Opinión
El doble rasero del militarismo: cuando la paz se vende por intereses industriales

El pasado 23 de diciembre, tanto en Euskadi como en Madrid, en hechos ni aislados ni casuales, se retocó la Ley de Cooperación en el País Vasco para abrir la puerta a la inversión militar y se activó por parte del Gobierno Español, en el último Consejo de Ministras y Ministros del año, una cláusula para esquivar el supuesto vigente embargo de armas a Israel por el genocidio que está perpetrando en Palestina. Ambas medidas se aprobaron el mismo día, con escasa visibilidad pública y bajo una lógica común que prioriza intereses industriales y estratégicos vinculados al ámbito militar.

Una lógica que hoy se manifiesta también en la intervención de Estados Unidos en Venezuela, violando el derecho internacional, mientras el presidente de Repsol y ex presidente del PNV, Josu Jon Imaz, visita la Casa Blanca para agradecer a Trump su disposición a saltarse las leyes internacionales cuando conviene a los intereses petroleros y geoestratégicos.

El dinero público puede terminar facilitando dinámicas armamentísticas, aunque se presenten bajo un lenguaje económico, tecnocrático y europeo

Aquel 23 de diciembre el Parlamento Vasco aprobó los Presupuestos de Euskadi para 2026, y metió, por la puerta de atrás, un cambio legislativo sustancial propuesto por el Gobierno Vasco que modifica y desnaturaliza la Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad. Con palabras técnicas, aparentemente neutrales, apelando a la coherencia y al “realismo”, se facilita que el sector público vasco pueda apoyar inversiones tecnológicas que podrían servir para la guerra, siempre que se encuadren con la Estrategia Europea de Seguridad.

Tal como venimos denunciando desde grupos antimilitaristas y organizaciones de cooperación y solidaridad, esta modificación no es un mero ajuste técnico. Supone un cambio sustancial en el espíritu de la ley, que nació para “garantizar que las políticas públicas vascas no contribuyeran, directa o indirectamente, a dinámicas de violencia armada”. El argumento utilizado —evitar la pérdida de inversiones industriales— revela hasta qué punto la cooperación queda subordinada a intereses económicos ligados a sectores de doble uso, donde la frontera entre lo civil y lo militar es deliberadamente difusa.

Desde nuestra forma de pensar pacifista, esto abre un claro escenario: el dinero público puede terminar facilitando dinámicas armamentísticass, aunque se presenten bajo un lenguaje económico, tecnocrático y europeo. Y hacerlo, además, en la votación final de los presupuestos y en vísperas de Navidad, reforzó la sensación de opacidad y de absoluto desprecio hacia el debate social.

Ese mismo 23 de diciembre, el Gobierno español aprobó en su consejo ministerial una decisión de enorme calado político y ético: activar por primera vez una “cláusula de escape” incluida en el real decreto del embargo de armas a Israel. Esta cláusula permite al Ejecutivo autorizar excepciones al embargo cuando considere que están en juego “intereses generales nacionales”. Según la información publicada, la activación de la cláusula permite mantener determinadas operaciones vinculadas a la industria de defensa y al sector aeroespacial, especialmente en relación con grandes programas industriales europeos. Al mismo tiempo que se aprobaban más de 2.000 millones de euros adicionales en gasto militar, se adoptaba esta otra decisión, con nocturnidad y alevosía, en fechas poco propicias para el control democrático y el debate público.

Mientras se proclaman compromisos con la paz y la legalidad internacional, se reforman leyes para no afectar al complejo militar-industrial

Desde nuestra opinión, este hecho se resume como la claudicación de la ética humanitaria frente a los intereses de la industria de la guerra. El Gobierno de España, al activar una excepción específica para que Airbus continúe importando componentes militares de Israel, prioriza la rentabilidad económica y la operatividad de maquinaria bélica (como el A400M, el A330MRTT, el C295 o el dron SIRTAP) por encima de la coherencia en la defensa de los derechos humanos y de la solidaridad con Palestina. Esta decisión evidencia que el “embargo” es parcial y flexible, cediendo ante el chantaje laboral y corporativo de una multinacional.

En definitiva, la medida supone una reactivación (si alguna vez fue interrumpida, ya que hay muchos indicios de que no) de la cooperación con el complejo militar-industrial israelí, demostrando que, para el Gobierno, importa más la exportación de armas y el mantenimiento de proyectos estratégicos que el cese efectivo del genocidio palestino. El pretendido “embargo” queda vacío de contenido, en tanto que admite excepciones por razones industriales o estratégicas, por lo que deja de ser un instrumento eficaz para frenar la violencia y pasa a ser un recurso retórico, compatible con la continuidad de relaciones que sostienen el entramado militar.

La legalidad internacional, los derechos humanos y la paz son prescindibles cuando entran en conflicto con la rentabilidad de las grandes corporaciones energéticas y armamentísticas 

Esta lógica que subordina los derechos humanos a los intereses corporativos no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica global. La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, desconociendo la soberanía de un país y violando el derecho internacional, ilustra cómo las grandes potencias y sus aliados corporativos actúan con total impunidad. En este contexto, resulta especialmente significativa la visita de Josu Jon Imaz, presidente de Repsol y ex presidente del PNV, a la Casa Blanca para agradecer a Trump su disposición a saltarse las leyes internacionales cuando les conviene. 

El mensaje es claro: la legalidad internacional, los derechos humanos y la paz son prescindibles cuando entran en conflicto con la rentabilidad de las grandes corporaciones energéticas y armamentísticas. Mientras la escalada bélica se intensifica en múltiples contextos geopolíticos, nuestros gobiernos y élites empresariales celebran y facilitan este orden basado en la fuerza y el beneficio económico.

Que aquellas decisiones del 23 de diciembre se adoptaran el mismo día no es un detalle menor. Revela la incoherencia entre distintos niveles de gobierno: mientras se proclaman compromisos con la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional, se reforman leyes y se activan cláusulas para no afectar al complejo militar-industrial. Y revela también que nuestros gobiernos quieren eludir el debate público y parlamentario sobre el rearme europeo, y los compromisos estatales con el gasto militar y los próximos recortes sociales.

En Euskadi, la cooperación se flexibiliza para no frenar inversiones de uso militar. En el Estado, un embargo se interrumpe para no perjudicar a grandes programas industriales de defensa. A escala global, se interviene militarmente violando el derecho internacional mientras las élites corporativas celebran esta impunidad. Tres escenarios distintos, un mismo hilo conductor: la prioridad otorgada al armamento y a la lógica del rearme.