Pobreza energética
Asociaciones vecinales de la Cañada Real: “Deciden sobre nosotros como si fuéramos mercancía”

Noventa y ocho días han pasado desde que se produjo el corte en el suministro eléctrico en el sector 6 de la Cañada Real Galiana y algunos menos en el sector 5. Tres meses que tuvo la clase política en sus diferentes administraciones, con competencias plenas y sin ellas, para escuchar la demanda vecinal y reaccionar a la tragedia humanitaria que se estaba gestando. Por impericia o negligencia, no se hizo nada.

Ayer, jueves 7 de enero, con el temporal Filomena cubriendo de nieve la ciudad, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anunció que estudiaban montar recursos de emergencia “donde se pueda producir un traslado más masivo” de habitantes de la Cañada. La actuación, tardía y sin participación del tejido vecinal, demostraba el nivel de improvisación de la administración local.

“Queremos hacer pública nuestra posición y trasladar del mismo modo nuestro más absoluto rechazo a ser expulsados de nuestros hogares”, denuncian las asociaciones de la Cañada

“Tras las declaraciones emitidas hoy a prensa por el señor José Luis Martínez Almeida, sobre el posible traslado de las familias que vivimos en Cañada Real, queremos hacer pública nuestra posición y trasladar del mismo modo nuestro más absoluto rechazo a ser expulsados de nuestros hogares”, expresaron las asociaciones en respuesta a lo dicho desde el consistorio.

Asimismo, denunciaron que Almeida no se había reunido con ellas para dar solución al problema de suministro, ni tampoco para acordar traslados. “No hemos sido consultados en ningún momento. Decidir o estudiar esta medida de traslado forzoso de nuestros hogares pone de manifiesto que no quieren o no son capaces de dar la única solución demandada por los vecinos/as, el restablecimiento de la luz”, defendieron. 

Por la tarde, tras la reunión del Plan de Emergencias Invernales (PEIAM), el Ayuntamiento informó que en colaboración con Cruz Roja montarían una serie de dispositivos para dar alojamiento a un total de 700 personas, según la siguiente distribución: 600 camas en una fábrica de muebles en desuso, ubicada en la misma Cañada Real, y como “plan B” 100 camas en el polideportivo Cerro Almodóvar, en Villa de Vallecas.

“Queremos resaltar que las personas que vivimos en Cañada somos familias trabajadoras compuestas en su mayoría por menores, adolescentes, así como personas ancianas que durante muchos años nos hemos dotado de los recursos básicos que necesita un hogar. Que nunca hemos solicitado salir de nuestras casas, sino el restablecimiento del suministro eléctrico, que es la causa por la que nos vemos abocados a la penuria”, reafirmaron las vecinas ante el plan realizado desde los despachos.

Al respecto, señalaron que “cualquier hogar, aunque no fuese de Cañada, se vería también abocado a la misma penuria. Creemos que trasladar a los niños pequeños supondría emocional y psicológicamente un traslado forzoso, alejarles de su hogar, no es la solución, sentir la expulsión de sus camas, baños, sus muñecos, en definitiva, del lugar donde las personas nos sentimos más protegidos, para trasladarles a un lugar desconocido no tiene fundamento, pues tenemos hogares”, sentenciaron.

“Esto no va a ayudar en nada. La gente no quiere moverse de sus casas porque tenemos nuestras casas, ¿entienden? Es una locura meter aquí a 600 personas“, opina Raquel Pérez de la Comisión de la Luz

En la mañana de este viernes, la vecina e integrante de la Comisión de la Luz Raquel Pérez, contaba a El Salto sus sensaciones mientras presenciaba los trabajos del montaje de camas que estaba llevando a cabo en la fábrica personal del Samur Social, policía, protección civil y Cruz Roja. “Esto no va a ayudar en nada. La gente no quiere moverse de sus casas porque tenemos nuestras casas, ¿entienden? Es una locura meter aquí a 600 personas que tienen sus casas cuando nos vienen diciendo que lo peor en estos momentos por el covid es la convivencia en grandes grupos”, afirma.

“Somos gente que estamos quemadas de más de tres meses, creo que la gente no va a venir. Los vecinos con los que he hablado ninguno está dispuesto a salir de su casa. Tú sabes que en la Cañada hay gente sin hogar que duerme cerca de la Iglesia que a lo mejor ellos sí aprovechan y dicen, venga, tenemos un techo. Los que tenemos casa lo que queremos es que nos arreglen la luz”, reafirma.

En mayo de 2017, el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana fue firmado por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid, y los grupos políticos que en ese momento tenían representación en la Asamblea de Madrid. En el mismo se incluía un plan de choque para mejorar las infraestructuras básicas, entre otras “un plan de rehabilitación de la red eléctrica en distintas fases” que nunca se hizo. 

Tres meses de criminalización

En los tres meses sin suministro eléctrico, cinco relatores de Naciones Unidas han reclamado a las administraciones actuar con urgencia en la restitución del servicio por considerar que se estaba vulnerando un derecho fundamental a 4.500 personas y, en especial, a 1.812 menores de edad. El Defensor del Pueblo también dio la señal de alerta, se dio aviso a Fiscalía e incluso la situación fue judicializada.

