Opinión
La corrupción, ese invento del poder

En los dos últimos años, distintos jefes policiales en Madrid, Baleares, Murcia, Galicia y Castilla y León han sido detenidos por sus vínculos con el narco. Ninguna institución ha sido señalada por todo tipo de casos de corrupción como la Policía Nacional o la Guardia Civil y ninguna ha sido capaz de establecer el marco de las manzanas podridas con mayor efectividad hasta el punto de que (casi) nadie asocia estas instituciones con la corrupción. Nadie se imagina al Comité Federal del PSOE haciendo una gira por los colegios para presentarse al alumnado como sí hacen los cuerpos policiales con creciente frecuencia. El poder no se muestra especialmente preocupado por la corrupción cotidiana, descarnada y salvaje de elementos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otras cosas porque esos cuerpos son desde hace tiempo un poder propio dentro del poder. Este ejemplo sirve para plantear una primera premisa: la corrupción como tema no trata de la corrupción real, sino de otra cosa.

El verano del PSOE comienza con aire a final de partida, tal y como comenzó el de 2025. Una serie de informaciones aglomeradas, coronadas con una entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) en la mañana del 27 de mayo en la sede Ferraz, ha puesto a los socialistas de Pedro Sánchez otra vez en el disparadero. La derecha entiende que el Gobierno de coalición está a unos metros del precipicio; la geopolítica del shock de Donald Trump parece haberse aflojado en las últimas semanas y la “corrupción” como tema principal de la política española genera un estado de ánimo de fatiga e incomprensión que afecta especialmente a quienes podrían sostener a Sánchez: personas a solo un meme de desafectarse de la política partidista.

Quienes están siguiendo el caso de José Luis Ábalos y Koldo García refieren que las pruebas de corrupción en los contratos de mascarillas son insignificantes, cuando no inexistentes. Los casos que rodean a Begoña Gómez son una burla. Vestido en un auto serio, el caso Zapatero apenas da margen para pensar que el expresidente será condenado cuando, dentro de muchos, muchos años, se establezca algo así como una verdad judicial. Poco o nada de esta remesa de casos y casillos se sostendrá dentro de unos años. Pero el largo plazo es irrelevante en la política de partidos y el medio plazo no existe. Lo que más importa es que el PSOE no tiene ninguna herramienta prevista para desmontar ese teatro en torno a la corrupción.

Esto no es una defensa de la probidad del PSOE y sus integrantes, sino otra cosa: la certeza de que lo que se está moviendo son una serie de informaciones que, por separado, son casi irrelevantes para generar un ambiente determinado, pero que juntas forman una atmósfera agobiante, depresiva para la clase de votantes de izquierda, efervescente y hasta divertida para los votantes de derecha.

Ninguna institución ha sido señalada por todo tipo de casos de corrupción como la Policía Nacional o la Guardia Civil, pero el poder no se muestra especialmente preocupado por esa corrupción

El PP siempre tendrá más casos, el volumen de los casos siempre será superior, el impacto sobre las infraestructuras públicas y los servicios públicos siempre será descomunal en comparación con el del PSOE, por más que los socialistas hayan participado en el pasado —y hay que suponer que en el presente— de esa fiesta del lucro organizada en torno a lo público. Pero esa trayectoria del PP como vector corruptor de la política española, de muchas maneras, da completamente igual a efectos prácticos.

Factores que fortalecen a la derecha

Hay varios factores que se unen para que la corrupción de la derecha tenga un recorrido más corto en el campo siempre lleno de barro del escándalo social. Una es la composición de clase de la alta magistratura, y la comprensión del poder que los sectores conservadores concentrados en la galaxia PP-Vox comparten con la mayoría de los titulares de los grandes tribunales y del sindicato corporativo de jueces llamado Consejo General del Poder Judicial. Eso lleva al lawfare y los presuntos casos de prevaricación judicial que se perderán como lágrimas en el océano. Nada de esto habrá cambiado cuando termine el Gobierno de coalición.

Un segundo factor es la propiedad de los medios de comunicación, indefectiblemente asociada a los populares en cuanto son ellos los que reparten más publicidad institucional con criterios de clientelismo. Otro tercer elemento poco tenido en cuenta es la extraordinaria fuerza social de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, legitimados culturalmente a niveles delirantes, y escorados desde su nacimiento y su renacimiento en democracia hacia la misma visión social chovinista y rancia que enarbola la derecha política. La UCO y su discrecionalidad dan testimonio del poder de los uniformes para generar estados de ánimo sociales.

La confluencia de intereses formada por los partidos conservadores, la alta magistratura y los mandos policiales superiores toma la corrupción o la corruptela como un simple pretexto, una coartada de tipo moral para una operación de acoso y derribo que se puso en marcha por otros motivos. El motivo, si se lo quiere dotar de una turbia nobleza, es la llamada “razón de Estado”. Ese concepto engloba una serie de principios como la unidad territorial, pero no menos importante es la defensa de la propiedad privada; o, lo que es lo mismo, el ataque por tierra, mar y aire sostenido y perenne contra quienes cuestionen el modelo capitalista español. Sánchez no ha hecho nada por modificar el privilegio en el acceso, usufructo y aprovechamiento de la propiedad por parte del capital, pero sí ha arrastrado a su Gobierno a navegar contra la corriente en cuanto al modelo territorial. No es un héroe ni será recordado por haber impulsado la democracia en España; sí ha sido, en cambio, una figura ambigua de la que parece que el poder financiero (otro de los poderes que mandan sin gobernar) ya se ha cansado.

Breve recordatorio. Después de un ciclo protorevolucionario o, si se quiere, reformista plus, el PSOE necesitó apoyarse en el independentismo y el poscomunismo para gobernar. El sistema dependía de ello y, de hecho, esa alianza apuntaló a las instituciones que se pretendía transformar de cabo a rabo. No solo no se transformaron, sino que las instituciones y su “gestión” pusieron la puntilla sobre la política del cambio. Pese a esa labor de reconstrucción del sistema político, el poder situó al PSOE temporalmente en la lista de enemigos de la razón de Estado. Una cosa es salvar al Estado de sus propias tendencias antidemocráticas y otra distinta que quienes mandan quieran recuperar el Gobierno para sus intereses cuanto antes.

El segundo verano tras el final de partida que supuso el caso que implicó a los secretarios está compuesto de jirones y retales de escándalo. Nada demasiado concluyente, pero al parecer suficiente para que al PSOE le tiemblen las piernas, para que socios como el PNV —siempre atentos al deseo del poder financiero— se convenzan de que cabe resituarse en un nuevo escenario y para que aquella izquierda que, como el más sacrificado de los gregarios ciclistas, se desfondó para otros, se encuentre girando en el vacío por no haberle prestado demasiada atención a las profundidades del Estado que los engulló primero a ellos y después a su líder real, Sánchez.

Pasado un tiempo, seremos conscientes de que el aire irrespirable de la corrupción en mayo de 2026 no procedía de eso que se ha llamado el sanchismo, sino de un poder mucho más sólido que este Gobierno. Un poder que maneja la corrupción, sus tiempos y su escandalera con la brillantez que da la experiencia de décadas.