Burbuja inmobiliaria
PAH y Sindicato de Inquilinas creen que las medidas en vivienda son “un buen paso, pero insuficiente”

Parece que hay fumata blanca con los Presupuesto Generales del Estado. Tras varias reuniones y negociaciones, Unidos Podemos y PSOE han llegado a un acuerdo para sacar adelante unos presupuestos para 2019 que se habían atascado entre exigencias de Pablo Iglesias y las reticencias de Pedro Sánchez.

Uno de los temas más complicados y que habían levantado ampollas en las negociaciones entre los dos partidos, así como suspicacias en la industria inmobiliaria y financiera y mensajes alarmistas de la derecha liberal, ha sido las medidas a tomar por parte del Gobierno para frenar la escalada de precios del alquiler y la dificultad para acceder a una vivienda por una parte, cada vez mayor, de la ciudadanía.

Sistema, personas y social: las palabras clave del acuerdo presupuestario

Pablo Elorduy

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La subida de las pensiones supone el primer anclaje del acuerdo presupuestario, presentado hoy por el Gobierno y Unidos Podemos, a su objetivo de recuperación del Estado de Bienestar.

En el documento de acuerdo presentado esta mañana, Gobierno y Unidos Podemos han anunciado que el presupuesto en materia de vivienda crecerá significativamente en los próximos años. En concreto, se propone que el presupuesto para 2019 se incremente en un 38% respecto al actual, hasta los 630 millones de euros. Para 2020 aumentaría hasta los 700 millones y hasta los 1.000 millones en 2021. Según prevén, con estas subidas, el Estado español debería invertir entre el 1 y 1,5% del PIB en políticas de vivienda.

Se amplia el plazo de contrato mínimo de alquiler de tres a cinco años, tal y como era en la anterior Ley de Arrendamientos Urbanos

Otra de las medidas acordadas es la ampliación del plazo de contrato mínimo de alquiler de tres a cinco años, tal y como era en la anterior Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero, además, se ampliará la prórroga tácita al finalizar esos cinco años, actualmente en tan solo uno, a tres años para personas físicas. En caso de que sea una persona jurídica, una de las principales medidas propuestas por organizaciones civiles para realizar una diferenciación entre caseros a la hora de legislar el alquiler y evitar la especulación inmobiliaria, serán siete años de prórroga obligatoria y tres de tácita. Finalizados esos límites, si ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con seis meses de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante tres años más.

Para Javier Gil, portavoz del sindicato de inquilinas de Madrid, esta medida, una de las principales reivindicaciones del sindicato, es muy importante pero insuficiente por sí sola: “Si no va ligada a una política de reducción del precio de los alquileres, lo único que consigue es blindar las subidas de los últimos años, que en algunas ciudades han llegado ha subir entre un 40 y un 50% en cuatro años”.

Según explican desde el sindicato, se deberían implantar medidas regulatorias de precios que deberían llevar a una bajada en los precios de los alquileres y no una regulación que controle las futuras subidas, pero que no proteja a los inquilinos que han visto como sus alquileres se han disparado en los últimos años.

Otra medida para la protección del inquilino ha sido la limitación de la fianza en metálico hasta un máximo de dos mensualidades de la renta. En caso de que el casero sea una persona jurídica, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán a su cargo.

Competencias a los ayuntamientos

Según el documento publicado, los ayuntamiento tendrán la potestad de elaborar índices de precios de alquiler de referencia y declarar, temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado “tensionado” cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable.

La creación de estos índices va enfocada hacia la posible regulación y limitación de los precios de alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler. Al igual que en la medida para aumentar los años de contrato, Gil ve esta medida insuficiente si no va acompañada de un plan para que los precios del alquiler bajen: “Se necesita una política de precios para vincular la realidad económica a la economía del país y de las familias, lo que llevan haciendo Alemania y Francia desde hace años y que han endurecido en este último año”, explica el activista, “no puede ser que las principales economías de Europa estén regulando los precios y España se quedan fuera”.

