Opinión
El mal reparto de las viviendas protegidas de Alacant y la falta de alternativas

Un murmullo estruendoso resuena por los barrios de Alacant. Hace una semana éramos conocedores del que ya podemos acuñar como el caso de corrupción de Les Naus, referido a una urbanización de protección oficial alzada sobre suelo municipal previamente privatizado por el ayuntamiento del PP. Varios pisos de Vivienda de Protección Oficial han sido adjudicados a altos cargos del ayuntamiento: Rocío Gómez (regidora de urbanismo), dos hijos y un sobrino de María Pérez-Hickman (directora general de contratación pública), Francisco Nieto (arquitecto municipal de urbanismo), tres miembros del equipo promotor y el hijo del notario que gestiona la promoción de la VPO.

Estas adjudicaciones no correspondían a unas viviendas cualquiera, sino a pisos de una urbanización de lujo en una zona exclusiva, con 3 o 4 dormitorios, piscina, gimnasio, pista de pádel, etc. Por si fuera poco, la adjudicación se producía poco después de que el criminal Carlos Mazón cambiara los requisitos de acceso a estas viviendas, ampliando los límites salariales por encima de los 66.000€ que cobran cargos como la regidora de urbanismo. En resumen, mientras los trabajadores ven sus salarios esquilmados a principios de cada mes o son expulsados de sus casas, mientras los jóvenes oscilan entre compartir un piso-zulo con otros tres compañeros o quedarse indefinidamente en casa de sus padres, el PP ha aplicado su receta tradicional para la crisis de vivienda: privatización, corrupción y nepotismo.

Ante el escándalo, el alcalde Luis Barcala y su equipo han llevado el caso a fiscalía y han forzado una dimisión rápida de los cargos asociados al caso para evitar daños mayores y poder presentarlo como una respuesta ejemplar. El discurso de una reacción rápida y contundente, “caiga quien caiga”, ha sido su baza desde el principio. Nada más lejos de la realidad, ya que reduce la dimisión a los cargos inmediatamente implicados; durante la investigación, no suspende de empleo y sueldo a los funcionarios directamente involucrados; y no hay una rendición de cuentas real que explique por qué ni la consejera de vivienda de la Generalitat, ni el alcalde, detectaron irregularidades en un proceso que apestaba desde el principio.

El resto de fuerzas políticas del ayuntamiento empezaron a mover ficha desde los primeros días. Por un lado, Vox afirmó que se encargará de investigar a fondo el tema y depurar todas las responsabilidades. Por el otro, el PSPV-PSOE y Compromís insistieron en llevar el caso a fiscalía por sus propias vías y aseguraron que la corrupción es inherente al modelo de gestión del PP. Rafa Más, portavoz de Compromís en el consistorio, fue uno de los primeros en reclamar la dimisión de Barcala, llamada a la que se sumaron Vox y PSPV-PSOE en el pleno extraordinario que el alcalde se vio obligado a convocar el jueves pasado.

¿Por qué no se han convertido en gritos de indignación popular?, ¿Cómo es posible que, ante un escándalo de este calibre, no se produzca una reacción mucho mayor?

Hasta aquí pareciese que todos los actores están en escena. Sin embargo, ¿qué ocurre con los murmullos?, ¿por qué no se han convertido en gritos de indignación popular?, ¿Cómo es posible que, ante un escándalo de este calibre, no se produzca una reacción mucho mayor?, ¿Por qué no hay ya convocadas movilizaciones denunciando la corrupción y señalando al ayuntamiento? Son muchos los factores que entran en juego, pero la mayor parte de ellos orbitan en torno a un mismo problema: el profundo estado de despolitización que reina en la ciudad de Alacant, algo especialmente dramático en el caso de la juventud trabajadora.

Ahora bien, por despolitización no debemos entender desafección por las instituciones capitalistas y la política burguesa municipal, como se concibe desde los partidos socialdemócratas. ¿Cómo no va a sentir desafección por las instituciones la juventud trabajadora alicantina? Si ya sea el ayuntamiento reaccionario del PP sostenido por Vox o el ayuntamiento reformista del tripartito (PSPV-PSOE, Compromís y Guanyar Alacant—grupo formado por Esquerra Unida, Podemos e independientes—), la corrupción y el nepotismo son la norma.

