Minería
El Tribunal Constitucional frena en seco el decreto del litio extremeño

Finalmente se impuso la tesis del gobierno central en su recurso ante el Tribunal Constitucional del Decreto-Ley 5/2022 por el que se establecían “medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura”. Ayer, martes, se conoció la sentencia por la que se reconocen invadidas las competencias de la administración central en el establecimiento del marco general y las bases del régimen minero.

El citado decreto-ley establecía formalmente que cualquier concesión de explotación de litio en la comunidad autónoma extremeña se viera obligada a que el posterior tratamiento del material extraído tuviera necesariamente lugar en la región. La norma ahora invalidada dejaba, de hecho, en manos de la administración autonómica todas las facultades para el otorgamiento de explotaciones de dicho mineral en Extremadura.

El nuevo Decreto de la Junta de Extremadura facilita la explotación del litio

Manuel Nogueras

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Minería de litio El nuevo Decreto de la Junta de Extremadura facilita la explotación del litio

Manuel Nogueras

Una campaña de movilización sin precedentes deja al desnudo el Decreto pro-minería de la Junta de Extremadura.

A juicio del TC, la normativa se atribuía competencias que entraban en “evidente contradicción” con el artículo 73.1 de la Ley de Minas de 1973, una legislación preconstitucional pero en plena vigencia y que fija en el Estado “la decisión de condicionar o no que el tratamiento y beneficio de la explotación de los recursos se realice en España o de imponer obligaciones a los concesionarios”, teniendo siempre como objetivo el “interés nacional”.

Del mismo modo, añade, el decreto suponía “introducir una restricción geográfica a la libertad de empresa, que no está justificada por razones imperiosas de interés general”, incurriendo también en una contravención de la ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

En parte de su articulado se establecían mecanismos de agilización administrativa de los proyectos, facilitación de acceso a fondos públicos para los mismos y su posibilidad de entrada en la clasificación de PREMIA (Proyectos de Interés Autonómico)

Presentado el decreto por el anterior gobierno de Guillermo Fernández Vara (PSOE) como una medida para fijar los beneficios del proceso extractivista en la propia región, inmediatamente fue denunciado por parte de la oposición y por el movimiento ecologista y ciudadano como un intento claro de favorecer los intereses de las mineras en Extremadura, blindando la producción de litio frente a la legislación y competencias estatales.

De hecho, en parte de su articulado se establecían mecanismos de agilización administrativa de los proyectos, facilitación de acceso a fondos públicos para los mismos y su posibilidad de entrada en la clasificación de PREMIA (Proyectos de Interés Autonómico). Todo ello, de acuerdo con fuentes del movimiento ambientalista extremeño “una auténtica alfombra roja” para las operadoras extractivistas en la comunidad autónoma, fundamentalmente centradas en la mina de litio proyectada por Infinity Lithium en Valdeflores, a apenas dos kilómetros del casco urbano de Cáceres, y la de Lithium Iberia en Cañaveral. Se da el caso de que tanto Infinity Lithium en Cáceres ―que opera bajo la denominación de la empresa pantalla Extremadura New Energies (ENE)― como Lithium Iberia en Las Navas (Cañaveral) ya contemplaban en sus planes, y previamente a cualquier intento de legislar en ese sentido, la explotación de los recursos extraídos en territorio extremeño en la propia comunidad autónoma. 

El gobierno de la Junta de Extremadura ya ha anunciado, por su parte, el propósito de modificar el Decreto-Ley “para ajustarlo al ordenamiento jurídico”

Ambos proyectos son objeto de una fuerte contestación ciudadana, fundamentalmente en la capital cacereña, donde la oposición a la explotación ha vertebrado un movimiento de protesta que, en numerosas ocasiones, ha tomado las calles de la ciudad. En este sentido, y antes de concluir su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura ―donde fue aprobado con los votos del PSOE y Ciudadanos, la abstención del PP y el pronunciamiento en contra de Unidas por Extremadura― el que pasó a llamarse “decreto del litio” ya había cosechado más de 36.000 alegaciones que fueron resueltas por el ejecutivo autonómico en el tiempo récord de 11 horas.

El gobierno de la Junta de Extremadura ya ha anunciado, por su parte, el propósito de modificar el Decreto-Ley “para ajustarlo al ordenamiento jurídico”, y que lo hará “para incentivar la transformación de dicho mineral dentro de la Comunidad Autónoma”, añadiendo que “teniendo en cuenta que el litio es un mineral estratégico y que, de acuerdo con las conclusiones del Tribunal Constitucional, la Junta de Extremadura exigirá al Gobierno de España que, conforme a las competencias estatales, la transformación y tratamiento de este mineral se realice dentro de nuestras fronteras”. 

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en rueda de prensa ofrecida en su sede cacereña, ha considerado el decreto del litio como una “bravuconada jurídica”, recordando cómo la decisión del TC da la razón a los populares ya que “este decreto ley no aguantaba un solo informe jurídico”.

Irene de Miguel: “el Partido Socialista en estos últimos cuatro años, con su mayoría absoluta, gobernó a favor de las grandes multinacionales mineras y muy poco a favor de la ciudadanía que sufre los estragos de esta actividad”

Desde el Partido Socialista, principal valedor del decreto, y por parte de la portavoz regional Soraya Vega, se ha defendido la iniciativa legislativa y su oportunidad, subrayando que en su momento se actuó “con valentía” y apuntando a distintos medios, en relación a las declaraciones del ejecutivo de María Guardiola (PP), que “la derecha llega tarde a la defensa de los intereses de la región porque hace un año estaba votando en contra del mismo, como siempre hizo votando en contra del impuesto a la banca del que luego se benefició”.

Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha destacado que “la sentencia del Tribunal Constitucional nos vuelve a dar de nuevo la razón. Y es que el Partido Socialista en esta carrera por disfrazar lo que viene a ser un modelo extractivista, donde venimos a ser una tierra de sacrificio para las grandes multinacionales, les puso alfombra roja”, denunciando que “intentó engañar a la población diciendo que no íbamos a ser solo unas minas de litio, sino que aquí iban a venir industrias asociadas porque iban a impedir que el litio que se sacara de Extremadura no fuera transformado aquí”. De Miguel ha sentenciado que “sabíamos que era mentira, populismo barato, y el populismo barato nos sale caro porque aumenta el descrédito en las instituciones y en la política”. Ha concluido la representante de UPEx afirmando que “el Partido Socialista en estos últimos cuatro años, con su mayoría absoluta, gobernó a favor de las grandes multinacionales mineras y muy poco a favor de la ciudadanía que sufre los estragos de esta actividad”.