“No puede ser que las principales economías de Europa estén regulando los precios y España se quedan fuera”, Javier Gil del Sindicato de Inquilinas Madrid

Para incrementar el número de viviendas en alquiler a precios asequibles y “evitar la burbuja especulativa”, el Gobierno y Unidos Podemos han acordado medidas como aumentar en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles en los próximos cuatro años. Para ello, han propuesto un plan junto a la SAREB, el banco malo, para garantizar la firma de convenios con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales. También, mediante el nuevo Plan Estatal de Vivienda, se facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas que así lo han regulado puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas, además de contener ayudas a las administraciones públicas para la adquisición de vivienda ya construida.

“Si poner esas 20.000 viviendas en el mercado significa volver a construir, cuando hay miles de viviendas vacías, en la PAH estaremos totalmente en contra”. Así de tajante ha sido Alejandra Jacinto, abogada de la PAH, en referencia a esta medida que, además, ve que no se acerca a las necesidades reales de la ciudadanía en cuanto a cantidad: “Solo en Madrid hay 20.000 personas en una lista de espera para obtener una vivienda, o sea que esa cifra a nivel estatal y para los próximos cuatro años es totalmente insuficiente”.

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El Plan de Vivienda 2018-2021 es el último episodio de una serie de modificaciones que han beneficiado a los grandes propietarios, bancos y fondos para que una nueva burbuja especulativa tire de la economía.

Buen paso, pero no es suficiente

Jacinto también ve que el documento contiene logros de los movimientos sociales de vivienda, incluso en el lenguaje usado: “Que utilicen conceptos como ‘fondos buitre’ o ‘gran tenedor’, los cuales han sido introducidos gracias a la presión y movilización de los movimientos sociales de vivienda, es ya en sí una victoria”, pero explica que no es suficiente con nombrarlos sino que “son conceptos a los que se les tendrá que dar significado y rellenar para que estas propuestas no queden más que en un montón de titulares”.

La “Ley como una casa” se queda fuera

Desde la PAH se sienten totalmente desilusionados con este acuerdo, en cuanto a vivienda y protección de desahuciados. “Se sigue dejando fuera todo lo que se refiera a desahucios”, lamenta Jacinto. El texto anuncia que se reforzará la atención a coordinación entre los órganos judiciales y la política social, además de establecer un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional. Lo que, para la abogada de la PAH, “ya se contemplaba en la ley antiokupa de julio, y nos parece completamente insuficiente ya que sigue yendo en contra de lo que ordena las Naciones Unidas. Es un migaja que no va al fondo del problema”, lamenta la abogada.

“Las reivindicaciones de la Ley de la PAH, como la dación en pago con carácter retroactivo, se han dejado fuera”, Alejandra Jacinto de la PAH

La dación en pago con carácter retroactivo es otra de las cosas que se han dejado fuera y no se nombran, lamentan desde la PAH. “Es una reivindicación de la Ley de la PAH que es necesaria para proteger a las personas afectadas por una hipoteca y un desahucio, y se ha dejado totalmente fuera”, explica Jacinto. En su lugar, el documento, garantiza “la transparencia de las condiciones de contratación y sus implicaciones”, lo que para la abogada es un brindis al sol, ya que eso es algo que se está debatiendo en la ley del crédito hipotecario y no va a proteger a las personas que ya han firmado anteriormente una hipoteca.

Otro concepto que lleva años en el limbo jurídico y legal, y que vuelve a aparecer en este acuerdo entre Gobierno y Unidos Podemos, es el de “vivienda vacía”. “Ningún gobierno ha sido valiente para definir que es una vivienda vacía”, según Jacinto. “No hay una definición, lo que hace que no se pueda hacer un censo y, por lo tanto, tampoco se pueda sancionar a los grandes tenedores que mantienen sus viviendas vacías para especular con ellas”.

Tanto desde la PAH, como desde el Sindicato de Inquilinas, tienen soluciones para que esos grandes tenedores pongan esas viviendas en el mercado y conseguir un mejor y más barato acceso a la vivienda. “Hay que sancionar a los grandes tenedores que mantengan las viviendas vacías”, dice Jacinto, a lo que Gil añade que “para conseguir que bajen los precios, se debe obligar por ley a que esas viviendas vacías se saquen al mercado”.

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