Pobreza
Historias de exclusión en el barrio de El Puche en Almería

Con uno de los índices de pobreza más altos de Andalucía, los vecinos del barrio de El Puche, en Almería, reclaman medidas que acaben con el abandono institucional y la exclusión social

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Pintada en el barrio de El Puche, Almería, uno de los barrios más degradados de Andalucía. David F. Sabadell

publicado
2018-03-24 09:00

El Puche es un vecindario almeriense con una situación harto complicada, cuya complejidad emana de diversos factores. Sin embargo, la conjunción de estos elementos reduce el problema a la siguiente ecuación: una falta de civismo que promueve el abandono y un abandono progresivo que menoscaba el civismo.

Para bosquejar una solución a este frecuente tópico de “la pescadilla que se muerde la cola” sería preciso un análisis profundo; una reflexión que hallara respuesta eficaz a las necesidades urgentes, pero que fuera también capaz de dar sus frutos a largo plazo.

En dicha dirección apunta José, miembro de la organización SOC-SAT Almería (el Sindicato de Obreros del Campo y del Medio Rural de Andalucía). Sostiene que realizar campañas de concienciación ciudadana en el barrio fomentaría el interés de sus habitantes por conservarlo en buen estado.

Entre las peticiones de la asociación de vecinos se encuentran las mejoras en el alumbrado, la limpieza de las calles, la inclusión de espacios verdes y la recuperación del transporte público. El autobús ya no se adentra en la zona debido a que recibía piedras en los cristales a modo de bienvenida.

No obstante, el reclamo que mayor fuerza ha tomado en los últimos meses ha sido la paralización de decenas de desahucios en viviendas públicas. En unos casos, a los ocupantes no se les había permitido residir en dichos pisos y, en otros, se considera que los inquilinos han efectuado un mal uso del inmueble.

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El transporte público ha dejado de entrar en el Puche, Almería. Los vecinos claman contra el abandono institucional. David F. Sabadell

Compraventa ilegal de viviendas

El primer perfil de afectados es el de aquellos que compraron una casa y a quienes, un tiempo después, la Administración andaluza comunicó que dicha compra era ilegal. Por un lado, el piso no les pertenecía, al tratarse de vivienda pública, la cual no puede comprarse ni venderse entre particulares. Por otro, tampoco se les había otorgado previamente el derecho a vivir en él mediante el pago de un alquiler social. El organismo que gestiona estas viviendas es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que anteriormente se denominaba Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA).

La Junta alega que esas personas sabían perfectamente que las viviendas eran públicas y que no podían cederse, aún menos con el objetivo de lucrarse. Los vendedores incurrieron en un acto ilegal, puesto que las casas se les habían adjudicado para que vivieran en ellas: no podían venderlas y tampoco debían abandonarlas. Se les habían concedido al no disponer, supuestamente, de otro lugar en el que residir.

En cuanto a los compradores, la Junta también afirma que conocían la cualidad pública de estas viviendas. Ellos lo niegan y replican que creían que pertenecían al particular que se las vendió.

“Los vecinos de El Puche estamos hartos de la Junta y de AVRA, que está aprovechando para robar a la gente. Muchas de las personas a las que quieren expulsar compraron las casas en las que residen hace años y las registraron en Hacienda”. Con esta sentencia comienza Maluk, presidente de la asociación de vecinos de El Puche.

Los vecinos demandan mejoras en el alumbrado, limpieza de las calles, espacios verdes y transporte público

Explica que, en 2007, EPSA les hizo saber que dichas viviendas eran públicas y, por tanto, pertenecían a la Junta de Andalucía. Se instó entonces a quienes las habitaban —en su mayoría tras haberlas adquirido tiempo atrás— a firmar un contrato de arrendamiento anual y prorrogable por un valor de 25 euros mensuales.

“Nos mintieron porque aseguraron que el alquiler no subiría de esa cantidad y que la reparación de algunos desperfectos que había en las viviendas correría a cargo de EPSA. Pero al cabo de un año el precio comenzó a subir: primero llegó a los 30 euros, luego a los 40, a los 50, a los 60… En general, el importe ha subido mucho, aunque a día de hoy no todos pagamos lo mismo”. Maluk considera que ese incremento se ha producido de forma un tanto arbitraria en cada caso.

