Opinión
Algeciras: innovación y orden jurídico

En el contexto de fidelidad y lealtad a nuestras normas y tradiciones, resultan desconcertantes y profundamente preocupantes las dudas y complejos de algunos sectores sociales locales, influidos por las consignas de conocidos populismos con ideas extremistas, antisociales y anticristianas, que manipulan nuestro espacio público para destruir el modelo de convivencia de España.

En el actual contexto global, las cuestiones relacionadas con las migraciones y el derecho de asilo requieren el cumplimiento estricto de las leyes, el mantenimiento del orden y el respeto de las tradiciones constitucionales para que todos vivamos con seguridad y en convivencia. A nivel local, como premio a su atención institucional a estos deberes, Algeciras durante décadas ha sido reconocida por ser una referencia positiva tanto en el cumplimiento de la legislación internacional y estatal sobre el derecho de asilo, y en la preservación de la seguridad ciudadana, como en la salvaguarda de la dignidad de las personas que la Constitución de 1978 consagra en sus artículos 10, 12 y 104. En España, incluso antes de la aprobarse la Constitución el 1978, el pensamiento humanista ha promocionado los derechos de los refugiados como prueba inquebrantable de nuestra adhesión a los valores de las sociedades civilizadas y ordenadas que saben velar, a la vez, por los derechos del prójimo y por la ley, sin concesiones ni acobardamientos ante los bulos racistas, los prejuicios hacia los migrantes y el desorden que trae consigo la manipulación interesada de la opinión pública (generalmente, por parte de quienes, con fines electorales, aspiran a las prebendas propias de los cargos públicos). Un testimonio elocuente de defensa del orden y concepción universalista de los derechos de los refugiados y migrantes nos legó, por ejemplo, D. Joaquín Ruiz-Giménez, primer Defensor del Pueblo de España. Precisamente en cumplimiento de esta vocación constitucional española por la seguridad y los derechos, Algeciras ha demostrado permanentemente ser leal a los valores de nuestro ordenamiento jurídico.

Pues bien, en cumplimiento ordenado de la legislación internacional y estatal sobre asilo, todos los años llegan al Campo de Gibraltar miles de refugiados que huyen de situaciones de riesgo grave para sus vidas. En su inmensa mayoría, son personas de intachable conducta y con formación, que nos dan ejemplo de educación y convivencia. Conocemos la vida y profesión de un número significativo de quienes fueron refugiados porque se trata de futbolistas de éxito, abnegados médicos de nuestros centros de salud, abogados, sacerdotes de parroquias y hermandades de penitencia o cuidadores que atienden a nuestros abuelos (porque no tenemos tiempo para ellos) etc. 

 Estos días están presionando al Ayuntamiento de Algeciras  para anular las actuaciones de las ONG que operan en el Barrio de la Caridad. 

Como ya se ha documentado de forma suficientemente por instituciones independientes, las ONG del Campo de Gibraltar han tenido algo que ver en estas historias de éxito, que recientemente han logrado continuidad con una iniciativa pionera de la que ya se está tomando nota muy favorable en centros académicos y altas instituciones como modelo de transformación social ante los retos globales. 

Como sabrán muchos lectores, en Algeciras, nuestras ONG y algunas entidades públicas están intentando hacer virtud de la necesidad, reconvirtiendo calles de inseguridad, prostitución y drogas en lugares de gran impacto social donde hostales antiguamente ligados a la criminalidad (que tanta mala fama nos daba fuera de nuestras fronteras) son ahora vivienda provisional de acogida para familias y personas a quienes España debe acoger y proteger. Se cumple así una cuádruple finalidad que no tardará en ser reconocida a nuestros políticos de bien y a todos los ciudadanos fieles a nuestras tradiciones humanistas: a) el cabal cumplimiento de las normas sobre asilo que debemos respetar, b) la paulatina conversión de calles inseguras en zonas de transformación y promoción social; c) la mejora de la imagen del Campo de Gibraltar; y d) nuestra contribución colectiva como sociedad a la primera etapa de acogida de los refugiados, que resulta imprescindible en las historias de éxito de quienes en el futuro serán nuestros médicos, sacerdotes, peón agrícolas, mecánicos, futbolistas, abogados, cuidadores…

Por todo ello, en este contexto de fidelidad y lealtad a nuestras normas y tradiciones, resultan desconcertantes y profundamente preocupantes las dudas y complejos de algunos sectores sociales locales, influidos por las consignas de conocidos populismos que no son propias de esta ciudad, con ideas extremistas, antisociales y anticristianas, que manipulan nuestro espacio público para destruir el modelo de convivencia de España. Me quiero referir en particular a quienes estos días están presionando al Ayuntamiento de Algeciras (ciudad siempre atenta a los flujos migratorios) para anular las actuaciones de las ONG que operan en el Barrio de la Caridad mediante el uso de hostales como espacios de alojamiento para personas en situación de vulnerabilidad. Como botón de muestra, dos estrategias de manipulación nos servirán para ilustrar esta situación inaceptable. 