Recordemos que el gobierno municipal previo al del PP acabó con un alcalde del PSPV y dos asesores procesados por prevaricación por fraccionamiento de contratos, un concejal de Esquerra Unida renunciando a su acta por adjudicar un trabajo sin contrato a otro militante de su formación política y una edil de Podemos despojada de sus competencias por adjudicar contratos a empresas afines. Esto apunta a una verdad incómoda para todas las fuerzas parlamentarias: que la corrupción, como forma sistemática de acceder a favores y recursos públicos por parte de intereses privados, es inherente a la lógica de la ganancia y, por tanto, a la gobernanza capitalista. Esto es lo que explica que hoy sean unas formaciones políticas las que protagonicen los casos y, al día siguiente, las mismas sean las que utilicen un escándalo de corrupción como forma de oposición.

Las especificidades en la desafección alicantina

Así pues, la desafección por las instituciones capitalistas no es más que una de las expresiones de la despolitización, que debemos concebir como un fenómeno amplio fundamentado en la neutralización de la conciencia de clase y la posibilidad de constituir un horizonte de expectativa que apunte más allá del orden social y político existente. Por supuesto, este problema no es exclusivo de Alacant, ya que responde a procesos históricos generales vinculados a la recomposición del modo de producción capitalista, la derrota histórica del comunismo y a la descomposición del poder de la clase trabajadora en el centro imperialista occidental. Sin embargo, en ciudades como Alacant se juntan una serie de especificidades que contribuyen a que este fenómeno se produzca de forma especialmente acusada, de las cuales esbozaremos tres.

Alacant se rige por un modelo económico terciarizado basado especialmente en el turismo masivo y la especulación inmobiliaria. Este modelo económico está asociado a un mercado de trabajo “flexible”, con trabajos temporales y precarios, y a la gentrificación de antiguos barrios residenciales, lo cual contribuye a la fragmentación social y política de la clase trabajadora de la ciudad.

En relación con lo anterior, tenemos un modelo urbano completamente enfocado a las nuevas formas de rentabilidad de capital y a la mercantilización del espacio público. Esta dinámica ha sido sistemáticamente favorecida por las políticas de los gobiernos municipales de Alacant, que han hecho una ciudad a medida para los empresarios y los rentistas. Entre otras cosas, todo esto se ha traducido en una ciudad con cada vez menos espacios culturales y de sociabilidad no orientados al consumo, lugares que han sido históricamente fundamentales en la creación de tejido asociativo y en la articulación de culturas políticas obreras. En otras palabras, vivimos en una ciudad que nos condena a trabajos mal pagados y temporales, alquileres por las nubes, expulsión a las afueras de la ciudad, un ocio limitado a salir de fiesta y pagar copas a casi 10€ y, en general, un modo de vida que nos empuja a sacarnos las castañas del fuego cada uno por nuestra cuenta. Ante la falta de una alternativa que transforme estas condiciones, la otra opción es irse (probablemente a otra ciudad asfixiante que opere bajo lógicas similares).

Desde finales del siglo pasado, estas condiciones contribuyeron a la bancarrota de la izquierda tradicional, que sólo se vio revertida temporalmente a las brasas del 15M y otras experiencias del ciclo de luchas desatado tras la crisis del 2008, como las protestas estudiantiles contra el plan Bolonia o el surgimiento de la PAH. Sin embargo, como ya se señaló previamente, el impulso de las nuevas izquierdas se agotó bastante pronto en el caso de Alacant. La corta experiencia del gobierno del cambio alicantino (2015-2018) no cumplió las expectativas que habían creado en la clase trabajadora, ni en toda una generación de jóvenes que depositó sus esperanzas en la izquierda reformista, demostrando de nuevo su inestimable papel como generador cíclico de despolitización. El dramático final del gobierno municipal dejó de nuevo en crisis no solo a la izquierda institucional, sino que también arrastró a todas las organizaciones políticas y movimientos sociales que se sumaron a la aventura del asalto electoral encabezado por Guanyar Alacant. Con ello, y tras un último coletazo de movilizaciones multitudinarias gracias al auge del movimiento feminista, se entró en lo que se calificó como “período de reflujo y desmovilización”, del que se hablaba casi como mantra natural y autojustificatorio para (no) explicar el páramo político y social en el que había vuelto a convertirse Alacant.

