Pobreza energética
El claustro docente solicita la restitución del “suministro eléctrico” para la infancia de la Cañada

El profesorado de centros educativos a donde asiste alumnado de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana afectados por los cortes de luz, ha solicitado a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid su mediación para que se adopten las medidas que aseguren el suministro eléctrico “y se provea los derechos básicos de los menores afectados”.

El documento dirigido al titular de ese organismo, Enrique Ossorio, lleva el aval de unas 400 firmas recogidas entre profesionales de la educación de una veintena de centros de educación primaria y secundaria ubicados en los distritos de Vicálvaro, Villa de Vallecas, y del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

“En una situación así la única herramienta que te puede sacar de la marginalidad es tener una formación y poder trabajar”, afirma la profesora Puri López.

“Estamos en la obligación de solicitar a la Consejería una mediación para asegurar el derecho a la educación que tienen estos chicos, que es algo básico e imprescindible.  En una situación así la única herramienta que te puede sacar de la marginalidad es tener una formación y poder trabajar”, explica la portavoz de los docentes movilizados y profesora del Instituto de secundaria Joaquín Rodrígo de Vicálvaro, Puri López Sánchez.

Según las estimaciones de las organizaciones sociales del barrio, el corte del suministro eléctrico por parte de la empresa Naturgy, lo están sufriendo más de 4.500 personas, de las cuales 1.812 serían menores de edad, la mayoría en edad escolar.

En el escrito presentado, el cuerpo docente afirma que por el corte de suministro eléctrico que estas familias sufren desde octubre de 2020, “no se está respetando el interés superior del menor” y que a consecuencia de la situación temen “por la seguridad y salud de estos niños por los problemas de habitabilidad que presentan sus hogares”.

“Actualmente habitan en una zona marginal comparable a la de los campos de refugiados, que no les permite tener una educación cerca de sus viviendas, a pesar de vivir tan solo a 10 kilómetros de la capital de España, y donde carecen de los servicios básicos (imposibilidad de acceso al agua caliente impidiendo el aseo diario, dificultad para realizar la colada conllevando la falta de higiene y apariencia adecuada, falta de una alimentación equilibrada, falta de calefacción generando casos de hipotermia, etc.)”. denuncia el profesorado en el documento firmado.

López Sánchez admite que intentan “mantener la llama viva del alumnado” ante una creciente situación de absentismo escolar. “Académicamente están sufriendo una segregación tremenda, si anteriormente asistían a clase con regularidad, era ese el momento en que podíamos ofrecerles nuestro apoyo, educación y conocimientos, pues ahora eso se trunca, ente otras cosas porque muchos de ellos han dejado de asistir. El absentismo cada vez va a más, tenemos alumnos que incluso quieren y les gustaría atender las clases normales y sin embargo no pueden ni venir”, asegura.

Para la docente, se dan situaciones de “vergüenza real” que están generando “una merma en la autoestima” y un retroceso en su aprendizaje. “Si no tengo forma de calentarme a través de la luz, lo hago con hogueras, pero entonces huelo a humo”, ejemplifica.

Coincide con ella su compañero de centro y portavoz, Juan Carlos Sánchez Blascó, quien advierte que “los chicos tienen dificultad en mantener un cierto nivel de autoestima para poderse enfrentar a las tareas o a los trabajos o a la sociabilidad con el resto de los compañeros”.

“Es duro para ellos comentar las situaciones en las que viven, la imposibilidad de presentarse en igualdad de condiciones”, reconoce Juan Carlos Blascó.

“Es duro para ellos comentar las situaciones en las que viven, la imposibilidad de presentarse en igualdad de condiciones, aunque sea para relacionarse. Eso va mermando el ánimo y se nota en el rendimiento académico”, ratifica.

Las firmas han sido solo desde el profesorado porque entendían que era lo mejor que podían hacer desde la comunidad educativa. “Queríamos aportar desde lo que es nuestro trabajo, la docencia y el contacto de estos alumnos y alumnas en nuestros centros”, asegura Sánchez Blascó.

No entienden que la situación se haya convertido en una pelota “que va y viene” entre las administraciones. Extrañan “un seguimiento de los 250 millones de euros en virtud de los fondos Feder que el gobierno regional de Madrid asignó para lograr ‘la inclusión social y combate a la pobreza’” y la falta de cumplimiento por parte de la administración pública “de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que forman parte de la Agenda 2030”.

“Es un tanto metafórico, pero que enciendan el interruptor cuanto antes”, concluye Sánchez Blascó, unificando el deseo no solo de la comunidad educativa, sino de las más de esos 1.812 niños y niñas que llevan desde hace cuatro meses afectadas por el corte generalizado del suministro eléctrico.