País Vasco
Lanbide ha gastado 1,3 millones en un sistema biométrico para castigar a los perceptores de ayudas públicas

A principios de este año, el colectivo Berri-Otxoak denunció que la Ertzaintza se estaba personando en la totalidad de domicilios de las 50.000 familias perceptoras del Complemento de Pensiones, la Renta de Garantía de Ingresos y los Incentivos al Empleo. Y lo hacía “sin orden judicial o amparo legal”, con la excusa de revisar la “residencia efectiva” de “la persona titular de la solicitud o de la prestación”. El colectivo relaciona estas actuaciones policiales con la captura de datos biométricos para los receptos de ayudas públicas.El Proyecto de Ley Vasca de Empleo, aprobado por el Consejo de Gobierno en abril, menciona textualmente el proceso de datificación de los servicios sociales cuando se refiere a la incorporación de “procedimientos de autenticación” a través de “sistemas biométricos para la identificación de las personas usuarias de sus servicios y beneficiarias de sus prestaciones”.

La denuncia no va desencaminada, pues el gobierno ha gastado un 1,3 millones de euros en su desarrollo durante los últimos cinco años. En 2019, por encargo de Lanbide, la empresa pública de certificación y servicios Izenpe subcontrató por 440.000 euros la “construcción de un sistema que permita la gestión de patrones biométricos para la identificación de los ciudadanos”.

Cientos de miles de euros gastados en criminalizar al perceptor de ayudas

La consultora Indra, sancionada en 2021 por prácticas colusorias en contratación pública en Euskadi por formar parte de un cártel que se hizo con dos contratos de Lanbide, fue elegida para desarrollar este sistema de identificación, que contemplaba “rasgos faciales y minucias de las huellas dactilares” para, “al menos, 500.000 usuarios”. En otras palabras, una consultora que ha eludido sistemáticamente la ley de contratación pública es la adjudicataria que se encarga de construir un software que castiga a quienes supuestamente la incumplen.

El Proyecto de Ley Vasca de Empleo, aprobado en abril, menciona la incorporación de “procedimientos de autenticación” a través de “sistemas biométricos para la identificación de las personas beneficiarias de sus prestaciones”.

Estas tecnologías llevan unos cuantos años tratando de ser utilizadas, aunque con poco éxito. De hecho, el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, ya contaba entonces con un “sistema de gestión de registro de factores biométricos de identificación ciudadana basados en reconocimiento facial y huella dactilar”. Este se encargó en noviembre de 2018 por orden del entonces director de Lanbide, el jeltzale Borja Belandia, y tuvo un coste de 600.000 euros. Ahora bien, entonces el software no se externalizó a Indra, sino que el servicio era prestado por la entidad pública Izenpe, dirigida por la también jeltzale Izaskun Urrestarazu. 

En aquel año, Lanbide también gastó otros 282.000 euros en adquirir los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de autentificación de la identificación de perceptores del RGI. Este “equipamiento microinformático específico necesario para soportar las funciones del proyecto de identificación de huella digital y facial” fue suministrado por Gertek.

Controlado por varias personalidades del PNV y vinculado a sus empresas tecnológicas, este grupo privado declara en sur razón social proveer servicios de sistemas de seguridad, pero su página web solo recoge proyectos de movilidad principalmente en carretera

Una constructora cercana al PNV burló la prohibición de contratar para adjudicarse 14 millones

Ahoztar Zelaieta

Corrupción

Corrupción Una constructora cercana al PNV burló la prohibición de contratar para adjudicarse 14 millones

Ahoztar Zelaieta

Bilbao Bizkaia Museoak S.L., participada al 50% por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia, admitió una oferta de Viuda de Sainz S.A. mientras la empresa se encontraba en situación de prohibición de contratar.

Cola de giratorias en Lanbide

Concretamente, Gertek está manejada por dos exmiembros de la Asamblea Nacional del PNV, los guipuzcoanos Xabier Aguiriano e Isaac Loiola. Las relaciones con el partido alcanzan también a Bizkaia, pues esta empresa es una filial del grupo Viuda de Sainz, presidido por un exjuntero vizcaíno del PNV, Alex Bidetxea. La propia Gertek ha participado en el consejo de Transitia, en su momento dirigida por el extesorero del PNV en Bizkaia, Xabier Sagredo. En el consejo de Gertek también figura Jon Uribarren, cuyo hermano, Javier, dirige una sociedad en el paraíso fiscal de Malta que aparece en la investigación de los 'Paradise Papers'. 

La cola para las puertas giratorias en el sistema de identificación de Lanbide no termina ahí. En varios contenciosos administrativos sobre distintas adjudicaciones de contratos públicos, Gertek ha sido asistida legalmente por el abogado donostiarra Joanes Labayen, a su vez asesor del Gobierno Vasco y casado con la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria.

Se da la circunstancia de que la directora de Izenpe y la presidenta del Parlamento Vasco integraban la última candidatura del PNV para el Ayuntamiento de Donostia

Se da la circunstancia de que la directora de Izenpe y la presidenta del Parlamento Vasco integraban la última candidatura del PNV para el Ayuntamiento de Donostia, un consistorio del que fue alcalde Ramón Labayen, padre del abogado de Gertek.

Por último, respecto a las puertas giratorias en la construcción del software de vigilancia puede señalarse que el Gobierno Vasco puso en marcha a finales del año pasado una aplicación móvil que propone a la ciudadanía almacenar en el teléfono móvil documentos de identificación utilizados en polideportivos municipales y bibliotecas públicas, la Gazte Txartela y la Tarjeta de Identificación Sanitaria (TIS). Según la documentación oficial, la aplicación “NIK cartera digital”, que según se ha publicitado cuenta con 160.000 descargas, “controla el acceso físico mediante un código o huella digital o reconocimiento facial biométrico del propio móvil”.

