Kontseilua señala que el proyecto de ley requiere concreción para garantizar el aprendizaje del euskera

El organismo que reúne a las principales organizaciones y agentes que trabajan en favor de la normalización del euskera alerta de que el Proyecto de Ley de Educación del País Vasco habla de “potenciar” el euskera, en vez de garantizarlo.
Kontseilua
Una rueda de prensa reciente de Kontseilua. Foto: Euskalgintzaren Kontseilua

La primera reacción sobre el Proyecto de Ley de Educación del País Vasco que se presenta hoy en Consejo de Gobierno proviene de Kontseilua, quien reúne a las principales organizaciones y agentes que trabajan en favor de la normalización del euskera. Kontseilua señala que el proyecto no desarrolla medidas concretas y que habla de “potenciar” el euskera, en vez de “garantizar” su aprendizaje. Kontseilua ha realizado una valoración “agridulce”, pero considera que “aún es posible mejorar la ley” para “seguir haciendo del euskera una lengua vehicular generalizada”.

“Para nosotros la palabra clave es garantía”, indican a El Salto, un concepto que se ha sustituido por “potenciación”, por lo que “incluso podrían darse pasos atrás con respecto a la ley de 1993, la cual recogía la necesidad de garantizar que el alumnado tenga conocimientos prácticos en los dos idiomas oficiales”.

“Para nosotros la palabra clave es garantía”, indican, un concepto que se ha sustituido por “promoción”, por lo que “incluso podrían darse pasos atrás con respecto a la ley de 1993”

El principal organismo que trabaja por la normalización del euskera apunta a que el proyecto de ley “necesita más euskera” y que, comparado con el borrador de septiembre, “no presenta cambios estructurales ni responde a los retos que tiene el proceso de normalización del euskera a día de hoy”. Señalan que el proyecto de ley no recoge elementos “interesantes” que incluía el Pacto Educativo ni desarrolla aspectos que menciona en su exposición, pero no concreta en el articulado. Como, por ejemplo, que el euskera sea el modelo inclusivo generalizado, las horas mínimas de exposición al euskera, la evaluación independiente de las aptitudes lingüísticas y la prioridad del euskera en las relaciones dentro del entorno escolar.

Si se concretaran, la valoración podría ser positiva. De momento, entre los elementos considerados adecuados por Kontseilua destacan la necesidad de certificar el perfil de salida con el nivel B2 y que se tenga en cuenta la cultura vasca como eje. 

Sindicato ELA

El sindicato ELA ha sido el segundo agente social en valorar el proyecto de ley. Subraya que el texto “perpetúa el actual sistema educativo, introduciendo pequeños cambios superficiales”, que el Gobierno vasco “da por buenos los límites impuestos por la Lomloe” y la aprobación de una ley dentro de esos límites, “no supondrá cambio alguno”.

Considera que la redacción actual impone un modelo lingüístico plurilingüe, “en perjuicio del actual modelo D y sin que desaparezcan los modelos A y B”, por lo que el proyecto de ley no posibilita generalizar el modelo de inmersión que permite la euskaldunización, “aunque garantizará plenamente la castellanización”. El proyecto tampoco cita los contenidos de educación, por lo que imposibilita desarrollar “libremente” un currículum vasco. Y mantiene una red dividida en tres sistemas: público, concertado y privado, que “impide transitar hacia una red pública soberana”.

En cuanto a las relaciones laborales, “no hay referencia a las condiciones de trabajo, ni se prevén medidas para reducir la eventualidad generalizada en la red pública, ni tampoco para evitar la destrucción de empleo a raíz de la caída de la tasa de natalidad”.

El PSE

El PSE ha emitido un comunicado en el que explica que en el Consejo de Gobierno han votado a favor del proyecto de ley para “no obstaculizar su tramitación parlamentaria ni la búsqueda de consensos más amplios”, pero que consideran que el texto no da respuesta a los “retos de futuro de nuestro sistema educativo”, ni promueve el papel esencial de la escuela pública ni su carácter laico.

Sobre el informe de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (Cojua), alertan de que plantea varias objeciones y posibles consecuencias sobre el derecho a la educación, la programación y la gratuidad. Pero también que, “aunque no lo señala expresamente, el anteproyecto cambia el sistema de modelos vigente por un modelo único, sin más criterios ni precisiones que las que se deriven del proyecto lingüístico del centro y su aprobación por parte del Departamento”. 

A este respecto, el PSE no comparte que puedan “relegarse los modelos lingüísticos actuales, amparados legalmente por un consenso político muy amplio, sin precisar cómo se va a materializar el modelo plurilingüe que pactamos en el Acuerdo de Bases”.

Por último, advierte que en la creación de un Consejo Asesor de Condiciones Laborales para todas las trabajadoras de los centros públicos y concertados participarían la patronales de la concertada, algo sobre lo que Cojua considera que hay que limitar, “dado que no puede entenderse que las patronales de la concertada negocien condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras públicas”.

Mañana valorarán el proyecto de ley tanto el sindicato Steilas como la segunda fuerza política, EH Bildu. La portavoz de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha hablado de “decepción” tras conocer el proyecto de ley. 

País Vasco
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