Catalunya
La comunidad educativa de Catalunya rechaza frontalmente la presencia de Mossos en los institutos públicos

La noticia se filtró a la prensaa principios de la semana: el Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya iniciaba un plan piloto que consiste en desplegar agentes de Mossos d’Esquadra en 14 institutos públicos, algunos de ellos considerados de “alta complejidad” y situados en seis zonas educativas: Vall d’Aran, Vic, Urgell, Sabadell, El Prat de Llobregat y l’Hospitalet de Llobregat. Se trata de una medida promovida por Educació e Interior —y que lleva por título Pla Integral per a la Seguretat i el Benestar a l’entorn educatiu (EDUSEG)— y, a pesar de que no se ha empezado a implementar, ya ha sido rechazada en Catalunya por más de una veintena de entidades, organizaciones y sindicatos.

“Esta iniciativa conjunta tiene por objetivo impulsar un modelo preventivo y colaborativo de convivencia en los centros educativos. Será a través de los Agentes de convivencia, Mossos d'Esquadra referentes en prevención y mediación en los centros. Una figura que va un paso más allá de los agentes tutores, una iniciativa vigente en los centros educativos desde hace varios cursos”, se puede leer en el comunicado del Departament fechado del 28 de abril, a pesar de que la medida se filtró un día antes. Según el Departament, el o la policía en cuestión, podrá “llevar a cabo tareas específicas de prevención, mediación y acompañamiento a alumnado y docentes”.

Rechazo frontal de la comunidad educativa catalana

La respuesta de una gran parte de la comunidad educativa no se ha hecho esperar: “Consideramos un despropósito el impulso de este programa, que se ha creado de manera opaca, sin ningún tipo de consulta previa o consenso”, se puede leer en el comunicado de la plataforma Desmilitaritzem l'educació, formada por más de 100 entidades, sindicatos de docentes, federaciones de familias —como la aFFaC (Associacions Federades de Famílies d'Alumnat de Catalunya)—y agrupaciones educativas, entre otros colectivos.

La opacidad y la unilateralidad de la medida también es algo que destaca Iolanda Segura del sindicato USTEC-STEs (IAC) —mayoritario en la enseñanza pública en Catalunya—. “Esto nos ha venido por sorpresa, no sabíamos nada. No es una medida pedagógica, así que no entendemos cuál es el objetivo de esta decisión; nosotros pedimos recursos educativos para poder reforzar las plantillas de los centros, no policías”, explica en entrevista para El Salto.

Se considera que además de oponerse a los objetivos pedagógicos, esta medida atenta contra los derechos de los jóvenes en relación a situaciones de discriminación, estigmatización y respecto a su privacidad

Segura se queja, además de que la medida no ha llegado acompañada de ninguna hoja de ruta, o documento extenso con objetivos, contexto o marco en el que se encuadra esta decisión. “No se especifica el marco de actuación, cómo o quién escogerá al mosso o mossa que entre en el instituto, qué formación debe tener o cuál será su actuación”, detalla. USTEC considera la medida “absolutamente inaceptable”.

Desmilitaritzem l’Educació también pone el foco en los supuestos objetivos de esta decisión: “El pretendido objetivo planteado (del que solo hay información a través de las informaciones periodísticas) contraviene la normativa y las resoluciones aprobadas por el Parlament de Catalunya y otras instancias a favor de la construcción de modelos de convivencia en los centros basados en la transformación positiva de los conflictos y un horizonte educativo que refuerza la capacidad del alumnado para afrontar situaciones de discrepancia”, prosigue en el comunicado enviado a prensa.

Iolanda Segura (USTEC): “¿Qué pasa con los jóvenes, por ejemplo, que han sido desahuciados de sus casas? Porque quien ejecuta ese desahucio y quien entrará en las aulas forma parte del mismo cuerpo policial”

Desde la plataforma se considera que además de oponerse a los objetivos pedagógicos, esta medida atenta contra los derechos de los jóvenes en relación a situaciones de discriminación, estigmatización y respecto a su privacidad. También atenta, según se desprende del comunicado, contra la autonomía de los centros. “Condenamos la deriva autoritaria de este tipo de programas que alimenta un discurso social antidemocrático basado en el uso de la fuerza, el castigo y la vigilancia”.

Respecto a este punto, tanto el profesorado como las organizaciones y los sindicatos han hecho especial hincapié: “¿Qué pasa con los jóvenes, por ejemplo, que han sido desahuciados de sus casas? Porque quien ejecuta ese desahucio y quien entrará en las aulas forma parte del mismo cuerpo policial. ¿Cómo esperamos que convivan?”, se pregunta Segura, quien también apunta a una rotura del clima de confianza que se suele establecer en los centros educativos y a la destrucción de vínculos. “La figura de un mosso puede fiscalizar esa confianza, restarnos autoridad o crear unas dinámicas negativas basadas en el miedo y la contención, porque se tratará de una persona no contextualizada dentro de un entorno educativo que no sabe cómo funciona el centro”.

