Genocidio
El Consejo de Ministros aprueba el embargo de armas pero se reserva comprar a Israel “por interés nacional”

Cuando van a cumplirse dos años desde el inicio de la operación de limpieza étnica iniciada por Israel en Gaza, el Gobierno español de Pedro Sánchez ha aprobado el primer texto jurídicamente vinculante de embargo de importación y exportación de armamento desde Israel. Con dos semanas de retraso tras el anuncio que Sánchez realizó sobre este extremo, el texto recoge una salvaguarda que permitirá “transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso” cuando se trate de defender “los intereses generales nacionales”, una expresión ambigua que será necesario concretar sobre la práctica.

La decisión de dar luz verde pese a la prohibición con general estará en manos de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, (JIMDDU), un organismo que en episodios anteriores ha permitido el tránsito de armas hacia países en conflicto y con un historial dudoso en materia de derechos humanos amparada en que sus decisiones forman parte de los secretos oficiales, que en España no tienen hasta la fecha plazo de prescripción.

El texto, adelantado a distintos medios de comunicación, establece asimismo que “quedará prohibida la importación en España de los productos originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024”. Esta formulación no afectará a priori a productos como los exportados por ICL, que extrae minerales de territorios ocupados. 

En el texto aprobado también se confirma la denegación de las solicitudes de autorización de tránsito por puertos y aeropuertos de barcos que transporten combustible a Israel.

Asimismo, se anuncia que el Gobierno rendirá cuentas ante el Congreso y lo hará, en particular, sobre las posibles excepciones aprobadas en materia de compraventa. El Parlamento deberá convalidar este decreto en una sesión plenaria en el plazo máximo de un mes. Cabe la posibilidad de que en la vía parlamentaria pase a tramitarse como Proyecto de Ley y de modifiquen aspectos del mismo. Izquierda Unida, parte del Gobierno de coalición, ha anunciado que “peleará” para que no se mantenga la excepción en base a los intereses generales, que el PSOE ha justificado como necesaria para la compra de repuestos de material previamente comprado al régimen de Tel Aviv por parte del Ministerio de Defensa.