Minería
La Junta de Extremadura concede permiso de exploración a la mina de Valdeflores

Ayer, martes 28 de marzo, se hizo pública que la concesión del permiso había recaído en la empresa Castilla Mining SLU, una filial salmantina y empresa pantalla de Infinity Lithium, la corporación australiana que está detrás de la apertura del proyecto extractivista. Se espera su publicación en el DOE (Diario Oficial de Extremadura) en los próximos días. 

El citado permiso de exploración (que ya fue solicitado en junio de 2019), denominado Extremadura S.E. abarcaría, de acuerdo con la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, 352 cuadrículas mineras (10.560 hectáreas) pasando por los términos municipales de las Torres, Sierra de Fuentes, toda la Sierra de la Mosca, la Montaña, y llegando a ocupar hasta el casco urbano de Cáceres. El citado colectivo ha denunciado que el polémico permiso “incluye partes de la ciudad, el Hospital, Campus, parte del embalse del Guadiloba...”.

Desde la Consejería de Transición Ecológica se habla de 315 cuadrículas y 9.305 ha. Tras este paso, se abre la puerta para que la minera pueda avanzar sus planes, reiteradamente manifestados, de solicitar la explotación directa del yacimiento de Valdeflores. Ahora solo queda presentar ante la Junta de Extremadura (la misma que no ha tenido problema en otorgar la licencia de exploración) el denominado permiso de explotación, para el que, junto con los de restauración e impacto ambiental, cuenta con un plazo de un año.

Los permisos de exploración están amparados por la Ley de Minas de 1973, que capacita legalmente para ejecutar estudios sobre recursos mineros metálicos “siempre que la técnica utilizada no altere sustancialmente la configuración del terreno”. 

Al margen del aspecto ―pretendidamente material― del permiso concedido, lo sustancial de la decisión del Gobierno extremeño es que, de resultas de su decisión, se cubre el paso normativo indispensable para que Infinity Lithium sortee los numerosos obstáculos legales y jurídicos (saldados con numerosas derrotas de sus demandas en los tribunales) y acceda a solicitar la extracción del litio de Valdeflores con el único requisito de que encuentre viable la explotación. Viabilidad que, evidentemente, determinará ―siquiera de cara a la galería― su exploración, ahora legalmente cubierta.

El citado permiso de exploración (que ya fue solicitado en junio de 2019), denominado Extremadura S.E. abarca, de acuerdo con la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, 352 cuadrículas mineras (10.560 hectáreas)

La Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad ya denegó en el pasado año el permiso de investigación presentado por Tecnología Extremeña del Litio (otra de las empresas interpuestas por Infinity Lithium) y denominado Valdeflórez. Valoriza Minería (de nuevo filial de Infinity) también tiene cursada otra petición en idéntico sentido llamada San josé. En esta ocasión, y tras las numerosas declaraciones hechas desde el ejecutivo regional en ese sentido, era esperado el fallo favorable a los intereses de la compañía extractivista.

En resumen, la empresa australiana ha pretendido en todo momento blindar sus intereses presentando distintas solicitudes bajo el amparo de filiales de la que es dueña, esperando que una u otra le resultara favorable y, de este modo, activar sus planes alternativos, desde los que esquivar el laberinto legal de recursos y continuos tropezones en los tribunales. 

Ahora, y como se encargó de señalar Transición Ecológica, si queda “demostrada” la existencia del recurso mineral (de ahí el trámite de la investigación, del que se esperan pocas novedades, ya que queda bajo la exclusiva competencia de la minera) es posible la presentación de una solicitud de concesión directa sobre determinadas cuadrículas mineras, incluso con independencia de la naturaleza del proyecto (subterráneo o a cielo abierto). 

La empresa australiana ha pretendido en todo momento blindar sus intereses presentando distintas solicitudes bajo el amparo de filiales de la que es dueña, esperando que una u otra le resultara favorable

En relación a la naturaleza legal de Castilla Mining, se trata de una empresa cuyo administrador único es Adrian Byass, presidente no ejecutivo de la sociedad australiana. Le fue modificada la sede social en enero (BORME n°4, pág. 923) y sorprendentemente aumentado el capital social. Atendiendo al procedimiento de tramitación del permiso, es de destacar que desde la fecha de su presentación, en el antes señalado julio de 2019, se ha completado sin acudir a proceso alguno de información pública.

Esta estrategia ya había sido reiteradamente anunciada por Ramón Jiménez, CEO de Extremadura New Energies (ENE), empresa sin concesión ni derecho alguno sobre la explotación pero que ha resultado ser la encargada de su difusión, introducción en la opinión pública local y auténtica correa de transmisión mediática de los intereses de Infinity Lithium.

De acuerdo al llamado decreto ley del litio de Extremadura, los plazos de tramitación de la mina se acortarán al tramitarse como proyecto empresarial de interés autonómico, implicando  declaración de utilidad pública o interés social. Queda pendiente, en cualquier caso, la licencia del ayuntamiento cacereño, administración pública competente en materia de ordenación del territorio.

Para la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, en este momento “no existe ningún dato oficial y público sobre el porcentaje de litio en el Valle de Valdeflores. Los datos que da Extremadura New Energies a sus inversores no son fiables, no están contrastados externamente y seguramente están inflados (al igual que los datos de puestos de trabajo que darán) para obtener mayor credibilidad de cara a los inversores. Vemos que el Sr Vara y la Junta de Extremadura son prominas, y no dudan en saltarse la legalidad vigente sacando decretazos como el del litio o poniendo alfombras rojas a la minera sin importarles el futuro de Cáceres ni la vida de sus ciudadanos. Si a estos cambios normativos sumamos los que vienen de la Comunidad Europea sobre el nuevo Reglamento de la Materias Primas Críticas, en fase de tramitación, la situación que se plantea a las cacereñas y cacereños es muy grave”.