Pobreza
La huella digital de Lanbide para acceder a ayudas criminaliza a los pobres, según la Agencia de Protección de Datos

El barrio baracaldés de Cruces, junto a otras nueve dependencias del Servicio Vasco de Empleo, ha sido un laboratorio de pruebas sobre cómo los mecanismos automáticos de toma de decisión pueden automatizar la desigualdad y hacer invisible las divisiones entre clases a la hora de acceder a una prestación por desempleo. Así lo denunció Berri-Otxoak en 2018. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) les ha dado la razón a los vecinos del mismo barrio y reconoce la criminalización de la pobreza que suponía el proyecto piloto para la implantación de la “Huella Digital” en las oficinas de Lanbide.

Ello ha provocado que la entidad regulatoria inicie un procedimiento sancionador contra Izenpe S.A, una sociedad anónima constituida en 2002 e impulsada por el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, constituida a través de sus sociedades informáticas: EJIE, LANTIK, IZFE y CCASA.

En el proceso denunciado se reconoce la existencia de la recogida de datos biométricos de cada una de las personas usuarias del servicio del Gobierno vasco, así como las huellas de las dos manos y de cada uno de los 10 dedos. La digitalización de este proceso burocrático también incluía una foto telemática del rostro. 

Sin existir amparo legal, denuncian los vecinos, durante 6 meses se recogieron los datos biométricos de 10.738 personas en las 10 oficinas habilitadas para la experiencia piloto. Si bien se consiguió paralizar su implantación y extensión al resto de oficinas gracias a las denuncias de los propios usuarios, que ya alertaban de la consecuencia “criminalizadora” que ahora corrobora la AEPD, esta denuncia siente un precedente a la hora de poner en marcha lo que en la academia se denomina “la automatización de la desigualdad”, como expresa en el libro con ese título Virginia Eubanks, traducido por Capitán Swing el pasado año. “Si bien todos vivimos bajo este nuevo régimen de datos, los sistemas más invasivos y punitivos están dirigidos a los pobres”.

La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak dató en unas 3.000 personas las personas que podían verse afectadas y, allá por 2018, indicó que esta oficina atiende a los barrios con más paro de Barakaldo —Burtzeña (24,84%), Lutxana (21,97%), Llano (21,65%) y Cruces (20,66%)— y señaló que no hay un “marco legal” que ampare la recogida de datos. Tampoco hay un “marco legal” que ampare la actual recogida e implantación de los datos biométricos —Huella Digital— en 10 oficinas de Lanbide en Euskadi: Vitoria (2), Bilbao (2), San Sebastián (1), Lasarte-Oria (1), Beasain (1), Barakaldo (1), Portugalete (1) y Sestao (1). “Estamos hablando de más de 25.000 personas afectadas, de ellas 11.000 serían preceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos”, denunció Berri-Otxoak.