Lanbide pagará a agencias privadas hasta 1.875 euros por cada persona desempleada que coloquen

El último decreto del Gobierno Vasco pone tarifa a las agencias de colocación, que desde 2015 captaban ofertas para el servicio público sin cobrar. Recibirán 112 euros por oferta gestionada y una prima por contrato que crece si la persona contratada es mayor de 45 años, tiene una discapacidad o lleva más de un año buscando empleo.
30 oct 2026 05:00

Lanbide pagará a las agencias de colocación privadas por buscar trabajo a las personas desempleadas inscritas en el servicio público. El Decreto 144/2026, que firman el lehendakari Imanol Pradales y el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, se publicó el 26 de octubre en el Boletín Oficial del País Vasco. La medida fija una tarifa de 112 euros más IVA por cada oferta de empleo que una agencia capte y gestione en el sistema de Lanbide, y otra de 500 euros por cada contratación que dure al menos seis meses. El Gobierno calcula en la memoria del decreto un gasto de 1,8 millones de euros al año.

Lanbide ya había contratado a agencias de colocación en ocasiones concretas, como reconoce el propio decreto. Pero la colaboración estable, abierta desde 2015, se limitaba a captar y registrar ofertas “sin remuneración alguna”. El 1 de enero de 2027 Lanbide asumirá la gestión de las prestaciones por desempleo que hoy tramita el SEPE, la transferencia más importante desde la Transición.

El 61% de las agencias de colocación que podrán cobrar de Lanbide son empresas privadas, y solo el 14% son públicas

El dinero irá sobre todo a empresas. Según la memoria, el 61% de las agencias de colocación registradas en Euskadi se rigen por el convenio de oficinas y despachos, es decir, son firmas privadas. Otro 24% son entidades del tercer sector y apenas el 14% pertenecen al sector público.

Una tarifa por persona

La prima por contrato sube según quién sea la persona contratada. La agencia cobra un 50% más si coloca a un menor de 30 años de Garantía Juvenil, el doble si tiene más de 45 años y dos veces y media si la persona tiene una discapacidad del 33% o es víctima de violencia de género o de terrorismo. Si la persona lleva más de un año buscando empleo, el decreto suma otro 50%. Una persona con discapacidad que lleva más de un año sin empleo vale 1.875 euros para la agencia. Las personas que cobran la Renta de Garantía de Ingresos o el Ingreso Mínimo Vital solo suman un 15%, de modo que su contrato vale 575 euros.

Las agencias cobran además un 5% o un 10% más por oferta si el puesto es cualificado. A fin de año reciben otra prima sobre lo facturado por ofertas, del 5% si las empresas han informado del resultado de al menos el 40% de ellas y del 10% si lo han hecho de al menos el 60%. Para cobrar los 112 euros no hace falta que nadie encuentre trabajo. Basta con que la agencia envíe tres candidaturas que la empresa no descarte o con que la oferta pase quince días publicada en la web de Lanbide y se revisen las candidaturas recibidas.

La fórmula elegida para llevar a cabo la medida tampoco es un contrato público. El Gobierno ha recurrido a los “acuerdos abiertos” de la Ley Vasca de Empleo, que el Parlamento aprobó en diciembre de 2023 con los votos de PNV y PSE, de modo que no habrá concurso. Cualquier agencia que cumpla los requisitos podrá firmar, ya que el decreto descarta expresamente “la selección, característica esencial de los contratos públicos”. Los acuerdos duran hasta el 31 de marzo del segundo año después de firmarse, se prorrogan solos hasta dos veces y la tarifa la puede actualizar el consejero por orden. La Junta Asesora de Contratación Pública dio por buena la fórmula en un informe de mayo de 2025.

Para cobrar los 112 euros por oferta no hace falta que nadie encuentre trabajo, porque basta con enviar tres candidaturas

La memoria justifica el pago porque “el servicio público de empleo, por sí solo, no siempre logra cubrir la totalidad de las necesidades de intermediación laboral”. Pero no dice cuántos técnicos de empleo tiene Lanbide ni cuánto costaría reforzarlos. La tarifa de 112 euros sale de calcular cinco horas de trabajo por oferta al sueldo medio de un técnico.

Un servicio de empleo cada vez más externalizado

El decreto se suma a una larga lista de encargos de Lanbide a manos privadas. En 2022 Hordago-El Salto contó que PNV y PSE habían externalizado la Estrategia Vasca de Empleo 2030, la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos y el traspaso del Ingreso Mínimo Vital, con medio centenar de contratos por 12,4 millones de euros a una docena de consultoras desde 2014. Entre ellos figuraban 1,3 millones a Deloitte para la “transformación organizativa” de Lanbide y 18.029 euros al bufete Uría Menéndez para “diseñar la estructura de colaboración público-privada” del organismo.

La otra cara del servicio ha sido el control de quienes cobran ayudas. En 2018 Lanbide recogió durante seis meses las huellas dactilares y la foto del rostro de 10.738 personas en diez oficinas, un piloto que la Agencia Española de Protección de Datos acabó considerando criminalizador en 2022. Un año después, el Gobierno Vasco había gastado 1,3 millones en un sistema biométrico con programa de Indra para identificar a las personas perceptoras, y en 2024 Lanbide abrió un buzón para recibir denuncias anónimas sobre fraude en la RGI y el IMV.

El dinero de Lanbide también ha alimentado a entidades cercanas a quienes lo gobiernan. En septiembre, esta revista reveló que dos fundaciones y tres mercantiles de la fontanería del PSE han ingresado más de 56 millones en quince años, ocho de cada diez euros procedentes de Lanbide. De esas entidades salieron los dos últimos directores generales del organismo y el actual viceconsejero de Empleo, y en Portugalete los contratos del programa Lanbide Colectivos Vulnerables se firmaron con Mikel Torres como alcalde. Torres es el consejero que firma ahora el decreto de las agencias.

El consejero que firma el decreto era alcalde de Portugalete cuando se firmaron los contratos de Lanbide con la red del PSE

Las agencias tienen un mes desde la publicación del decreto para pedir su adhesión, hasta finales de noviembre. Desde 2027 el plazo se abrirá todos los años entre enero y marzo. Ese año Lanbide empezará también a tramitar las prestaciones por desempleo, aunque los trabajadores del SEPE que pasan a su plantilla calculan que solo 104 de las 468 plazas transferidas estarán ocupadas cuando llegue el traspaso.

País Vasco
Lanbide ha gastado 1,3 millones en un sistema biométrico para castigar a los perceptores de ayudas públicas
El Servicio Vasco de Empleo dispone de un software basado en reconocimiento facial y huella dactilar fabricado por la consultora Indra, multada por manipular contratos con esta entidad pública, con un coste de 1.322.000 euros.
Consultoras
El modelo público-privado de Lanbide adapta las políticas de empleo a los deseos de la patronal
La rama socialista del Ejecutivo vasco sigue la estela de externalizaciones del PNV: ambos partidos han firmado medio centenar de contratos para llevar a cabo las reformas en el servicio vasco de empleo, gastando 12,4 millones en distintas consultoras.
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