En este páramo, y como resultado del mismo, han surgido a lo largo de los últimos años tanto la sección local de Alacant de la Organització Juvenil Socialista (OJS) como un nuevo movimiento de vivienda conformado por el Sindicat de Vivenda de Carolines (SVC) y el Sindicat de Vivenda de Zona Nord (SVZN). Estos sindicatos de clase no han tardado en condenar el escándalo de las VPO. La OJS también se ha pronunciado denunciando la corrupción del ayuntamiento del PP y señalando el oportunismo de Compromís, que pretende utilizar este caso como un recurso más para llegar al gobierno municipal. Sin embargo, para los jóvenes que nos organizamos en fuerzas extraparlamentarias o movimientos de masas, resulta evidente que todo lo expuesto previamente constituye un conjunto de limitaciones que nos dificultan la posibilidad de dar una respuesta inmediata y contundente al gobierno municipal del PP.

La debilidad de Barcala no viene de enfrentarse a una oposición municipal sólida

Esto revela otra verdad incómoda: actualmente no existe una alternativa política al gobierno de Barcala en Alacant. Así, el escenario político esperable tras la última comparecencia del alcalde es un impasse marcado por los ritmos de la investigación de la fiscalía. Ésta parece ser una situación en la que tanto VOX como el PSPV-PSOE se encuentran cómodamente instalados, que esperan recoger los frutos del propio desgaste del proceso judicial. Por su parte, Compromís ha tomado cierta iniciativa. Sin embargo, constituye una formación política carente de fuerzas no sólo en número de concejales, sino también (y sobre todo) en poder de convocatoria. Compromís carece de fuerza militante y hegemonía sobre los movimientos de masas de la ciudad. Salvo que salgan a la luz nuevos escándalos sobre la trama, lo normal es que sigan sin poder convocar nada por su cuenta. Por ello, parece lógico afirmar que Compromís intentará erigirse como una oposición “mediática” que usará los plenos del ayuntamiento como (deficiente) altavoz. A su vez, la “trama VPPO” será un recurso que utilicen en clave autonómica, donde su fuerza parlamentaria es bastante mayor. En definitiva, su apuesta será tratar de llegar al gobierno municipal y de la Generalitat de la mano del PSPV-PSOE. De esta manera, Compromís continúa su aventura electoralista en busca de una gestión institucional que, con unos márgenes de acción cada vez más pobres y limitados, sea mucho más decepcionante y nos deje en una posición aún más débil si cabe frente a las amenazas del capitalismo en crisis.

En contraposición a esta vía agotada, la juventud comunista asumimos nuestra debilidad actual y nos hacemos cargo de ella, apostando por la vía de la independencia política de la clase trabajadora. Con ello, nos referimos a una fuerza política que no se subyugue a otras clases y desnaturalice los problemas que padecen los trabajadores en la ciudad de Alacant, revelando el carácter de clase que les subyace. Una fuerza de clase que señale la necesidad de organizarse en virtud de sus propios intereses, revirtiendo progresivamente el estado de despolitización que reina en la ciudad. Una organización que se convierta en el referente político de una juventud que sólo conoce la crisis, que experimentará un contexto marcado por la agudización de los conflictos de clase y que vivirá en un mundo donde las promesas que le hicieron a sus padres carecen de sentido. Una fuerza, por tanto, que constituya a la juventud trabajadora como punta de lanza de la ruptura política con el oportunismo socialdemócrata. Una organización que sea capaz de articular cada vez más luchas económicas y políticas e integrar a cada vez más capas del proletariado en sus filas. Y, por supuesto, una fuerza política que sea capaz de convertir las crisis de legitimidad asociadas a casos de corrupción en auténticas crisis políticas con profundas consecuencias para todos los gobernantes, socializando la idea de que la corrupción no es una anomalía o una desviación antidemocrática, sino una lógica sistemática y repugnante de la sociedad capitalista, que evidencia el carácter inherentemente antidemocrático del Estado liberal.

En definitiva, la juventud comunista apostamos por articular una fuerza de oposición a todas las fuerzas políticas que se turnan para gestionar la miseria del capitalismo y construir una alternativa socialista al ayuntamiento corrupto de Barcala. Sin duda, se trata de una vía mucho más tortuosa que la aventura electoralista, pero la recorremos con paciencia y convicción, a sabiendas de que es la única que puede garantizarnos una acumulación de fuerzas real que nos permita doblegar a los empresarios, rentistas y políticos profesionales que hacen negocio a costa de nuestra clase.