A pesar del rechazo y el malestar popular que ha creado esta medida entre todo el sector, Mònica Martínez Bravo, Consellera de Drets Socials i Inclusió se reiteraba hace unas horas en Ser Catalunya sobre la decisión tomada por el Govern: “Cualquier iniciativa que sirva para mejorar la situación de los centros es positiva. Lo que se está estigmatizando es lo que pensamos que es un mosso d’Esquadra”, dijo. La Consellera argumentó la “mirada social” del cuerpo de policía y el componente, también social, de su trabajo. De hecho, a este tipo de figuras se le llama “agente de convivencia”.

Además de entidades, sindicatos y organizaciones, también algunos institutos se han puesto en pie de guerra. “Más pedagogía, menos policía” se puede leer ya en la puerta de los institutos Margarida Xirgu y Eugeni d'Ors, ambos situados en l'Hospitalet de Llobregat; y dos de los centros donde se aplicará la medida. Desde USTEC se anima a que todos los centros donde se quiere implementar la medida se opongan a la entrada del o la agente.

Desde el Departament d'Educació i Formació Professional inciden en que, en ningún caso, se obligará, ni ahora ni nunca, a que los institutos se acojan a la medida

Por su parte, el Departament, y ante el revuelo mediático causado por la medida, convocó el mismo un briefing para prensa a puerta cerrada para aclarar algunos de los puntos sobre los que se ha estado informando. Fuentes de Educació aseguran que el mosso o mossa en ningún momento entrará en el aula, y que solo se personará en las reuniones del profesorado si estos se lo solicitan. Por otra parte, se ha querido aclarar que los 14 centros de secundaria en los que se iniciará la prueba piloto habían accedido a hacerlo y tenían toda la información al respecto.

Además, desde el Departament quieren aclarar que si no hay un plan definido, con especificaciones y desarrollado es porque se trata de una prueba piloto; y que este documento se elaborará una vez concluidos los períodos de prueba —el primero en septiembre y el segundo a finales de año—. Inciden en que, en ningún caso, se obligará, ni ahora ni nunca, a que los institutos se acojan a la medida; es decir, no se tratará de algo impuesto, sino de una decisión que tome libremente la dirección del centro. Por último, destacan que han escogido diferentes áreas educativas con contextos muy distintos precisamente para no estigmatizar a ningún centro o ninguna zona.

Se exige la retirada del programa y la mejora de los centros educativos

Desde sindicatos, las federaciones de familias y los colectivos del profesorado se pide la retirada inmediata del programa piloto y que la problemática en los centros se aborde mediante la otorgación de recursos pedagógicos, la bajada de ratios y la contratación de personal especializado. “Llevamos todo el curso movilizándonos para reclamar más recurso y el Departament decide recortar en integradora y educadoras sociales y enviar policías a los centros educativos”, se quejaba a las puertas de un instituto Xavier Vilanova, delegado de USTEC en l’Hospitalet. Se pide el aumento de equipos pedagógicos, sociales y sanitarios para que mejoren la convivencia y el bienestar del alumnado, así como una planificación de la inversión necesaria.

El hecho de que ahora se ponga en marcha esta medida ha levantado suspicacias entre algunos sectores. “Que sea precisamente ahora, durante un momento de conflicto entre las trabajadoras y la Administración hace que sospechemos, porque esta figura policial podrá entrar a los claustros y podrá asistir a nuestras reuniones. En un contexto de movilización en el que se están tomando decisiones en los claustros… Da para malpensar”, dice Iolanda Segura. Desde los sindicatos llevan todo el curso pidiendo las inversiones necesarias que garanticen la estructura para poder trabajar de manera coordinada y dar una respuesta integral al alumnado; “porque el alumnado tiene unas circunstancias que van más allá de lo que sucede en el aula”, explica la sindicalista.

Para mostrar el malestar por la medida, pero también para seguir reclamando más inversión y recursos, USTEC, Professors de Secundària, Intersindical y CGT han programado un calendario de movilizaciones en el que se prevé hasta 17 jornadas de protestas que se sucederá entre el 12 de mayo y el 5 de junio: dos manifestaciones, doce huelgas territoriales y tres huelgas generales.

Mal momento para las relaciones entre la comunidad educativa y la Generalitat

La convocatoria de los paros mencionados no solo tiene como objetivo mostrar rechazo a la introducción de los Mossos d’Esquadra en las aulas, sino que quiere continuar evidenciando el malestar de la comunidad educativa con la Generalitat. Para intentar atajar las quejas, el 9 de marzo de este año, CCOO y UGT llegaron a un acuerdo con el Departament d’Ensenyament i Formació Professional bajo el nombre Acord de país per l’educació. Esto fue rechazado por una parte de la comunidad educativa, que continúa manteniendo que no da respuesta a las reivindicaciones presentadas.

El malestar se materializó unos días más tarde a la firma del acuerdo, el 20 de marzo. Catalunya vivió aquel día una jornada de huelga histórica en el sector que fue seguida por la gran mayoría de centros. El profesorado continúa exigiendo la bajada de las ratios en las clases, el refuerzo de las plantillas, mejoras en los salarios, la eliminación de la carga burocrática y la revisión de los currículums escolares, entre otras demandas.