Posteriormente, EPSA cambió su nombre por AVRA, su denominación actual. “AVRA ha actuado de la misma manera, subiendo progresivamente el precio del alquiler. Además, incluyó en la factura mensual el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Ahora tenemos que pagarlo los inquilinos sin ser dueños. No tiene sentido que nos hagan pagar ese impuesto si nos están diciendo que las casas no son nuestras”.

Así, cada mes, junto al importe del alquiler —variable en cada caso—, los arrendatarios pagan entre ocho y diez euros de IBI, más cinco euros de impuesto de residuos urbanos por la recogida de basuras.

Los diferentes relatos de vecinos afectados evidencian una serie de irregularidades en la compraventa de estos pisos. Por un lado, AVRA determina que los contratos son ilegales, al tratarse de vivienda pública que es propiedad de la Junta de Andalucía. Además, estos documentos no siempre reflejaron las características reales de la vivienda o el verdadero precio acordado para su adquisición.

Por otro lado, los vecinos cuestionan que AVRA haya realizado correctamente su labor de control sobre los inmuebles. “Las casas no tenían las placas que indican que son públicas. Quizá los que las vendieron las quitaron, pero el caso es que no las tenían. Quienes las compraron desconocían que pertenecían a la Junta”. Así lo expresa Antonia María Nieto, una de las promotoras de la asociación de vecinos, a la que en el barrio conocen como ‘Chiqui’.

“La mayoría de estas personas no sabe leer ni escribir”, añade Maluk, argumentando que por ello ha resultado más sencillo engañarlas. “Lo que pedimos es que ofrezcan una solución. Si la vivienda pertenece a la Junta ya no podemos hacer nada, pero que, al menos, les proporcionen una alternativa a estas familias”, recalca Antonia María.

Sale a relucir el caso de Suad, la mujer marroquí que fue desalojada el pasado 18 de diciembre junto a su marido y sus dos hijas, tras haber pasado semanas intentando impedir el desahucio. Sin embargo, pocos días después Suad pudo volver a la misma casa. La vecina a la que se le adjudicó la vivienda de la que acababa de ser expulsada decidió cedérsela a ella y a su familia, para que pudieran instalarse de nuevo. “Estamos contentos porque, de momento, hemos ganado esta batalla”, afirma Antonia María. Aun así, Suad deberá obtener una resolución favorable en el juicio que hay pendiente para poder quedarse con el piso.

“No tenían adónde ir. Les obligaron a dejar la casa y se quedaron en la calle, con sus dos hijas. Entre los vecinos procuramos acogerlos el tiempo que pudimos, pero necesitaban una solución. No es admisible que ocurran estas cosas. Menos mal que esta vecina ha sido solidaria con ellos”, puntualiza Antonia María.

Otro grave problema son los destrozos de algunas de las viviendas desahuciadas, que precisarían una reforma integral para volver a ser habitables. Varios vecinos alegan que quienes las destruyen pretenden impedir que se continúe especulando con ellas.

A esto se añade que hay locales reconvertidos en vivienda que no contaban con tal licencia, así como cocheras que han seguido el mismo camino. Los vecinos aseveran que una de las trabajadoras de AVRA, que antes vivía en El Puche, ha revendido varios de esos garajes para su uso como viviendas.

“En esas cocheras vive la gente de una manera… Que los ves y te preguntas cómo es posible que esas familias puedan estar así. En algunas viven tres o cuatro personas, pero en otras hay hasta seis o siete ahí metidos. Son espacios muy pequeños, sin ventanas…”, detalla Mohamed, otro de los habitantes del vecindario.

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La pobreza y la exclusión en El Puche provoca la proliferación de infraviviendas. David F. Sabadell

Plantaciones de marihuana

El segundo perfil de afectados es el de aquellos que han realizado un ‘mal uso’ de las viviendas. Algunos de los pisos objeto de desahucio albergaban plantaciones de cannabis, lo cual turba aún más la situación. “Si no quieren que se cultive, en lugar de permitir que se abra una tienda de semillas en el barrio, deberían crear más empleos. La tasa de paro es muy elevada”, razona María Jesús Martínez, que también administra la asociación de vecinos.
Su hermana es una de las afectadas: “Les han dicho que tienen que dejar la casa, pero ella y mi cuñado están sin trabajar y sin ingresos porque él dejó de cobrar el paro. Mi hermana está con depresión a raíz de lo que les ocurre. Yo no puedo permitir que se queden en la calle”.