A finales de 2020 intervenía el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, instando al gobierno español a adoptar las medidas que fueran necesarias “con el fin de prevenir daños irreparables” en la salud de una pequeña de tres años que vive con su familia en el sector 6 y cuya vida depende de recibir tratamiento con oxígeno domiciliario las 24 horas del día y un aporte nutricional que requiere de una máquina que para funcionar necesita de una fuente de energía.

En estos 98 días, desde el Ayuntamiento de Madrid y sobre todo desde la Comunidad, máxima administración responsable, se ha mantenido una postura pública de criminalización de las familias afectadas, vinculándolas con actitudes delictivas relacionadas a la existencia de plantaciones ilegales de marihuana. “Para tener los Porsche ahí aparcados, bien; para pagar las facturas que es lo que está provocando estos cortes, no. Una cosa es criminalizar la pobreza, otra cosa democratizar la delincuencia”, acusó Díaz Ayuso, palabras que encontraron terreno abonado en la estigmatización, racismo y aporafobia que acompaña desde siempre a quienes habitan en las barriadas populares.

La versión oficial no se ha movido de esa tesitura: la existencia de plantaciones ilegales de marihuana que recalentarían la red y dejaría sin servicio a todo el sector afectado, además de una mayoría de conexiones domiciliarias clandestinas. En el mismo sentido se ha pronunciado la empresa Naturgy, que argumenta la existencia de “elevados consumos no localizados que hacen saltar las protecciones automáticas de la red”.

El Ayuntamiento de Madrid sigue sin responder a la demanda de luz para la Cañada Real

Pablo 'Pampa' Sainz

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El Ayuntamiento de Madrid sigue sin responder a la demanda de luz para la Cañada Real

Pablo 'Pampa' Sainz

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Las vecinas del sector 6 de la Cañada Real protestaron frente al Ayuntamiento por la restitución del servicio de energía eléctrica, cortado desde el 2 de octubre.

Desde el tejido vecinal presentan dos atenuantes. El primero, que la ausencia de contadores se debe a que las viviendas se construyeron hace cincuenta años sobre un terreno no urbanizable, por cuanto las administraciones se niegan a otorgarles la cédula de habitabilidad de las viviendas, documento necesario para instalar un contador. Ayer mismo, el abogado Javier Rubio, responsable de presentar una demanda judicial contra las administraciones por lo que sucede en la Cañada, colgaba en sus redes sociales un comprobante emitido en 1992 que confirmaba ese proceder institucional.

El segundo atenuante tiene que ver con una lógica incontrastable: no se puede tener a miles de familias sin suministro porque existan casos puntuales de cultivos ilegales. “Nadie imagina que hagan esto en cualquier otro barrio de Madrid”, afirma una vecina, convencida del sustrato de racismo institucional que subyace en la inacción política.

“Ahora encima nos van a culpabilizar de que nos quieren dar una ayuda y no la queremos. Ahora se hacen los buenos y viene todo el mundo a ayudarnos, ¿y los tres meses que hemos pasado?”, pregunta Raquel Pérez

“Ahora encima nos van a culpabilizar de que nos quieren dar una ayuda y no la queremos. Ahora hace mucho frío, vale, son cuatro días que te quedas en tu casa y aguantas, pero es que llevamos tres meses sin luz, ahora se hacen los buenos y viene todo el mundo a ayudarnos, ¿y los tres meses que hemos pasado?”, pregunta Pérez.

A última hora de la tarde del jueves, el videpresidente segundo, Pablo Iglesias, declaraba que, tras varias reuniones con Delegación de Gobierno y Ministerio de Interior, llegaron a la conclusión de que “la única vía” es que la Comunidad de Madrid solicite la urgente intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME), capacitada para instalar los grupos electrógenos que garantizarían el suministro de energía durante la emergencia climática.

Otro ejemplo de un ofrecimiento tardío y a destiempo, cuando a día de hoy desde el gobierno español ni siquiera han dado respuesta a la familia de la pequeña Lina, por quien intercediera el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas el 28 de diciembre último.

El Comité de Derechos del Niño pide respuestas para una niña de la Cañada

Pablo 'Pampa' Sainz

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Infancia El Comité de Derechos del Niño pide respuestas para una niña de la Cañada

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El organismo pide actuar para “prevenir daños irreparables” en la salud de una niña de tres años que vive en la zona afectada por los cortes de luz

Tras la constante criminalización por parte de Díaz Ayuso a las familias de la Cañada, es difícil esperar que adopte alguna medida concreta en búsqueda de una solución. “Lo que deberían hacer es ponernos generadores, la UME o quien quiera, no sacarnos de nuestras casas. Jolines que tenemos casa, que queremos vivir en nuestras casas. Tenemos nuestras mascotas. ¿Nos vamos nosotras y las dejamos que se mueran de frío en casa?”, concluye Raquel Pérez.

El temporal de frío y nieve que ha empezado a asolar la capital ha sacudido tarde y mal las vergüenzas de parte de la clase política. Y, como siempre sucede en estos casos, las recetas presentadas como plan de choque terminan por chocar, precisamente, con las propias víctimas, eternas olvidadas cuando los expertos se reúnen en sus cómodos salones. Nadie, como cada vecina y vecino, sabe lo que hace falta, nadie como ellos para explicar cómo se siente vivir 98 días de abandono institucional.