Opinión
El estigma “puta” nos atraviesa a todas: en solidaridad con Rita Maestre

Quienes firman este texto, y tantas otras, nos hallamos consternadas con la noticia que ha compartido recientemente Rita Maestre: la portavoz del grupo municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid desveló, en redes, cómo lleva un año siendo acosada en su propio domicilio, con quien convive con sus dos hijas menores, aparentemente orquestado por fundamentalistas de extrema derecha. Alguien —confirma la propia Policía— ha suplantado su identidad, colocando anuncios de venta de servicios sexuales falsos, entablando conversaciones con potenciales clientes, al punto de que día sí, día no, se presentan hombres en su domicilio reclamando que sean atendidos, en ocasiones de manera violenta. 

Valga este escrito para solidarizarnos con la grave y absolutamente intolerable situación que está viviendo la concejala, y también compañera de lucha, Rita Maestre. Independientemente de afinidades políticas o de nuestra mayor o menor cercanía con el partido al que representa, consideramos que nadie debería sufrir lo que sufre ella y su familia. La sororidad entre nosotras debería ser absolutamente radical ante los casos de acoso, como el que también vienen sufriendo otras políticas feministas, como Irene Montero en su propia casa. A pesar de que algunas de estas representantes públicas han tomado decisiones que nos han perjudicado, especialmente a las trabajadoras sexuales autónomas —como la prohibición de la publicidad en la Ley del “sólo sí es sí”— también nos solidarizamos con ellas. 

El estigma puta nos atraviesa a todas y, por esto mismo, la lógica debería ser apropiarse del mismo desde la reivindicación política, sin asumir la violencia ni el odio que habitualmente lo acompañan

Al albor de un nuevo 8 de Marzo, en el que una vez más saldremos a las calles para gritar bien alto que sólo el feminismo podrá salvarnos, queremos también aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre el papel que juega el estigma puta en nuestra sociedad, y cómo un feminismo verdaderamente comprometido con todas las mujeres y cuerpos disidentes debería alinearse con la lucha por el reconocimiento del trabajo sexual desde una óptica despenalizadora. El estigma puta nos atraviesa a todas y, por esto mismo, la lógica debería ser apropiarse del mismo desde la reivindicación política, sin asumir la violencia ni el odio que habitualmente lo acompañan. 

A una mujer la llaman “puta” si vende servicios erótico-sexuales a cambio de dinero; pero también a la que se porta mal, a la que pelea y reivindica sus derechos. A una mujer la llaman puta si es de “moral descuidada”, si ejerce su sexualidad con libertad y autonomía; pero también le llaman puta a la mujer que abandona a quien la maltrata, o a la madre que pone límites a la violencia hacia sus hijos o hijas. A una mujer la llaman puta si ocupa el espacio sin pedir permiso, y también si habla alto, o no agacha la cabeza. O, como a la periodista Sarah Santaolalla, a quien no sólo llama puta por defender la pluralidad del análisis político, sino que también se atreven incluso a golpearla literalmente. A Rita Maestre le están mandado un mensaje claro: por ser feminista, por ser de izquierdas, y por no agachar la cabeza, eres una puta. Y por ser una puta, por ser una “mala mujer”, mereces ser castigada.

El modelo abolicionista de la prostitución, aquel que reclama “salvar” a las putas del ejercicio en nombre de una lucha feminista, favorece, voluntaria o involuntariamente, la violencia contra las mismas 

Las trabajadoras sexuales, encarnación de la “mala mujer”, sufren esta impunidad desde tiempos inmemoriales. Lo que nos parece crucial resaltar en este texto, cómo han hecho tantos otros, es que, paradójicamente, el modelo abolicionista de la prostitución, aquel que reclama “salvar” a las putas del ejercicio en nombre de una lucha feminista, favorece, voluntaria o involuntariamente, la violencia contra las mismas y alimenta el estigma que como una losa pesa sobre la vida de las mismas. Al no reconocer la actividad, cuando es escogida y consentida, como un ejercicio legítimo de supervivencia y de obtención de recursos económicos, favorecen la reproducción del estigma puta: ser puta no está bien, es la peor de las opciones posibles. Y si “ser puta no está bien”, bien porque sea indigno para las mujeres, bien porque “deberían dedicarse a otra cosa”, bien porque “no puede haber consentimiento cuando hay vulnerabilidad”, bien porque los hombres – puteros – son unos “aprovechados y unos violadores de pago”, el estigma crece; y si el estigma crece, poner límites a la violencia que conlleva el estigma es mucho más complicado. 

Según un estudio de ESWA, en España, numerosas trabajadoras sexuales no acuden a la policía para denunciar abusos de clientes; entre otras cosas, porque se encuentran con un “tú te lo has buscado, qué esperabas”: si eres puta, te mereces la violencia que te ocurre. A pesar del estigma y la criminalización que sufren desde hace décadas, las trabajadoras sexuales tienen un sinfín de estrategias para proteger su identidad personal, además de la localización de su propio domicilio si así lo desean. También tienen un montón de métodos de filtrado para prevenir la aparición de clientes borrachos o violentos. Esto es especialmente cierto para quienes trabajan de manera autónoma, sin depender de terceros: son unas absolutas diosas de la explicitación de qué sí y qué no, qué quieren, por cuánto y cómo (y también de qué les gusta, porque sí, a veces disfrutan). 

Desgraciadamente, en España, las políticas públicas de los últimos treinta años han hecho que estas negociaciones sean infinitamente más complicadas para casi todas las trabajadoras sexuales: quienes ejercen en calle, la criminalización – vía sanciones y persecución policial – dificulta poder negociar con clientes, además de rebajar los precios. Para quienes trabajan para terceros (en pisos, clubes y otros locales) – que en la actualidad es una mayoría abrumadora precisamente porque la calle se ha hecho cada vez más hostil – la dependencia en las “reglas” de dueños, managers y encargados dificulta poder tener autonomía para establecer estos límites. El abolicionismo, en vez de priorizar un discurso en favor de derechos laborales para las mismas y de denunciar de la criminalización institucional que sufren, en su obsesión por rescatar a las putas de ser putas ha favorecido que las putas tengan cada vez menos capacidad de poner sus propios límites y condiciones. En otras palabras, han favorecido que las trabajadoras sexuales, las putas, sufran más violencia. 

Los partidos políticos, especialmente aquellos que se consideran feministas, como Izquierda Unida, Podemos o Sumar, deberían tener clara una cosa: la vía para asegurar derechos a las trabajadoras sexuales es la despenalización, siguiendo el ejemplo del modelo neozelandés desde 2003 y, de manera más reciente, el belga. Estos modelos han demostrado, además, que son capaces de reducir el estigma sobre la prostitución. Entre otras cosas, porque han permitido que las trabajadoras sexuales salgan al terreno público siendo un actor fundamental en la elaboración de las políticas que les afectan. Ellas, reivindicándose putas, cogiendo el estigma y llevándolo como bandera, han dicho claramente: nos enorgullecemos de ser putas, pero no vamos a aceptar la violencia. Indirectamente, lo mismo ha dicho en sus declaraciones Rita Maestre: no vamos a parar. El día que nos veamos de frente, unas a otras, como aliadas en una misma lucha, será el día en que todas podamos hermanarnos como las putas rebeldes que no se van a callar.