María Jesús afirma que la han acusado de albergar plantaciones de marihuana en su propio piso; algo que asegura que no es cierto. Para demostrarlo, enseña la totalidad de las habitaciones y la terraza. En ninguna de las dependencias se ve plantación alguna. “Tengo en casa a mis padres enfermos y ya nos falta el espacio. ¿Cómo se me iba a ocurrir ponerme a plantar marihuana aquí?”, explica al tiempo que muestra dos bombonas de oxígeno que guarda en el salón.

“Solo pedimos los mismos servicios que cualquier otro barrio de Almería”, apunta Antonia María, una vecina de El Puche

Josefa es otra vecina que lleva 35 años viviendo en la casa de la que ha recibido orden de marcharse por el mismo motivo. “No queremos que haya conflictos en el barrio y parece que la Junta los está buscando”, dictamina. No obstante, en su piso sí existían plantaciones de la mencionada especie. Se trata de una de las siete viviendas de las que se requisó un total de 80 matas de marihuana durante un registro realizado el año pasado. “Nos dicen que no es legal, pero es que nos tenemos que ganar la vida de alguna forma. Sin trabajo y sin ingresos, ¿qué vamos a hacer?”, justifica esta vecina.

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Familia de Ibrahim y Souad, en El Puche, Almería, amenazada de desahucio por la Junta de Andalucía. David F. Sabadell

Reivindicaciones

Junto a la paralización de los desahucios, las otras cuatro peticiones principales de la asociación de vecinos de El Puche son las mejoras en el alumbrado, la limpieza, el transporte y las zonas verdes. La premisa que las sustenta es, en palabras de María Jesús, que “si el barrio está cuidado, se invita a que los vecinos también lo cuiden”.
Respecto a la primera de las reivindicaciones, el alumbrado, conviene destacar la oscuridad inherente a las calles del vecindario tras la puesta de sol. Los propios residentes recomiendan no frecuentar la zona de noche, pues la reducida visibilidad aumenta exponencialmente tanto la sensación de inseguridad como el riesgo de sufrir un asalto.

En cuanto a la segunda petición, la limpieza, cabe reseñar la acumulación de basura en prácticamente cada rincón de El Puche. Los descampados se han convertido en auténticos vertederos donde algunos vecinos queman los residuos por la noche, con la intención de reducir su cantidad. Lejos de mejorar la situación, estos incendios dudosamente controlados enrarecen el aire y originan un considerable peligro para sus habitantes.

En lo que respecta a la falta de transporte público, hace meses que los conductores de autobús decidieron no adentrarse más en el barrio, ya que en múltiples ocasiones fueron recibidos con una lluvia de piedras.

Diego, miembro de la asociación de vecinos de otro menoscabado barrio de Almería como es La Chanca-Pescadería, se ha solidarizado con El Puche. Esgrime que no corresponde a los vecinos reprender a quienes lanzan piedras contras los autocares. “No somos policías y, por tanto, no es nuestra función arreglarlo. Es el Ayuntamiento el que debe buscar una solución a este problema”, apunta.

“No queremos que haya conflictos en el barrio y parece que la Junta los está buscando”, dictamina una vecina

La última de las peticiones tiene que ver con la escasez de zonas verdes, lo cual empuja a los vecinos a solicitar parques, áreas de paseo y pistas deportivas. “A mi hijo, que ahora tiene 14 años, le gusta jugar al fútbol. Como aquí no hay campo, tengo que llevarlo en coche a otras partes de la ciudad que están lejos para ir andando. O lo llevo yo o no puede jugar”, especifica Mohamed.

“Solo pedimos los mismos servicios que cualquier otro barrio de Almería”, apunta Antonia María. “Por eso estamos saliendo a la calle, para defender lo que queremos”, prosigue. María Jesús asiente. “Necesitamos un barrio digno y para conseguirlo debemos ser todos uno”, reclama al tiempo que los presentes efectúan gestos de aprobación. “Parece que vamos logrando cosas, pero falta mucho todavía”, indica Antonia María.

En los últimos años han llevado a cabo concentraciones frente a organismos públicos, marchas por la ciudad, limpieza colectiva de algunas calles del barrio, reparación conjunta de viviendas… Si bien ha sido en 2017 cuando han intensificado sus reivindicaciones.

Los meses venideros desvelarán la trayectoria de un vecindario que se nutre de contradicciones, mientras navega a la deriva en aguas basculantes. El porvenir de un barco que, a pesar de su naufragio en diversos aspectos y de la permanente borrasca que atraviesa, se mantiene a flote. El futuro, en definitiva, de este barrio conflictivo a la par que humano que es El Puche. 

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