El servicio de mantenimiento y evolución de la aplicación NIK tiene un coste de 726.000 euros y se ha adjudicado a Teknei, firma controlada por un miembro del organigrama interno del PNV, Joseba Lekube, y en cuyo consejo figura Joanes Labayen.

En lugar de crear tecnologías para fomentar la igualdad, como podría localizar a estas personas e informales de su derecho a percibir la ayuda, el Gobierno Vasco ha gastado un total de 1,3 millones en un sistema para que Lanbide pueda recabar los datos personales biométricos de los perceptores, tales como huellas y rostros, a fin de castigarles después. Además, este dinero para enriquecer a las empresas cercanas al PNV.

La tecnología para las elecciones vascas: puertas giratorias y consultoras del cártel informático

Ahoztar Zelaieta

País Vasco

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Este grupo de empresas tiene vinculaciones con personalidades del PNV y con el actual responsable del organismo público.

Datificación para conceder o denegar ayudas

Más allá de la adjudicación, estos sistemas, conocidos como de toma de decisiones automáticas, han sido ampliamente criticados debido a que sus algoritmos suelen contener sesgos raciales, de género o de clase que terminan discriminando a las personas más pobres sin atenerse a criterios como los de justicia social.

Por ejemplo, un informe sobre la recogida de datos biométricos que también sirven para “conceder o denegar ayudas”, titulado La datificación de fronteras y gestión de los refugiados en el contexto de Europa , publicado por la Universidad de Cardiff en 2018, menciona directamente la tecnología de Indra, utilizada para recabar datos de los teléfonos móviles y las publicaciones en las redes sociales de quienes solicitan asilo. Se deuncia también que la información sobre huellas y rostros, habitualmente recabada en las fronteras, se deposite en Eurodac, una base de datos que el Gobierno Vasco considera “se ajusta tanto al principio de subsidiariedad como al principio de proporcionalidad” y que “no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo pretendido”.

Berri-Otxoak considera desproporcionado el uso de datos biométricos con la supuesta finalidad de combatir cobros indebidos de la RGI porque “el fraude en la percepción de la RGI es inferior al 0,5%”

Al margen de la discriminación que lleva aparejada la datificación, también existe otro problema: el solucionismo tecnológico, es decir, buscar problemas que en principio no existen para introducir nuevas tecnologías que discriminan por raza, género y clase en cada vez más esferas de la vida pública. Así lo expresa Berri-Otxoak, para quien la fórmula de captación de datos biométricos con la supuesta finalidad de combatir cobros indebidos de la RGI es, a todas luces, desproporcionada, porque “el fraude en la percepción de la RGI es inferior al 0,5%”. Por su lado, la jeltzale Beatriz Artolazabal, consejera de Empleo en 2018, reconoció en aquel año que el uso indebido en la RGI no alcanzaba el 1%. De hecho, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi señaló en 2022 que 30.000 personas que podrían tener derecho a acceder a esta prestación, por encontrarse en riesgo de pobreza, no la piden por desconocimiento.

Reproche de la Agencia de Protección de Datos

Repecto al contrato de Izenpe adjudicado a Indra, este recogía la existencia de un programa “piloto”, dentro del cual "se han recogido rostros y huellas dactilares”. Si bien desde la Unión Europea ya se ha advertido en varias ocasiones que este sistema de identificación es invasivo y atenta contra la dignidad de las personas, el acuerdo de colaboración, fechado en octubre de 2017, este fue firmado por la entonces consejera de Empleo del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal. Lo hizo con Izenpe para “la captación de datos biométricos”, como “los rasgos faciales y huellas dactilares”.

Entonces se trataba de poner en marcha una fase de pruebas que desde finales del 2017 hasta abril de 2018 fue extendida a una decena de oficinas de Lanbide: dos en Gasteiz, dos en Bilbao, una en Donostia, Lasarte-Oria, Beasain, Barakaldo (Gurutzeta), Portugalete y Sestao; oficinas que atendían a unas 25.000 personas de las que, al menos, 11.000 eran perceptoras de la RGI.

Cuando se produjo, varias personas decidieron plantar cara a aquel programa piloto y remitieron denuncias a la Agencia Vasca de Protección de Datos, dirigida entonces por la exdiputada del PNV Margarita Uría, y a la Agencia Española de Protección de Datos. Mientras Uría se limitó a reconocer que Lanbide había obtenido los datos biométricos de las manos o faciales de al menos 8.000 personas, la institución pública procedió a emitir una sanción de apercibimiento a Izenpe en 2019.

Aunque Lanbide cerró en 2022 la puerta al uso obligatorio de la huella digital para evitar el fraude de la RGI y la futura ley entierra el proyecto piloto, el anteproyecto de ley deja abierta una ventana a emplear como “alternativa” los sistemas biométricos de identificación a través de huella dactilar y reconocimiento facial. 

En la actualidad, Izenpe está pendiente de la homologación de otro sistema de identificación biométrica. En este caso se trata de obtener el certificado del identificador electrónico BakQ a través de una reseña videográfica, es decir, “un breve vídeo de la persona interesada que sirve para realizar las comprobaciones biométricas”. El documento Política correspondiente a los medios electrónicos de identificación y certificados expedidos por Izenpe a la ciudadanía recoge que en el caso del B@k y B@kQ el medio para identificar a las personas “puede ser complementado por otros factores biométricos de autenticación como la huella dactilar o el reconocimiento facial”.