les planteó que Irene Montero no fuera en las listas?
A nosotros esto nos lo traslada el equipo de Yolanda Díaz, encabezado por su jefe de gabinete, y se lo traslada literalmente a nuestra secretaria de organización, Lilith Verstrynge. Después hemos sabido que hubo una reunión del resto del espacio en la que se decidió el veto a Irene. En ese momento no lo supimos, pero después sí.

Pero, ¿existió en algún momento esa posibilidad de que fuera diputada por otra circunscripción (se ha hablado de Bizkaia y Gipuzcoa)?
Formalmente, no.

Si fuésemos a una repetición electoral, ¿Podemos concurriría por su cuenta en las generales?
Nosotros ahora estamos trabajando, como lo hemos hecho siempre, para que haya gobierno de coalición, para que Podemos esté dentro de ese gobierno representado en Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, porque pensamos que las transformaciones feministas necesitan tener continuidad. Yo creo que estamos ante una muy buena oportunidad de superar ese veto al feminismo que vimos en campaña, que no lo hizo sólo Yolanda, sino que lo hizo también el Partido Socialista con Pedro Sánchez diciendo que sus amigos de 40 y 50 años se habían sentido ofendidos. Por mucho que se intente concretar en la figura de Irene, ese fue un veto al avance feminista, a los avances institucionales en materia del feminismo que ella representa pero que van más allá. Creo que ahora mismo tenemos la oportunidad de corregir ese error y restablecer, en la que yo creo que tiene que ser una apuesta fundamental del próximo gobierno de coalición, a Irene Montero como abanderada de ese cambio. Vamos a trabajar en ese sentido para que haya gobierno de coalición, para que Podemos esté en ese gobierno y para armar la mayoría. Es difícil, pero sigo pensando que es posible. Yo creo que la gente no entendería que no se respetase el mandato de las urnas.

Si no está Montero en ese Gobierno, ¿Podemos se plantea estar fuera del Gobierno, apoyando lo que convenga y marcando perfil propio?
El PSOE y Sumar se equivocarían si rechazan la que yo creo que es una propuesta sensata y aceptable. Digamos que Podemos tiene cinco votos que son imprescindibles para la mayoría. Nuestra propuesta es de puro sentido común progresista: las cinco propuestas más el Ministerio de Igualdad, encabezado por Irene.

El año que viene son las elecciones europeas. También habrá que formar listas y se empieza de cero. ¿Se puede Podemos plantear ir en solitario en unas elecciones que, además, son más propicias por la circunscripción única?
Nosotros de momento no estamos en ese escenario. Creo que tenemos entre manos cosas muy importantes, como que haya Gobierno de España y nuevo Gobierno de coalición. Lo que sí estamos es en un proceso de fortalecimiento de Podemos. Por eso, como secretaria general, he lanzado un proceso de fortalecimiento del partido que tiene por objetivo fijar la hoja de ruta. Y el fundamento de ese debate es básicamente afirmar a Podemos como una fuerza política autónoma, que llegará a acuerdos preelectorales y postelectorales cuando eso sea útil para la mayoría social de nuestro país, pero que tiene autonomía, que tiene voz y que siempre va a estar en acuerdos a través de procedimientos democráticos. Porque creo que todo el mundo es consciente de que, si hubiera habido primarias, Irene Montero en primer lugar, pero también Pablo Echenique o Rafa Mayoral, son personas que hubieran estado en la lista al Congreso.

¿Hay una posible hoja de ruta para un reencuentro, para un frente amplio, para, digamos, superar todos los traumas que tiene la izquierda en este momento?
Creo que esa pregunta hay que hacérsela al resto de actores del espacio, porque incluso con un acuerdo enormemente injusto que nunca le habrían hecho aceptar a ninguna otra fuerza política que no fuera Podemos, con un veto a Irene y con unas condiciones que no responden a nuestro peso específico dentro del espacio, Podemos fue la única fuerza política que puso por delante la unidad, el interés de nuestro país y aceptó un acuerdo de estas características, con una hipótesis que se ha demostrado cierta, que es que si la izquierda transformadora se presentaba junta a las elecciones era posible repetir el Gobierno de coalición, aun cuando todo el mundo, principalmente el PSOE y Sumar, daban esas elecciones por perdidas.