La primera, propagar que estas entidades emplean hostales como “centros de acogida encubiertos”, lo que no sólo evidencia una falta de respeto a las normas y a las instituciones públicas y del tercer sector, sino también una preocupante desconexión con la realidad social y con nuestras tradiciones y normas. Los hostales, como empresas privadas, colaboran con las ONG y el Ministerio de Inclusión mediante convenios que permiten ofrecer alojamiento y manutención. No se trata de espacios cedidos ni exclusivos, sino plazas contratadas en escrupulosa aplicación de la ley. No olvidemos, por ejemplo, que la Ley 13/2011, de Turismo de Andalucía, regula las licencias hoteleras para alojar personas “sin discriminación por su situación social”. 

La segunda, afirmar que “la solidaridad no puede concentrarse en una misma zona” supone ignorar que las necesidades sociales no se distribuyen según criterios urbanísticos, sino que emergen donde la vulnerabilidad se hace más evidente y donde las soluciones son factibles, atentando contra nuestro Derecho y nuestra convivencia toda campaña escondida detrás de las redes sociales que se dirija a identificar esta red de apoyo comunitario con una amenaza (sólo para obtener réditos electorales a medio plazo). 

 El patriotismo constitucional, la convivencia, la buena educación y la paz social no se edifican con amenazas veladas y manipulaciones, sino con diálogo, cooperación, voluntad política y lealtad al Derecho y a las instituciones.

Podíamos seguir. Basta con recordar que esta burda corriente de manipulaciones, prejuicios y rumores, además de dirigirse a desorientar a la opinión pública y a condicionar las decisiones del Ayuntamiento de Algeciras, también conduce a estigmatizar a las ONG y a las personas que atienden —en su mayoría solicitantes de Protección Internacional—, con un gran daño reputacional para la imagen de responsabilidad social de la ciudad de Algeciras. Y quien tenga dudas al respecto y desea comprender esta realidad, sepan que existen espacios de diálogo como el TRIS, donde convergen todas las entidades sociales de la zona, bajo la divisa de que la convivencia no se construye con bulos y excluyendo a los más vulnerables, sino fomentando la cooperación entre las Administraciones públicas, el respeto mutuo y la inclusión.

Cabe recordar asimismo que muchos de estos hostales, antes destinados a actividades como la prostitución o el alquiler turístico de baja ocupación, han encontrado en la colaboración con ONG una vía de prosperidad, recuperación y dignificación. ¿Por qué entonces se criminaliza una solución que ha traído esperanza y estabilidad? El patriotismo constitucional, la convivencia, la buena educación y la paz social no se edifican con amenazas veladas y manipulaciones, sino con diálogo, cooperación, voluntad política y lealtad al Derecho y a las instituciones. Las ONG que operan en La Caridad están haciendo con mucho esfuerzo y profesionalidad lo que las Administraciones públicas les encomiendan porque no pueden lograrlo a través de la gestión directa: ofrecer cobijo, dignidad y esperanza en cumplimiento de las normas. En lugar de perseguirlas, asociarlas con bulos y prejuicios o poner en duda sus innegables logros, como buenos ciudadanos nos cabe la alternativa de informarnos sobre la realidad a través de personas expertas e independientes, confiando en los protocolos de coordinación entre las ONG y la Administración local, y abiertos a toda iniciativa innovadora destinada a cumplir las normas con mayores estándares de calidad.

Por todos los motivos citados, a Algeciras le asiste la oportunidad de seguir cumpliendo con orgullo su tradicional vocación de ciudad de acogida (consciente de su responsabilidad colectiva con el orden y los derechos) o dejarse invadir por ideologías extrañas y bien financiadas que vienen de fuera para desestabilizar la política y obtener réditos ajenos al interés general de España y, en particular, de los campogibraltareños.