Cómo afecta a los ayuntamientos el acuerdo de Presupuestos entre PSOE y Unidos Podemos

El acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos también tenía a los municipios en vilo. Eran muchas las expectativas y necesidades acumuladas que buscaban solución en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. El documento publicado hoy, tras el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ha dado respuesta a muchas de esas preguntas sobre el uso del presupuesto y las competencias municipalista en el año en el que habrá elecciones para poder elegir las nuevas alcaldías. 

VIVIENDA

Según reza el documento, los ayuntamientos tendrán potestad para elaborar un índice de precios de alquiler de referencia, de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica. Los ayuntamientos también podrán declarar, temporal y excepcionalmente, una zona urbana de “mercado tensionado” cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable. Estas medidas van dirigidas a que los gobiernos locales puedan regular los precios de vivienda en estas zonas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler. 

Otra de las medidas estrella para que exista una mayor oferta de vivienda es la elaboración de un plan de actuación con la SAREB, el banco malo, para garantizar la firma de convenios con las comunidades autónomas y ayuntamientos para que impulsen la utilización de viviendas del parqué del banco malo para alquiler social.

Las medidas en vivienda son “un buen paso, pero insuficiente”

Yago Álvarez Barba

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Burbuja inmobiliaria

Las medidas en vivienda son “un buen paso, pero insuficiente”

Yago Álvarez Barba

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PSOE y Unidos Podemos han llegado a una acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado en el que se incluyen medidas para desinflar la burbuja del alquiler. Los movimientos sociales de vivienda ven como una victoria de la presión ciudadana, pero creen que las medidas son insuficientes.

VIOLENCIA MACHISTA

Con el título “Una sociedad más feminista: clave para el bienestar social y progreso económico” arranca el epígrafe 8 del documento, dedicado a medidas contra la violencia machista y combatir la desigualdad entre hombres y mujeres. Este punto también tiene varias líneas dedicadas a las competencias municipales. El acuerdo anuncia que “se va a tramitar en el Congreso un proyecto de Ley que dé más protagonismo a los ayuntamientos devolviéndoles competencias en esta materia, por ser las administraciones más cercanas a las víctimas”.

Otra de las competencias que será cedida a los municipios será la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia. Para ello, explica el texto, se duplicarán los fondos destinados a programas dirigidos a erradicar la violencia de género para los ayuntamientos, pasando de los 20 millones de euros que hay presupuestados en este 2018 al doble, 40 millones, en 2019.

GOBIERNO LOCALES y la ley montoro  

El epígrafe 9 está dedicado íntegramente a “medidas para aumentar su autonomía y revertir el abandono rural”. Estas medidas, según indican, van encaminadas a revertir la situación de pérdida de competencias y autonomía que provocó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la Ley Montoro, con la excusa de la crisis.

Las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), aquellas que no generan gastos atribuibles a otros años, que se puedan llevar a cabo, podrán verse reflejadas en los presupuestos de 2019 si esta propuesta firmada por Sánchez e Iglesias sale adelante. Incrementar el ámbito de posibles IFS en materias con especial repercusión social, una petición que lleva tiempo entre las principales peticiones de redes municipalistas y muchos ayuntamientos, a otros gastos que anteriormente no se podían considerar como IFS, podrá ser efectiva también si sale adelante el acuerdo. Entre los nuevos tipos de IFS, que estaban prohibidos por el anterior ministerio de Cristóbal Montoro, se va a permitir que los ayuntamientos que tengan cuentas públicas saneadas, dediquen parte de su superávit a la financiación y mejora se encuentran las escuelas infantiles, fomento del empleo y construcción o rehabilitación de viviendas. 

La tasa de reposición cero es otra de los grandes restricciones a los que se enfrenta a un ayuntamiento debido a la Ley Montoro. Dado esta tasa, los ayuntamientos no pueden reponer a un empleado de su plantilla cuando este se jubila, abandona su puesto o fallece. La nueva propuesta establece que las entidades locales que en el ejercicio anterior hayan cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda y la regla de gasto tendrán una tasa de reposición de efectivos de hasta el 100 % para todos los sectores, funciones y servicios. Además, podrán incorporar nuevos efectivos en los sectores y ámbitos que estimen que necesiten un refuerzo equivalente al 8% de su tasa de reposición, porcentaje que será de un 10% en los ayuntamientos que tengan además amortizada su deuda financiera. 

En el caso de que no se cumplan los objetivos tendrán un 100% de reposición en los sectores prioritarios y un 75% en el resto. Y podrán añadir un 5% en sectores o ámbitos que estimen que necesiten refuerzos, aunque el texto no especifica más. Los municipios que hayan tenido que hacerse cargo de más servicios públicos en los últimos años tendrán a su disposición una tasa adicional del 5%. La tasa de reposición de los cuerpos de policía local será del 115%. 

EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA

El impuesto de plusvalía ha traído de cabeza a los gobiernos locales. La pérdida de ingresos y la devolución a los contribuyentes de los impuestos antes cobrados podría suponer un enorme quebranto para los ingresos de las corporaciones locales y, por lo tanto, de sus gastos. El acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos prevé crear, en el plazo de un mes, un grupo de trabajo formado por el Ministerio de Hacienda y la FEMP para la compensación a los Ayuntamientos por las cantidades que tengan que devolver a los contribuyentes por liquidaciones del impuesto anteriores a esta reforma legislativa.

El Gobierno se compromete a subir el salario mínimo hasta los 900 euros tras el pacto con Podemos

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Laboral

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El acuerdo presentado como paso previo a la discusión de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 deroga algunos aspectos de la reforma laboral de 2012 e incluye una subida sustancial del salario mínimo.

DESPOBLACIÓN RURAL

La despoblación de las zonas rurales de determinadas comarcas requiere una intervención especialmente urgente para evitar llegar ya a un punto de difícil retorno, según indica el acuerdo. Por lo que también se intentará abordar mediante la creación de Oficinas de Información y Acción contra la Despoblación. Se trata de unas oficinas dotadas de un equipo multidisciplinar que, en caso de avanzar este acuerdo de Presupuestos, trabajará de manera directa para poner en valor los recursos disponibles en la zona y atraer tanto a nuevos pobladores como nuevas inversiones capaces de generar proyectos y empleo. 

Compra pública ecológica
Se potenciará la agricultura y la producción de alimentos de proximidad y ecológicos mediante la inclusión de criterios ecológicos en los procesos de compra pública municipal. Con ello se intentará, no solo reducir la afectación y el deterioro medioambiental que produce el tráfico de mercancías, sino que permitirá a los municipios rurales facilitar un mayor arraigo de su población y que éstos se vean favorecidos por la agricultura como un puntal de desarrollo rural, según explica el acuerdo.

Transición energética
El epígrafe dedicado a las medidas para avanzar en una transición energética también dedica unas líneas a las corporaciones locales. En concreto a anunciar que los ayuntamientos puedan potenciar medidas concretas para potenciar la creación de comercializadoras de electricidad municipales, como el caso de Barcelona, pero no explica más sobre la medida.

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Presupuestos Generales del Estado

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La subida de las pensiones supone el primer anclaje del acuerdo presupuestario, presentado hoy por el Gobierno y Unidos Podemos, a su objetivo de recuperación del Estado de Bienestar.